Aunque la pérdida del grado de inversión podría tener efectos negativos para Colombia, hay espacio para buscar soluciones de largo plazo y robustecer la economía.
Wilson Rodríguez*
La calificación
El pasado 1 de julio, la calificadora de riesgo Fitch Ratings bajó la calificación de la deuda del Estado o “deuda soberana” colombiana de largo plazo, tanto en moneda local como extranjera. La calificación de Colombia pasó de BBB- a BB+ con perspectiva estable.
Esta decisión se suma a la que tomó la calificadora Standard & Poor’s en mayo, al quitarle el grado de inversión a Colombia. Según Fitch Ratings, esta medida se adoptó debido al aumento del déficit fiscal y la deuda pública, así como a la incertidumbre sobre su comportamiento en el mediano plazo.
El problema no es coyuntural
El presidente Iván Duque afirmó que las calificaciones crediticias deben estar basadas en criterios de largo plazo y que no es justo evaluar la economía colombiana con los estándares de la prepandemia, pues tanto la deuda como el déficit aumentaron para poder combatir los efectos de la emergencia sanitaria.
Pero el problema va más allá de los efectos negativos de la pandemia. De hecho, desde la crisis que sufrimos por los precios del petróleo en 2015 se viene discutiendo la posible pérdida del grado de inversión en el país. Esto nos lleva a poner en tela de juicio la manera como fue manejada la economía en épocas de bonanza.
Además, las calificadoras resaltaron el deterioro de la efectividad institucional, otro aspecto que había sido destacado en el pasado. Este y los anteriores gobiernos han sido incapaces de efectuar reformas: no hay interés en promover las reformas laboral o pensional, y la reforma tributaria y a la salud se cayeron.
Desde la crisis que sufrimos por los precios del petróleo en 2015 se viene discutiendo la posible pérdida del grado de inversión en el país
Adicionalmente, todas las instituciones públicas –el Congreso, las altas cortes, la Policía, la presidencia, etc.– tienen bajos índices de aprobación. Esta inestabilidad institucional se ve reflejada en las ya constantes movilizaciones sociales, como las de finales de 2019 y las más recientes.
Por otra parte debo notar que, igual que en el caso de Standard & Poor’s, la decisión de Fitch Ratings no fue sorpresiva. El mercado ya lo había anticipado y, de hecho, en las negociaciones posteriores a la noticia, tanto la bolsa como la moneda tuvieron valorizaciones importantes.
Política fiscal en tiempos de crisis
Se esperaba que la decisión de Fitch fuera anunciada después de conocer el texto de la nueva reforma tributaria, pero la medida se adelantó porque a medidados de junio se dio a conocer el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Este Marco Fiscal dejó en claro que la prioridad del gobierno no es controlar la deuda, sino mantener una política fiscal expansiva para sostener programas sociales y de estímulo al mercado laboral que permitan la reactivación económica. Entre otras cosas, se proyecta un déficit fiscal de 8,6 % para 2021, y se establece que los ajustes fiscales comenzarán apenas en 2023. Este documento no satisfizo las expectativas de calificadoras como Fitch y Moody’s.
Aunque no sea lo que esperaban las calificadoras, la proyección del gobierno es realista dada la necesidad de mantener una política expansiva para recuperar la economía, reducir el desempleo y combatir la pobreza. En este momento, esa debe ser la prioridad, antes que ajustar los presupuestos con políticas de austeridad que ya han demostrado ser equivocadas en tiempos de crisis.
Lo anterior por supuesto significa que seguimos pateando la pelota y que el problema de los recortes de gasto y las nuevas reformas tributarias se le pasan al siguiente gobierno.
Los efectos
La primera consecuencia de la pérdida del grado de inversión son las posibles salidas de capitales. Los estatutos de algunos fondos de inversión les impiden invertir en países que tengan calificación por debajo del grado de inversión en por lo menos dos firmas calificadoras.
No obstante, el ministro de Hacienda ha destacado la confianza que mantienen los mercados financieros en Colombia y que se refleja en los diez billones de pesos de inversión extranjera que han llegado al mercado de deuda pública en los últimos tres meses.
Además de lo anterior, se argumenta que la baja en la calificación aumentaría las tasas de interés a las cuales se endeuda el país, debido a la mayor percepción de riesgo. Pero incluso si esto sucediera, los aumentos no serían considerables, pues las tasas de interés en los mercados globales siguen estando en niveles históricamente bajos.
Igual que en el caso de Standard & Poor’s, la decisión de Fitch Ratings no fue sorpresiva. El mercado ya lo había anticipado
Paradójicamente, la pérdida del grado de inversión elimina un factor de incertidumbre. Durante el último año, se había discutido ampliamente esta posibilidad, y eso había desviado el debate. Hoy, tanto el país como los mercados se pueden enfocar en los aspectos que toman mayor relevancia para el futuro.
En otras palabras, nos quitamos de encima el ruido sobre un posible problema y eso podría llevarnos a una situación con una perspectiva más estable. Esto permite que los inversionistas le apuesten al potencial que tiene un país en el que ya se han castigado sus activos por el efecto de la calificación y que puede representar grandes retornos.
Por último, se piensa que el peso se ha devaluado por la decisión de Fitch. Pero en realidad, nuestra moneda ha mostrado un comportamiento más en línea con el Índice Dólar DXY, es decir, el comportamiento del dólar a nivel mundial, que ha venido subiendo.
¿Qué sigue?
Por supuesto, es mejor tener el grado de inversión que no tenerlo. La última vez que Colombia perdió el grado de inversión fue en 1999 y tardó 12 años de ajustes y refuerzos (hasta 2011) para recuperarlo. Seguramente, esta vez se podrá recuperar en un periodo más corto.
Debemos centrar nuestras energías en las reformas para superar esta crisis, pero no solo pensando en la calificación, sino en la construcción de una economía sostenible y una sociedad estable y fortalecida. Por eso, no basta con hacer correcciones ante las dificultades; necesitamos planes de acción para los momentos de bonanza, cuando solemos olvidar la disciplina.
La primera prueba de nuestra voluntad de cambio será la reforma tributaria. Es importante que este proyecto vaya más allá de los problemas inmediatos, que invite a que todos aportemos en proporción a nuestras capacidades y que cumpla con los principios de progresividad y eficiencia.
Si bien tenemos mucho que agradecer a las materias primas y aunque los precios actuales del petróleo son una gran noticia para la recuperación económica, es fundamental que nuestro modelo económico apueste agresivamente por una mayor diversificación. Solo así se podrá reducir la dependencia de los ciclos en materias primas y aumentar nuestro margen de maniobra.
Perdido el grado de inversión, el problema se resuelve con una economía robusta, que fomente el emprendimiento, que produzca empleo y se diversifique. La buena noticia tras todo esto es que Fitch revisó al alza sus proyecciones de crecimiento económico para Colombia de 4,9 % a 6,3 % en 2021 y 3,8 % en 2022. Pero este crecimiento debe estar acompañado de desarrollo y equidad. Que la estabilidad macroeconómica de la que tanto nos jactamos se traduzca en bienestar para todos los colombianos.
Lo anterior debe ir acompañado de instituciones más cercanas a la gente, que construyan confianza y brinden seguridad. Lo de Fitch y Standard & Poor’s era inevitable. Ahora Colombia debe trabajar por soluciones de largo plazo sin el fantasma del grado de inversión, impulsando la vacunación masiva para acelerar la reactivación económica.