Durante años la comunidad denunció lo que era de conocimiento público: que en La Escombrera reposaban los cuerpos de muchas víctimas del Estado y de los paramilitares. Por fin comienza la exhumación, pero los resultados son inciertos.
Katalina Vásquez* – Lukas Jaramillo**
Proyecto La Escombrera
El Proyecto La Escombrera, que comenzó el pasado 27 de julio, es una iniciativa encabezada por la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, con el apoyo del ministerio del Interior, de la Unidad de Víctimas y del Museo Casa de la Memoria, junto con la organización Mujeres Caminando por la Verdad, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) capítulo Antioquia, la Fundación Obra Social de la Madre Laura y la Corporación Jurídica Libertad.
La diligencia judicial tendrá una duración de cinco meses, e inicialmente se adelantará en el sitio llamado La Arenera, para remover 24 mil metros cúbicos de tierra y basura.
La Escombrera está situada en límites entre la Comuna 13 y el corregimiento San Cristóbal, al occidente de Medellín. Se calcula que toda La Escombrera tiene un área aproximada de 75 hectáreas y contiene cinco millones de toneladas de escombros.
A una semana de comenzar el proyecto las esperanzas están más despiertas que nunca, porque por fin se ha puesto en marcha la “zaranda clasificadora” (máquina retroexcavadora que removerá la primera capa de tierra hasta llegar a los 10 metros de profundidad).
Según un comunicado oficial, el Proyecto La Escombrera comenzó en Agregados San Javier, específicamente en el Polígono 1, “por la viabilidad y la capacidad técnica y presupuestal”. El paramilitar alias “Móvil 8” señaló allí algunos lugares donde él y sus compañeros habrían enterrado cadáveres y, con este testimonio, la Fiscalía puso en marcha la orden judicial.
Aunque la zona delimitada para la búsqueda parezca diminuta en medio de millones de toneladas de tierra, las víctimas confían en que allí van a encontrar a sus esposos, hermanos o padres, que un día salieron de casa hacia la oscuridad de este antiguo balneario de barrio que fue convertido en fosa por los paramilitares.
Estos grupos armados ingresaron al sector durante las operaciones conjuntas de la Fuerza Pública que en su momento fueran bautizadas como “Mariscal”, “Fuego”, “Contrafuego”, “Antorcha” y “Orión”, esta última en octubre de 2002, que fue la operación urbana más intensa y más cruel de toda la historia de Colombia.
Trece años después de que sus voces empezaran a denunciar la barbarie (denuncias que las autoridades oyeron como un murmullo) las víctimas esperan encontrar a sus seres queridos. Pero la Fiscalía se enfrenta con un proceso complejo pues ningún equipo en el mundo ha destapado una fosa de esta dimensión y, como si fuera poco, los recursos otorgados son escasos.
 Sede del Banco de la República en el centro de Bogotá. Foto: momentcaptured1 |
Deber de memoria
Mientras pasa el tiempo para llegar a los resultados esperados o, por el contrario, para que se perpetúe la tragedia de quienes aseguran tener familiares bajo esta montaña de vergüenza, a los demás nos queda, además de hacer votos por el éxito de la empresa, el deber de hacer memoria.
Ningún equipo en el mundo ha destapado una fosa de esta dimensión y, como si fuera poco, los recursos otorgados son escasos.
Lo primero que debemos recordar es el doble carácter del crimen de la desaparición forzada. El asesinato significa un final definitivo para muchas familias, pero la desaparición forzada es un dolor que cae en un ciclo eterno, alimentado por el drama de la duda, las corazonadas y la ausencia del ritual definitivo de la despedida.
Además en ésta, la fosa común urbana más grande de Colombia, nos enfrentamos a un panorama de impunidad total, donde los cuerpos de seguridad se han portado como mafias.
La fosa de La Escombrera está ligada especialmente con la Operación Orión, dentro de la cual ha sido demostrado que participaron los paramilitares. Y sin embargo todavía está pendiente aclarar el porqué de la negligencia para esclarecer la verdad jurídica o para determinar la manera como se “ensució” la recuperación estatal con la presencia de aquellos criminales.
Nadie ha pagado ni un día de cárcel por estas acciones, aunque alias “Don Berna” haya confesado que Orión y las demás operaciones de 2002 fueron planeadas y ejecutadas por el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas en asocio con los comandantes de la Policía (el general José Leonardo Gallego) y de la IV Brigada del Ejército (el general Mario Montoya Uribe).
En estas operaciones, los soldados y policías rasos actuaron de la mano de los guerreros “paras” de capuchas negras, que guiaban al Ejército y a la Policía señalando sospechosos, cuyos cadáveres, más tarde, llevaban a La Escombrera. También sacaban a los acusados de los buses, de las iglesias y de las barberías, para llevarlos a este lugar, dónde, como relato el paramilitar “Móvil 8”, los hacían cavar su propia tumba, les daban un tiro de gracia, los descuartizaban y los enterraban.
Semejantes prácticas de ajusticiamiento se utilizaron no solo contra supuestos milicianos sino contra líderes de la comunidad y defensores de derechos humanos, y hasta contra conductores de bus que se negaban a pagar extorsiones.
Una demora inaceptable
La exhumación de cadáveres que hoy se lleva a cabo en La Escombrera es un proceso que debió haber comenzado desde hace mucho tiempo, con una intervención para evitar que la zona siguiera siendo un gigantesco botadero de escombros y basura.
Ya en 2002 la paramilitarización de la zona era un hecho conocido, y se sabía de las prácticas horrendas que habían tenido lugar en La Escombrera. Pero muchos de los que denunciaron esa situación están hoy en los cementerios o, quizás, bajo los escombros de la propia Escombrera. Teresa Yarce, lideresa comunitaria, y José Luis Arroyave, sacerdote católico, son dos ejemplos de la tragedia que vivieron las pocas voces que denunciaron la barbarie paramilitar.
Para llegar al proceso de exhumación que se inició este 27 de julio de 2015, muchas víctimas han tenido que luchar de la mano de abogados y líderes religiosos, sin importar las graves amenazas que se han cernido sobre sus vidas, para convertir su murmullo en un grito por la justicia y conseguir que se busque a los desaparecidos de la Comuna 13.
No hay garantía ni compromiso de que se las búsquedas se mantenga después de los primeros cinco meses.
Aunque para los grupos de víctimas organizadas es una gran conquista que hayan comenzado las excavaciones en un polígono de La Escombrera, no hay garantía ni compromiso de que se las búsquedas se mantenga después de los primeros cinco meses, y en la escombrera contigua al sitio de la excavación se siguen arrojando desechos todos los días.
¿Por qué no habían comenzado antes las tareas de exhumación? Durante años los gobiernos locales argumentaron que mientras no hubiera certeza sobre los sitios específicos donde estaban los cuerpos, la tarea sería como buscar una aguja en un pajar.
Los técnicos que contrató la administración del alcalde Alfonso Salazar, venidos de Argentina, Guatemala y Perú dieron, cada uno, un concepto diferente. Después se dijo que los recursos económicos eran un limitante para comenzar la búsqueda de los cadáveres, por la gran dimensión y complejidad de la tarea.
 Sede del Banco de la República en el centro de Bogotá. Foto: momentcaptured1 |
Hoy, finalmente, se están invirtiendo los mil cien millones de pesos necesarios para este primer esfuerzo. Pero esto nos obliga a reflexionar sobre la agenda de las instituciones y sobre las prioridades que valora la sociedad colombiana, puesto que existen otros proyectos de urbanismo, conciertos de artistas internacionales, grandes eventos para promover el turismo o convenios con ONG y universidades que cuestan mucho más dinero.
Fue la administración de Aníbal Gaviria la que dio un paso definitivo en esta tarea, después de que la administración de Alonso Salazar preparara el terreno científico y técnico.
Pero apenas este año, después de que el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín ordenara cerrar La Escombrera, y de que las declaraciones de los paramilitares desmovilizados confirmaran lo que la comunidad venia denunciando desde hace más de una década, la Fiscalía ordenó dar comienzo al Proyecto La Escombrera. Parece ser que en Colombia los victimarios pueden hacer actuar más fácilmente el aparato de justicia que las víctimas.
La Comuna 13 es apenas una pequeña muestra de un conflicto que ha dejado regado por todo el país el drama de la desaparición forzada y de las fosas comunes. La Fiscalía ha encontrado 4.649 fosas esparcidas por todo el territorio nacional, y en ellas se han hallado 5.978 cuerpos. En Antioquia han sido 803 las fosas intervenidas por los investigadores y 1.026 los cuerpos recuperados.
El postconflicto nos exigirá entender que no podemos escatimar unos pesos cuando se trate de devolverles a las víctimas la dignidad elemental de realizar en paz los rituales de despedida de sus muertos.
* Periodista independiente. Corresponsal en Colombia del diario Página/12 de Argentina
** Director ejecutivo de www.casadelasestrategias.com
