La situación económica de las mujeres ha empeorado dramáticamente en el último año. Estas son algunas de las causas y consecuencias.
Ana Isabel Arenas Saavedra*
El impacto diferencial de la pandemia
La mayoría de los estudios sobre efectos económicos de la COVID-19 muestran cifras sobre el total nacional, sin desagregación por sexo, etnia, departamento, región o residencia urbano-rural. Pero es claro que las medidas de distanciamiento social y aislamiento obligatorio afectaron el aparato productivo y los ingresos de la ciudadanía en una forma diferenciada.
Las asimetrías del mercado laboral para las mujeres son una constante histórica. Algunas de ellas se redujeron durante el primer decenio de este siglo, pero en general han tendido a mantenerse constantes. Esto pone en evidencia los límites del sistema económico que dificulta su acceso a trabajos remunerados y perpetúa una situación de pobreza mayor que la de sus pares hombres.
Las economistas feministas han demostrado que las medidas económicas tomadas por los Estados tienen efectos diferenciales para las mujeres. Ellas suelen trabajar en sectores de menor productividad, mayor informalidad y en condiciones más desventajosas, por ejemplo, con salarios menores que los de los hombres en oficios comparables. Esto se debe a la división sexual del trabajo y al cuidado no remunerado que las mujeres llevan a cabo en sus hogares.
Según el DANE, la tasa de desempleo femenino pasó de 12,6% a 18,7% entre el IV trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020; mientras que para los hombres pasó de 7,2% a 10,2%. Es decir, la brecha por sexo aumentó 5,4 puntos porcentuales (p.p.).
La pandemia ha conllevado una pérdida masiva de empleos, pero esta ha sido mucho pero para para las mujeres. En los últimos períodos, esta brecha se había mantenido en un promedio cercano al 5%.
A lo anterior hay que sumar el aumento de la pobreza femenina. En 2019 había 116 mujeres por cada 100 hombres en hogares pobres; el 38,2 % de estos hogares tenían jefatura femenina y el 34,4% jefatura masculina.
Según el DANE la pobreza afectó al 35,7% de los hogares en 2019. Fedesarrollo estima que en 2020 pud0 aumentar al 38%, mientras que Garay y Espitia calculan la pobreza y vulnerabilidad que puede ascender hasta el 60,0% o 62,5%.
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Atendiendo la COVID y cuidando de la gente
Alrededor del 80% de las personas que atienden directamente la COVID-19 en Colombia son mujeres, en calidad de médicas, enfermeras, auxiliares, responsables del aseo y cuidado de los espacios médicos. O sea que las mujeres están más seriamente expuestas al contagio.
Pero según el DANE, la brecha salarial mensual en el sector de la salud por sexo ha sido en promedio de 24,6%.
Las mujeres suelen trabajar en sectores de menor productividad, mayor informalidad y en condiciones más desventajosas
Además, debido a las medidas de confinamiento y distanciamiento social, las familias se han hecho cargo de una serie de tareas que eran responsabilidad de otras instituciones, como el sistema escolar, el de atención preescolar, o el de cuidado de las personas con discapacidades, enfermas o mayores que lo necesitan. Esta actividad es conocida como “la economía del cuidado”, e incluye tanto los trabajos no remunerados del hogar, como los remunerados cuando estos son contratados por particulares o por instituciones.
Por razón de los patrones culturales históricos, patriarcales y desiguales, sustentados en la división sexual del trabajo, los trabajos de la economía del cuidado se han asignado de manera desproporcionada a las mujeres. Debido a esto, un grupo significativo de mujeres se han visto obligadas a dejar sus trabajos remunerados para:
- acompañar las tareas escolares de sus hijas e hijos;
- asumir la atención y acompañamiento de la salud de quienes lo necesitan;
- alimentar a sus familias;
- limpiar el hogar o cuidar del vestuario.
En promedio se estima que el trabajo de cuidado no remunerado que las mujeres colombianas llevan en sus hogares ha aumentado en un 40% durante el último año.
El trabajo no reconocido de las mujeres
La población económicamente “inactiva” corresponde según el DANE a las personas en edad de trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en realizar una actividad remunerada. Esto incluye a quienes estudian, realizan oficios del hogar u otras actividades.
Debido a la crítica permanente a esta denominación por sus evidentes sesgos de género, a partir del 2021 el DANE la registra como “población fuera de la fuerza laboral”, puesto que son personas que no están trabajando (ocupadas) ni buscan trabajo (desocupadas).
En 2020, más de la mitad de las mujeres en edad de trabajar (el 51,9%) se encuentra “fuera de la fuerza laboral” — cifra que para los hombres es 29,2% —. Durante la pandemia este porcentaje aumentó en 5 p.p. para las mujeres y en 3,1 p.p para los hombres, con relación al 2019.
Del total de las mujeres en esta categoría en 2020, el 62,9% (1.100.000) se dedica a “oficios del hogar”. Para los hombres, esta cifra es 13,2% (240.000). El 82% del aumento total se debió a las mujeres, lo cual indica que la sobrecarga laboral debida a la pandemia recayó mucho más sobre la población femenina.
El total de mujeres ocupadas disminuyó 15,5% entre 2019 y 2020. Para los hombres esta cifra fue 7,8%, o sea que por cada mujer ocupada hoy tenemos 1,5 hombres ocupados, cuando en 2019 la proporción había sido de 1,0 a 1,4.
En 2020, más de la mitad de las mujeres en edad de trabajar (el 51,9%) estuvo “fuera de la fuerza laboral”
Otro factor que explica la pérdida de trabajo femenino es su mayor presencia en actividades donde el contacto personal es importante y por lo tanto fueron suspendidas a raíz de la pandemia: restaurantes, servicios personales, comercio…y en especial trabajadoras domésticas asalariadas: 171.000 de las 647.000 ocupadas en 2019 perdieron su trabajo durante la pandemia y otro alto porcentaje fue suspendido sin pago correspondiente.
Políticas que niegan la división sexual del trabajo
Las medidas adoptadas por el gobierno nacional durante la pandemia desconocen la realidad de las mujeres, puesto que se destinan equivocadamente a una población supuestamente homogénea y por supuesto masculina.
El gobierno no ha tomado medidas adecuadas frente a la destinación de tiempo de las mujeres al cuidado no remunerado, que en promedio nacional representa 7,14 horas diarias para las mujeres y 3,25 para los hombres. La brecha es mayor en las zonas rurales. Esto afecta negativamente la autonomía económica de las mujeres y los intereses más amplios de la sociedad.
Ante este panorama de desigualdad y discriminación, la economía feminista plantea la necesidad de medidas inmediatas que respondan a las realidades de las mujeres, para evitar seguir retrocediendo en cuanto a su autonomía económica y sus derechos.
Desde el feminismo y las instituciones internacionales como Cepal, ONU Mujeres, OIT, Fescol u Oxfam se han formulado propuestas como decir:
- Recuperación y creación del empleo decente para las mujeres;
- Reglamentación del teletrabajo;
- Sistemas de cuidado equilibrados y paritarios en el plano nacional y territorial;
- Desarrollo de servicios públicos básicos;
- Adecuación a las necesidades de diversos grupos como las mujeres rurales, los grupos étnico-raciales minoritarios o las economías sociales y solidarias;
- Adopción de un paquete fiscal que incluya los derechos de las mujeres,
- Garantía de la renta básica universal.
Para esto es fundamental garantizar la presencia de las mujeres en la toma de decisiones y un trato preferencial en las medidas desde un enfoque que transforme la actual y arbitraria división sexual del trabajo.