La imagen de Colombia en el exterior: entre la promoción y la censura
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La imagen de Colombia en el exterior: entre la promoción y la censura

Escrito por Pedro Adrián Zuluaga

«Dejen a Colombia en paz». Así terminaba el hilo con que Roy Barreras, flamante embajador en Reino Unido, pescó esta semana en el río revuelto del estreno en Netflix de una serie sobre la narcotraficante colombiana Griselda Blanco. La polémica es vieja y se reactiva una y otra vez, al menos cuando un producto cultural —y más aún si viene en un empaque transnacional como la serie protagonizada y producida por Sofía Vergara— enfoca la atención sobre Colombia y la presenta como nido de mafias y crimen organizado. Que en efecto lo seamos parece preocupar menos que el manido argumento sobre el daño que estas representaciones causan al país.

La semana que pasó estuvo además condimentada por el “escándalo” que suscitó la costosa presencia colombiana en Davos, justificada por el gobierno como una inversión encaminada a atraer turismo e inversión al país. «Qué tiene más visibilidad (sic) una serie de NETFLIX donde muestran a Colombia como país de mafiosos y sicarios? O una de las tantas campañas publicitarias que intentan mostrar la riqueza cultural y ambiental, la belleza y el potencial de nuestra patria? Desgraciadamente puede más el aparato comercial que vive de estigmatizar a nuestro país ofendiendo a millones de colombianos de bien», dijo Barreras (quien, según sabemos, es magíster en literatura y funge de poeta) en otro comentario en la misma red social.

Los elementos en juego en las polémicas sobre la imagen de Colombia en el exterior vienen  —realmente— de décadas atrás. Ya en los años veinte del siglo pasado, en épocas de cine silente, los caficultores (y en ese entonces el café era renglón principal de la economía) manifestaron su preocupación por la existencia y difusión de películas colombianas con protagonistas que padecían la lepra, una enfermedad temida por sus orígenes imprecisos y sus (por entonces) no del todo claras vías de transmisión.

Temían los caficultores que estas películas afectaran las exportaciones del grano, presunción entre ingenua y delirante si se tiene en cuenta la precaria difusión de nuestras obras del cine mudo. Hoy, es evidente, hay otros actores en disputa. Por un lado, una lepra social (disculpe, señora Sontag, por la metáfora moralizante y punitiva) como la violencia ocasionada por el narcotráfico que ha generado su propia galería de íconos, y, por el otro, un capitalismo audiovisual internacional presto a barajar sus cartas en el mercado del trauma y la memoria, y ansioso porque contenidos serializados y altamente codificados se conviertan en cifras y rentabilidad.

Aunque Hollywood o Netflix (como otras plataformas de streaming) se precien de ser voceros de una agenda liberal y/o a veces progresista, y quieran venderse como conciencia del mundo, no actúan precisamente como entidades de beneficencia ni hacen trabajo probono. Muchos trabajadores del cine y los medios audiovisuales, con preocupaciones éticas, han tenido pocas opciones distintas a emplearse en la producción y difusión de “contenidos” cuya última razón de ser es que hay un deseo de verlos. Como dice una cínica funcionaria de Procolombia (entidad encargada de la promoción de este país de la belleza) en su respuesta a las críticas por su millonario sueldo: «La costosa luz de Barranquilla no se paga sola».

La discusión trazada por Barreras no es pues traída de los cabellos. Como colombianos tenemos sobradas razones para preguntarnos por qué participamos de un modo tan supino en el mercado mundial de los relatos, y si no hay otras alternativas. Cualquier persona que trabaje con palabras, sonidos e imágenes con una alta carga referencial (es decir, que representen a este país y sus habitantes) debería al menos reparar en la fascinación con el crimen y la violencia que obnubila a una parte de la producción cultural colombiana o sobre Colombia.

No son Andrés Baiz (director de Griselda) ni Sofía Vergara (su protagonista y productora) los únicos beneficiados económicamente con su aporte a las narcoseries o narconovelas. Son incontables los artistas colombianos cuyo pasaporte al mercado de valores del arte pasa por ser voceros de nuestra violencia y nuestro dolor. Esta macronarrativa ha servido para darle a Colombia (y a cierto arte colombiano) un lugar en el mundo, y realmente desconocemos cuántos turistas (si de promoción o propaganda se trata) vienen a Colombia no huyendo del país que vieron en Narcos sino, justamente, atraídos por ese señuelo.

El problema es que Roy Barreras sea un funcionario del gobierno y que, desde ese lugar de poder, lo dicho por él pueda darle alas a una política intervencionista del Estado que, además, iría en contra de la garantía constitucional de la libre expresión y del desarrollo de un campo del arte que goce de autonomía. Barreras, como magíster en literatura, debe estar entrenado en estos debates y en su costo para los artistas. Preocupa, también, que Barreras haya sido secundado por personas como Hollman Morris, quien desde su cuenta de X terció así: «Querido embajador @RoyBarreras (sic) un documental de @NatGeo National Geographic que hable de “Colombia Potencia Mundial de la vida”». Por su cargo en RTVC y su cercanía con el presidente Petro, Morris tiene como convertir sus “brillantes ideas” en política pública.

Por último, la alternativa sugerida por Barreras como respuesta al presunto daño que estas series ocasionan es un clásico ejemplo de buenismo (y de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno): «… hay miles de colombianos esforzados, trabajadores, con historias de vida que merecen ser contadas, hay tanta belleza en Colombia y tanto colombiano bueno, emprendedor, exitoso! Hay tanto buen cine por hacer en la Colombia del Siglo XXI».

Quizá fue por razones así de peregrinas que un embajador en Londres, Carlos Medellín, ordenó descolgar una obra de Wilson Díaz de una exposición apoyada hace unos años por la embajada colombiana. La obra (“Rebeldes del sur”) consistía en dos videos grabados en la zona de distensión del Caguán. Aunque el establecimiento colombiano peregrinó hasta el Caguán, los videos de unos rebeldes bailando distendidamente fueron juzgados como pésimos embajadores de Colombia en el exterior. Fue, simple y llanamente, un acto de censura.

El campo de arte en Colombia tiene que ir encontrando la manera de liberarse de muchos corsés que lo oprimen. El mercado y su falta esencial de ética y responsabilidad social es uno de ellos. Pero es casi seguro que los gobiernos no son los indicados para sugerir de qué debe ocuparse la producción cultural. Garantizar que esta producción exista en un marco de libertades (seriamente constreñidas por las exigencias monetarias), es suficiente reto en cualquier democracia. De impulsar y dar a conocer las maravillas del país de la belleza que se encargue Procolombia. Que sirvan para algo nuestros impuestos, que —por cierto— tampoco se pagan solos.

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