La nueva ley pisa callos y hay quienes quieren enterrarla. No será fácil obligar a los dueños del balón a jugar limpio, los equipos tendrán que reorganizarse y los hinchas tendrán que civilizarse. La ley, si se cumple, será un gol a favor del deporte.
Alejandro Pino Calad*
Faltan los últimos pases
En estos días el presidente de la República sancionará la que los medios han llamado "ley del fútbol", el plan más ambicioso que ha tenido el gobierno colombiano en 30 años para reglamentar una actividad sui generis, que desde hace mucho tiempo está navegando en aguas caóticas.
Sin embargo, hay un rumor en el mundo futbolístico que habla de posibles demandas por inconstitucionalidad, desde que los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron el texto conciliatorio del -hasta ese momento- proyecto de ley.
¿Por qué una ley que se supone va a beneficiar a todos los actores del fútbol colombiano (deportistas, directivos y aficionados) ha causado tanta ampolla? La explicación se resume en una palabra que los popes dirigentes llevan repitiendo insistentemente desde hace varios meses: persecución.
Vamos por partes para explicar qué propone la ley del fútbol, por qué algunos creen que los va a afectar y qué intereses están en juego.
Los dueños del balón
El fútbol es una actividad económica particular. La FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) es el máximo regente del negocio y entre sus principios está que ningún gobierno particular se puede meter en su campo.
Si la FIFA siente que alguno de sus socios (y la Federación Colombiana de Fútbol lo es) está interviniendo (y el verbo ‘intervenir' es clave) puede actuar desafiliando al país, lo que significa que éste no puede participar en ningún evento futbolístico internacional, con lo que se le da un golpe maestro a la afición de ese país con gobierno ‘intervencionista': te metes con nosotros y nosotros te echamos encima a tu propio pueblo, ávido de fútbol y de espectáculo.
Por supuesto, el fútbol es una industria -y por cierto muy rentable. Pero durante muchos años su reglamentación ha sido arbitrariamente ignorada en Colombia, en parte por negligencia del Estado, en parte porque mal que bien el espectáculo seguía marchando y muchos consideraban que tenía la capacidad de solucionar sus problemas por sí mismo.
Por pensar así, el narcotráfico encontró un nicho ideal en el fútbol para lavar activos desde finales de los 70, y por eso han aparecido constantemente los nombres de diferentes clubes en los múltiples procesos de extinción de dominio de los bienes de todo tipo de capos en los últimos 20 años: los equipos necesitaban plata y, como nadie los supervisaba seriamente, los narcotraficantes -y luego los paramilitares- entraron con los bolsillos llenos.
Esta es una de las principales razones por las cuales el fútbol profesional colombiano vive la crisis financiera que vive: económicamente son inviables y muchos ya no tienen el mecenazgo ilegal de antaño, pues el gobierno se puso serio. De ahí que las deudas estén por las nubes, que las cifras multimillonarias de patrocinios y préstamos no alcancen, y que sean cada día más visibles las protestas de los jugadores por falta de pago de sus salarios y sus parafiscales.
Por esta razón la ley del fútbol propone, de entrada, una batalla en contra de los dineros ilegales y en contra del testaferrato: una vez aprobada la ley, los clubes tendrán que enviar al Instituto Colombiano para el Deporte (Coldeportes) la información completa sobre quiénes son sus accionistas. Estos datos serán remitidos a la Unidad de Información y Análisis Financiero (la ya célebre UIAF) del Ministerio de Hacienda, encargada de detectar el lavado de activos.
Democratizar la propiedad
Pero esta jugada legal no sólo busca acabar de una buena vez con la presencia de dineros oscuros en el fútbol, busca también la democratización de los clubes, que es la vía de entrada a su capitalización. Mejor dicho: más socios, más plata y clubes rentables.
Por eso la primera parte de la ley establece que "ninguna persona natural o jurídica, podrá poseer más del 20 por ciento de los derechos de afiliación o aportes de los clubes deportivos profesionales sin ánimo de lucro". Esto, entre líneas, quiere decir que para que un club tenga el reconocimiento deportivo (para que pueda jugar en Colombia) tiene que estar organizado de tal forma que el socio mayoritario no sea el dueño de más de la quinta parte.
Por supuesto, sólo con este párrafo, la gran mayoría de equipos en Colombia quedaría por fuera del torneo, ya que hay claros ejemplos monopolísticos como el de Atlético Nacional (propiedad del Grupo Postobón), Atlético Junior (propiedad de la familia Char), Deportes Tolima (propiedad de Gabriel Camargo), Deportes Quindío (propiedad de Hernando Ángel)…
De ahí las protestas desde las sombras, que tal vez verán la luz en las próximas semanas: la ley se les está metiendo en el rancho o los está invitando indirectamente a cambiar el actual formato de Corporación Deportiva al de Sociedad Anónima (S.A.).
Una piedra en el zapato
Este es uno de los puntos más calientes de la reforma. En el texto inicial del proyecto de ley se establecía que todos los clubes en Colombia debían pasar a ser sociedades anónimas, pero los dirigentes de los equipos hicieron lobby en sus respectivas regiones y lograron que en el documento quedara la invitación a cambiarse a S.A. o la posibilidad de mantener el esquema actual.
Sin embargo, con el artículo de máximo el 20 por ciento por cabeza, las Corporaciones Deportivas empiezan a tambalear. Por eso el proyecto de ley señala que "en caso de que dichos clubes estén constituidos como sociedades anónimas, para efectos de la titularidad de acciones, se debe aplicar la prohibición consagrada en el Código de Comercio, de la norma que lo modifique, sustituya o derogue".
Mejor dicho, capitalización total, con socios mayoritarios, pero con una junta de accionistas. Algo como lo que pasó recientemente con Millonarios, el primero de los clubes que hizo su transformación a S.A., con lo que se le abren nuevas posibilidades financieras.
Otro derechazo directo al mentón de los dirigentes del fútbol colombiano está en el artículo siguiente de la ley. En éste se establece que los socios o aportantes de un equipo, no "podrán tener títulos de afiliación, aportes o acciones con más de un club del mismo deporte, directamente o por interpuesta persona".
Uno de los directos afectados es el mencionado Ángel, dueño del Quindío, del Centauros (equipo de la segunda división) y del club aficionado Boca Juniors de Cali. Este personaje, altamente controvertido en las últimas semanas por su manejo administrativo del equipo de Armenia, no sólo tendría que ampliar la entrada de aportes a sus Corporaciones Deportivas hasta quedarse sólo con un 20 por ciento, sino que tendría que abandonar dos de ellas, pues de otro modo estaría infringiendo la ley.
La otra alternativa que tienen Ángel, Camargo, los Char y los otros grandes patrones de los diferentes equipos, si es que quieren mantener la figura de Corporación Deportiva y su papel preponderante en ella, es duplicar su capital para fortalecer financieramente al club.
Y esta, por supuesto, es una exigencia dura. Por eso un club como Independiente Santa Fe, cuyos socios mayoritarios dominan el 85 por ciento de los aportes, prefirió empezar el proceso para convertirse en S.A. y capitalizarse democráticamente.
Ahora bien, ¿qué pasa si los equipos no cumplen con estas transformaciones administrativas a las que se verán obligados? Simple: pierden el reconocimiento jurídico. Como ya se dijo, desde el mismo momento en que el presidente Santos sancione esta nueva ley, los clubes tendrán seis meses para quedar en regla. Se espera que la ley del fútbol entre en vigor a partir de junio, así que para enero del 2012 ya todos los clubes deberían estar reorganizados administrativamente.
Futbolistas que trabajan
El aspecto laboral es uno de los más importantes en esta reorganización del fútbol. Las noticias sobre paro de actividades de los jugadores de diferentes clubes era pan de cada semana en los medios deportivos, pero el país por fin puso sus ojos en el problema cuando la nómina del Quindío decidió no viajar a Bogotá para enfrentar a Millonarios, por falta de pago de salarios y seguridad social. Ese día el dueño del cuadro quindiano utilizó una artimaña legal que le permitía jugar con futbolistas menores de 20 años y puso en el campo a los juveniles de la escuela Boca Juniors, lo que generó un escándalo tal que repercutió incluso en la prensa internacional.
Por eso la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) ha celebrado públicamente la noticia de que uno de los artículos de la ley del fútbol especifique que si un club se retrasa 60 días en los pagos a sus empleados, inmediatamente perderá su reconocimiento deportivo, lo que implica que no puede competir.
Lo irónico de este asunto es que esta norma ya existe y nunca se había hecho cumplir. Sólo gracias a la crisis mediática con el Quindío Coldeportes empezó a actuar y le quitó temporalmente el reconocimiento deportivo al club de Armenia, a Once Caldas y a América de Cali por incumplirles a sus trabajadores.
También los hinchas
Pero ojo, lo importante de este acto legislativo es que no sólo se trata de reorganizar los clubes: es una apuesta orgánica que incluye también a los hinchas. Los problemas de violencia entre barras que se tomaron el país se han vuelto incontrolables; el fenómeno apareció en las principales ciudades del país a comienzos de los 90.
El exceso de castigos blandos, la falta de operatividad de los programas de educación contra la violencia en el fútbol y la crisis de la sociedad colombiana en sí han llevado a que los estadios se convirtieran en calderas donde se cocinan odios sin sentido.
Uno de los principales puntos de crítica a la reglamentación actual es que los castigos deportivos no suelen ser proporcionales a las faltas. Por ejemplo, si los episodios violentos suceden en los estadios, el club o los clubes son castigados, pero si la pelea es en un parque a una cuadra del escenario, no hay sanción pues se asume que ya no le compete al equipo al no haberse producido dentro del estadio.
La ley del fútbol propone sanciones que califican los actos violentos como "terroristas", con lo que las penas podrían ser de cinco a diez años de cárcel, pero una vez más se cae en el error de pensar que la violencia entre hinchas sólo se presenta en el estadio.
Agua caliente, agua fría
Por supuesto, la ley del fútbol no es la panacea y nadie dice que con su aplicación se va a salvar una actividad que irónicamente parece moribunda en Colombia, el país sede del Mundial Juvenil de este año, el segundo evento más importante de la FIFA.
Pero algo es algo y, si se cumplen las reglas y no se pasa la legislación por la faja, como ha pasado hasta ahora, al menos resulta interesante una apuesta por clubes estables, futbolistas tratados decentemente como trabajadores y no como esclavos y el retorno a la tranquilidad en los estadios.
Aún así, Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el mandamás del deporte más popular del país, el dirigente deportivo más poderoso que hay en Colombia, dio hace poco unas declaraciones en las que dejaba claro el escepticismo general que ronda entre los dueños de los clubes en cuanto a la reforma que viene: "Hemos manifestado públicamente y al gobierno que el fútbol tiene muchos inconvenientes en aspectos sociales y económicos. De modo que no podemos convertir la ley del fútbol en una tabla de salvación".
Esta actitud de los dirigentes contrasta con la de los futbolistas y con la de los aficionados en general, que esperan que las cosas mejoren para todos con la ley. Por supuesto, es el problema de quitarles la pelota a los primeros…
* Columnista, blogger y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Fue editor de Futbolred.com, la Revista Fútbol Total y jefe de redacción del Diario Deportivo.
@PinoCalad
