La discusión incómoda sobre la natalidad en Colombia

Las recientes Estadísticas Vitales de DANE ponen la natalidad en el centro del debate público. Pero, más allá de las cifras, el descenso del número de nacimientos esconde realidades sociales complejas que no deberían estar ocurriendo en el país.

Las cifras son claras: la tasa global de fecundidad, que a comienzos del siglo XXI rondaba el nivel de reemplazo (2,1 hijos por mujer), hoy se ubica por debajo de 1,6 hijos por mujer, según investigaciones recientes del Banco de la República. Desde 2018, el número de nacimientos viene descendiendo de manera sostenida y el DANE ha registrado una aceleración del fenómeno a partir de 2022.

¿Es necesariamente un problema el descenso de la natalidad? 

La discusión pública ha tendido a responder que sí. Algunos prevén que el descenso de la tasa de natalidad conllevará al envejecimiento poblacional, lo que amenazaría la sostenibilidad pensional, e incluso prevén que en el futuro habrá escasez de fuerza laboral. 

Estas alertas se basan en la idea de lo que se conoce como el modelo demográfico clásico —el de poblaciones estables, formulado por Lodka—, que muestra cómo una fecundidad por debajo del reemplazo conduce, si se mantiene constante, a una estructura envejecida y eventualmente decreciente. Razonamiento que, desde el punto de vista técnico, es correcto. 

Si bien el modelo de poblaciones estables es una herramienta matemática poderosa, esa formalización convierte la fecundidad en una variable abstracta. Cuenta nacimientos, no distingue si fueron deseados o impuestos. No pregunta por las condiciones sociales bajo las cuales ocurrieron. Y cuando ese modelo se traslada sin mediaciones al debate público, la discusión se desplaza desde los derechos hacia el equilibrio del sistema.

Parte del descenso reciente en la fecundidad colombiana está asociado a transformaciones que, desde cualquier perspectiva de derechos, deberían considerarse avances. La reducción del embarazo adolescente es uno de ellos. Durante décadas, una fracción significativa de nacimientos correspondía a mujeres menores de 19 años. La evidencia internacional y nacional es consistente: la maternidad temprana se asocia a deserción escolar, menores ingresos futuros y mayor vulnerabilidad socioeconómica.

Que actualmente haya menos embarazos adolescentes no es una tragedia demográfica, es un indicador de mayor acceso a educación, información y anticoncepción.

Más contundente aún es el caso del embarazo infantil. En Colombia, todo embarazo en niñas menores de 14 años constituye, jurídicamente, consecuencia de violencia sexual. Durante años, estos nacimientos formaron parte de las estadísticas demográficas sin que se problematizara su origen. Desde la lógica estrictamente numérica, eran “contribuciones” a la tasa de fecundidad. Desde una perspectiva de derechos, eran evidencia de abuso.

Si la caída de los nacimientos incluye una reducción de embarazos forzados llevados a término, ¿deberíamos lamentarlo en nombre del reemplazo generacional? Evitar que cientos de miles de mujeres jóvenes y niñas caigan en ciclos de pobreza por embarazos tempranos y forzados en vez de ser un punto de lamentaciones, debería ser considerado un avance en materia social y de derechos. 

La demografía no es neutra y aún menos cuando entra al debate público. Cuando se habla de “insuficiencia” de nacimientos, el sujeto implícito de la corrección suele ser femenino. Aunque nadie lo diga abiertamente, el mensaje subyacente es claro: las mujeres están teniendo menos hijos de los que el sistema necesita.

Pero la pregunta rara vez se formula en sentido inverso: ¿El sistema está ofreciendo condiciones dignas para que la maternidad sea una opción deseable?

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del DANE (2023), en Colombia las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y al cuidado no remunerado. Esa desigualdad no es anecdótica: tiene efectos directos sobre ingresos, trayectorias laborales y autonomía económica. La literatura económica ha documentado lo que se conoce como “penalización por maternidad”: las mujeres que tienen hijos experimentan reducciones salariales y mayores probabilidades de informalidad o interrupciones laborales. En contraste, la paternidad no genera el mismo castigo estructural.

Es decir, el mercado laboral fue diseñado sobre la figura del trabajador sin responsabilidades de cuidado permanentes. Históricamente, ese trabajador fue hombre. Las mujeres han conquistado el acceso a la educación superior y al empleo remunerado, pero lo han hecho en instituciones que no redistribuyeron el cuidado.

La decisión de postergar o reducir la maternidad no es una anomalía; es una respuesta racional a incentivos estructurales 

Los estudios del Banco de la República muestran que el descenso de la fecundidad está significativamente asociado a un mayor nivel educativo femenino, una mayor participación laboral y con mejores condiciones socioeconómicas del hogar. La edad al primer hijo ha aumentado y el número promedio de hijos ha disminuido. No se trata de un capricho generacional, es el resultado de transformaciones profundas en la posición social de las mujeres.

Sin embargo, el debate público tiende a presentar la fecundidad como si fuera una variable que debe ajustarse para sostener el equilibrio macroeconómico. Se habla de la “crisis” sin hablar de cuidado. Se habla de envejecimiento sin hablar de brechas salariales. Se habla de sostenibilidad fiscal sin hablar de informalidad estructural.

Hablar de natalidad sin hablar de cuidado es un análisis incompleto

La discusión, entonces, se invierte: en lugar de preguntarnos cómo reorganizar el sistema pensional, cómo aumentar la productividad o cómo formalizar el empleo, se sugiere —de manera implícita o explícita— que el problema es que nacen pocos niños.

Este desplazamiento no es inocente. Evalúa la autonomía reproductiva en función de su utilidad económica. Si las mujeres ejercen su derecho a decidir y eso genera una estructura etaria menos favorable para el sistema, la decisión comienza a percibirse como déficit.

Pero el envejecimiento poblacional no se resuelve únicamente con más nacimientos. Existen alternativas: reformas pensionales paramétricas, ampliación de la base de cotizantes mediante formalización laboral, políticas migratorias ordenadas, aumento de la productividad. Todas implican transformaciones institucionales complejas. Señalar la baja natalidad es políticamente más sencillo.

También es importante reconocer que Colombia todavía atraviesa una transición demográfica. El país no ha colapsado demográficamente. La estructura por edades sigue mostrando una proporción importante de población en edad productiva. 

El verdadero desafío no es cuántos nacen, sino qué oportunidades tienen quienes ya están 

Desde una perspectiva de género, la pregunta central no es cómo elevar la tasa de fecundidad, sino cómo garantizar que cada nacimiento sea resultado de una decisión libre, informada y acompañada de condiciones materiales dignas. Eso implica políticas de cuidado universales, licencias parentales corresponsables, infraestructura pública para la primera infancia, servicios de apoyo para personas mayores y cambios culturales que distribuyan el trabajo doméstico.

El modelo de poblaciones estables es útil para entender dinámicas estructurales de largo plazo. Pero cuando se convierte en marco normativo exclusivo, corre el riesgo de despolitizar la reproducción. Cuenta nacimientos, pero no cuenta desigualdades. Proyecta pirámides, pero no examina relaciones de poder.

La caída de la natalidad en Colombia no debe ni puede leerse únicamente como una amenaza, es un fenómeno que se explica como un indicador de mayor autonomía de las mujeres, de una disminución de los embarazos adolescentes, de mayor protección a las niñas y menos tolerancia social frente al abuso sexual, y de decisiones reproductivas más planificadas que intenten mitigar los impactos de la penalización por maternidad.

Si el precio de sostener un sistema económico es cuestionar esa autonomía y todos estos avances en materia de mejora de las condiciones de vida de las mujeres en el país, la discusión no es demográfica, es ética y política. 

Quizás el verdadero problema no sea que nazcan menos niños, sino que seguimos esperando que las mujeres sostengan con su maternidad, sea deseada o forzada, un modelo institucional que nunca fue diseñado pensando en ellas.

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