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La gestión deficiente del Ministerio Público

Escrito por Libardo Espitia

La Procuraduría recibe las denuncias de las veedurías ciudadanas, pero las deja dormidas. No obstante las promesas –y los gastos- en su “modernización”, hay muchos expedientes de la época de Maya Villazón que siguen esperando solución. 

Libardo Espitia*

El programa de modernización

Por disposición de la Constitución, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación (PGN) son los organismos de control del Estado.

El procurador general es el director del Ministerio Público y ejerce su control con funciones de intervención, preventivas y disciplinarias, que puede cumplir de manera directa o a través de sus delegados.

En diciembre de 2000, Edgardo Maya Villazón, postulado por la Corte Constitucional, fue elegido por el Senado como procurador general para el período constitucional 2001-2004.

El documento CONPES 3211 de 2003 autorizó a la Nación para contratar un empréstito con la banca multilateral de hasta 14 millones de dólares con destino a la modernización de la Procuraduría.

Al año siguiente, la Procuraduría, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizó un diagnóstico que detectó debilidades en el funcionamiento de la entidad:

i) La poca claridad conceptual en la Procuraduría sobre sus funciones y sus alcances;

ii) La ausencia de instrumentos y herramientas para ejecutar las funciones misionales;

iii) La concentración de funciones y procesos en el nivel central;

iv) El débil soporte estratégico de las funciones de planeación y de control;

v) El rezago tecnológico;

vi) La falta de cultura organizacional reflejada en el manejo del talento humano;

vii) La imagen desdibujada que tenían los ciudadanos de la entidad y los escasos espacios de participación, y

viii) Las deficiencias en el servicio ofrecido.

Las debilidades señaladas exigían que la entidad fuera sometida a un proceso de modernización para hacerla más eficiente y creíble en el cumplimiento de su mandato. Este proceso de renovación fue presentado al gobierno con el fin de obtener la financiación y, en efecto, el documento CONPES 3211 de 2003 autorizó a la Nación para contratar un empréstito con la banca multilateral de hasta 14 millones de dólares con destino a la modernización de la Procuraduría.

Mediante el contrato No. 1459/OC-CO del 30 de junio de 2003 con el BID se pactó apoyar a la PGN con 20 millones de dólares; 14 de crédito BID y 6 como contrapartida del  gobierno nacional.

En sus tres componentes y subcomponentes, el programa abarcó tanto el nivel central como el nivel territorial, y se conformó del siguiente modo:

1. Fortalecimiento de las funciones misionales de la PGN a nivel central y territorial. Buscaba consolidar las funciones misionales de la PGN en las áreas preventiva, disciplinaria y de intervención judicial; mejorar la coordinación entre la PGN y otros órganos de control e investigación del Estado, y  desconcentrar las funciones misionales.

2. Fortalecimiento del sistema de gestión de la PGN para mejorar las prácticas gerenciales y administrativas dentro de la entidad.

3. Mejoramiento del servicio al ciudadano y la comunidad estatal, y de la imagen de la PGN.

Edgardo Maya durante su primera gestión como contralor.
Edgardo Maya durante su primera gestión como
procurador.
Foto: Archivo, Presidencia de la República de
Colombia

Pocos resultados

Maya Villazón, nuevamente postulado por la Corte Constitucional, fue reelegido como procurador general para el período 2005-2008 y continuó con el proceso de modernización de la entidad.

En el mes de marzo de 2008 dio a conocer los resultados de la política de descongestión y agilización de procesos iniciada a finales del año 2002.

Allí señaló que dicha política había contribuido a reducir los inventarios, al pasar de 61.805 expedientes al iniciar 2001, a 24.219 expedientes para finales de 2007, lo que representaba una disminución del 60,82 por ciento.

Según Maya, la Procuraduría recibió en este período un total de 243.673 expedientes, con un promedio anual de 34.810, y evacuó un total de 287.971, con un promedio anual de 41.138. Esto reflejaba la eficacia y eficiencia que la política le había aportado a la misión de la PGN.

La disminución ostensible de inventarios, según el procurador Maya Villazón, demostraba que este tipo de políticas estaban contribuyendo a mejorar el desempeño institucional, así como la imagen y credibilidad de la entidad ante la ciudadanía.

También aseguró el procurador que en marzo de 2008 la Procuraduría había alcanzado el más alto índice de imagen favorable en 7 años, y que el 71 por ciento de los encuestados tenían una opinión favorable sobre ella, de acuerdo con las encuestas recogidas por la firma Invamer-Gallup.

Posesión de Edgardo Maya como Contralor.
Posesión de Edgardo Maya como Contralor.
Foto: Presidencia de la República de Colombia

Casos sin resolver

Sin embargo, en el período 2002-2008 la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia radicó cerca de 50 solicitudes o quejas contra servidores públicos por faltas en la protección del patrimonio público, puerta giratoria, conflictos de interés, violación del derecho de petición, omisión el cumplimiento de funciones y violación al Estatuto General de Contratación, entre otras, y muchas de ellas no han tenido solución por parte del Ministerio Público. Veamos algunas:

· Radicación 154-61076 de 2001. Desde la primera administración del alcalde  Mockus se buscó privatizar la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, para lo que fue nombrado en la presidencia Sergio Regueros Swonkin, quien suscribió el contrato de banca de inversión No. 98014015 con el Consorcio Dresdner Kleinwort Benson North American por un monto de dos millones de dólares como costo fijo descontable de la comisión de éxito.

La administración de la ETB modificó las cláusulas del contrato e indicó que el monto no se constituía como pago sino como anticipo y por lo tanto no estaba sujeto a la cancelación de impuestos. Asimismo, se le exoneró del pago de todo gravamen tributario, lo que desconoció el Estatuto Tributario.

A pesar de que el proceso fue suspendido en la segunda etapa, al consorcio se le canceló la totalidad del contrato.

Por las irregularidades halladas, el 6 de noviembre de 2003 la Procuraduría sancionó a los siguientes funcionarios de la ETB: Sergio Regueros, en su calidad de presidente, con destitución e inhabilidad por 5 años; Alfonso Gómez Palacio, como secretario general, con la cancelación del contrato de trabajo e inhabilidad de 2 años para ejercer funciones públicas; también recibieron sanción David Feferbaum Gutfraind, Germán González Reyes y José del Carmen Trujillo López.

En segunda instancia el más beneficiado fue Alfonso Gómez Palacio, quien al igual que Regueros se había retirado de la ETB al inicio de la investigación disciplinaria y era el presidente de Colombia Telecomunicaciones-Coltel: la sanción le quedó  reducida a una multa de 60 días del salario devengado en el año 2000.

Hoy por hoy tanto Regueros como Gómez son altos funcionarios de Movistar, sociedad que presta servicios de comunicaciones y es competencia de la ETB.

· Radicación 252617 de 2005. Al inicio su mandato presidencial, Álvaro Uribe designó a Alfonso Gómez Palacio como presidente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones-Telecom, la cual fue suprimida y liquidada en 2003; con sus activos se constituyó Colombia Telecomunicaciones como empresa oficial ciento por ciento pública, de conformidad con la ley de servicios públicos domiciliarios.

La Red de Veedurías solicitó información contractual a Gómez Palacio, pero esta solicitud fue ignorada, con lo que se incurrió en causal de mala conducta (Código Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984).  

El mismo Código señala que el Ministerio Público debe velar por el ejercicio y la efectividad del derecho de petición. Por tal circunstancia se le solicitó a la PGN abrir investigación disciplinaria contra Gómez Palacio. Curiosamente, se dejó prescribir la falta disciplinaria y dictaron medida de archivo.

Lo que se dio en la Procuraduría fue la recepción de las investigaciones pero no su resolución efectiva.

· Radicación 233403 de 2004. En 1996 el alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, dio inicio al proceso de concesión para modernizar tanto la planta de Tibitoc como las tuberías de 60 y 78 pulgadas que conducen el fluido a la ciudad.

Este proceso se concretó el 23 de octubre de 1997 a un plazo de 20 años. Igualmente se sentaron las bases para el programa de modernización de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Este objetivo fue alcanzado, durante su segunda administración, en diciembre de 2002 con la sectorización de la ciudad en 5 zonas y la entrega de su operación y comercialización a gestores privados.

Durante el período 1998-2003 la EAAB suscribió contratos de consultoría y prestación de servicios por un monto cercano a los 200 mil millones de pesos, mientras que las tarifas de acueducto y alcantarillado aumentaron tanto que la capital llegó a tener el metro cúbico de agua más costoso del país.

Con base en la investigación adelantada la Red solicitó a la Procuraduría abrir investigación disciplinaria contra los alcaldes Mockus y Peñalosa, los gerentes de la EAAB, Alejandro Deep Páez, Daniel Boada Salazar y Astrid Alvarez Hernández. Pero la PGN dictó inhibitorio en el año 2006.

Estos ejemplos, entre muchos otros, permiten dudar de la efectividad expuesta por el procurador general en su rendición de cuentas al finalizar sus dos períodos en el año 2007 como supremo director del Ministerio Público.

Lo que se dio en la Procuraduría fue la recepción de las investigaciones pero no su resolución efectiva. Por el contrario, fue común la remisión de éstas a las oficinas de control interno disciplinario de las mismas entidades contra quienes fueron instauradas las quejas. Mientras que el archivamiento y las absoluciones estuvieron a la orden del día.

* Director de Servicios Públicos de la Red de Veedurías de Colombia, ingeniero industrial con estudios de posgrado en Gestión y Auditorías Ambientales. 

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