La emergencia invernal: ¿servirán estas políticas? - Razón Pública
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La emergencia invernal: ¿servirán estas políticas?

Escrito por Gustavo Wilches-Chaux
gustavo wilches

Gustavo WilchesLas acciones y propuestas del gobierno frente a los estragos causados por el invierno están bien intencionadas pero no van a la raíz del problema y hasta pueden reforzar el modelo de desarrollo que nos ha conducido a esta crisis planetaria.

Gustavo Wilches-Chaux* 

Una crisis de civilización

Crisis de civilizacionLos efectos de los cambios del clima sobre distintas regiones del planeta demuestran que nos encontramos en una fase aguda y al mismo tiempo grave de una anunciada crisis de la civilización humana, y particularmente de la llamada "civilización occidental", que durante muchas generaciones ha impuesto una manera particular de entender el mundo y de interactuar con sus dinámicas.

  • Las nevadas de finales del año pasado y principios de éste han superado la capacidad de adaptación de países como Rusia, que en otras épocas se alió con el frío para vencer a los ejércitos de Napoleón y de Hitler.
  • En Estados Unidos, en Europa y en China, en donde los inviernos fuertes son una expresión normal de la variabilidad climática, colapsan los sistemas de transporte terrestre y aéreo, con graves perjuicios para las economías y para el desarrollo de las actividades cotidianas. En Japón la nieve hunde una flota pesquera.
  • En el sur del continente suramericano, la ola de calor, que también es una expresión normal de la variabilidad climática en esta época del año, "revienta" la capacidad de las empresas generadoras de energía para responder a la demanda de los equipos de aire acondicionado.
  • Miles de aves y otros animales mueren masiva y misteriosamente en distintas latitudes del planeta.
  • Australia, Brasil, Sri Lanka y Polonia, en esquinas opuestas del mundo, se unen a una lista creciente de países que, a diario, muestran de manera dramática y con grandes pérdidas humanas y económicas, su inadaptación frente a los cambios normales y anormales del clima.

Las noticias de muchos de estos procesos actuales repiten textualmente lo ocurrido a finales de 2009 y principios de 2010 en los mismos lugares. En 2008 los afectados por la ola invernal pasaron de un millón en Colombia y en 2010 se duplicaron.

En 2003 una ola de calor causó de manera directa o indirecta, la muerte de cerca de 50 mil personas en Europa. Por lo visto, ese futuro que esperábamos como consecuencia del cambio climático, ya se convirtió en una terrible realidad presente.

Esta crisis de civilización no es solamente de paradigmas (con todo lo que ello implica en el mediano y largo plazo), como lo fueron las que desencadenó la ‘revolución copernicana' que desplazó a la Tierra, y con ella al ser humano, desde el centro hacia una posición periférica en el Sistema Solar; o la ‘revolución darwiniana' que desplazó al ser humano del centro de la "Creación" y nos obligó a reconocernos como una especie más o una etapa más en la evolución de la vida en la Tierra.

Los efectos de esta crisis de civilización posiblemente tienen más elementos en común con los que produjo la peste en Europa en la Edad Media de lo que parece a primera vista. Puede que el traslado de la Tierra desde el centro hacia la periferia del Sistema Solar, no hubiera generado efectos inmediatos en las casas de la gente, como sí lo están haciendo ahora el agua y el barro en miles de hogares y otras edificaciones de Colombia, de Venezuela, de Brasil o de Australia. Aunque, claro, Galileo podría exponer varios argumentos para refutarme.

Estamos realmente ante una crisis de paradigmas, que como las otras citadas, debería conducir a la especie humana a reconsiderar su arrogancia, pero también ante una crisis con efectos de cortísimo plazo, que obliga a los gobiernos y a las sociedades a actuar con prontitud para intentar al menos proteger vidas humanas y aliviar los traumatismos más inmediatos. Es una crisis de paradigmas y cosmovisiones, y al mismo tiempo una gravísima crisis ecológica y humanitaria.

Colombia y  la crisis planetaria

Colombia, por supuesto, no escapa a los efectos locales de esa crisis planetaria. En este momento el país vive el peor de los desastres que lo han afectado en su historia, desde el punto de vista de la extensión comprometida.

La incapacidad del territorio colombiano para absorber los efectos de una temporada invernal muy fuerte, se están manifestando desde la Guajira hasta Nariño y desde Norte de Santander hasta el Chocó. En los Llanos Orientales, paradójicamente, se advierte sobre el peligro de incendios forestales.

Nada de lo que está sucediendo en el país en este momento es inédito: inundaciones con efectos desastrosos en el Caribe, ruptura del Canal del Dique, deslizamientos en zonas urbanas y rurales de la región andina. Todo eso ya ha ocurrido antes, pero lo que sí es nuevo es que todo suceda al mismo tiempo y con una intensidad tan desbordada.

Fracaso de dos sistemas

Nos sorprende, nos avergüenza y nos frustra a quienes -en mi caso en condición de mero ciudadano- hemos contribuido a la construcción del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (que se comenzó a generar a partir del desastre de Armero en 1985 y adquirió vida legal con la  Ley 46 de 1988 y el Decreto-Ley 919 de 1989) y a la construcción del Sistema Nacional Ambiental (SINA, creado por la Ley 99 de 1993), que ese par de sistemas no hayan sido capaces de reducir el avance de la vulnerabilidad del territorio nacional frente a las dinámicas normales de la naturaleza, mucho menos ante las relativamente excepcionales.

El mero hecho de que los dos sistemas sean distintos y no uno sólo, ya arroja pistas sobre las razones del fracaso. Lo mismo se puede decir de los demás sistemas que, con buen fundamento teórico, pero con muy poca eficacia, se han creado en Colombia para atender otros campos y actividades del desarrollo: no han sido capaces de reducir la vulnerabilidad del país frente a las múltiples dinámicas naturales y humanas que, por esa misma vulnerabilidad, se vuelven amenazas. La gestión ambiental y la gestión del riesgo han pretendido, definitivamente sin éxito, imprimirle una dirección menos nociva al desarrollo económico.

El caso de las CAR   

En este momento el Gobierno nacional plantea adelantar una reforma de las Corporaciones Autónomas Regionales que sin duda resulta necesaria, pero no suficiente. No toda la culpa del actual desastre ambiental se les puede achacar a las CARs, aunque estas instituciones tampoco pueden liberarse de responsabilidades.

Es necesario entender la complejidad del problema, para que una intención loable del Gobierno no termine en nuevas frustraciones ni, sobre todo, en nuevos y más graves desastres. En el caso de la crisis ambiental, también es necesario buscar al ahogado -o al ahogador- aguas arriba.

Durante el gobierno anterior se presentaron varias situaciones en las cuales las CARs se vieron obligadas a resistir presiones del nivel nacional y a oponerse a órdenes directas del propio presidente Uribe, para otorgar licencias ambientales en territorios ambientalmente estratégicos.

  • Así por ejemplo, la directora (enfatizo en el género) de CORTOLIMA, se opuso de manera firme, en contra de las instrucciones de Uribe, a otorgar la licencia ambiental para la explotación minera en la La Colosa (Cajamarca).
  • La directora de CORALINA no solamente se ha opuesto a la decisión del gobierno nacional de dedicar 50 hectáreas para una cancha de golf en la isla de San Andrés (que sólo tiene 27 kilómetros cuadrados de área), sino que hoy sigue solicitando que la Empresa Nacional de Hidrocarburos excluya el Área Marina Protegida Seaflower en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (declarada además Reserva de la Biosfera), del bloque de exploración sísmica para hidrocarburos que -bajo el nombre de Ronda Colombia 2010- sacó a licitación pública la Agencia Nacional de Hidrocarburos, adscrita al Ministerio de Minas, a mediados del año pasado. Gran subasta a la cual nos referiremos al final de este artículo.

La reforma del SINA -y no solamente de las corporaciones- debe garantizar que al más alto nivel del Estado no se tomen decisiones que atenten contra la seguridad ecológica y social de las comunidades y de los ecosistemas colombianos.

Las últimas noticias indican que por ahora ha quedado descartado o por lo menos aplazado un proyecto de decreto legislativo mediante el cual el Gobierno nacional buscaba eliminar las actuales Corporaciones Autónomas Regionales basado en la emergencia ecológica.  Afortunadamente, porque dicho decreto, con seguridad, hubiera generado más problemas y amenazas, que verdaderas soluciones. Pero además, el decreto que finalmente se expidió puede tener vicios de inconstitucionalidad que conduzcan a su caída, especialmente porque no todas las medidas que en él se adoptan parecen tener la necesaria conexidad con las razones por las cuales se declaró el Estado de Emergencia con base en el artículo 215 de la Constitución.

Medidas de emergencia

El Gobierno nacional se está movilizando con la presteza necesaria para atender la emergencia disparada por el fenómeno de La Niña, desastre que para la mayor parte del país se hizo evidente a finales de octubre y principios de noviembre, pero que ya se avizoraba claramente desde el mes de abril del año pasado.

Se han tomado medidas para conseguir recursos excepcionalmente altos que se encuentran en el rango de los varios billones (millones de millones) de pesos. Se han creado distintos tipos de subsidios para atender a los damnificados, se han asignado recursos para la reconstrucción de escuelas y se han tomado otras medidas de importancia innegable.

Interpretando al conjunto de la sociedad, el Gobierno ha expresado como prioritaria la necesidad de garantizar que no se roben esos recursos, y para ello ha tomado una serie de medidas importantes, que esperamos resulten eficaces.

Criterios equivocados

Yo, por supuesto, comparto esa preocupación del Gobierno y de la sociedad, pero me preocupa, además, cómo y con qué criterios y prioridades se van a invertir los recursos que se salven del robo.

Hasta este momento, más allá de las medidas sectoriales o puntales, no he visto ningún documento oficial que establezca el enfoque territorial y social con que va a llevarse a cabo la reconstrucción de la zona afectada por el desastre, salvo el artículo central de la revista Semana que comenzó a circular el sábado 8 de enero.

En ese artículo se vislumbran algunas pistas: nos presentan el perfil y la visión de los banqueros, industriales y demás empresarios que van a dirigir la reconstrucción, y nos dicen, por ejemplo, que "esta es la hora de pensar en grande en la infraestructura del país, que lleva décadas de atraso. Por eso, en esta fase hay que hacer túneles, viaductos, dobles calzadas, líneas férreas y mejores aeropuertos, que permitan tener una economía más competitiva para el comercio y más atractiva para la inversión extranjera". En otras palabras, colocar como centro de la reconstrucción el fortalecimiento del modelo de desarrollo que a nivel planetario está conduciendo a la catástrofe.

Claro: afirma también el artículo que el gobierno es consciente de la necesidad de "proteger las laderas de los ríos" y que "las viviendas de alto riesgo se trasladen para anticiparse a una catástrofe". En grandísima medida, tanto los ríos como las comunidades han sido violentados, precisamente, por la materialización de ese modelo de desarrollo que hoy se exacerba para conjurar el desastre.

Con muy buen criterio, el economista Luis Jorge Garay propuso a finales del año pasado fusionar la política de desplazados por distintas violencias y la de damnificados por el invierno, entre otras razones porque en muchos casos son los mismos, tanto en el Caribe, como en el Pacífico y en la región Andina.

Borrando con el codo

El Gobierno ha creado un "Fondo de Reconstrucción y Adaptación Climática" que en la región Caribe estará a cargo del doctor Hernán Martínez, prestigioso ejecutivo y ex ministro de Minas y Energía del gobierno de Uribe.  Los mapas de abajo, preparados por el economista Guillermo Rudas[1] con base en información del Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS), revelan los efectos prácticos de la concepción del territorio y del desarrollo de quien tendrá en sus manos la reconstrucción y la adaptación al cambio climático de esa importante y azotada región de Colombia:

A8

En los siguientes mapas del Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial se muestra la superposición de los títulos mineros ya expedidos sobre varios Parques Nacionales Naturales y otras zonas protegidas (izquierda) y  lo que sucedería si se conceden todos los títulos mineros solicitados (derecha).

A9

Fuente: http://www.minambiente.gov.co/documentos/3228_220209_mapa_zonas_protegidas__y_titulos_mineros_01.jpg

http://www.minambiente.gov.co/documentos/3230_220209_mapa_zonas_protegidas__y_titulos_mineros_02.jpg

Ni qué decir del efecto de esos títulos sobre las comunidades que habitan esos territorios ni de los ecosistemas que resultan estratégicos para su supervivencia cotidiana. Si se llegaran a expedir esos títulos, no va a quedar espacio libre ni para sembrar una mata en más de media Colombia.

Para terminar, miremos el siguiente mapa con el cual la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dependiente del Ministerio de Minas, sacó a licitación en junio del año pasado -en la llamada Ronda Colombia 2010- 48 millones de hectáreas del territorio colombiano para dedicarlas a la exploración y explotación petrolera, que equivalen a 10 veces el tamaño de Costa Rica y a 1.231 veces el área construida de la ciudad de Bogotá.

A11
Fuente: http://www.rondacolombia2010.com/index_lang.php

Así, como en un hecho sin precedentes, mediante el decreto 141 de 2011 (uno de los expedidos en virtud de la emergencia) el Gobierno acusa de manera genérica a las directivas de las CARs de negligencia, de omisión de deberes y de otras conductas que bien podrían constituir delitos tipificados en el Código Penal ¿se adelantará algún procedimiento para sancionar o por lo menos para investigar a los responsables de la expedición de títulos mineros en áreas protegidas y en ecosistemas vitales para la viabilidad ecológica del país, particularmente en condiciones de cambio climático?

¿Con qué criterios, entonces, se va a emprender la reconstrucción de la región Caribe y del resto del país? ¿Con qué enfoques y prioridades se van a "adaptar" al cambio climático el territorio nacional, sus ecosistemas, sus instituciones y sus comunidades? La pregunta queda planteada. Habrá que responderla con hechos.

* Gustavo Wilches: Blog AGUACEROS Y GOTERAS
http://enosaquiwilches.blogspot.com/

twitter1-1@wilcheschaux

Notas de pie de página


[1] Ver artículo de Guillermo Rudas al respecto en Razón Pública

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