El gobierno colombiano parece muy comprometido a defender a San Andrés ante la Corte Internacional de Justicia, pero no parece igual cuando se trata de ejercer una soberanía plena sobre el archipiélago.
Mauricio Jaramillo Jassir*
La defensa de Colombia
El pasado 22 de septiembre Colombia presentó la primera ronda de alegatos orales ante la corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ), con ocasión de la demanda interpuesta por Nicaragua en noviembre de 2013.
Es importante recordar que actualmente Nicaragua tiene dos demandas contra Colombia: la primera, por la delimitación de la plataforma continental y, la segunda, por la supuesta violación de derechos soberanos y espacios marítimos después del fallo de 2012. La defensa que Colombia está presentando ahora se refiere a esta segunda demanda.
Por tanto, el propósito actual de las audiencias orales en la CIJ no es delimitar las fronteras o afectar la unidad territorial del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La Corte no va a entregarle más territorio a Nicaragua.
¿Cuál es el riesgo?
Entonces, ¿Colombia no tiene nada que perder? Esta pregunta debe revisarse con cuidado porque pone de presente
uno de los sesgos principales en nuestra manera de abordar la disputa con Nicaragua: pensar que la delimitación marítima es un asunto puramente jurídico y reducir la defensa de San Andrés al propósito de “ganar” en la CIJ.
En el plano jurídico, Colombia ganaría la defensa de San Andrés cuando la CIJ:
- Niegue la demanda contra Colombia por supuestas violaciones de los derechos soberanos y espacios marítimos nicaragüenses,
- Acepte la demanda contra Nicaragua por violaciones de los derechos soberanos y espacios marítimos colombianos, y
- Descarte la delimitación de la plataforma continental extendida que está exigiendo Nicaragua (en su primera demanda).
No obstante, estos puntos no resuelven el problema de fondo. La diligencia del gobierno colombiano ante la Corte más bien pone de presente que San Andrés solamente se considera valioso cuando Nicaragua nos amenaza con sus reclamos.
La ausencia del Estado
Aunque sería un alivio que la CIJ exima de responsabilidad a Colombia, esta decisión no exime de responsabilidad al Estado por su ausencia en el archipiélago.
Según datos del DANE, el índice de necesidades básicas insatisfechas en San Andrés es de un casi 20%. Gran parte de la población del archipiélago carece de vivienda, educación, servicios públicos o independencia económica. Por eso el dirigente raizal Kent Francis James advirtió en la Corte sobre la enorme vulnerabilidad de esta población y la necesidad de defender sus derechos relacionados con la pesca y el acceso al mar sin restricciones.
James sostuvo en la audiencia que “el mar es un espacio vital para los raizales, una ruta comercial para los pueblos criollos. Es su patrimonio económico y su patrimonio cultural. […] Además, los raizales son pescadores artesanales que usan técnicas amigables con el medio ambiente”.
La voz de los raizales
Después de 20 años de litigio con Nicaragua es la primera vez que un líder raizal colombiano presenta argumentos ante la Corte.
Esta reacción tardía confirma el externo centralismo de la política exterior colombiana. El Estado maneja las fronteras desde Bogotá y los centros de poder regional sin advertir las condiciones particulares de estos territorios. Y, sin embargo, para resolver los problemas de región, hay que tener en cuenta la opinión de las autoridades locales y los líderes subnacionales que representan distintos intereses.
El proceso de descentralización en Colombia lleva más de tres décadas, pero se ha reducido a transferir competencias del nivel nacional a los departamentos y municipios. La descentralización exige una cultura política con tratamiento diferenciado en todo el territorio, en especial aquellos más afectados por la pobreza, la violencia, las migraciones (regulares como irregulares) o la debilidad de las instituciones.
Por eso es un error reducir la discusión actual a lo que Colombia tiene que perder ante la CIJ. La pregunta esencial radica en la manera como vamos a ejercer una soberanía plena sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Más que la pérdida de mar territorial que nos produjo el fallo del 2012, el problema de Colombia es no entender que el futuro del archipiélago no se va a resolver en La Haya sino en el territorio sanandresano.
Aciertos y desaciertos
El Gobierno tuvo el acierto de mantener en el equipo de defensa a Carlos Gustavo Arrieta y a Manuel José Cepeda, quienes a su vez han mantenido una misma línea discursiva desde que Nicaragua presentó las nuevas demandas. Su defensa ante la CIJ ha consistido ante todo en señalar las acciones de Nicaragua que han vulnerado los derechos de algunos grupos de población de San Andrés.
Por otra parte, el fallo que la CIJ seguramente emitirá el próximo no tendrá un impacto comparable con el del fallo de 2012. La controversia actual no se refiere a la soberanía territorial ni a las áreas de jurisdicción marítima.
Por eso es el momento de empezar a adoptar una política exterior distinta. Urge revivir la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores donde tengan voz los miembros del Congreso y los expresidentes con experiencia en la negociación con Nicaragua.
Las propuestas y controversias por redes sociales no ayudan a este propósito. Es nocivo, por ejemplo, que el expresidente Uribe reviva la controversia por medio de un trino y antes de las audiencias en curso: “En 2018 el presidente Duque propuso una consulta popular para ratificar el Meridiano 82 como límite integral. Debería realizarse. Es mejor tener 40 años de tensiones diplomáticas que entregar el mar. Siempre se ha permitido la pesca artesanal de personas de Nicaragua”, trinó el exmandatario en Twitter.
Este trino es confuso y contradice la tesis del propio Uribe quien, como presidente, en 2008 le aseguró a Daniel Ortega que Colombia respetaría el fallo de la CIJ.
Es más: en repetidas ocasiones el Centro Democráticos se ha pronunciado contra la aplicación del fallo de 2012.
Por eso es necesario que el gobierno cuente con los estudios sobre los efectos de la eventual decisión de la Corte y negocie los consensos para evitar más confusiones. Necesitamos claridad, no apenas declaraciones.
Discurso nacionalista
La historia de desacatos en otros países no favorece el discurso del partido de gobierno. En 1977 el tribunal de arbitramiento (compuesto por algunos magistrados de la CIJ) falló contra Argentina en la disputa de las islas Picton, Nueva y Lennox. Aunque los militares argentinos rechazaron el fallo, al final tuvieron que aplicarlo.
Algo parecido ocurrió en la disputa de Nigeria con Camerún por la península de Bakassi. Al principio el gobierno nigeriano rechazó la delimitación de la CIJ, pero al final el presidente Olesegun Obasanjo lo aceptó.
Cada caso es distinto y, como han afirmado algunos internacionalistas, la disputa entre Colombia y Nicaragua es complicada e incomparable. Aun así, estos antecedentes deben revisarse.
El gobierno, y en especial su partido, debe considerar los riesgos de agitar la bandera del nacionalismo en las relaciones exteriores. Si Colombia acepta que la diplomacia dependa de la sintonía ideológica, asomarán sin remedio y de forma constante tensiones fronterizas.
Las consecuencias de esta actitud las pagarán los sanandresanos que viven y trabajan en la zona de disputa. Sí no se hace un cambio, San Andrés seguirá atrapada en las tensiones geopolíticas entre los dos Estados.
Lo que queda para Duque
Los estragos del Huracán Iota mostraron la poca voluntad del gobierno de proteger la soberanía sobre el archipiélago. Además, esta defensa no se debe hacer frente a la CIJ, sino frente a los colombianos damnificados.
Parece que el archipiélago cobra valor frente a las disputas geopolíticas de Nicaragua, pero no para cumplir los deberes constitucionales del Estado colombiano. Lamentablemente, las declaraciones ambiguas y contradictorias sobre la reconstrucción de San Andrés no contradicen esta perspectiva.
Queda menos de un año para que Iván Duque convoque a todos los sectores implicados para preparar una negociación que evite más tensiones que afecten los derechos de los sanandresanos.
