Cuáles son las proyecciones del gobierno, cuál ha sido el impacto social de los subsidios durante la pandemia, de dónde saldrá la plata para cubrir los gastos del Estado. Una mirada al Marco Fiscal de Mediano Plazo
Observatorio Fiscal*
El Marco Fiscal
Este 15 de junio el ministro de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Según mandato legal, este documento contiene las proyecciones y los planes del gobierno en materia macroeconómica y de política fiscal con un horizonte de diez años. El Marco Fiscal se actualiza en junio de cada año.
El documento de este año establece un punto de referencia para saber hacia dónde apuntará la próxima reforma tributaria y cuál es el legado económico que dejará la actual administración.
En esta ocasión, el MFMP se planteó como “una triada de soluciones” que incluye la reducción de la pobreza, la recuperación del empleo y la sostenibilidad fiscal como ejes principales. Según esto, la nueva reforma tributaria y el plan de vacunación serán esenciales para los planes del gobierno en materia macroeconómica para el próximo año y para la planeación de las cuentas públicas a mediano plazo.
Proyecciones optimistas
En primer lugar, se espera “un rebote acelerado del crecimiento” económico durante los próximos años, con un pronóstico del 6 % para este año y un promedio de 3,7 % para los años siguientes.
El gobierno espera que esto ayude a disminuir la pobreza y el desempleo —que se prevé caiga 3,2 puntos porcentuales respecto del índice de 2020 que se ubicó en 15,9 %—.
La inversión extranjera directa aumentaría en 32 %. Esto permitiría financiar tres cuartas partes del déficit del balance fiscal estimado para el presente año, que corresponde al 8,6 % del PIB.
En cuanto al gasto público se estima una necesidad de financiación de 134 billones de pesos para 2021. Las necesidades de financiamiento no aumentaron, pues desde 2020 se optó por la prefinanciación.
Se espera “un rebote acelerado del crecimiento” económico durante los próximos años, con un pronóstico del 6 % para este año y un promedio de 3,7 % para los años siguientes.
Una de las apuestas principales consiste en aumentar los ingresos del Estado con relación al PIB. La meta es pasar del 16,2 % al 17 %. El Marco Fiscal de 2021 incluye en sus cálculos la nueva reforma tributaria, con la cual se esperaría recaudar cerca de 12 billones anuales. Asimismo, se aumentaría el ingreso tributario en alrededor de 14 billones anuales por modernización de la DIAN y “mayor gestión”.
El gobierno se fijó una meta ambiciosa en materia de austeridad, pues espera pasar del 23,2 % al 19,6 % del PIB mediante la reducción de los gastos temporales y el ajuste de la inversión pública.
Subsidios contra la pobreza
Los datos presentados en el Marco Fiscal sobre los efectos de la pandemia son completos, realistas y detallados. Pero presentar datos como la incidencia de pobreza, la pobreza extrema y el efecto de las transferencias monetarias puede dibujar un panorama irreal.
Es innegable que programas como Ingreso Solidario ayudaron a millones de hogares, pero también es cierto que millones más no fueron cobijados por dichos programas: la pobreza aumentó de 35,7 % a 42,5 % entre 2019 y 2020; sin ayudas la pobreza sería del 46,1 %.
Según esto, las transferencias monetarias evitaron 3,6 puntos porcentuales de aumento de la pobreza. Es un logro fundamental que debe reconocerse, pero que estuvo y está lejos de cubrir a toda la población pobre.
Algo parecido sucedió con la población en pobreza extrema que pasó de 9,6 % a 19,8 %.
El Marco Fiscal contiene un panorama retrospectivo, pero allí no detalla por qué en algunos casos se otorgó doble cobertura a las personas beneficiarias de programas como Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, en vez de cubrir a quienes no estaban dentro de dichos programas.
Si bien el documento cuenta cómo se distribuyeron los giros extraordinarios de estas iniciativas (además de la devolución del IVA), no menciona qué pasó con las transferencias que se aprobaron en 2020 para reinsertados, gestores de turismo, artistas y campesinos.
En esa misma línea, es importante tener claridad sobre las fuentes de financiación previstas para iniciativas que, como Ingreso Solidario, podrían volverse permanentes en el marco de la nueva reforma tributaria.
Modificar la regla fiscal
Durante la presentación del Marco Fiscal el ministro de Hacienda entregó algunos detalles de la reforma tributaria que llegará al Congreso el 20 de julio y habló sobre la esperanza de consolidar un “nuevo anclaje fiscal” con una propuesta de regla fiscal que fije metas de deuda a mediano plazo.
Es innegable que programas como Ingreso Solidario ayudaron a millones de hogares, pero también es cierto que millones más no fueron cobijados por dichos programas
Modificar la regla fiscal es una idea que el gobierno viene trabajando. De hecho, el retirado proyecto de reforma tributaria planteaba cambios al respecto. Es posible que con el “anclaje” al que se refirió el ministro se pretenda fijar límites al gasto dentro de los montos anuales.
Uno de los puntos a los que habremos de prestar más atención es saber quién quedará con la responsabilidad de decidir si se cambian las metas prefijadas. El gobierno planteó la posibilidad de dejar el asunto en manos del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda.
¿Vender la casa para pagar arriendos?
Para hacer realidad lo planteado en el Marco Fiscal se necesita más dinero. Vender empresas o partes de la participación estatal en estas (enajenar activos) es una alternativa que el gobierno considera desde 2019. En esa ocasión se cayó la venta de las acciones del Estado en la empresa ISA.
Pero el anhelo del gobierno quedó planteado en el presupuesto general de la nación para este año. Allí se abrió la puerta para obtener 12 billones de pesos mediante la enajenación de activos. Sin embargo, se decidió no contarles a los ciudadanos qué empresas o acciones, ni cuántas, participarían en la transacción.
La participación del Estado en empresas tiene facetas diversas. En algunos casos tiene sentido vender las acciones, por ejemplo cuando se obtienen como parte de pago en los procesos judiciales; más aún cuando esto cuesta tiempo y dinero y no reporta ganancias significativas.
Sin embargo, salir de las empresas que el país ayudó a construir en sectores estratégicos y que sí producen ganancias significativas equivale a vender la casa para pagar un arriendo. Un ejemplo de esta última categoría es el de ISA.
En el Marco Fiscal se señala lo siguiente: “Respecto a ISA (…) se destaca la estabilidad en sus ingresos y capacidad para implementar estrategias de manejo eficiente de gastos. Estos (…) impactaron positivamente sus utilidades en el 2020 (+25,7%), a pesar de la coyuntura generada a nivel nacional como consecuencia de [la] Covid-19”.
El gobierno debería acatar los “criterios recomendados para la determinación de las empresas o participaciones accionarias del Estado estratégicas” establecidos en el documento 3927 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), en especial si se considera que entre este y el próximo año se prevén ventas de activos por hasta 21 billones de pesos.
La venta de activos es una estrategia que permite recaudar dinero rápidamente sin los costos políticos de una reforma tributaria. Pero a mediano plazo puede ocasionar nuevos problemas de financiación para los futuros gobiernos.
Aunque la hoja de ruta quedó trazada, con la reforma tributaria se determinará el rumbo y la velocidad del camino a recorrer. Por ejemplo, dar prioridad al gasto como una alternativa para reducir los gastos de funcionamiento tomará estatus legal.
Por supuesto, el propósito debe ser estabilizar las cuentas públicas, proteger la capacidad adquisitiva de los ciudadanos en un escenario pospandémico y, en especial, concentrarse en robustecer la economía nacional: es indudable que la emergencia la golpeó con fuerza, pero su fragilidad antecede al virus. Ahí está el principal reto a mediano plazo.
