La educación superior es objeto de una nueva política pública. Conviene revisar críticamente la legitimidad de la propuesta, la noción implícita de lo público y la visión de la universidad como servicio público para formarse un criterio claro de lo que se propone.
Myriam Henao Willes*
Objeto de una política pública
La propuesta de reforma de la educación superior ha suscitado un intenso debate entre expertos y actores del sistema. Suponiendo que los lectores ya conocen el contenido del proyecto de ley "por el cual se regula el servicio público de la educación superior" [1] y que han seguido el debate de las últimas semanas, la trascendencia del tema tal vez amerite el esfuerzo de una lectura contextualizada desde la perspectiva de las políticas públicas.
Podríamos destacar varios componentes importantes de esta mirada crítica:
a) La educación superior como objeto legítimo de política pública;
b) La legitimidad de una política pública:
c) La conceptualización de lo público implícita en la propuesta, y
d) Lo público de la universidad pública
La educación superior es un objeto legítimo de política pública en la medida en que constituye un asunto socialmente relevante, dadas sus profundas implicaciones sociales, políticas, económicas y culturales. En consecuencia, esta política pública debe hacer explícita la concepción del gobernante acerca de la relación entre Estado y Sociedad, lo cual implica responder a preguntas fundamentales como decir:
- ¿Cuál debe ser el alcance de la intervención o de la acción del Estado en materia de educación superior?
- ¿Cuál ha de ser el papel de la educación superior dentro del proyecto de Nación deseado?
- ¿Cuáles los criterios e instrumentos para garantizar la autonomía universitaria?, y
- ¿Cómo garantizar el derecho a la educación superior en los términos de calidad, idoneidad y pertinencia que la Constitución nacional establece?
Legitimidad de la reforma
Desde el enfoque de legitimación, [2] se supone que "las políticas públicas son parte de la institucionalidad y se entiende a las mismas como acuerdos resultantes de una particular relación de poder. En el proceso de formación de las políticas públicas participan muy diversos actores políticos y sociales agrupados en dos o más coaliciones que tratan de legitimarse a sí mismas tanto como a las políticas que defienden, apoyando o aumentando sus recursos de poder, intereses políticos, valores y sistemas de creencias" (énfasis agregado) [3]. Al aplicar este enfoque al proceso emprendido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para diseñar la reforma de la educación superior surgen varios interrogantes.
En relación con la institucionalidad prevaleciente:
- ¿Por quién o quiénes está formada la institucionalidad de la educación superior en Colombia?
- ¿Participaron o cumplieron algún papel en la formulación de la nueva política organismos tales como el Consejo de Educación Superior (CESU), el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), el Instituto Colombiano para los Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), el Consejo Nacional de Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior (CONACES) y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA)?
En relación con la particular relación de poder:
- ¿Se trata de una política de coyuntura o de una política de Estado?
- ¿El MEN tiene la suficiente legitimidad social, la idoneidad académica y la competencia técnica necesarias para reformular por sí sólo la política de educación superior?
- ¿Cuáles son el perfil profesional y el grado de conocimiento de los funcionarios encargados de tomar las decisiones en el MEN?
- ¿Prevaleció el interés general en la formulación de la propuesta?
- ¿Por qué se abren tantos espacios a la iniciativa privada para la prestación de un servicio público?
- ¿La reforma es un modo de consolidar el proceso gradual de desconocimiento de las responsabilidades constitucionales del MEN en materia de la educación superior?
- ¿Cómo se explica la decisión de conferir "autonomía universitaria" a las iniciativas privadas particulares interesadas en crear empresas de educación superior?
En relación con la participación de gran variedad de actores:
- ¿El MEN ha abierto espacios específicos para la participación de los estudiantes universitarios, de las instituciones técnicas y tecnológicas, del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y de las escuelas normales?
- ¿A qué se debe la gran indiferencia manifiesta en el Senado y en la Cámara?
- ¿Dónde está la sociedad civil afectada por las decisiones que se tomen en materia de educación superior?
- ¿Qué pasa con la participación ilustrada de la mayor parte de los profesores universitarios?
- ¿Donde están los análisis de las organizaciones y asociaciones relacionadas con la educación superior?
En relación con los actores agrupados en coaliciones políticas: ¿Por qué no se sienten convocados a sentar una posición pública los diferentes partidos de gobierno y de oposición?
"Lo público" en la propuesta
Al ser declarada la educación superior como un servicio público en el título del respectivo proyecto de ley, es procedente analizar la conceptualización de lo público que implica esta reforma. Alrededor de "lo público" existe todo un campo semántico: bien público, opinión pública, servicio público, políticas públicas, función pública, uso público. Y es común invocar otras nociones complejas, como sociedad civil, Estado, mercado, ciudadanía, interés general, bien común, derechos fundamentales o democracia. Esta frecuente y dispersa invocación de lo público demuestra que su comprensión no es unívoca, y que por tanto los sentidos que se invocan en el discurso oficial no necesariamente corresponden a su comprensión por parte del ciudadano común. Resulta claro que en Colombia, para el común de la gente, todo aquello que tiene el apellido "público" es de dudosa efectividad, eficiencia y calidad, de tal suerte que la salud, la educación, la vivienda, la justicia, los espacios comunes y, en general, los servicios prestados por los organismos llamados públicos indican, de manera automática, que se trata de un servicio "de segunda" o inferior en calidad al que podría brindar el sector privado. Lo público se reduce entonces a bienes o servicios de mala calidad que se reciben a título gratuito o a un costo muy bajo. A nombre de lo público se dan también distintos discursos ideológicos o políticos. Mientras en las corrientes social-demócratas, o democráticas o socialistas, se apela a lo público para destacar la solidaridad o la equidad social, en las corrientes neoconservadoras se lo invoca en apoyo de la libertad de escogencia y el libre mercado. Más aun en la práctica es frecuente que las políticas gubernamentales no sean públicas en tanto no se adoptan a la luz pública o en tanto se reducen a acomodar ciertos intereses particulares. Algunas veces lo público se identifica como el ámbito propio del Estado. ¿Pero de cuál imaginario de Estado? ¿De un Estado fantasmal que propone modernizarse, limitándose al control de la seguridad y de la fuerza? ¿Un Estado que pretende volverse eficiente a costa de eliminar las ya de por sí mínimas garantías y derechos existentes en Colombia? Fortalecer el Estado no es reducir su presencia ni es reducir la prestación de los servicios públicos esenciales (justicia, educación, salud, bienestar); por el contrario, es dotarlo de las capacidades para garantizar el disfrute universal de esos servicios básicos.
Lo público de la universidad pública
A pesar de los embates ideológicos, económicos y legislativos, la universidad pública en general ha logrado mantener su tradición, su autonomía, su libertad de cátedra y su excelencia académica. La mayoría de las universidades nacionales, departamentales y distritales muestran buenos indicadores de desempeño a pesar de las crecientes restricciones financieras a que han sido sometidas. Estas universidades contribuyen a la auténtica construcción de lo público mediante sus aportes. La universidad pública ha logrado mantenerse misionalmente como una de las instituciones sociales que más efectivamente contribuye a la construcción de lo público. Lo podemos evidenciar en el gran espectro de bienes públicos que produce:
- Desde la docencia, a la formación profesional de los colombianos;
- Desde la investigación, a producir los bienes públicos del conocimiento y la consolidación de la capacidad científica y tecnológica, humanística, cultural y política del país
- Desde la extensión o proyección social, a fortalecer la sociedad civil y ampliar los espacios de participación razonada en la toma de las decisiones públicas.
¿Acaso la provisión de estos bienes públicos mejoraría de adoptarse la propuesta de reforma de la educación superior que ha formulado el gobierno del presidente Santos?
* Socióloga. Investigadora en educación superior, ciencia y tecnología. Aguilar define lo público como "un ámbito que rebasa lo individual y privado y surge para garantizar, respaldar y extender las libertades, los cálculos y los beneficios individuales" [4].
Notas de pie de página
[1] Proyecto de reforma a la ley 30 de 1992.
[2] La legitimación es, entonces, una herramienta de uso para los hacedores de políticas que sirve para regular la conducta social y justificar los procesos de intervención que ellos realizan, planteando a la acción social como el medio que le da validez a la política pública y a la coalición de actores que la determina."
[3] Cruz, César (2009) Desarrollo Teórico sobre el proceso de las políticas públicas: hacia un enfoque de legitimación. Reseña del artículo de David Andrés Ibáñez. Grupo Evaluación de Políticas Públicas DNP. Boletín Política Pública Hoy. 3. pág. 6 y 7.
[4] Aguilar, L.F: (1992) "El estudio de las políticas públicas". M. A Porrúa , Grupo Editorial, México.
