La Ley de Seguridad Ciudadana protege a la fuerza pública, pero no mejora la seguridad de los ciudadanos.
María Acosta Vélez* y Jerónimo Castillo Muñoz**
La Ley y la demanda
El 15 de febrero se radicó una demanda ante la Corte Constitucional contra trece artículos de la Ley 2197 de 2021, más conocida como la Ley de Seguridad Ciudadana, sancionada a finales de enero por el presidente Duque.
Según la demanda, los artículos transgreden derechos fundamentales y contradicen elementos centrales del ordenamiento jurídico colombiano.
El concepto de seguridad ciudadana fue acuñado a finales de los años ochenta para garantizar la protección de los ciudadanos frente a la actividad delictiva y los abusos del Estado. Pero, aunque lleva su nombre, la Ley de Seguridad Ciudadana contradice este concepto.
Una de las principales razones para promulgarla era dotar a las autoridades con las herramientas para mejorar la seguridad, pero esos instrumentos protegen más a las instituciones que a los ciudadanos; por eso borran la esencia democratizadora del concepto.
Las capturas y su consecuente encarcelamiento
La Ley de Seguridad Ciudadana encarna la idea extrema del populismo punitivo, pues creó nuevos tipos penales y agravó las penas establecidas en el Código Penal con el resultado inevitable de elevar la tasa de encarcelamiento.
Esta idea recoge un elemento simbólico importante. Sin embargo, aunque el fin último de las penas es la cárcel, esta no es el único mecanismo para prevenir los delitos.
Por otro lado, la Ley entiende la reincidencia de manera incorrecta, pues hace referencia a la persona capturada y no a quien se sometió al sistema penal. Pero la captura no es un elemento suficiente para considerar que se es reincidente y menos aún en Colombia donde se persiguen a los sospechosos de siempre y se les retiene.
Esto también demuestra la idea de la profunda división que hay entre la policía y la justicia que, en los últimos tiempos, ha servido para justificar las capturas de los ciudadanos y para explicar cómo la policía hace todo lo posible por atrapar a los delincuentes y los jueces los dejan en libertad, sin entrar a cuestionar la calidad de las capturas y las condiciones en las cuales se dan.
La captura ha constituido desde siempre en una meta operativa en la Policía y, al igual que la solicitud de antecedentes o el número de multas impuestas, condiciona la labor de la institución a un resultado numérico y no al control del delito.
Y así, la Ley de Seguridad justifica la captura por obstrucción de la función pública para mejorar los resultados de la institución.
Ante semejantes posibilidades de ampliar el sistema penal, la Ley planteó la necesidad de nuevas cárceles creadas y operadas por el sector privado, pero sin tocar la guardia penitenciaria ni aquellos elementos que están en manos de la Policía.
El concepto de seguridad ciudadana fue acuñado a finales de los años ochenta para garantizar la protección de los ciudadanos frente a la actividad delictiva y los abusos del Estado. Pero, aunque lleva su nombre, la Ley de Seguridad Ciudadana contradice este concepto.
Esta propuesta muestra que el gobierno desconoce el estado de cosas inconstitucional dentro del sistema penitenciario. En vez de resolver los problemas actuales, este artículo puede empeorar la situación, sobre todo si se consideran los debates sobre la participación privada en las cárceles estadounidenses desde la década de los noventa.
Los sospechosos
El desarrollo de la figura de “traslado por protección” puede entenderse bajo la lógica de las capturas. La Ley insiste en crear lugares especializados para trasladar a las personas que representen un peligro para sí mismas o para otros.
Pero la detención se da en sitios distintos de los destinados para los delincuentes. Además, esta figura es ambigua y depende de la discrecionalidad de los policías, poniendo en riesgo a la ciudadanía.
Para ser capturado hay que cometer un delito o ser descubierto en el momento de hacerlo. Pero para ser trasladado por protección basta con que un funcionario considere que se está alterado o bajo los efectos de alguna sustancia, entre otras causales.
Esa figura y el desarrollo de sus causales no contribuyen a que los ciudadanos convivan, sino a que sucedan más abusos. Además, no es claro si el número de personas alteradas en las ciudades amerita la construcción de dichos centros de detención.
Regresando a los factores de discrecionalidad, la Ley incluye la figura de la instigación a delinquir que en realidad es una forma de censura, especialmente contra la protesta social.
Los gobiernos suelen considerar a la protesta como una guerra entre malos ciudadanos y buenas instituciones. En 2019 se intervinieron muchas organizaciones sociales porque se consideró que incitaban el paro y fueron acusadas de desarrollar actividades ilegales.
La Ley de Seguridad Ciudadana también justifica y legaliza la violencia ciudadana con la figura de la legítima defensa, un tema que volvió al debate público por el reciente asesinato de un delincuente.
Este artículo sobre la instigación a delinquir garantiza el aumento de la persecución a quienes intenten abrir un debate político o usen las calles como un mecanismo de presión.
Las poblaciones indígenas suelen usar este mecanismo para hacer valer sus derechos y posiciones políticas. Por eso, la Ley no las olvida en este punto y trae la figura de la “inimputabilidad por diversidad cultural”.
Pero según la Ley, la inimputabilidad se rompe cuando se les informa a las personas que sus actuaciones violan el sistema legal establecido. Aunque en principio no es negativa, esta figura sí se presta para perseguir y detener a la población indígena que salga a las calles.
La violencia y las armas
La Ley de Seguridad Ciudadana también justifica y legaliza la violencia ciudadana con la figura de la legítima defensa, un tema que volvió al debate público por el reciente asesinato de un delincuente. Esto podría prestarse para encubrir todo tipo de violencias y contribuir al oscurecimiento de estos fenómenos en el país.
El uso de armas traumáticas por parte de los ciudadanos y las autoridades aumentó últimamente, pero su regulación desconoce la dimensión social y económica de este negocio. Llama la atención que quienes más usan estas armas son exmiembros de la fuerza pública, quienes las usan para entrenar.
La Ley protege las instituciones, en particular las de la fuerza pública y avanza en la creación de un Estado policial en detrimento de un Estado social de derecho.
En este sentido, siguen sin abordarse temas complicados como la transparencia de la información, el control de las armas en manos de civiles, el control de los municipios y el aumento explosivo de los permisos en los últimos años, por no hablar de la tercerización autorizada por las fuerzas militares en la importación y el aumento de esta.
Las instituciones les dan mayor importancia a las armas blancas que a las armas de fuego. Esto resuena en la Ley de Seguridad: las penas por el uso de armas blancas aumentaron y se facilitó la captura de quien las porte en aglomeraciones.
Pero Aún no se sabe si se aplicará este artículo a quienes vendan frutas, los albañiles u otra profesiones que pueden convertirse en víctimas recurrentes del sistema penal.
La Ley de la fuerza pública
La Ley no contempla medidas contundentes que protejan a la población de posibles abusos por parte de las autoridades; un fenómeno común durante las protestas sociales y los debates nacionales, y que esta relacionado con los procesos de investigación y judicialización de miembros de la fuerza pública, como lo expuso la FIP.
Por el contrario, aumentan las penas para los presuntos homicidas de miembros de la fuerza pública y para quienes obstruyan la función pública de los mismos (por encima de los demás funcionarios).
Además, se promueven una serie de beneficios para los funcionarios: descuentos del 15 % en tiquetes y hoteles, filas prioritarias y gratuidad en transporte público masivo. Ningún otro funcionario tiene esos beneficios, aunque no es muy claro cómo se financiarán.
La Ley protege las instituciones, en particular las de la fuerza pública y avanza en la creación de un Estado policial en detrimento de un Estado social de derecho que tiene muchos pendientes frente a la solución de los problemas de convivencia y seguridad del país.
Ni el presidente ni los ministros que están detrás de esta Ley deben sentirse orgullosos por la prontitud con que se sancionó, teniendo en cuenta que días después se publicó el Decreto 207 del 8 de febrero que corrige yerros en la misma.
La falta de rigor jurídico y de reflexión sobre lo planteado pone en evidencia que no se tuvo el más mínimo cuidado con un documento que debe ser publicado y que tiene amplias implicaciones. Parece un chiste, pero como todo chiste que se repita, corre el riesgo de perder la gracia y convertirse en tragedia.
