La hora cero de la oposición - Razón Pública
Inicio TemasPolítica y Gobierno La hora cero de la oposición

La hora cero de la oposición

Escrito por Armando Novoa

Armando Novoa GarcíaHacer oposición en Colombia es una aventura peligrosa. De parte del Estado se requiere un Estatuto que la proteja, y de parte de la oposición un compromiso que garantice su correcto ejercicio.

Armando Novoa García *

0002 Más allá de los odios sin sentido

Una de las iniciativas del presidente Santos y de su gobierno de Unidad Nacional es la de adoptar o desarrollar un Estatuto de la Oposición.

Dos días antes de su posesión como nuevo ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras se reunió con los presidentes de las cámaras legislativas. Al salir señaló que el gobierno “presentará el Estatuto General de la Oposición”. Según el ministro, ese Estatuto “hará parte de la propuesta de reforma política que se pondrá a consideración del Congreso”, y “la iniciativa se evaluará en forma previa con los partidos que no hacen parte de la coalición” gubernamental, y muy especialmente con el Polo Democrático.[1]

Las dudas sobre el alcance de estas declaraciones quedaron disipadas con el discurso de posesión del presidente Santos. El nuevo mandatario convocó a un “acuerdo en torno a una democracia vigorosa”, para superar las “confrontaciones estériles” y los “odios sin sentido”. Luego de invocar su compromiso con los derechos humanos, el Presidente ofreció respetar el libre ejercicio de la oposición: “A quienes quieran asumir la oposición mi absoluto respeto y todas las garantías, porque su control político y su veeduría son necesarios para el fortalecimiento de nuestra democracia».[2]

¿Improperios del pasado?

Sin duda un cambio de tono sobre el papel de la oposición en Colombia, luego de ocho años en los cuales desde la Casa de Nariño se lanzaron toda clase de improperios contra sus dirigentes. El ex presidente Uribe no ahorró adjetivos para señalar a los voceros de la oposición como “enemigos de la seguridad democrática” y como “aliados del terrorismo”. Ocho largos años en los cuales se abusó del poder del gobierno para debilitar y estigmatizar la oposición partidista.

En este como en otros temas de la agenda gubernamental, estamos ante un nuevo lenguaje político. Algunos medios han calificado este viraje como la expresión de un proceso de transición, en el cual no es claro aún “si estamos solamente ante un cambio de estilo… o sí dicho cambio… implica de por sí un quiebre de fondo en las políticas que desde hoy se comenzarán a desarrollar».[3]

Precisamente, uno de los aspectos más sobresalientes de este giro es el anuncio presidencial de un tratamiento respetuoso a la oposición.

Unos días después, el ministro del Interior, en un hecho inusual, visitó la sede del Polo Democrático Alternativo para intercambiar ideas sobre este particular con sus directivas. Al final de la reunión, Clara López, presidenta del Polo, con aire de desconcierto sólo atinó a decir: “Venimos de un gobierno que nos daba un trato irrespetuoso y calumnioso y no nos bajaba de terroristas o subversivos”.

Por ello resulta útil examinar el tema.

Oposición, qué es, en qué consiste

Empecemos por recordar que la oposición es un elemento central de la democracia.

Se define como “una actitud crítica a la actuación de gobierno, que ejercen los grupos, los partidos o los individuos que se hallen por fuera del poder gubernamental».[4]

Se trata de un derecho de los partidos políticos que han perdido las elecciones y que no hacen parte de la nueva fórmula gubernamental, para fiscalizar la gestión del ganador. La protección a la oposición es una garantía para la alternación política.

Poder de las mayorías, respeto por las minorías

La existencia de la oposición nos recuerda que la democracia no es sólo el poder de las mayorías sino también, y en forma relevante, el respeto por las minorías. En el disentimiento y en las garantías para su ejercicio se encuentra la posibilidad del relevo en el manejo del Estado, que es de la esencia de la democracia política.

El ejercicio de la oposición tiene, además, otras virtudes. Si se expresa adecuadamente:

  • Enriquece la fiscalización pública
  • Contribuye a controlar la corrupción y
  • Ayuda a crear incentivos para hacer más eficaz la administración.

Por supuesto, la oposición debe adelantarse en un marco de respeto, de aceptación de las reglas de juego institucionales y de rechazo enfático a cualquier forma de violencia armada contra los actos legítimos del gobierno.

Del dicho al hecho

Sin embargo, en este y en otros campos de la vida pública la teoría difiere de la práctica.

En el caso colombiano es fácil señalar que no existe una tradición de respeto por la oposición, como tampoco una cultura para su ejercicio. Por el contrario, la apelación recurrente a la violencia, primero entre los partidos históricos y luego como respuesta institucional al surgimiento de las guerrillas de izquierda, bloqueó el surgimiento de verdaderas fuerzas alternativas.

El Frente Nacional anuló la competencia entre liberales y conservadores y redujo su acción a la repartición burocrática. Como consecuencia, el ejercicio de la oposición se estigmatizó y, cuando no, resultó marginal. Así ocurrió con el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, al comienzo del Frente Nacional y, más tarde, con la Alianza Nacional Popular, ANAPO en los años setenta, luego del discutible triunfo del candidato de los partidos tradicionales, Misael Pastrana.

Como lo señala Eduardo Pizarro, algunos sostienen que en un contexto de “fraccionamiento institucional y de debilidad del sistema democrático es preferible impulsar gobiernos de coalición antes que dar garantías para fortalecer la crítica a los gobiernos”.[5] En esta perspectiva, que es la que ha predominado en Colombia, lo que se ha preferido es fortalecer la “democracia por consenso” antes que la “democracia de mayorías”.

Esta explicación es útil, pues la existencia y la sucesiva degradación del conflicto armado ha servido para convocar gobiernos “nacionales” o de “concentración democrática”, dejando de lado las garantías para el ejercicio de la oposición.

Un camino azaroso

El caso más doloroso de la intolerancia de las élites tradicionales para el ejercicio de la oposición es el del extermino de la Unión Patriótica, que surgió de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las guerrillas de las FARC.

Durante décadas, la doctrina de la seguridad nacional y la práctica recurrente de calificar como “enemigo interno” a la oposición democrática impidieron la consolidación de terceras fuerzas y de partidos de oposición.

Fracasó también la idea del esquema partido de gobierno y partidos de oposición ensayada tímidamente en el gobierno de Virgilio Barco. Y, como contrapartida, la apelación a la violencia para el ejercicio de la oposición, la llamada “oposición armada”, ha contribuido al cierre del sistema político y no pocas veces a debilitar las posibilidades de una oposición democrática.

Derecho constitucional y ausencia de ley

Para superar ese estado de cosas, la Constitución de 1991 consagró en el artículo 112 el derecho a la oposición política a favor de los partidos y movimientos que “no participen del gobierno” y plasmó un conjunto de garantías para su ejercicio:

  • Acceso a la información y a los documentos oficiales
  • Uso de los medios de comunicación social del Estado, de acuerdo con la representación obtenida
  • Derecho de réplica cuando ocurran tergiversaciones graves o evidentes, o ataques públicos de altos funcionarios oficiales
  • Participación en las mesas directivas del Congreso, así como en los organismos electorales.

La Constitución señala que estas garantías deben reglamentarse mediante una ley estatutaria que aún no ha sido expedida por el Congreso. Los múltiples intentos de aprobación han resultados fallidos. Un estudio adelantado en el año 2005 por la Registraduría Nacional del Estado Civil concluyó que a partir del año 91 se han presentado doce proyectos sin éxito alguno. Entre los más sobresalientes está el de 1993 de la bancada de la Unión Patriótica, y el que elaboró una comisión creada a instancias del ministro Horacio Serpa en la administración Samper.[6]

Contenidos del Estatuto

Son dos los aspectos más destacados de la reglamentación que se ha propuesto:

  • Reconocer la oposición democrática como un derecho de los partidos y movimientos que no participan del gobierno y de las organizaciones y movimientos sociales representados en el Congreso
  • Definir la oposición como una función democrática de crítica y fiscalización de la gestión gubernamental.

Aparte de las garantías constitucionales ya mencionadas, los nuevos derechos podrían desarrollarse a través de varios mecanismos:

  • Participación en el Consejo Nacional Electoral
  • Creación de una Procuraduría delegada para los derechos de la oposición y las minorías políticas
  • Fortalecimiento de la carrera administrativa
  • Autonomía real de los órganos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República que, de acuerdo con algunas propuestas no deberían pertenecer al partido de gobierno
  • Posibilidad de que el candidato derrotado en segunda vuelta sea designado senador de la República y su fórmula vicepresidencial, representante a la Cámara.

Reformas que debilitan

Los gobiernos que se han sucedido desde la Constitución de 1991 no se han ocupado seriamente del asunto y, por el contrario, cuando se ha legislado sobre el tema o se han tomado medidas relacionadas con sus contenidos, ha sido para restringir y no para ampliar las posibilidades de la oposición.

Así, en el año 2003 se adelantó una reforma constitucional en la cual la participación en el Consejo Nacional Electoral se sujetó a la conformación de bloques mediante el sistema de la cifra repartidora que, como se sabe, privilegia a las coaliciones mayoritarias. La reforma borró de un tajo el derecho constitucional a la “participación en los organismos electorales”.

Con este sistema la representación de las minorías y de la oposición en el órgano electoral es prácticamente imposible, y lo será aún más si, por ejemplo, en las actuales condiciones el Partido Verde, el Polo Democrático y otras minorías no logran acuerdos para ganar dicha representación. Aunque no se deben confundir minoría y oposición, en Colombia los dos términos se refieren con frecuencia al mismo fenómeno.

Tampoco ha sido efectivo el derecho de réplica, pues ni el Consejo Electoral, ni la  Comisión Nacional de Televisión, han permitido su ejercicio eficaz sobre todo en los medios de comunicación privados.

Eficacia de los derechos

La experiencia señala que se necesita una reglamentación eficaz de los derechos a favor de la oposición señalados en el artículo 112. Se podría:

  • Definir este derecho como “fundamental”. Una calificación de tal naturaleza le abriría la puerta a una protección judicial eficaz de sus contenidos.
  • Establecer términos perentorios para garantizar el derecho de réplica en forma oportuna. El uso de los medios de comunicación social debe entenderse como un derecho de aplicación inmediata, que cobija no sólo a los medios públicos sino también a los privados que se lucran del uso del espectro electromagnético.
  • Crear dependencias en los organismos de control destinados a garantizar el ejercicio de la oposición (procuradurías delegadas).
  • Acciones generales que consoliden el funcionamiento adecuado de las bancadas para evitar que desde el gobierno se promueva a los tránsfugas.

Por supuesto, la expedición de un Estatuto de esta naturaleza debe partir de un enfoque integral de la oposición, del sistema político, de los partidos y del régimen electoral. Pero sobre todo, de un compromiso real del gobierno y de sus mayorías parlamentarias para permitir su ejercicio.

De parte y parte

Para avanzar por este camino le corresponde al gobierno y al partido o partidos de oposición definir una agenda y concertar el contenido de la Ley Estatutaria.

Una primera prueba de fuego sobre el alcance de las promesas presidenciales estará en la conformación del próximo Consejo Nacional Electoral. Allí, el gobierno dejará ver su compromiso con las garantías a la oposición: o decide apoyar a candidatos provenientes de partidos tan cuestionados como el PIN o se inclina por abrir un espacio para la representación de las fuerzas que no participan del gobierno de Unidad Nacional.

Una difícil prueba que mostrará la consonancia entre las promesas y la realidad. Falta ver también, en medio de estas circunstancias, la madurez de la oposición para pactar unas garantías efectivas para su ejercicio.

* Director del Centro de Estudios Constitucionales PLURAL

Notas de pie de página


[1] El Tiempo, 5 de agosto.

[2] www.presidencia.gov.co. Discurso de posesión del presidente Juan Manuel Santos.

[3] El Espectador, Editorial, 8 de agosto

[4] Democracia, oposición y sistema de partidos, en Proyecto Integral para la modernización del sistema electoral colombiano. Tomo II. Registraduría Nacional del Estado Civil. Julio 2005.

[5] Pizarro Eduardo y otros. La oposición política en Colombia. Debate político. IEPRI-FESCOL. Fundación Ebert de Colombia, marzo 2006.

[6] Democracia, oposición y sistema de partidos, en Proyecto Integral para la modernización del sistema electoral colombiano. Tomo II. Registraduría Nacional del Estado Civil. Julio 2005.

 

Artículos Relacionados

Dejar un comentario

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies