La justicia en la encrucijada: balance de 2015 y perspectivas para 2016 - Razón Pública
Inicio TemasPolítica y Gobierno La justicia en la encrucijada: balance de 2015 y perspectivas para 2016

La justicia en la encrucijada: balance de 2015 y perspectivas para 2016

Escrito por Jorge Cuervo
Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

jorge ivan cuervoNo son pocos los problemas que enfrentó la justicia colombiana en 2015 ni los que le esperan en 2016: una reforma que se quedó corta, la corrupción y el desprestigio en sus más altos niveles, más la lentitud e impunidad de siempre. ¿Qué traerá este año?    

Jorge Iván Cuervo R.*

La reforma de Santos

2015 era el año en el que debía realizarse la reforma a la justicia.

Desde hace mucho tiempo la reforma venía siendo aplazada bien por la presión del corporativismo judicial o por su poca importancia en la agenda política y legislativa de los gobiernos. Pero Santos entendió la necesidad de esta tarea y – tras aprender la lección de la fallida reforma de su primer gobierno- encargó una nueva propuesta a los ministros de Justicia, Yesid Reyes, del Interior, Juan Fernando Cristo, y al entonces secretario general de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez.

Después de una amplia discusión con los involucrados y dentro de la llamada “reforma de equilibrio de poderes”, se adoptaron cambios en el sistema de gobierno judicial y se adoptó  la lógica de las “políticas públicas judiciales”, que no existía en la Constitución colombiana.

La arquitectura del ajuste se debe a Martínez, quien quería reproducir un sistema similar al de una corporación privada, con un gobierno corporativo, una junta ejecutiva (el nivel intermedio en el proyecto inicial) y una gerencia con amplios poderes de dirección estratégica y ejecución presupuestal.

Finalmente la junta directiva quedó integrada al gobierno judicial (un híbrido difícil de digerir) como instancia formada por las cabezas de las Cortes y representantes de los jueces, magistrados y empleados judiciales, más tres expertos independientes elegidos por esta cúpula del poder judicial, y una Gerencia Judicial con una concentración de poderes que puede ser un factor de distorsión para la independencia judicial en el interior de la propia rama judicial.

Quedaron por fuera de este espacio otros actores, como los representantes de las facultades de Derecho, los abogados litigantes o los usuarios del sistema de justicia, lo cual aumenta el riesgo de corporativismo judicial.

El Fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett.
El Fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett.
Foto: Fiscalía General de la Nación

Quedamos en las mismas

En una reforma a la justicia generalmente están en juego dos principios no siempre  compatibles: el de la eficacia judicial y el de la autonomía e independencia de los jueces.

El gobierno de Santos acabó por apostarle a una fórmula que dejaba en cabeza de los propios jueces la definición del gobierno judicial, pero con ciertas salvaguardas para que al menos los expertos independientes del Consejo de Gobierno Judicial tuvieran orígenes y visiones diferentes. Este esfuerzo resultó infructuoso:

• La elección del representante de los jueces y magistrados se dio en medio de numerosas irregularidades que llevaron al Consejo de Estado a aceptar una demanda por su elección y a ordenar su suspensión provisional.

• Otro tanto pasó con la elección de los tres expertos independientes, que fue también  suspendida por el Consejo de Estado debido a múltiples irregularidades, como el cambio de los requisitos de los aspirantes, la falta de transparencia en las publicaciones que ordenaba el Acto Legislativo, la ausencia de criterios objetivos para la preselección y para la elección final de los tres elegidos.

Ante la falta de quórum en el Consejo de Gobierno Judicial todo el proceso quedó en entredicho, y hoy la justicia sigue regida por el desprestigiado Consejo Superior de la Judicatura, sin que se vea en el horizonte cercano alguna salida institucional.

Hoy la justicia sigue regida por el desprestigiado Consejo Superior de la Judicatura, sin que se vea en el horizonte cercano alguna salida institucional. 

Si a esto se suma la demanda de inconstitucionalidad instaurada por el fiscal Montealegre en contra de la reforma de equilibrio de poderes, se completa el escenario que tiene la Corte Constitucional para hundir la reforma a la justicia y sacarse el clavo con el gobierno por lo que vio como un intento de socavar la independencia judicial.

Los problemas siguen

Y mientras tanto persisten la congestión y la morosidad, que ya parecen endémicas en algunas jurisdicciones y ciudades.

Padecemos la falta de entendimiento en la aplicación del Código General del Proceso (la otra reforma a la justicia que pomposamente anunció el gobierno) y de un sistema oral que se ha convertido en lectura en las audiencias debido a falta de cultura jurídica de los jueces y abogados litigantes.

La situación empeora con el aumento del uso de la tutela, que ya alcanza en promedio el 35 por ciento de la carga judicial de los juzgados y tribunales, lo cual va acompañado de un descenso notable en el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Además se ve la falta de coordinación entre la función judicial y otros mecanismos de protección jurídica, como los inspectores de trabajo, inspectores de policía, comisarías de familia y Casas de Justicia. Todo esto afecta el derecho al acceso a la justicia, especialmente para los más vulnerables.

Seguimos ante una preocupante precariedad de la administración de justicia en los pequeños municipios y en el sector rural, donde se concentrarán seguramente las medidas de reparación de la justicia transicional.

Y nos aqueja la falta de regulación del mundo de los abogados, donde los honorarios son un obstáculo insalvable para acceder a la justicia, al tiempo que la Defensoría Pública está concentrada en las causas penales sin dar abasto con los muchos litigios de la sociedad colombiana, y a tiempo que el Ministerio de Justicia es incapaz de darle una visión estratégica a la justicia como sistema.

Papa caliente

El Plan Sectorial de la Rama Judicial 2015-2018 que adoptó el Consejo Superior de la Judicatura no se ocupa de los temas anteriores, y mucho menos del componente de justicia que el gobierno incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual dispone como eje de política pública, elaborar un Plan Decenal de Justicia.

Este proceso viene siendo liderado por el Ministerio del ramo, aunque sin mucha participación de la sociedad civil y sin claridad sobre cómo articular dicho plan – que es gubernamental- con las políticas judiciales que correspondería definir al nuevo gobierno judicial – el cual, como se ha dicho, no ha sido conformado-.

El Estado colombiano no sabe qué hacer para que sus jueces hagan mejor su tarea.

De todo esto queda la impresión de que el Estado colombiano no sabe qué hacer para que sus jueces hagan mejor su tarea. Dejar esta decisión en manos de los propios jueces aumenta el riesgo de corporativismo judicial, e introducir elementos externos aumenta el peligro de socavar la independencia judicial, un valor importante en la historia de Colombia.

A lo anterior se suma el que la crisis ética haya llegado a la joya de la corona de la justicia: la Corte Constitucional, con el caso del magistrado Pretelt, a quien la Cámara de Representantes decidió acusar ante el Senado – un hecho sin precedentes en la historia judicial y política del país-.

Esta situación debería marcar un antes y un después en el régimen de responsabilidad de los magistrados de la altas Cortes, antes de que empiece labores la llamada Comisión de Aforados que se creó con la reforma del equilibrio de poderes.

El Senado conformará una Comisión Especial de Instrucción para investigar al magistrado Jorge Pretelt.
El Senado conformará una Comisión Especial de Instrucción para investigar al magistrado Jorge Pretelt.
Foto: Congreso de la República de Colombia

Menos vanidad, más justicia

Igualmente, la justicia sufrió en 2015 por el exceso de protagonismo -no exento de vanidad y soberbia- del fiscal Montealegre, quien en lugar de optar por transformar la Fiscalía en una entidad capaz de atender la demanda de justicia de los ciudadanos, prefirió el discurso grandilocuente, la polémica innecesaria y perder la autoridad moral a cambio de defender un discurso de ética pública contradicha por una feria de contratos innecesarios.

En 2016 se elegirán nuevo procurador, fiscal y defensor del pueblo. Esto significa un gran reto para el gobierno, el Congreso y las altas Cortes en la designación de personas idóneas que estén a la altura de sus responsabilidades institucionales, y no hagan de su cargo una cruzada ideológica, una caja de resonancia de su egolatría o un espacio para el maltrato de sus subalternos, como los tres que terminan su mandato.

Todo este panorama se enmarca en el proceso de justicia transicional que debe seguir a la firma del acuerdo entre el gobierno de Santos y las FARC. De hecho, la implementación del Tribunal Especial para la Paz implica una sustitución de la justicia penal respecto a los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.

Esto supone un reacomodamiento de la justicia penal ordinaria y una reorientación de los recursos de la Fiscalía General de la Nación hacia los delitos que afectan la seguridad cotidiana y los que puedan surgir luego de la reinserción y ante la persistencia de las bandas criminales y el reciclaje de desmovilizados en otros grupos armados ilegales.

Como puede verse, el panorama no es alentador para la administración de justicia en el año que comienza. El tránsito hacia una nueva justicia, más eficaz, garantista y oportuna parece complicarse ante la presión del corporativismo judicial, la falta de presión ciudadana y el desgaste político del gobierno Santos que puso todos los huevos en la canasta de la paz.

Sin embargo, el país quizá no tenga una nueva oportunidad en el corto plazo para hacer los ajustes necesarios que requiere la justicia en una sociedad en transición hacia la paz.

 

Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista y autor de numerosas publicaciones.  

twitter1-1@cuervoji

 

Artículos Relacionados

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies