Varias propuestas de los candidatos en materia de justicia son demasiado genéricas, populistas o irrealizables. Entre ellos existen, sin embargo, muy marcadas diferencias de enfoque.
Carolina Villadiego Burbano*
Cuáles son las posiciones
Las elecciones están a la vuelta de la esquina y es bueno preguntarse qué proponen los candidatos en materia de justicia. Cada uno de los candidatos y la candidata tiene un enfoque distinto al respecto.
El programa de Petro lo aborda desde la “democratización del Estado y erradicación del régimen de corrupción”, mientras que el programa de Gutiérrez lo incluye como parte del eje “un país en orden”. El programa de Hernández lo incluye bajo el “Estado de iguales ante la ley”, mientras que el de Fajardo lo incorpora en el de “Colombia sin miedo: recuperar la seguridad, la confianza y consolidar la paz”.
Estos ejes dan una idea sobre cómo entienden los candidatos el papel de la justicia en el Estado. Gutiérrez parte de la idea de que el sistema judicial debe sancionar delitos, mantener el orden y condenar la corrupción, mientras que la visión de Petro quiere incluirla en el engranaje democrático para, además, combatir la corrupción.
Por su parte, Fajardo la considera como parte de la seguridad, la confianza y la paz y sus propuestas se encaminan a mejorar el acceso, mientras que para Hernández es una estrategia para aumentar la equidad.
Los programas tienen un sinnúmero de propuestas que muestran con más detalle la visión de los candidatos —con excepción del de Petro que tiene muy pocas propuestas en este ámbito—. Pero la conclusión más clara consiste en que el tratamiento que recibiría la justicia en cada caso responde a la visión del candidato sobre su lugar y su importancia en el Estado.
Conviene recordar que, en un Estado de derecho, las funciones de la justicia no se reducen a sancionar delincuentes o ayudar a mejorar la seguridad ciudadana, sino que incluyen el control de las actuaciones gubernamentales, la protección de los derechos fundamentales y otras más. Es clave que el presidente tenga muy claro esto en su gobierno.
Las propuestas populistas
En los planes de Gutiérrez y Hernández hay algunas propuestas populistas que van en contravía de la independencia judicial.
En el caso de Gutiérrez, por ejemplo, se proponen metas en asuntos que son responsabilidad de los jueces y los fiscales, como “[b]ajar el índice de congestión efectiva de 50,7 % en 2021 [a] 40 % en 2026” y “[r]educir en 6 puntos el índice global de impunidad”.
Nadie se opone a disminuir la congestión judicial o la impunidad —entendida como no condenar a quienes cometen delitos—, pero el presidente no puede comprometerse a ello, pues el trámite de los procesos judiciales está en cabeza de los jueces que son independientes del ejecutivo.
Aunque bajar las tasas delictivas es deseable, la propuesta necesita precisarse, porque una cosa es que el gobierno prevenga el delito mediante acciones de policía y coordinación con las autoridades locales, y otra cosa es que se inmiscuya en la persecución penal que dirige la fiscalía.
Lo que el gobierno puede hacer es procurar recursos financieros para contribuir a la descongestión judicial, cumplir las decisiones judiciales para evitar más casos ante la justicia, impulsar reformas en el Congreso para simplificar trámites judiciales y proponer una política criminal que prevenga el delito y fortalezca las capacidades investigativas en materia penal.
Pero el gobierno no puede imponer metas a los jueces ni a los fiscales y tampoco puede comprometerse a llegar a indicadores que no le corresponden.
Por otra parte, Hernández pretende “[h]acer seguimiento estricto a las actuaciones de los jueces para que cumplan los términos” y sancionar “a los jueces que no le den cumplimiento oportuno a los términos”.
Estas propuestas son muy problemáticas, pues al presidente no le corresponde hacer seguimiento ni control a la labor judicial, ya que es una rama independiente. Además, es antidemocrático que el presidente quiera sancionar a los jueces.
Las propuestas debatibles
Los programas de Petro y Hernández proponen una reforma a la justicia, pero no dan detalles sobre su ejecución.
Petro sostiene que sus pilares serían la “independencia judicial, la meritocracia, autonomía administrativa y presupuestal, lucha contra la corrupción, acceso expedito de la ciudadanía al sistema judicial mediante herramientas tecnológicas y fortalecimiento de los mecanismos alternativos para solución de conflictos”.
Por otra parte, Hernández dice que se debe “[t]ransformar completamente el aparato judicial, de arriba a abajo, en una acción tan profunda que incluya una reforma constitucional”, y que se debe aplicar la meritocracia en los cargos de la administración de justicia en “un proceso liderado por la academia”.
Estas propuestas deben ser aclaradas para saber si la reforma respeta, o no, la independencia judicial y la Constitución. Petro y Hernández deberían decirnos en qué consisten sus reformas, cómo las implementarían y cuál sería el papel del ejecutivo en ellas.
En el ámbito de la meritocracia, por ejemplo, no es lo mismo una propuesta encaminada a mejorar con recursos financieros y tecnológicos los concursos internos de la judicatura y la transparencia, que una reforma que le entregue a sujetos externos a la judicatura —incluida la academia— la selección de los jueces.
Otra propuesta que exige mucho detalle es de Gutiérrez, cuando promete bajar la tasa de hurtos a personas a 270 por cada 100.000 habitantes y la tasa de homicidios a 21 por cada 100.000 habitantes. Pero el candidato no dice cómo va a lograrlo. Se limita a afirmar que “propiciará la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana y la Fiscalía para lograr mejores resultados en la judicialización de quienes cometen delitos” y que trabajará “en el fortalecimiento de la capacidad investigativa de la Fiscalía”.
Aunque bajar las tasas delictivas es deseable, la propuesta necesita precisarse, porque una cosa es que el gobierno prevenga el delito mediante acciones de policía y coordinación con las autoridades locales, y otra cosa es que se inmiscuya en la persecución penal que dirige la fiscalía, una entidad autónoma que no pertenece al gobierno.
Cárceles y resocialización
Los programas de los candidatos tienen propuestas sobre las cárceles y la resocialización de personas condenadas; pero sus enfoques son distintos.
Petro dice que promoverá un enfoque restaurativo en las sanciones de los delitos y que se crearán “cárceles restaurativas municipales”, pero no aclara qué significa dicho enfoque restaurativo, cómo funcionaría, si sería aplicado a todos los delitos o solo a algunos, o si esto tiene relación con el famoso “perdón social”.
Gutiérrez propone rediseñar “la política penitenciaria para enfocarla en la resocialización y reinserción laboral de las personas”, construir cárceles junto con el sector privado y mejorar el sistema penitenciario y carcelario. Pero no queda claro si la visión de resocialización va más allá de construir cárceles. Tampoco es clara su propuesta frente a la participación del sector privado en la construcción cárceles y si lo que realmente quiere es privatizarlas.
Por su parte, Fajardo dice que diseñará “una política carcelaria y penitenciaria, con enfoque resocializador, de género y étnico” y que hará “una reforma estructural a la institucionalidad carcelaria y penitenciaria, con respeto a los derechos laborales y sindicales”. También dice que defenderá “la reincidencia como agravante punitivo y de no excarcelación”. Pero, de nuevo, no se detalla cuál es el enfoque que le dará a la política carcelaria y penitenciaria, cómo abordará el hacinamiento, en qué consiste el rediseño del sistema carcelario o si su propuesta incluye medidas distintas de la cárcel.
Por último, Hernández propone “reestructurar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y mejorar la infraestructura carcelaria del país”, para lo cual sugiere “relocalizar las cárceles hacia lugares donde puedan desarrollarse actividades agropecuarias e industriales”. Además, propone tener “cerotolerancia con la criminalidad (…) en la cárcel” y crear una “Ciudad Resocializadora”. En este caso tampoco queda claro cómo se reestructuraría el INPEC, qué significa —o cómo operaría— la ciudad resocializadora y cómo se haría el cambio de todas las cárceles a dichas ciudades.
Llama la atención que ninguno de los candidatos ofrezca una ruta de acción para remediar el “estado de cosas inconstitucional” en materia carcelaria y penitenciaria. Según la Corte Constitucional y el Departamento Nacional de Planeación, esto supondría una reforma que disminuya las tasas de encarcelamiento antes que la simple construcción de nuevas cárceles; y esto a su vez depende en gran medida de la agenda legislativa del gobierno.
En conclusión y en las semanas que restan de campaña, los candidatos deberían explicarnos sus propuestas en materia de justicia. Hay varios temas importantes que mencionan los programas respectivos, pero los votantes necesitamos saber a qué atenernos realmente en este campo.
