Ante la alarma creciente de la ciudadanía, el Distrito responde con medidas simplistas. Pero el problema en realidad exige cambios de más calado y esfuerzos de gran alcance.
Andrés Felipe Ortega Gómez*
La paradoja
Según las encuestas de Invamer, la percepción de inseguridad de los bogotanos ha aumentado de manera constante a través de las últimas mediciones.
Estas mediciones se suelen referir o interpretar en el contexto de dos tipos principales de delitos: las muertes violentas (que incluyen los homicidios, los suicidios, las muertes por accidentes de tránsito y las causadas por otras acciones violentas) y los delitos de “alto impacto” (hurto calificado a personas, asalto a residencias, entidades financieras, establecimientos comerciales y robo de vehículos).
Pero más allá de esos delitos, es además evidente que las y los bogotanos viven en medio de la incertidumbre, el riesgo o el miedo a otras formas de la criminalidad, como decir las violencias de género que viven mujeres y otras identidades, o el delito callejero en la vida cotidiana.
De lo anterior resulta que las mejorías objetivas en materia de seguridad suelen traducirse en un aumento de la demanda social por estos servicios y en que la ciudadanía en general se vuelva más intolerante al riesgo criminal y delincuencial. La elevación de los estándares es una ganancia para la sociedad, pero implica una percepción de inseguridad más sensible y una demanda creciente para la Administración y el Estado.
La complejidad
Es muy difícil clasificar los tipos o las modalidades de la violencia urbana, porque se trata de un fenómeno multidimensional:
- Por una parte, están los individuos que sufren la violencia —mujeres, niños, ancianos o discapacitados—,
- Por otra parte, están los agentes que la cometen —pandillas, traficantes de drogas, jóvenes, muchedumbres o grupos armados—.
- También están la naturaleza de la agresión —que puede ser psicológica, física o sexual—, el motivo político o la relación entre la persona que padece la violencia y la que la comete.
Estos episodios se inscriben además en redes de relaciones y organizaciones propias del crimen organizado, como las que vimos en abril de 2022, en las prácticas de descuartizamientos.
El papel de los gobiernos locales
La criminalidad y la violencia tienen un impacto directo sobre la construcción y el mantenimiento de la gobernabilidad. Esto fenómeno no se limita a Bogotá, puesto que Medellín, Cali o Barranquilla, para citar tres ejemplos, están viviendo hoy en día sus propias crisis de inseguridad.
La descentralización de los asuntos de seguridad ha hecho que los gobiernos locales jueguen un papel cada vez más activo en la formulación de políticas que garanticen la seguridad de los ciudadanos.
Más allá de esos delitos, es además evidente que las y los bogotanos viven en medio de la incertidumbre, el riesgo o el miedo.
Para combatir estos fenómenos hay que tener en cuenta tres variables principales: la desigualdad en los ingresos, la ineficacia del sistema judicial y la existencia de órdenes sociales derivados del mercado de drogas ilícitas.
Por eso la Alcaldía de Bogotá debería trabajar sobre tres elementos fundamentales: pobreza e inequidad, confianza en las instituciones de control, y atención a las redes del crimen organizado. El primer elemento ha sido subrayado tanto por la movilización ciudadana de los últimos tres años como por los efectos socioeconómicos de la pandemia.
La administración de Bogotá se ha valido de diversas estrategias para enfrentar los problemas de seguridad, reconociendo al alcalde como primer responsable de los temas de orden público en su ciudad. Estos problemas pueden ser de orden endógeno —como los diferentes tipos de violencia, la inseguridad y la criminalidad— o de orden exógeno —como los efectos del conflicto armado y el narcotráfico—.
Una mala gestión
Pero las últimas medidas han sido contrarias a la evidencia científica, como en el caso de la fallida prohibición del parrillero en moto o la tensa relación entre la alcaldesa Claudia López y la Dirección Nacional de Policía.
Como señala César Restrepo, “la ciudad de Bogotá está secuestrada por esta fórmula de pocos resultados que ha causado un desgaste reputacional creciente de las instituciones, ha debilitado la confianza de los ciudadanos y empieza a erosionar su competitividad”.
Por eso urge reorientar la Policía en función del nuevo escenario estratégico que estamos viviendo. La seguridad ciudadana está dirigida al individuo y a la posibilidad de que éste ejerza las libertades, derechos y deberes enmarcados en la colectividad, para preservar un ambiente sano y tranquilo.
En última instancia, el bienestar general es el propósito de la seguridad ciudadana.
