La infancia perdida por reclutamiento ilícito - Razón Pública
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La infancia perdida por reclutamiento ilícito

Escrito por Yadira Elena Alarcón Palacio
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Identificados con nombre y apellido, casi diecisiete mil menores de edad fueron víctimas del reclutamiento forzado por parte de guerrillas o paramilitares. ¿Será que ahora los exjefes de las FARC-EP responden ante la Jurisdicción Especial para la Paz?

Yadira Elena Alarcón Palacio*

Las causas

El reclutamiento forzado es uno de los delitos que ha afectado con más fuerza a la infancia y adolescencia colombianas.

En el contexto del conflicto armado, la Corte Constitucional lo reconoció como una práctica criminal en la que incurren en forma extensiva, sistemática y habitual los grupos ilegales, tanto guerrillas como paramilitares. Este tipo de reclutamiento ha sido una causa directa del desplazamiento forzado.

La vinculación de niños y adolescentes a grupos organizados al margen de la ley ocurre por la fuerza o mediante engaños. Casi siempre la facilitan las precarias condiciones de los menores, sus familias y redes de apoyo, así como la presencia de actores armados en sus barrios o veredas o la cercanía a eventos relacionados con el conflicto: masacres, asesinatos, desplazamiento forzado, entre otros.

Estas y otras dificultades asociadas con la garantía de los derechos de esta población acercan a niños y adolescentes a la guerra.

Las cifras

El informe Una guerra sin edad da cuenta de 16.879 registros de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto; todos ellos están identificados con nombre y apellido.

En noviembre de 1999, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) creó el Programa de atención especializado para el restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes que se desvinculan de grupos armados organizados al margen de la ley. Las FARC-EP reclutaron 3.879 de todas las personas atendidas por el ICBF.

A través del programa se ha podido establecer que 2.558 adolescentes fueron reclutados a los 17 años; 1.893, cuando tenían 16; 1.162, a los 15 años; 603, a los 14 años, y 241, a los 13 años. Además, 403 niños fueron reclutados entre los 9 y 12 años.

Edad de las víctimas y responsabilidad de las FARC-EP

La Corte Constitucional entiende la expresión «reclutamiento de menores» conforme al Estatuto de Roma.

Según la Ley 1820 de 2016 (artículos 23, 30, 46, 47, 52 y 57) y acorde con lo dispuesto por el alto tribunal, este delito consiste en «el reclutamiento de menores de 15 años, en el caso de conductas ocurridas hasta el 25 de junio de 2005, y el reclutamiento de menores de 18 años en el caso de conductas ocurridas con posterioridad a esa fecha».

Foto: Alcaldía de Hato Corozal, Casanare - Aunque los comandantes de las Farc no lo reconozcan, el reclutamiento de niños fue una práctica usual del grupo guerrillero.

El caso 007 de la JEP

Mediante el Auto N.o 029 del 1.ro de marzo del 2019, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas —de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)—avocó el conocimiento del Caso N.o 007: Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

Este caso investiga la vinculación de niños a las FARC-EP y a la Fuerza Pública. Además del reclutamiento, se investigarán otras formas de participación de niños en el conflicto: cocineros, cargadores, mensajeros, informantes, acompañantes del grupo y esclavos sexuales.

También serán objeto de investigación las lesiones, torturas, homicidios que hayan ocurrido como consecuencia del régimen de vida en las filas, del régimen disciplinario de la organización guerrillera o de actividades de la Fuerza Pública.

Asimismo, se investigarán delitos relacionados con el reclutamiento o la utilización de niños en el conflicto: desplazamiento, homicidios, amenazas o cualquier otra violación de derechos que pudieran sufrir las familias o las comunidades por la violencia ejercida para vincular menores. Además, se tendrán en cuenta los hechos de violencia sexual asociados: abuso, violación y anticoncepción o abortos forzados.

Se dio prioridad a este caso debido a que los niños son sujetos de especial protección constitucional: para la justicia transicional es obligatorio investigar el reclutamiento de menores de edad.

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) consideró especialmente grave el reclutamiento de niños indígenas, afro, palenqueros, raizales y rom, que además son reconocidos como sujetos colectivos de derechos en Colombia. Estas etnias sufrieron daños especiales por este delito, relacionados con la pérdida de su identidad cultural y su papel en la comunidad.

Foto: JEP - En el caso 07 es en el que la JEP investiga el reclutamiento de niños como parte del conflicto armado.

Metodología de la JEP

La estrategia para abordar el caso se divide en dos partes: el subcaso FARC-EP y el subcaso Fuerza Pública. Se organizó de este modo porque la Sala obtuvo información que indica que las FARC-EP y la Fuerza Pública incurrieron en alguno de los fenómenos cobijados por el caso, aunque de manera distinta.

Hay más de 10 informes sobre este delito por las FARC-EP; suman alrededor de 8.000 hechos de reclutamiento. La estrategia de investigación se divide en dos:

1. Responsabilidad de los actores determinantes en cuanto diseñaron, ejecutaron o tenían la responsabilidad de controlar la ejecución de las políticas de reclutamiento, sanciones y control de los derechos sexuales y reproductivos de los miembros de la antigua guerrilla;
2. Responsabilidad de quienes violaron los derechos de los menores de edad al vincularlos a la guerrilla y mantenerlos en ella.

Quienes siendo niños y niñas sufrieron el reclutamiento ilícito pueden acreditarse como víctimas y tener calidad de interviniente especial; esto les permitirá participar en las audiencias, hacer observaciones y solicitar pruebas.

Avances judiciales de la SRVR

Como fruto de la primera parte de instrucción del caso, 37 exmiembros de las FARC -EP fueron vinculados a este caso y 15 han sido llamados a la primera ronda de versiones voluntarias. Las primeras personas citadas mediante el Auto N.o 226 del 24 de octubre del 2019 se eligieron por su trayectoria en el grupo armado, en particular por sus decisiones sobre la política de reclutamiento.

Después de revisar 29 recursos que presentaron exmiembros de la guerrilla, la SRVR resolvió dejar en firme la citación y definir una nueva agenda. El Auto N.o 099 del 22 de julio del 2020 resuelve los recursos de reposición; se destacan algunos de sus argumentos:

• No existe prejuzgamiento en el uso de hipótesis de investigación que no permiten llegar a conclusiones sobre la posible responsabilidad de los convocados a la diligencia.
• Como parte de las obligaciones internacionales del Estado colombiano, se hace énfasis en que se incluyan hechos de violencia sexual y de género en este macrocaso.
• El parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 de 2016 estableció conductas que bajo ninguna condición serían objeto de amnistía, entre las cuales se encuentran «el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual». La Corte reconoció la constitucionalidad de esta ley, «pues las conductas allí mencionadas son crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional».
• El acuerdo final (punto 5.1.2., numeral 40) estableció que no serían susceptibles de amnistía los delitos contra la integridad y formación sexuales; también incorporó el enfoque de género como uno de los pilares de la implementación del acuerdo.

La situación actual

En este mes de septiembre, exdirigentes de las FARC-EP están compareciendo a versiones individuales virtuales. Según los medios de comunicación, su excomandante en jefe niega el reclutamiento forzado de niños y adolescentes.

El caso 007 juzga crímenes de lesa humanidad no amnistiables. Esto incluye el reclutamiento de menores de 15 años, en el caso de conductas ocurridas entre el 1 de enero del 1971 y el 25 de junio de 2005, y el reclutamiento de menores de 18 años en el caso de conductas ocurridas entre el 25 de junio del 2005 y el 1 de diciembre de 2016. En caso de que no se diga la verdad ni se reconozca responsabilidad frente a hechos que se declaren probados, los imputados se enfrentarían hasta a 20 años de privación efectiva de la libertad, por tratarse de graves infracciones o violaciones de derechos humanos.

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