Un nuevo proyecto de ley busca cerrar la brecha digital en Colombia. ¿Sus estrategias serán suficientes para lograrlo?
Pilar Sáenz* – Víctor Saavedra**
La propuesta del gobierno
El pasado 19 de septiembre, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MinTIC) radicó un proyecto de ley que busca la modernización del sector de las tecnologías en Colombia. Su principal objetivo es cerrar la brecha digital y adaptar el marco normativo a las buenas prácticas internacionales en la materia. Para ello, propone cuatro ejes:
- Aumentar los incentivos a la inversión en el nivel jurídico, es decir, incrementar hasta treinta años los permisos de uso del espectro para que las empresas puedan recuperar las grandes inversiones que su labor supone. De acuerdo con la ministra Sylvia Constaín, esto garantizará que los privados costeen la infraestructura necesaria para cerrar la brecha digital.
- Introducir el criterio de maximización de bienestar social con el fin de focalizar la inversión en el cierre de la brecha digital.
- Garantizar y fortalecer la televisión y la radio pública. Se prevé también la posibilidad de que los operadores de televisión comunitaria suministren internet.
- Simplificar y modernizar el marco institucional mediante la eliminación de la ANTV y la transferencia de sus funciones a la CRC, el cual se convertirá en un regulador convergente.
Aunque el objetivo de este proyecto de ley es loable, ¿logra efectivamente la propuesta dicho fin? ¿beneficiará a las clases más desprotegidas o a las grandes empresas?, ¿fortalecerá la radio y la televisión públicas o recrudecerá su crisis? ¿impulsará una mayor concentración de poder en el ejecutivo?
Si bien estos interrogantes son parte primordial del debate, quisiéramos aprovechar este espacio para explorar otro punto sustancial que se está obviando, esto es, que el proyecto de ley no reconoce las diversas alternativas disponibles para cerrar la brecha digital.
Muchos colombianos no son consumidores pasivos, sino ciudadanos comprometidos con mejorar la conectividad de las comunidades a las que pertenecen.
A nuestro modo de ver, el MinTIC ignora el hecho de que la ciudadanía es un actor protagónico en el proceso de modernización y, por ende, presume que la única forma de cerrar la brecha digital es mediante la participación de los grandes operadores del mercado.
Prueba de ello es que el proyecto únicamente promueve la mirada que tienen las empresas cuando hablan de la conexión de última milla -la que conecta a las operadoras de telecomunicaciones con los usuarios en sus hogares o empresas- que para estas además de ser la más costosa solo puede ser proporcionada en las regiones más apartadas -las que no son rentables económicamente- con la ayuda del Estado. Este modelo de conectividad no es el único existente y no debería ser el único mencionado en el proyecto en cuestión.
Para las comunidades la última milla es realmente su primera milla, lo que se ve lejano para las empresas es lo más cercano para las comunidades. De hecho, en la mayoría de los casos las necesidades de la comunidad se pueden satisfacer sin salir de esa primera milla.
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Esto ha sido reconocido ya en México, a través de concesiones para uso social comunitario y uso social indígena, en Argentina, por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), en su Recomendación UIT-D 19, y por la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL).
Ciudadanía construyendo redes
 Internet en zonas rurales. Foto: Presidencia de la República |
La tecnología permite a la ciudadanía constituir redes que mejoran la conectividad y calidad de vida desde lo local. Esta mirada transforma el rol de las personas de consumidoras de contenidos pasivas a gestoras de su propia infraestructura y productoras de contenidos relevantes para su contexto.
Quizás el mejor ejemplo de que existen otras formas de conectividad son las redes inalámbricas comunitarias, las redes ciudadanas abiertas y las redes mesh. Todas ellas son redes sin ánimo de lucro que surgieron a comienzos de siglo como alternativas de conexión. Inicialmente fueron pensadas por comunidades que querían construir redes de telecomunicaciones libres y abiertas que privilegiaran la difusión de contenidos de interés local.
Este tipo de redes son diseñadas por las comunidades para las comunidades: ellas diseñan su red, compran o fabrican las antenas, instalan el cableado y configuran los routers, así mismo, deciden qué servicios y plataformas ofrecer y escogen servidores que los soporten. Las personas que participan de estos proyectos no sólo adquieren conocimientos técnicos en el camino, sino que establecen una relación cercana con la tecnología que les permite apropiarse de ella ajustándola a las necesidades de las comunidades a las que pertenecen.
El MinTIC ignora que la ciudadanía es un actor protagónico en el proceso de modernización y presume que la forma de cerrar la brecha es mediante la participación de los grandes operadores del mercado.
Una vez la infraestructura es instalada adecuadamente, este tipo de redes se convierten en canales que, a diferencia de los grandes medios, proporcionan alternativas de comunicación para comunidades marginales y privilegian la circulación de contenidos locales. Con la ayuda de los operadores, estas redes incluso pueden brindar conexión a internet.
Dos casos emblemáticos de este tipo de redes son guifi.net de España y freifunk.net de Alemania. En América Latina, también existen iniciativas como Rhizomatica de México o Alter Mundi de Argentina. En Colombia, vale la pena mencionar a las extintas Medellín Wireless y Bogotá Mesh y a proyectos vigentes como como nuestrared.org oriunda del Eje Cafetero. RedINC Comunitaria en Buenos Aires, Cauca y Network Bogotá. Todos estos ejemplos ponen de manifiesto que muchos colombianos no son consumidores pasivos, sino ciudadanos comprometidos con mejorar la conectividad de las comunidades a las que pertenecen.
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El reconocimiento legal
 Conexiones de internet. Foto: Alcaldía de Cali |
En Colombia, el desconocimiento jurídico y social de las redes comunitarias hace difícil su existencia. A la distancia geográfica, las infraestructuras precarias y las deficiencias del servicio eléctrico, se le suman las dificultades normativas. Como consecuencia, este tipo de redes se han visto en la obligación de encontrar recovecos en medio de una legislación que desconoce su existencia.
Ya que el cierre de la brecha digital es el objetivo principal del proyecto de ley del MinTIC, además de la inclusión del criterio de “maximización del beneficio social”, es necesario concederles el reconocimiento jurídico y social a las redes comunitarias. Esto permitiría:
- Reconocer el rol activo que juegan estas redes—y por ende la ciudadanía—en la modernización de ciertos sectores del país.
- Promover la aparición de más redes comunitarias que contribuyan a cerrar la brecha digital en Colombia.
- Ampliar el espectro de los actores tecnológicos en el país agilizando el cierre de la brecha digital.
- Incluir las redes comunitarias entre las posibles beneficiarias de la promoción estatal.
Una modernización integral
Podemos concluir que para modernizar el sector de las TIC y cerrar la brecha digital en Colombia no es suficiente que—como ha ocurrido hasta ahora—las grandes empresas las únicas encargadas de llevar la conectividad a las regiones, no solo porque esto toma mucho tiempo, sino porque desconoce el papel protagónico que puede jugar la ciudadanía en el desarrollo de la conectividad y las necesidades particulares de las comunidades a las que llega.
Esa última milla que para la compañia no es rentable es justamente la milla donde se empodera la comunidad.
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Para lograr una modernización integral es necesario que el gobierno reconozca y fomente iniciativas ciudadanas que, a diferencia de las grandes compañías, se ajustan a los deseos y a las necesidades de las comunidades en las que nacen. No se trata de rechazar a las grandes empresas de telecomunicaciones, sino de darle visibilidad y apoyo a iniciativas alternativas, pues solo así será posible llevar a cabo una modernización integral que tenga en cuenta los intereses de todos y no de unos pocos.
*Docente universitaria, consultora en temas de educación y tecnología. Actualmente investigadora en temas de cultura libre en la fundación Karisma.
**Abogado y politólogo, máster en Derechos humanos y cooperación internacional. Actualmente consultor de la Fundación Karisma.
