Las exigencias para la universidad aumentan, pero desde hace 25 años el presupuesto está prácticamente congelado. ¿Será que el presidente Duque cumple su promesa de atención prioritaria a la educación, la ciencia y la tecnología?
Myriam Henao Willes*
Las universidades públicas en crisis
El próximo 10 de octubre, los estudiantes y profesores de distintas universidades se movilizarán para denunciar la falta de financiación de las universidades públicas.
La movilización ha sido convocada por distintos sectores políticos, y también participarán de ella la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y el sindicato del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Se trata de un tema de gran importancia, primero, porque la educación permite a los individuos desarrollar plenamente su potencial humano, científico y cultural. Y segundo, porque la falta de apoyo estatal a la educación pública tiene graves implicaciones sociales, económicas y políticas, a pesar de que estas universidades en gran medida se han construido con sus propios esfuerzos.
Una de las causas más claras de la crisis de las universidades públicas fue el programa Ser Pilo Paga (SPP). Bajo el pretexto de aumentar la equidad del sistema, el SPP fue apenas una vía para transferir los dineros públicos a las universidades privadas. Y sin embargo, como bien lo advirtió Julián de Zubiría en Razón Pública, una vez acabado el SPP existe el riesgo de que las universidades públicas se queden “sin el pan y sin el queso”, es decir, que los ochocientos mil millones de pesos que se destinaban al programa no vayan para la educación, sino para otros sectores.
Esta sospecha no es descabellada: en tiempos de austeridad fiscal, el gobierno del presidente Duque aumentó el presupuesto para el sector Defensa en más del 50 por ciento con relación al año pasado.
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Un problema que se agrava
 Marcha 7 de abril Foto: Wikipedia |
Pero la falta de financiación para las universidades públicas no es un problema tan reciente como puede parecer.
Según la Ley 30 de 1992 el presupuesto para las universidades públicas debería reajustarse cada año con la tasa de inflación, es decir con el Índice de Precios del Consumidor (IPC). Esto implica por supuesto que las universidades públicas no disponen de recursos para mejor sus servicios, aumentar la planta de profesores o construir nuevas instalaciones. Por eso, ¡desde hace 26 años!, las universidades han tenido grandes dificultades para desarrollar nuevos programas o cumplir con las metas programadas.
Este tipo de leyes demuestran que la educación pública no ha recibido la atención que merece ni ha sido una prioridad de los gobiernos sucesivos. Esto a pesar de las buenas intenciones de la Constitución de 1991, que trató de promover la educación superior al otorgarles mayor autonomía a las universidades, al disponer el desarrollo de sistemas de acreditación e información o al promover la internacionalización, entre otras medidas de fomento.
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Sin ciencia y tecnología
La universidad estatal ha sufrido el deterioro de lo público en Colombia. En el imaginario que hoy predomina en nuestra sociedad no se valoran los bienes públicos, los ciudadanos no nos sentimos dueños de lo público ni nos sentimos obligados a cuidar de lo público, de manera que en lugar de ellos irrespetamos, manipulamos, escondemos, despilfarramos o nos apropiamos indebidamente de lo que es público. Y los primeros en tener esta actitud son los propios funcionarios elegidos para defender el patrimonio público.
Por eso, además de descuidar la educación superior, los gobiernos le han dado la espalda al desarrollo científico y tecnológico del país, y en especial al que debería tener lugar dentro de las universidades del Estado. Los últimos cuatro gobiernos no han estado interesados en financiar adecuadamente el Instituto Colombiano de Desarrollo Científico y Tecnológico (Colciencias), organismo asesor del Gobierno nacional y fuente básica de recursos para que las universidades puedan llevar adelante sus proyectos de carácter científico y tecnológico.
Colciencias fue creado en 1968 y a partir de los años ochenta comenzó a utilizar recursos de crédito internacional, de manera que se había constituido en el motor de los avances que, aunque comparativamente modestos, pudo lograr el país durante varias décadas.
Una presión más para lo público
 Universidad de Antioquia Foto: Wikimedia Commons |
Aunque el Estado no aumenta el flujo de recursos, sí aumenta la presión sobre las universidades oficiales al imponer las exigencias del Sistema Nacional de Acreditación, entre otras:
- Conformar grupos de investigación;
- Publicar artículos en revistas científicas e internacionales;
- Adquirir bases de datos;
- Participar en eventos internacionales;
- Otorgar becas y pasantías;
- Aumentar la planta de profesores con formación doctoral;
- Crear programas de doctorado;
- Construir y dotar laboratorios especializados, y
- Construir infraestructura
La acreditación institucional de las universidades y de sus programas exigida por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) cumple un papel fundamental para elevar la calidad de la educación en el país.
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Como los criterios de acreditación son tan rigurosos, las universidades se ven en la necesidad de acudir a la cooperación internacional, a los convenios interinstitucionales o a la prestación de servicios científicos y tecnológicos para poder financiar las nuevas exigencias. Y esto cuando sus propias políticas de mejoramiento no les implique ir más allá de los estándares del CNA.
Por último cabe preguntarse: ¿por qué la educación superior pública no tiene prioridad en los planes nacionales de desarrollo? ¿Por qué no tiene presencia en los altos niveles de decisión nacional?
¿Cómo pedirle al ministerio de Educación —cuyos gestores no suelen provenir del mundo de la educación— que defina las políticas para el avance académico, profesional, científico, tecnológico y cultural del país y de las universidades?
* Magister en Sociología de la Educación, par Académico del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).
