La gasolina baja en Colombia: lo que dicen las reglas y lo que dice la política

La reciente caída del precio de la gasolina en Colombia ha desatado suspicacias políticas. Muchos la interpretan como una estrategia electoral del gobierno Petro; sin embargo, la reducción responde principalmente a algo más simple: el cumplimiento tardío de una regla económica básica según la cual el precio interno de los combustibles debe moverse al ritmo del mercado internacional.

En febrero de 2026 el gobierno nacional anunció una reducción de $500, a partir del primero de marzo, en el precio de la gasolina corriente, que se suma a una disminución cercana a $800 aplicada el mes anterior. La decisión generó de inmediato un intenso debate político. Para algunos sectores se trata de una maniobra electoral del gobierno Petro en vísperas de las elecciones de 2026. Sin embargo, una mirada más detenida muestra que la decisión responde, en gran medida, a las reglas institucionales que desde hace décadas regulan el precio de los combustibles en el país: que el precio interno siga la evolución del mercado internacional.

La reducción reciente del precio de la gasolina no es una sorpresa desde el punto de vista económico. Es el resultado esperado de un proceso de ajuste iniciado hace varios años para corregir uno de los problemas fiscales más graves del país en materia energética: el enorme déficit acumulado en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Cómo se fija el precio de la gasolina en Colombia

El precio de la gasolina en Colombia no se determina exclusivamente por decisiones políticas del gobierno de turno. Desde finales de los años noventa el país adoptó un sistema que buscaba acercar el precio interno del combustible al precio internacional. El objetivo era evitar distorsiones en el mercado energético, reducir subsidios regresivos y garantizar la sostenibilidad fiscal.

Para cumplir ese propósito se creó en 2007 el FEPC. Este instrumento funciona como un mecanismo de amortiguación: cuando el precio internacional del petróleo sube, el fondo compensa parte del incremento para evitar aumentos bruscos en el mercado interno; cuando baja, el fondo se recupera. La lógica del sistema es simple: el precio nacional debe reflejar, en el mediano plazo, las tendencias del mercado global.

En teoría, este esquema permite proteger a los consumidores de variaciones extremas, pero también garantiza que el Estado no subsidie indefinidamente el consumo de combustibles fósiles. En la práctica, sin embargo, el funcionamiento del sistema ha dependido en gran medida de las decisiones políticas de los gobiernos.

Durante muchos años el mecanismo funcionó con relativa estabilidad. Pero la situación cambió radicalmente a partir de 2020.

El congelamiento del precio y el déficit del FEPC

Durante la pandemia y los años posteriores, el gobierno de Iván Duque decidió congelar el precio interno de los combustibles. La medida buscaba evitar presiones inflacionarias en un contexto de crisis económica, pero tuvo una consecuencia fiscal enorme.

Al mantener el precio interno por debajo del internacional, el FEPC tuvo que cubrir la diferencia. Esto provocó un crecimiento acelerado del déficit del fondo, que llegó a superar los $37 billones en 2022. Como lo señalé en su momento, el subsidio a la gasolina se convirtió en una verdadera “hemorragia fiscal” para el Estado colombiano.

El problema no era menor. El hueco fiscal del FEPC llegó a representar cerca del 2,5% del PIB, una cifra comparable al costo de varias reformas tributarias. Además, el subsidio beneficiaba principalmente a los sectores de mayores ingresos, que son quienes más consumen gasolina.

En otras palabras, el país estaba subsidiando con recursos públicos el consumo privado de combustibles fósiles, mientras se reducían los recursos disponibles para inversión social.

El ajuste del gobierno Petro

Cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia, en agosto de 2022, el problema fiscal del FEPC ya era inocultable. El nuevo gobierno tenía dos opciones: mantener el subsidio —y agravar el déficit— o iniciar un proceso de ajuste del precio interno de la gasolina.

La decisión fue la segunda. Desde octubre de 2022 el Gobierno comenzó un proceso gradual de incremento del precio de la gasolina corriente. En poco menos de dos años el precio pasó de unos $9.200 por galón a más de $16.000, un aumento cercano al 50%. El objetivo era igualar el precio interno con el internacional y frenar el crecimiento del déficit del fondo.

Se trató de una de las decisiones más impopulares del gobierno Petro. Los aumentos generaron protestas de taxistas, críticas de sectores políticos y un fuerte debate público. Sin embargo, desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal, el ajuste era prácticamente inevitable.

El resultado fue una reducción significativa en el ritmo de crecimiento de la deuda del FEPC y una señal clara de disciplina fiscal ante los mercados internacionales.

Si el precio internacional baja, el nacional también

Una vez que el precio interno se acercó al nivel internacional, el sistema volvió a funcionar de acuerdo con su lógica original. Esto significa que las variaciones del mercado global deben reflejarse en el precio nacional.

Y eso es exactamente lo que ocurrió a comienzos de 2026. Durante los últimos meses el precio internacional del petróleo ha mostrado fluctuaciones y algunos episodios de reducción, lo que abrió espacio para ajustar el precio interno del combustible. Como consecuencia, el Gobierno anunció la reducción del precio de la gasolina: primero cerca de $800 y luego $500 adicionales.

Desde el punto de vista económico, la decisión es coherente con el funcionamiento del sistema de precios adoptado por Colombia. Si durante dos años se aceptó que el precio subiera para alcanzar el nivel internacional, también debería aceptarse que baje cuando el mercado global lo permite.

¿Una decisión electoral?

La discusión política, sin embargo, no se ha hecho esperar. Algunos sectores han interpretado la reducción del precio como una estrategia electoral del Gobierno para mejorar su imagen en el último año de mandato.

Es cierto que la política energética —como cualquier política pública— tiene implicaciones políticas. También es cierto que los gobiernos suelen aprovechar las buenas noticias económicas en contextos electorales.

Pero reducir la discusión a una simple maniobra política ignora el hecho fundamental: la decisión responde a una regla económica previamente establecida.

Si el Gobierno hubiera decidido mantener el precio alto a pesar de la caída del mercado internacional, la crítica habría sido exactamente la contraria. Le habrían acusado de utilizar la gasolina como un mecanismo de recaudo fiscal.

La realidad es que, una vez corregida la distorsión creada por el congelamiento de precios en años anteriores, el sistema de precios volvió a operar con mayor normalidad.

Ecopetrol y la caída de las utilidades

Otro elemento que ha entrado en el debate es la situación financiera de Ecopetrol. Durante 2025 la empresa registró una reducción en sus utilidades, lo que ha generado preocupación en algunos sectores sobre el futuro de la principal empresa del país.

Sin embargo, la relación entre las utilidades de Ecopetrol y el precio interno de la gasolina no es tan directa como suele sugerirse en el debate público. Las ganancias de la empresa dependen principalmente del precio internacional del petróleo y del comportamiento de sus operaciones de exploración, producción y refinación.

La reducción reciente del precio interno de la gasolina tiene un impacto relativamente limitado en los ingresos de Ecopetrol. La empresa vende gran parte de su producción en el mercado internacional y su rentabilidad está mucho más ligada a la evolución del precio del crudo que a las decisiones del Gobierno sobre el precio minorista del combustible en Colombia.

Por tanto, atribuir la caída de utilidades exclusivamente a las decisiones sobre el precio de la gasolina resulta, cuando menos, una simplificación excesiva.

El factor geopolítico: Irán y el mercado petrolero

Finalmente, existe un factor que podría alterar nuevamente el panorama: la situación geopolítica en el Medio Oriente. Los conflictos en esta región tienen un impacto directo en el mercado energético mundial.

Como se ha visto recientemente, las tensiones entre Irán, Israel y otros actores regionales pueden generar aumentos significativos en el precio del petróleo. El Medio Oriente concentra una parte importante de la producción mundial de crudo y cualquier riesgo sobre su estabilidad afecta los mercados internacionales (https://bit.ly/ParoACPM). 

Si el precio internacional del petróleo vuelve a subir debido a un conflicto regional o a cambios en la oferta global, el sistema de precios colombiano obligaría nuevamente a ajustar el precio interno al alza.

En otras palabras, la reducción del precio de la gasolina que hoy celebran muchos colombianos podría ser temporal. Todo dependerá de cómo evolucionen los mercados internacionales en los próximos meses.

Un debate que revela nuestra relación con los subsidios

La discusión sobre el precio de la gasolina revela, en el fondo, un problema más profundo de la economía política colombiana: nuestra dificultad para abandonar los subsidios generalizados a los combustibles.

Durante años el país se acostumbró a pagar una gasolina artificialmente barata, financiada con recursos públicos. Cuando el precio sube, aparecen protestas y críticas; cuando baja, surgen sospechas políticas.

Pero la realidad es que el sistema de precios de los combustibles debe responder a las señales del mercado internacional y a la sostenibilidad fiscal del Estado.

En ese sentido, la reducción reciente del precio de la gasolina no es una anomalía. Es simplemente el funcionamiento normal de un sistema que durante varios años estuvo distorsionado por decisiones políticas que evitaron enfrentar un problema fiscal evidente.

Lo verdaderamente importante no es si el precio sube o baja en un momento determinado. Lo importante es que el país mantenga reglas claras y estables que permitan manejar de manera responsable uno de los sectores más sensibles de la economía.

Porque, en última instancia, la discusión sobre la gasolina no es solo un debate energético. Es también un debate sobre responsabilidad fiscal, sostenibilidad ambiental y sobre la capacidad del Estado colombiano para mantener reglas estables en un sector donde históricamente han predominado las decisiones políticas de corto plazo sobre las reglas económicas.

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