La explosión de Cali es la del Valle, el Pacífico y el Suroccidente - Razón Pública
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La explosión de Cali es la del Valle, el Pacífico y el Suroccidente

Escrito por Camilo González
Camilo Gonzalez Posso

Cali no es una ciudad sitiada por unos pocos; hay un levantamiento popular encabezado por la juventud y por muchos sectores del Valle y del Cauca.

Camilo González Posso*

Protestas y represión

En Cali hay una explosión social de escala macrorregional. Es la muestra condensada de lo que pasa en Colombia: una generación inconforme y superinformada no acepta la situación actual y, confrontada por métodos de guerra, persiste en la protesta para encontrar salidas del laberinto.

Durante estos 16 días de paro se han registrado movilizaciones multitudinarias, concentraciones y bloqueos; por otro lado, la brutal represión ordenada por el gobierno central y ejecutada por la fuerza pública.

En medio de esta situación, las causas y exigencias de fondo siguen presentes, aunque las noticias las silencien por momentos:

  • 33 personas fueron asesinadas en las protestas; 17 de ellas, presuntamente, a manos de agentes del Estado.
  • 220 jóvenes detenidos y 168 desaparecidos, según Cuestión Pública.
  • Centenares de heridos.
  • Más de 150 establecimientos saqueados.

Y para completar el panorama de violencia, hay decenas de civiles armados, encabezados por políticos de ultraderecha y extraquetos que patrullan, disparan y asesinan.

Una macroregión y varias luchas

En Cali confluyen movilizaciones de indígenas, afros y campesinos del norte del Cauca, se unen a las explosiones sociales, así como a las protestas en Buenaventura y en casi todos los municipios del Valle y del Cauca. Esta interconexión de procesos sociales no es nueva: durante las últimas décadas las protestas y paros han sido una constante en Buenaventura y en el Cauca.

Las imágenes en las redes sociales y en la televisión se han concentrado en Cali, incluyendo la presencia de la minga indígena entre el 2 y el 12 de mayo. Pero la insubordinación repercute sobre todo esa macrorregión, que abarca en el primer anillo a 17 municipios del norte del Cauca y a los 42 del departamento del Valle del Cauca.

Con la excusa del “vandalismo”, se ha tratado de justificar la “asistencia militar” y la militarización de la policía; también se ha excusado la presencia de grupos armados terroristas en las movilizaciones y bloqueos.

Esta macrorregión es una realidad económica, social y cultural. En ella vivimos los 2,3 millones de habitantes de Cali, junto con otros 2 millones de vallunos y 400.000 nortecaucanos; entre estos últimos, el 80 % son afrocolombianos, indígenas, campesinos, que habitan en centros urbanos como Quilichao y Puerto Tejada.

La población caleña aumentó un 120 % entre 1980 y 2010, a causa de la migración y del desplazamiento forzado desde el Pacífico, el Cauca y el propio valle del río Cauca. Hoy, en Cali, la mezcla de culturas es tal que tenemos seis cabildos indígenas; también se encuentran grupos urbanos articulados a los palenkes, consejos comunitarios y otras organizaciones de población afrodescendiente de los dos departamentos.

Todo el corredor que comprende el primer anillo, hasta el Pacífico, es la subregión de Colombia con mayor concentración de población negra. Hacia la cordillera central se encuentra el territorio de los pueblos indígenas, que le aportan a la gente de Cali una parte significativa de su canasta nutricional.

Cali y Buenaventura son el puerto más importante de Colombia en el Pacífico; Valle y el norte del Cauca son un centro agroindustrial y de intercambio cultural. Todos los días, decenas de miles de nortecaucanos viajan a Cali y sus cercanías a trabajar, estudiar, comprar o vender; además, en el norte del Cauca se instalaron centenares de empresas cuya sede está en Cali, desde donde viajan todos los días sus ejecutivos y miles de trabajadores.

Entonces no es casual que, así como la insubordinación social en Cali ha conformado una red de puntos de encuentro de jóvenes que permanecen en el paro por semanas, ocurra lo mismo en muchos municipios del Valle y en toda la región nortecaucana.

Por lo tanto, no es cierto que Cali sea una ciudad hoy sitiada por bloqueos y protestas de unos pocos, pues es un levamiento popular encabezado por la juventud y por muchos sectores que se concreta en control territorial, control de vías y carreteras en toda la macrorregión.

En esa red unida por hilos invisibles, las demandas son comunes y, también, los símbolos de la inconformidad. Las movilizaciones transcurren con ritmo de bastones, salsa y chirimía; con son de feria y de festival del Petronio, que reúne cada año a centenares de miles que vienen a reafirmar su identidad afrodescendiente y su encuentro entre culturas.

Foto: Lluvia de Orión - Ha sido evidente que el abuso de la fuerza se ha aplicado a la protesta pacífica y al tratamiento violento a los jóvenes de los barrios populares.

Respuesta militar y paramilitar

Con la excusa del “vandalismo”, se ha tratado de justificar la “asistencia militar” y la militarización de la policía; también se ha excusado la presencia de grupos armados terroristas en las movilizaciones y bloqueos.

Aun así, es obvio que se ha abusado de la fuerza contra la protesta pacífica y contra los jóvenes de los barrios populares que se mantienen en los puntos de concentración.

Desde puntos como Puerto Resistencia, Siloé, La Luna, La Loma, Paraíso y Terrón, los jóvenes han rechazado los saqueos, peajes y acciones violentas.

La guardia indígena llegó a respaldar las demandas; apoyó el autocontrol y protegió las manifestaciones pacíficas. Así lo ha hecho desde hace décadas y lo hizo, con gran acogida, durante el paro de noviembre de 2019.

Pero en esta ocasión su llegada a Cali encontró una resistencia organizada por civiles armados, que dispararon a matar e hirieron a nueve comuneros. Políticos de ultraderecha encabezaron los ataques y la campaña racista contra la presencia de indígenas en la protesta en Cali.

Los excesos del ESMAD en Popayán han desatado la protesta; también, acciones violentas como el incendio de la URI muestran el peligro de actos destructivos sin control si continúa la represión y no se abren espacios de diálogo.

Sin embargo, la respuesta brutal y paramilitarizada no ha sometido a los jóvenes y sectores que siguen activos en el paro en Cali.

Entre tanto, la represión ha sido el factor clave para desatar nuevas protestas en 11 municipios del Valle —Buga incluido— y en el Cauca —desde el norte del departamento hasta el alto Patía—.

En Popayán hubo un levantamiento general cuando se acusó a la Policía por el abuso de dos niñas y al ESMAD por el asesinato de un joven estudiante. Después de estos hechos, se suicidó una de las niñas presuntamente abusadas.

Entre negociación, bloqueos y pandemia

El diálogo y la negociación con el Comité Nacional del Paro se abren camino en la tercera semana de movilizaciones. Pero faltan concertaciones directas con diversos municipios y sectores, como las asambleas de comunas en Cali. Otros sectores —como los camioneros, los ambientalistas, indígenas, afros, cocaleros, campesinos, excombatientes y defensores del derecho a la salud— no se sienten representados por el pliego de emergencia del comité nacional.

Los excesos del ESMAD en Popayán han desatado la protesta; también, acciones violentas como el incendio de la URI muestran el peligro de actos destructivos sin control si continúa la represión y no se abren espacios de diálogo.

El paro puede encontrar algunas respuestas de emergencia. En lo inmediato, además de la multiplicidad de pliegos, se enfrenta al reto de equilibrar la presión que ejerce sobre el gobierno con la justificada angustia de muchos sectores por el desabastecimiento causado por los bloqueos.

Se anuncia una nueva jornada nacional el 19 de mayo; se recrudecerán la represión y la indignación en el suroccidente y en regiones del Huila, Caquetá, Meta, Catatumbo y Risaralda. Hay un amplio margen para la incertidumbre en este contexto de turbulencias y de expresión de poderes desde los sectores insubordinados.

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