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La Ley 1719: avance contra la violencia sexual

Escrito por Angélica Aguilera
Mujeres alrededor de la olla puesta en un jardín

Mujeres alrededor de la olla puesta en un jardín

Mujer de pelo largo y oscuroEsta faceta repulsiva – y silenciada- del conflicto armado por fin comienza a ser objeto de castigo. ¿Qué innovaciones trae la nueva ley y qué posibilidades tiene de ser exitosa? 

Angélica Aguilera*

La nueva ley 

La violencia sexual ha sido una de las principales armas de guerra utilizadas en el conflicto  colombiano. Esta forma de violencia ha sido empleada por las guerrillas, los paramilitares e incluso por las Fuerzas Militares, con los propósitos de sembrar terror, controlar la población, desplazar, extorsionar y cobrar venganza, y ha recaído principalmente sobre  mujeres y niños.

Para hacer frente a este tipo de violación de los derechos humanos, el pasado 18 de junio el presidente Santos sancionó la Ley 1719 de 2014, “por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado”, que fue presentada por el senador John Sudarsky e impulsada por los representantes Iván Cepeda y Ángela Robledo.

La efectividad de este avance se conocerá una vez se apruebe o no el controvertido (y peligroso) proyecto de reforma al fuero militar.

La nueva ley, que complementa a la de Víctimas y Restitución de Tierras, introduce ciertas reformas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal para crear nuevos tipos penales que el derecho internacional considera delitos de carácter sexual en el contexto del conflicto armado (como la esterilización forzada, el embarazo forzado y la desnudez forzada), o aumentan la pena para algunos delitos que ya estaban tipificados (prostitución forzada).

Igualmente, la ley busca garantizar a las víctimas el derecho a la justicia que reclaman, evitando la impunidad y asegurando la reparación.

Esta ley, que se ajusta a los estándares internacionales, otorga el carácter de imprescriptibles a conductas aberrantes que anteriormente quedaban archivadas por no ser constitutivas de delito de lesa humanidad, o por falta de pruebas.

Sin embargo la nueva ley plantea varios interrogantes: ¿cómo afecta a los perpetradores?, ¿qué beneficios representa para las víctimas?, y ¿qué desafíos plantea su ejecución?


El Senador por la Alianza Verde, John Sudarsky.
Foto: Congreso de la República de Colombia

Los perpetradores

Fuerzas Militares: de acuerdo con el Artículo 20 de la ley, los crímenes sexuales con ocasión del conflicto armado no podrán ser investigados por la jurisdicción militar sino por la justicia ordinaria, ya que estos delitos no pueden entenderse como cometidos en ejercicio de las funciones militares.

Adicionalmente, la ley crea un procedimiento para recolectar información sobre quejas contra integrantes de las Fuerzas Armadas por conductas que impliquen violencia sexual, y dispone el traslado inmediato de la denuncia a la justicia ordinaria para su correspondiente investigación.

Sin embargo, la efectividad de este avance se conocerá una vez se apruebe o no el controvertido (y peligroso) proyecto de reforma al fuero militar que actualmente se tramita en el Congreso.

Paramilitares: dado el carácter imprescriptible de estos delitos, ellos serán investigados por la Fiscalía y juzgados por la justicia ordinaria toda vez que se demuestre que fueron cometidos como una práctica generalizada y sistemática por ex miembros de grupos paramilitares que no cumplieron con confesar la comisión de estos crímenes,.

Tal es el caso del exjefe paramilitar del Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, Marco Tulio Pérez Guzmán, alias ‘El Oso’, a quien recientemente le ha sido dictada una medida de aseguramiento por la gran cantidad de denuncias en su contra por abusos sexuales cometidos en el corregimiento Libertad, en San Onofre, Sucre.

Es un gran avance tanto en materia probatoria como de reparación, puesto que incluye medidas de indemnización, protección, salud y rehabilitación.

De igual manera, Edward Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, exjefe político del mismo bloque, podría ser condenado con penas similares a las de “El Oso” (más de 30 años de cárcel), si no admite su responsabilidad por línea de mando en este tipo de delitos.

La puesta en marcha de las acciones que establece esta ley servirá para revisar los casos de miles de mujeres y menores ultrajados en medio de las incursiones paramilitares entre las décadas de 1990 y la primera del nuevo siglo.

Guerrilleros: en principio, se podría pensar que lo dispuesto en la ley puede servir como un incentivo para que los subversivos que hayan cometido este tipo de prácticas prefieran confesar su responsabilidad sobre estos hechos. De esta forma, podrían acogerse al principio de oportunidad para obtener algún tipo de rebaja en la pena.

De lo contrario, si se arriesgan a no confesar la verdad, esta ley permitiría que unos años después sean juzgados por la justicia ordinaria, lo que los obligaría a pagar varios años en prisión si se corrobora su culpabilidad.

Esto, sin duda, es un beneficio para las víctimas, que ahora podrían tener un acceso más rápido a la reparación, dado que no tendrían que probar por vías judiciales que en efecto se cometió el delito.

Sin embargo, teniendo en cuenta el reciente fallo de la Corte Constitucional, según el cual “no podrán participar en política aquellos guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad y genocidio”, puede ser más factible que los culpables prefieran callar sobre los actos de violencia sexual cometidos, ya que esto les impediría participar en política en un eventual posconflicto.

Por esto, los organismos del Estado (sobre quienes recae la responsabilidad de demostrar que se cometió el acto punible) tienen que duplicar sus esfuerzos para demostrar la culpabilidad de los victimarios y garantizar el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación.


Fueron levantadas varias denuncias por delitos
sexuales en el Corregimiento de Libertad, en San
Onofre, Sucre, en contra del ex-jefe paramilitar Marco
Tulio Pérez Guzmán.
Foto: Alcaldía de San Onofre, Sucre

Beneficios para las víctimas

La nueva ley es un gran avance tanto en materia probatoria como de reparación, puesto que incluye medidas de indemnización, protección, salud y rehabilitación.

El Artículo 14 establece que se debe “presumir la credibilidad del testimonio de la víctima”, y que la responsabilidad de demostrar la comisión del delito recaerá ya no sobre la víctima sino sobre los organismos del Estado que investiguen los casos.

Estos deben considerar elementos como “el contexto, las circunstancias en que ocurrieron los hechos, los patrones de comisión de la conducta punible, el carácter generalizado o sistemático del delito y la realización de la conducta en desarrollo de una política del grupo organizado”.

De esta manera, no se condicionará la determinación de la ocurrencia del hecho de violencia sexual a la existencia de una prueba física, y en su reemplazo, “se introducirán técnicas de investigación de alta calidad para la obtención de pruebas sin ser degradantes para la víctima y minimizando toda intrusión en su intimidad”.

Así mismo, se establece que las víctimas podrán acceder a medidas de protección que prevengan la victimización secundaria, atención psicosocial permanente y atención prioritaria y gratuita de salud.

En cuanto a la reparación, se establece que esta debe incluir “medidas de restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición a cargo del responsable del delito”.

Adicionalmente, se garantiza la participación de las víctimas (o sus representantes judiciales) en la definición de las medidas de reparación, de manera que puedan responder a las características propias del caso, como son el contexto de conflicto armado, la edad de las víctimas, sus condiciones de vulnerabilidad, y el tipo de violencia sufrida.

Los retos de la ley

Una de las principales dificultades prácticas para la aplicación debida de la ley es el silencio de las víctimas y el consiguiente sub-registro en este tipo de delitos.

En efecto: según la primera encuesta de prevalencia sobre violencia sexual en el contexto del conflicto armado, realizada por la Casa de la Mujer en asocio con Oxfam, cerca de 500 mil mujeres han sufrido este crimen y más del 80 por ciento nunca llegó a denunciar los hechos.

Dicho silencio constituye un gran obstáculo a la hora de demostrar que las conductas se enmarcan en la figura de “lesa humanidad”. Si bien se presume que la violencia sexual es empleada como táctica de guerra contra la población civil, es difícil demostrar el carácter generalizado y sistemático de estos ataques, puesto que el sub-registro tiende a ocultar la frecuencia de las victimizaciones.

Para cambiar esta situación harían falta medidas que aumenten la confianza de las víctimas en las entidades estatales, mejorar los protocolos de atención a víctimas y hacer todos los esfuerzos tendientes a la descongestión de los juzgados.

Pese a estos desafíos, no cabe duda que con esta nueva Ley las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado ganan por cara o sello: si sus victimarios se acogen al principio de oportunidad que plantean las leyes de justicia transicional que se aplican actualmente y confiesan sus delitos, o si, por el contrario, los autores deciden guardar silencio (como lo hicieron varios paramilitares) y se llega a demostrar su culpabilidad.

*Politóloga de la Universidad Javeriana con énfasis en resolución de conflictos e investigación para la paz, asistente de investigación del CERAC.

                         

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