La cura no puede ser peor que la enfermedad | Reforma a la Salud
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La cura no puede ser peor que la enfermedad

Escrito por Carlos Acero Castellanos

Esta semana avanzó la Reforma a la Salud en el segundo debate en la Cámara de Representantes. Si bien la iniciativa logra el loable y ético propósito de eliminar la intermediación de los recursos de la salud por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), el modelo de gestión financiera con el que se reemplaza la intermediación no es robusto.

Desmontar la intermediación financiera implica desmontar un grueso nudo del neoliberalismo en salud. Ese nudo les permite a las EPS negar servicios, tratamientos y medicinas para reducir el gasto: aumentar sus utilidades a costa de recursos públicos y del acceso a la salud de la gente.

Este cruel diagnóstico está soportado en las estadísticas. Según los datos de la Defensoría del Pueblo, en 2022 se presentaron más de 92 mil tutelas para que se garantizaran servicios médicos. El derecho a la salud es el segundo derecho fundamental más rogado por esta vía y se solicita en 1 de cada 4 tutelas interpuestas por las y los colombianos. Además, el 77% de entidades demandadas por la vulneración del derecho fueron las EPS.

En materia de reclamaciones Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) en 2009 la Superintendencia Nacional de Salud recibió más de 7 mil reclamaciones, mientras que en 2021 fueron casi 1 millón de reclamaciones, 13.400 % de incremento.

La cura al mal de la intermediación pasa por el fortalecimiento de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social -ADRES-, entidad que, según el texto de la Reforma, se encargará de realizar todos los pagos de servicios de salud, y que al ser pública no tiene incentivo para obtener utilidades por realizar tal operación.

La solución contemplada no deja de ser un hipotético, y preocupa que la ADRES tendrá que asumir labores adicionales de fiscalización y contratación (no sólo el pago) de los servicios. La ilusión se desnuda cuando se revisan los números de la propuesta de fortalecimiento.

La ADRES cuenta con casi 600 funcionarios, entre planta y contratistas, para realizar pagos a prestadores de salud del régimen subsidiado y algunos casos especiales del régimen contributivo. Con la Reforma, esta entidad tendrá que pasar a realizar todos los pagos del sistema, realizar la fiscalización de las facturas y la contratación de los servicios de salud en todo el territorio nacional.

El anexo 3 del texto no explica cuántos funcionarios y presupuesto se requieren para que la ADRES pueda asumir los pagos que actualmente no realiza, tampoco contempla quiénes y a qué costos cumplirían con los más de 8 millones de procesos contractuales que hoy realizan las EPS.

El mismo anexo 3 sí estima que para cumplir con la labor fiscalizadora, la ADRES tendría que contratar entre 5 mil y 30 mil funcionarios para revisar facturas. El costo anual de ese fortalecimiento sería de entre 1,01 y 3,07 billones por año, empezando en 2024.

Pero el presupuesto que presentó el Ministerio de Hacienda para salud del próximo año no contempla los 1 o 3 billones de pesos para fortalecer la ADRES. Dato no menor que revela que el Gobierno sería el primer responsable de incumplir con su propia reforma, con el agravante de que al incumplir con el fortalecimiento de la ADRES se pondría en riesgo de inoperabilidad al sistema de salud.

Semejante suerte le depara a la construcción de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) necesarios para la asistencia esencial en salud. Según los datos del Ministerio de Salud, estos CAPS requieren inversiones de 9 billones de pesos en los próximos nueve años. Pero las transferencias necesarias no han sido asignadas en el presupuesto de la siguiente vigencia, por lo que su construcción tardará más de lo propuesto o no se realizará, defraudando especialmente a las regiones periféricas del país.

El escenario propuesto crea un caldo de cultivo propicio para que los lugares comunes del neoliberalismo cundan. “Que el Estado no sabe administrar” o “que el Estado es ineficiente”. Ocurriría algo semejante a lo que vivimos con el fracasado modelo exprés de desprivatización de las basuras en Bogotá durante la alcaldía de Petro.

Estas preocupaciones no se dirigen a coadyuvar a quienes niegan la crisis del modelo de las EPS y quieren hundir la Reforma a como dé lugar. Por el contrario, lo que buscan es convencer al Gobierno de que para derrotar al neoliberalismo en salud urge tener un periodo de transición y fuentes de financiación realistas para lograr el objetivo ético de fortalecer a la entidad pública que reemplace la intermediación financiera.

Adenda: Palestina lleva 75 años sometida a la persecución y al exterminio de parte del Estado de Israel. Condenar a Hamás es imperativo, pero no puede servir de escudo para esconder la infamia a la que se ha sometido al pueblo palestino.

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2 Comentarios

Juliana Gonzalez octubre 12, 2023 - 9:00 pm

Totalmente de acuerdo, es esencial empezar a solucionar las principales problemáticas que tienen las EPS, para lograr una transición adecuada y controlada, con el fin de disminuir y no aumentar los problemas, para no perjudicar al pueblo colombiano.

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Doris Amparo Sandoval Reyes noviembre 23, 2023 - 11:11 am

Carlos, sería viable de forma decidida y contundente eliminar la intervención de las EPS en el manejo de los dineros de la salud y que se les pague (haciendo un estudio serio de los gastos que implica el trabajo de administración y gestión que hoy hacen), justamente por lo que hoy tienen organizado y gestionan? Para éso se requiere reforma? Y es importante también implementar el enfoque preventivo de la atención médica y ampliarlo a las zonas del país (, Colombia profunda), que hoy carecen de hospitales o clínicas en todos sus niveles? Éso también implica REFORMA a la SALUD?

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