Aunque podría pasar por parte del espectáculo, la citación del senador Uribe a indagatoria puede marcar un hito en las relaciones entre justicia y política en Colombia.
Hernando Llano Ángel*
Política surrealista
Nuestra realidad política supera con creces la más fecunda imaginación surrealista. Es una realidad que se debate entre la desnuda verdad de Antanas Mockus y la penumbrosa honorabilidad o inocencia de Álvaro Uribe Vélez.
Uribe y Mockus fueron los senadores más votados en las pasadas elecciones, aunque el segundo, con sus 504.127 votos, apenas representa el 1,38 por ciento del censo electoral y Uribe, con 801.692, el 2,2 por ciento del total.
Esto confirma que ambos protagonistas de la vida nacional tienen una figuración mediática más que una representación propiamente política –que es la que se desprende del voto ciudadano-. Por eso hay que poner en sus justas proporciones aquella frase-eslogan efectista de “Álvaro Uribe, el senador con más alta votación de nuestra historia política”.
- Mockus, con su gesto impúdico, escandaliza nuevamente, pero también desnuda lo que la vocinglería de los otros congresistas trataba de ocultar en el recinto, o sea el predominio de sus intereses particulares sobre los intereses públicos.
- Uribe abandona el Congreso ante el llamado a indagatoria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque se siente “moralmente impedido para ser senador”, como lo escribió en Twitter anunciando su renuncia. El senador Uribe invoca su sentido personal de moralidad para impugnar la legalidad de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en su llamado a indagatoria.
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De inimputable a judicializable
 Senador Iván Cepeda. Foto: Prensa Senado |
Muchos han dicho que renunciar al Senado fue una maniobra de Uribe para buscar un juez más favorable. Pero la jurisprudencia vigente de la sala de Casación Penal de la CSJ no deja duda al respecto:
“La relación del delito con la función pública tiene lugar cuando se realiza por causa del servicio, con ocasión del mismo o en ejercicio de funciones inherentes al cargo; esto es, que la conducta tenga origen en la actividad congresional, o sea su necesaria consecuencia, o que el ejercicio de las funciones propias del congresista se constituya en medio y oportunidad propicia para la ejecución del punible, o que represente un desviado o abusivo ejercicio de funciones”.
De este apartado se infiere que la CSJ conservará su competencia, pues la investigación tuvo origen en la denuncia que interpuso el senador Álvaro Uribe contra el congresista Iván Cepeda en febrero de 2012 por “el delito de abuso de la función pública, porque para inducir los testimonios de los citados internos falsamente se valió de sus funciones parlamentarias» para buscar en las cárceles del país «declaraciones en donde implicaran al ex presidente URIBE y su hermano SANTIAGO, […] con el único fin de hacerles daño».
Cepeda habría abusado de su función pública porque según la denuncia de Uribe, esa gestión en las cárceles “no corresponde a lo dispuesto en la Ley 5 de 1992 en cuanto a las funciones judicial, legislativa, de control político, electoral, o de protocolo señaladas para los congresistas”. Solo que con los mismos argumentos tendría que decirse que Uribe (y Prada) “falsamente se valieron de sus funciones parlamentarias”, abusaron de su función pública y por lo tanto deben someterse a la Sala respectiva de la CSJ, por los presuntos delitos de “soborno, manipulación de testigos y fraude procesal”.
Nuestra realidad política supera con creces la más fecunda imaginación surrealista.
Tras aceptar el argumento de Uribe sobre la competencia para juzgar a Cepeda, la Sala de la CSJ procedió a una rigurosa y detallada investigación que absolvió de los cargos al senador acusado y ordenó investigar a su acusador por aquellos tres delitos en el caso Cepeda.
Un efecto bumerán totalmente inesperado, pero que nos devuelve al debate que Cepeda adelantó contra Uribe en el Senado por sus actuaciones como gobernador de Antioquia, sus responsabilidades y presuntas implicaciones en los numerosos crímenes cometidos por las organizaciones paramilitares entre 1995 y 1997.
Aquel debate tuvo lugar bajo la insólita advertencia de que el senador Cepeda no podría nombrar al senador Uribe, pues estaría incurriendo en una especie de prejuzgamiento al sindicarlo indirectamente como responsable de las masacres cometidas por dichos grupos paramilitares.
Pero las cosas cambiaron y el senador Uribe pasó de ser innombrable a ser judicializable por la Sala de Casación Penal de la CSJ.
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¿De la impunidad política a la culpabilidad penal?
 Antanas Mockus y Juan Manuel Santos. Foto: Presidencia de la República |
En el debate al que aludo el senador Cepeda intentó por todos los medios demostrar algo que no le correspondía: la culpabilidad penal de Uribe.
Desde luego, lo esencial en el debate no era un nombre, sino la responsabilidad política de un hombre, Álvaro Uribe, quien siendo gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997, al menos por omisión en el cumplimiento de sus funciones, permitió que grupos paramilitares asesinaran 939 civiles, según reporta el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).
Los asesinatos fueron en aumento bajo la gobernación de Uribe: en 1995 se reportaron 143 ejecuciones extrajudiciales, en 1996 el número ascendió a 357 y en su último año de gobierno llegó a 439.
Como si fuera poco, en esa época Uribe le concedió al entonces comandante de la 17 brigada militar de Apartadó, General Rito Alejo del Río el honorable título de “Pacificador de Urabá”. El 29 de abril de 1999, Fernando Hoyos recordó ese homenaje para legitimar su enfático rechazo a la destitución del general. Y Uribe por su parte declaró que:
«Fue un general extraordinario y lo han tratado de la manera más atroz en que se puede tratar a un héroe nacional. El General y sus soldados trabajaron para contener a los violentos con una intensidad sin antecedentes. Nadie mejor que el General del Río comprendió que a Urabá había llegado la hora de la paz, el Estado, la ciudadanía, y a fe que avanzó notablemente. En todas partes estaba presente el acompañamiento discreto y eficaz del general Del Río”.
Precisamente por ese “acompañamiento discreto y eficaz”, el general (r) Rito Alejo del Rio fue condenado a 25 años de cárcel como responsable de la Operación Génesis realizada en febrero de 1997, donde fue asesinado el campesino Mariano López Mena.
El juicio ciudadano en las elecciones es mayoritariamente complaciente con quienes han convertido la política en una especie de concierto para delinquir y en una red de complicidades eternas.
Por todo lo anterior, a lo que estamos asistiendo ahora es a la inminencia de que el senador Uribe responda ante la justicia penalmente, ya que políticamente es impune.
No obstante, un gran número de sus más cercanos colaboradores ya han sido condenados, entre ellos los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacios, quienes fueron judicializados por su culpabilidad en la reforma del articulito constitucional que hizo posible la reelección de Uribe. Esto sin mencionar a sus cercanos subalternos en el desaparecido DAS, quienes debieron comparecer ante la justicia por sus vínculos criminales con los paramilitares.
Así las cosas, no se trata de una supuesta politización de la justicia, sino más bien de lo contrario: de poner fin a la criminalización de la política, ante lo cual no queda otra alternativa que su depuración judicial, ya que el juicio ciudadano en las elecciones es mayoritariamente complaciente con quienes han convertido la política en una especie de concierto para delinquir y en una red de complicidades eternas.
Aunque muchos se nieguen a reconocerla, parece que ha llegado la hora de la verdad, falta ver si también ha llegado la hora de la justicia.
*Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor Asociado en la Javeriana de Cali, socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca. Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com
