En medio de asesinatos y denuncias de persecución, los desmovilizados de las FARC se aprestan para unas nuevas elecciones ¿Qué es lo que está sucediendo? *
Irene Cabrera y Camilo Echandía**
Reincorporación en medio de la guerra
La reincorporación política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) está llevándose a cabo en un contexto poco común. Aunque las partes se hayan propuesto cumplir con el Acuerdo de la Habana, Colombia se encuentra inmersa en un conflicto que tiene protagonistas distintos de esta antigua guerrilla.
En efecto: en algunas regiones donde antes operaban las FARC, persiste la presencia de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), Los Pelusos, o las propias disidencias de aquella guerrilla. ¿Cuál es la influencia de estos varios grupos sobre la participación política de los excombatientes de las FARC-EP?
Los directivos y miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) aseguran que organizaciones como las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo han amenazado a sus integrantes y atentado contra sus sedes políticas.
Pero al analizar la relación entre presencia de agrupaciones armadas y lugares donde el partido FARC obtuvo alguna votación en las legislativas de 2018, se encuentra que las cosas son algo más complicadas.
El partido de la FARC y el ELN
En realidad —y comenzando por el ELN—estamos ante dos escenarios distintos:
- Por un lado, se registran varias zonas de influencia del ELN, como el Catatumbo, Nariño, Cauca y Chocó, donde el partido FARC logró apoyo electoral. La persistencia del ELN no fue un obstáculo para que los desmovilizados de las FARC obtuvieran algún éxito en las urnas.
- Pero, por otro lado, en departamentos como Arauca, Boyacá y Casanare, así como en zonas del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar se constata la presencia del ELN y también la nula o muy escasa votación por el partido FARC.
En Arauca, la superioridad política del ELN respecto de las FARC-EP fue evidente durante muchos años. Además, la reintegración política de las FARC-EP amenaza los intereses financieros del ELN, pues el partido FARC se comprometió a ayudar en la sustitución de cultivos ilícitos. En casos como este es posible inferir que la influencia del ELN habría inhibido el apoyo al partido FARC en las elecciones de marzo de 2018. Pero ese no es el caso de los territorios donde el ELN ingresó después de la desmovilización de las FARC-EP.
Los directivos y miembros de la (FARC) aseguran que organizaciones como las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo han amenazado a sus integrantes.
Sin duda, la falta de cohesión interna del ELN es un elemento clave para entender las diferencias de comportamiento entre los frentes o unidades que operan en las distintas regiones del país. En algunos territorios, el ELN mantuvo lazos de cooperación con las FARC-EP durante muchos años, al paso que en otros territorios la relación fue de competencia o incluso de choque armado:
- En departamentos como Nariño y Arauca, la disputa entre ambas guerrillas llegó a ser bastante intensa —y aun después de 2009, cuando el Secretariado de las FARC-EP y el Comando Central (COCE) del ELN firmaron un acuerdo para frenar la confrontación—.
- Por el contrario, cuando antes del Acuerdo en la Habana, el Estado ejercía mucha presión militar en el Catatumbo, las dos guerrillas optaron por pactos de no agresión o por alianzas esporádicas para minimizar su desgaste militar y financiero.
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Los otros grupos armados
Aunque el ELN representa una amenaza para la participación política de la FARC, los directivos del partido no se refieren públicamente a esa guerrilla con tanta intensidad como denuncian el peligro proveniente de los grupos paramilitares.
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Foto: Defensoría del Pueblo |
De hecho, en los escenarios donde actúan el EPL, La Constru, El Clan del Golfo y su disidencia, Los Caparrapos, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común no obtuvo resultados especialmente desfavorables en los comicios de marzo de 2018.
No obstante, la capacidad de adaptación de estos grupos a economías criminales de diversa índole podría implicar cambios de estrategia que a su vez aumenten el riesgo para los activistas del partido FARC en sus regiones respectivas.
El caso de las disidencias
Por el momento, las investigaciones de la Fiscalía permiten corroborar que buena parte de las amenazas y hechos violentos contra los excombatientes de las FARC-EP:
- Se concentran en Cauca, Nariño y sectores específicos de Antioquia;
- Y vendrían de parte de múltiples grupos armados y organizaciones criminales, entre las cuales se encuentran —además del Clan del Golfo, el ELN y el EPL—las propias disidencias de las FARC-EP.
Según los hallazgos de la Fiscalía, las disidencias han sido un serio obstáculo para la desmovilización y una amenaza para los desmovilizados en proceso de reincorporación.
Por eso mismo no tiene mucho asidero la idea difundida por ciertas fuerzas políticas, en el sentido de que el partido FARC habría utilizado las disidencias como instrumento para coaccionar a los residentes y asegurar así su apoyo electoral.
Además, es importante señalar que la presencia de las disidencias entre 2016 y 2018 no corresponde espacialmente y para todos los casos, con los escenarios donde la FARC obtuvo respaldo electoral.
Es más, en Guaviare, donde las disidencias tuvieron mayor protagonismo armado entre 2016 y 2018, la FARC obtuvo menos del 1,5 por ciento del total de votos Sólo en dos municipios del país —Uribe (Meta) y Montañita (Caquetá)—, se habrían registrado al mismo tiempo un nivel intermedio de acciones de las disidencias y una votación superior al 5 por ciento por el partido FARC.
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Asesinatos y economías criminales
Si bien el número y la tasa de homicidios en Colombia mantuvieron su tendencia decreciente hasta el 2017 —cuando se registró el nivel más bajo en 42 años—, las disputas por el control de economías criminales se tradujeron en un nuevo aumento de los homicidios en 2018.
La explicación de este hecho sería como sigue: en los territorios que antes fueron ocupados por las FARC-EP sobrevino una disputa muy intensa entre otros grupos armados por el control de las fuentes de financiación, y esa disputa a su vez ha conllevado un mayor número de líderes asesinados.
Por eso tienen toda razón la FARC y las distintas organizaciones sociales cuando expresen su alarma ante la falta de garantías de seguridad para ejercer la actividad política.
¿Por ideas o por plata?
Entre 2016 y 2018, el mayor número de asesinatos de líderes sociales se produjo en regiones donde grupos armados se disputan sobre todo territorios que son aptos para el cultivo de la coca y para la minería de oro.
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Foto: Inclupaz |
También, por otra parte, es claro que las disidencias de las FARC-EP se han concentrado en municipios donde predomina el cultivo de coca.
De lo anterior se sigue que la amenaza y el asesinato de líderes no puede explicarse exclusivamente a partir de razones ideológicas o partidistas.
No tiene mucho asidero la idea de que el partido FARC habría utilizado las disidencias como instrumento para coaccionar a los residentes y asegurar su apoyo electoral.
Hay que considerar hasta dónde los proyectos económicos o iniciativas sociales de los líderes locales estorban o dificultan los planes u operaciones financieras de los grupos armados respectivos.
Por ejemplo, en una investigación de la Fiscalía sobre líderes en Cauca, Nariño y Putumayo se encontró que las amenazas en su contra se debían al papel muy activo de esos líderes en los programas de sustitución de cultivos.
Deber de protección
El mayor número de votos para la FARC en marzo de 2018 provino de regiones donde no se registró el asesinato de líderes sociales entre 2016 y 2018.
Pero de aquí no se sigue que los desmovilizados de las FARC puedan hacer sin temor las tareas de proselitismo que ahora necesitan como partido político. Los riesgos para su seguridad son evidentes, comenzando por la persistencia del conflicto armado y la presencia de grupos en disputa violenta por el control de economías criminales en las zonas antes ocupadas por las FARC-EP.
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La permanencia de actores armados y economías criminales en distintas regiones del país implican por lo tanto que el Estado tiene todavía la tarea de proteger a los civiles. Incluyendo a los excombatientes de las FARC-EP.
*Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.
**Profesores e investigadores del CIPE de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.
