Este año tampoco hubo reforma y la administración de justicia sigue siendo un problema central del país.
Jorge Iván Cuervo R*
Un tema abandonado
Cada vez es más difícil hacer análisis de la administración de justicia en Colombia. La información que se produce es opaca, poco útil y desactualizada, y seguramente a causa de las dos reformas fallidas la clase política, la ciudadanía y la rama judicial -especialmente las Altas Cortes- han perdido el interés en este tema.
Por ejemplo, el último boletín estadístico publicado por el Consejo Superior de la Judicatura fue del 2016, y, aunque la Ley Estatutaria de Administración de Justicia exige que se haga de manera periódica, la última encuesta de profundización es de 2011. Los indicadores solo se consolidan para el informe de gestión al Congreso de la República y no hay forma de hacer seguimiento permanente a las cifras en tiempo real en ninguna de las jurisdicciones. Todo indica que la ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014, ley de Datos Abiertos) no se está aplicando con rigor en la rama judicial.
Lo que se conoce como el servicio de justicia se materializa en varias instituciones: el mayor componente –por instituciones, presupuesto y recurso humano– corresponde a la rama judicial, en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, la parte mediática le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, está además lo que le corresponde al Ministerio de Justicia -que no es estrictamente administración de justicia-, lo que tiene que ver con la Jurisdicción Especial de Paz y, finalmente, la justicia local, que le compete a los gobiernos locales, instancias orientadas a la solución de controversias relacionadas con situaciones de convivencia.
Perdió credibilidad, no tiene rumbo y se mueve al vaivén de la política.
El Consejo Superior de la Judicatura aprobó el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022 “Justicia moderna con Transparencia y Equidad”, un documento anexo al Plan de Desarrollo que no se conoce previamente y cuya discusión, tanto en el Congreso de la República como en el Consejo Nacional de Planeación, es prácticamente inexistente. Todos los problemas de la administración de justicia pasan por ese documento que es más una matriz de gasto del presupuesto de inversión de la rama judicial que una verdadera hoja de ruta de las políticas judiciales.
El total de recursos de inversión para el cuatrienio es de $1.758.668.079.126, y de esto solo para informática, infraestructura y capacitación se proyectan $1.222.000.000, un monto inercial con poco impacto en políticas públicas. Justamente eso se hace cada cuatro años: planes de capacitación, de adquisición y remodelación de nuevas sedes y actualización tecnológica que no resuelven los problemas de la administración de justicia en materia de descongestión, morosidad, acceso, efectividad de las decisiones y corrupción de la rama judicial.
Cuadro 1. Presupuesto de la Rama Judicial
Fuente: Plan Sectorial de Desarrollo Rama Judicial 2019-2022
Los principales problemas
Ante el fracaso de las dos últimas reformas a la justicia, la administración de justicia debería estar trabajando para presentarle al país una reforma integral que recoja los aprendizajes de los procesos anteriores de reforma, pues es uno de los temas que debe ser objeto de atención en el contexto de las respuestas al Estado al malestar social de estos días. Lamentablemente, bajo un mal entendimiento de los principios de autonomía e independencia judicial, los jueces y los magistrados han decidido aislarse de la conversación nacional y quedarse en su zona de confort con bajos estándares de rendición de cuentas.
Al hablar de este balance, la Fiscalía General de la Nación merece una mención especial, pues Néstor Humberto Martínez le hizo un terrible daño al meterla en el debate político y usarla para hacerle oposición al Acuerdo de Paz. Esta entidad perdió credibilidad, no tiene rumbo y se mueve al vaivén de la política.
Prácticas como denunciar a jueces que no se acogen a las imputaciones de la Fiscalía o presentar imputaciones de despacho en despacho hasta encontrar un juez que les dé la razón, como en el caso de ‘EPA Colombia’, demuestran que esta entidad subordina las garantías de los procesados al objetivo de entregar resultados y también que cada uno de sus seccionales y fiscales es un mundo aparte.
La terna presentada por el presidente Duque ante la Corte Suprema de Justicia deja enormes dudas sobre la independencia de los integrantes porque son personas cercanas al gobierno y con pocos antecedentes en materia de investigación y gestión judicial. Esto último abre el debate sobre dónde debe estar la Fiscalía, si en la rama judicial, al margen de las políticas gubernamentales o en el gobierno haciendo parte de la política anticriminal del Estado.
Foto: Facebook Ministerio de Justicia
La nueva ministra, Margarita Cabello, no ha tenido mucha relevancia en los medios
Es preocupante la tendencia de los fiscales generales a alinearse con la visión del gobierno de turno y el impacto que esto tiene en las libertades civiles, riesgo que se disminuiría si se ubicara a la Fiscalía en la rama judicial, lejos de las directrices del gobierno.
Mención aparte merecen los jueces de control de garantías, quienes de una manera valiente han venido cumpliendo su labor de ajustar la función punitiva del Estado a un régimen de garantías, muchas veces ante la incomprensión de gobernantes locales –como los alcaldes de Medellín y Bogotá– y de la opinión pública, ávida de ver resultados en materia de inseguridad. En tiempos de paro nacional, los jueces han jugado un papel muy importante en materia de garantías ante los abusos de la Policía Nacional, algunas veces en connivencia con la propia Fiscalía, como pasó en los allanamientos al portal digital Cartel Urbano y otros colectivos culturales, días antes del paro del 21 de noviembre.
¿Qué ha pasado en el gobierno de Duque?
El gobierno de Iván Duque ha tenido dos ministras de justicia, Gloría María Borrero, que, aunque tenía un buen conocimiento de los problemas del funcionamiento de justicia, no entendió la dinámica política y vio como naufragaba la tímida reforma que presentó. Ahora llega la exmagistrada Margarita Cabello, quien optó por construir consensos previos en la rama judicial antes de definir una reforma y señalar que son muchos los niveles e intensidades de lo que debe ser una reforma ideal, luego del poco margen de maniobra que dejó para esos efectos la Corte Constitucional en la sentencia C- 285 de 2016.
El mensaje inicial parecía interesante: hay que hacer la reforma por partes, por temas y con distintas intensidades y alcances. Algunas reformas exigen reforma constitucional, otras reformas a la ley estatutaria, otras a los códigos de procedimiento y otras de gestión y gerencia judicial, lo cual implica ajustes presupuestales y visión estratégica. Esta última puede lograrse gracias al Plan Decenal de Justicia aprobado en el gobierno anterior, sobre el cual el Consejo Superior y el Ministerio de Justicia parecen haber perdido el interés.
Hoy ya no se habla de reforma a la justicia porque no está en las prioridades del discurso gubernamental, y el papel del Ministerio quedó reducido al de articular los intereses de los magistrados de las Altas Cortes y el Fiscal General de la Nación. No solo se perdió la perspectiva de política pública y se dejó a un lado el Plan Decenal, sino que el Consejo Superior de la Judicatura dejó de ser un orientador de políticas judiciales para convertirse en una agencia de convocatorias y concursos de la rama judicial, en ese contexto, la sensación de desgobierno judicial es creciente y quedamos en manos de cientos de jueces, fiscales, trabajadores judiciales y magistrados de tribunales y de Cortes que hacen su trabajo de manera esforzada, pero que se sienten abandonados por su órgano rector, señalados por el gobierno y vistos con desconfianza por parte de la ciudadanía. Parafraseando el título de un libro de Mauricio García, la justicia en Colombia es un caso de jueces sin Estado.
Foto: Fiscalía General de la Nación
Néstor Humberto Martínez le hizo un daño enorme a la Fiscalía por tomarla para hacerle oposición al proceso de paz.
La sensación de desgobierno judicial es creciente
Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz es muy poco lo que hay que decir dado que todavía está en una fase de aprendizaje y de entendimiento de su función como tribunal de justicia transicional. En un ambiente hostil y de incomprensión, se perdió un año con el tema de las objeciones presidenciales a la ley Estatutaria y se vieron pocos resultados a causa de la lentitud y el burocratismo que copiaron del diseño institucional de la justicia ordinaria. Las cifras de la gestión de la JEP dejan ver que el aprendizaje y la consolidación conceptual y metodológica de la justicia transicional “a la colombiana”, ha tomado más tiempo del deseado y, en consecuencia, ha contribuido a validar las críticas de sus detractores.
No estamos en un escenario de confrontación entre la justicia ordinaria y la justicia transicional como afirman Duque y sus simpatizantes. No se trata de una riña entre la justicia y la impunidad. Los avances en una y otra jurisdicción constituyen un desafío, no solo en términos de paz y seguridad, sino también de justicia.
Por último, en el contexto del Paro Nacional la reforma a la justicia es un tema prioritario porque buena parte de los problemas de falta de garantías de derechos pasan por un mal funcionamiento de la administración de justicia y no es justo seguir aplazándolo solo para no incomodar a la cúpula de la rama judicial.
*Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista de El Espectador y autor de numerosas publicaciones. @cuervoji.
