La cuarta fue la vencida: el regreso del fujimorismo al gobierno en Perú

Encontrar algunas claves para esta cuestión requiere una lectura no coyuntural que ubique en el tiempo la capacidad adaptativa de esta extraña forma de acumulación de poder en América Latina.

Perder es cuestión de método 

La izquierda ha gobernado el Perú con ropajes y matices ideológicos distintos. La variante nacionalista, a inicios de 2011, era cuarta en las encuestas y terminó ganando la Presidencia en abril de ese año con Ollanta Humala, lo que significaría la primera derrota de Keiko Fujimori. Para el mismo mes, pero del año 2021, Pedro Castillo, un profesor y sindicalista afiliado a la izquierda del partido Perú Libre, alcanzó la Presidencia luego del primer ciclo de crisis presidenciales que se inició con la caída de Pedro Pablo Kuczynski. 

En esta última elección, Juntos por el Perú, también de izquierda, logró pasar a la segunda vuelta con Roberto Sánchez, derrotando a la opción más extremista de la derecha, encarnada por Rafael López Aliaga de Renovación Popular. 

En todos estos años hubo variantes de la izquierda, alternancia con la opción neoliberal de Kucynski en 2016, ampliación del número de partidos políticos hasta la fragmentación de un sistema que alcanzó 38 agrupaciones en la última elección, y en todo esto lo único permanente fueron las derrotas de Keiko Fujimori: ¿Cómo se puede explicar que, pese al permanente rechazo, el fujimorismo sea el fenómeno político más estable y duradero de la historia reciente de Perú? 

Encontrar algunas claves para esta pregunta requiere una lectura no coyuntural que ubique en el tiempo la capacidad adaptativa de esta extraña forma de acumulación de poder en América Latina.     

El fujimorismo en el túnel del tiempo 

El Comercio, en su editorial del 2 de enero de 1990, señalaba que “(…) a partir de julio de este año, Perú será gobernado por un régimen radicalmente distinto al actual y ello, entiéndase bien, no se refiere exclusivamente a personas, aunque, desde luego, los cambios deben empezar en ese aspecto, sino, fundamentalmente, a planteamientos y criterios de gobierno”. 

Nadie, por entonces, imaginaba que ese cambio llegaría a bordo de un tractor conducido por el rector de la Universidad Agraria La Molina, Alberto Fujimori Fujimori. Hasta entonces, el ingeniero había tenido como única visibilidad pública la conducción del programa Concertando, una franja de televisión que le entregó el presidente Alan García (1985-1990) tras ser su asesor en temas agrarios. 

Con la fórmula “honradez, tecnología y trabajo” y Cambio 90, un partido político creado a la medida, Fujimori ganó la Presidencia a Mario Vargas Llosa en un contexto de hiperinflación acumulada en la década de los ochenta, el recrudecimiento de la violencia política en manos de Sendero Luminoso y el MRTA, y el desprestigio de los partidos políticos que había dado sus primeras luces con la elección del por entonces independiente Ricardo Belmont a la Alcaldía de Lima en las elecciones municipales de noviembre de 1989. 

El fujimorismo nació como expresión de la antipolítica y hoy es la más institucionalizada de sus manifestaciones. Apoyado por comunidades evangélicas que fungieron como agentes de campaña en las barriadas populares de Lima, su figura emergió como expresión contraria a la política organizada y, siendo un outsider, ganó la presidencia para construir un régimen que aplicó el neoliberalismo que prometió la campaña contraria y la violencia ejercida desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) dirigida por Vladimiro Montesinos.  

Respaldos mayoritarios en la opinión pública que se sustentaban en un contexto de crisis económica, la ofensiva violenta de Sendero Luminoso con ataques terroristas sobre Lima, y una incapacidad de los partidos políticos para reorganizarse después de la derrota permitieron a Fujimori el autogolpe de abril de 1992 que cerró el Congreso, intervino el poder judicial y la prensa con el respaldo de las Fuerzas Armadas, situación que consolidó el autoritarismo con otro golpe, esta vez de suerte: la captura de Abimael Guzmán Reynoso, líder de Sendero Luminoso, en septiembre de ese mismo año. 

El fujimorismo como régimen concentró el poder, personalizó el aparataje estatal bajo su figura, el SIN, las Fuerzas Armadas, y acudió a la violencia de manera deliberada para controlar la oposición y ordenar el sistema político bajo la nueva Constitución de 1993, que estableció el libre mercado y restringió la ciudadanía mediante derechos que dejaron de ser garantizados, particularmente la educación, lo que permitió la proliferación de instituciones privadas de educación superior y dejó como marca las víctimas de esterilizaciones forzadas como legado autoritario de los noventa. 

El ocaso de este régimen se produjo a principios del nuevo milenio, cuando la campaña electoral en el año 2000 para una segunda reelección fue cuestionada, el fraude se hizo evidente y desató la movilización social, y la corrupción que había permeado las instituciones se hizo pública a través de los “vladivideos” en los que se observa a Montesinos sobornando congresistas. 

El 13 de noviembre de 2000, en medio de una profunda crisis política, Alberto Fujimori salió del país, aún sin renunciar. Desde el exilio, el fujimorismo inició otra etapa de su historia que puede dividirse en dos momentos, según Adriana Urrutia: 2001-2006, los años del retraimiento, y 2006-2011, la reorganización y la contienda electoral nuevamente.  

Paradójicamente, el exilio de Alberto Fujimori permitió avanzar en la construcción del fujimorismo como partido político. En la década anterior, Cambio 90 en 1990, Cambio 90-Nueva Mayoría en 1995 y Perú 2000, a inicios del nuevo milenio, antes de que los partidos políticos fueran instrumentos temporales y logísticos para las elecciones. 

En el exilio, la organización partidaria surgió gracias a una militancia capaz de construir una identidad y una estructura organizativa. Las bases de esta se anclaban en un reconocimiento común como personas estigmatizadas y una memoria compartida de lo que consideraban que eran las virtudes de los gobiernos de los noventa: lucha contra el terrorismo, apoyo a los sectores populares, ser lo contrario a los políticos tradicionales, y la salida de la crisis económica.

A lo anterior se sumó una estrategia comunicativa que consistió en presentar a sus principales líderes, en particular a Keiko Fujimori, como personas técnicas antes que políticas y distanciadas de lo que se consideraba una conducta individual de Montesinos, lo que alejaba a este de lo que se consideraba el legado de los noventa. Con estos elementos fue capaz de reconstruirse el fujimorismo para su llegada al Congreso en 2006, y de nuevo a la campaña presidencial en 2011, momento en el que se consolidó esta estructura partidaria en Fuerza Popular hasta hoy. 

La segunda vuelta 

La segunda vuelta comenzó en medio de fuertes cuestionamientos sobre la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), debido a las dificultades que pusieron en riesgo la primera vuelta el pasado 12 de abril: actas no distribuidas que obligaron a la ampliación de la jornada electoral un día más, y las dudas sobre la capacidad de la autoridad electoral para garantizar resultados transparentes, lo que llevó a la renuncia de Piero Corvetto como jefe de esta institución.  

Poner en duda la capacidad de quienes administran una jornada electoral es equivalente a cuestionar uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostienen la democracia, la legitimidad de sus resultados y la confianza en las instituciones. Una estrategia a la que recurrieron sectores de la derecha en Perú para minar la democracia liberal y mantener la movilización ciudadana a través de la zozobra y la indignación, alimentadas por la incertidumbre sobre los resultados. 

Las campañas electorales en el mundo recurren cada vez más a desatar marcos emocionales en la ciudadanía a través de la comunicación digital. Byung-Chul Han denominó “capitalismo de las emociones” esta particular etapa de la humanidad. Bajo este, la ciudadanía se convierte en espectador al tomar la forma de cliente que espera satisfacción inmediata a reclamaciones identificadas mediante datos que este mismo suministra en cada clic en sus redes sociales, y cuya información es usada de manera masiva para identificar preferencias y miedos que estimulan emociones que buscan moldear la opinión pública.   

El miedo como emoción puede identificarse en la encuesta Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En el sondeo del pasado mayo, además de registrar el 36% de intención de voto por Keiko Fujimori sobre el 30% por Roberto Sánchez, en donde la distribución geográfica ya advertía que Lima y el centro eran zonas fuertes del fujimorismo, puede observarse que las razones mayoritarias para votar por Keiko se encuentran en: no gane la izquierda/comunismo, el mal menor, y que no salga elegido Sánchez, con el 32% en suma, porcentaje que desplazó de los primeros lugares a la condición de mujer, tercero en las elecciones de 2021, y elevó el porcentaje de quienes se identifican por el legado de su padre del 5% al 11%. 

Las mayores tensiones en esta etapa de la campaña se registraron en la entrevista en donde Miguel Ángel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular de Fujimori, señaló que el Congreso, el Ministerio público y medios de comunicación formaron una “suma de esfuerzos” para sacar a Pedro Castillo del Gobierno, y el debate televisado que legalmente debe efectuarse, en donde abordaron temas de seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y DD. HH., educación y salud, y economía, empleo, pobreza. 

La fórmula de Roberto Sánchez 

Nacido en 1969 en Huaral, en el centro del Perú, Roberto Helbert Sánchez Palomino es psicólogo graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad pública más importante de este país andino, y presidente de Juntos por el Perú desde 2017, cuando se conformó esta coalición de partidos de izquierda. Congresista para el periodo 2021-2026 y ministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno de Pedro Castillo.    

En las segundas vueltas o balotajes, las dinámicas de campaña tienen patrones de comportamiento similares: atacar las debilidades del rival, moverse al centro del espectro político para atraer sectores del electorado que se quedaron sin opción luego de la primera vuelta, y la búsqueda de alianzas para generar consensos de ancha base que les permitan ganar y tener márgenes aceptables de gobernabilidad.

De las dos fórmulas, fue Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien mejor siguió este esquema: realizó fuertes ataques durante el debate televisado del 31 de mayo, incorporó propuestas que plantearon sectores de la derecha para recoger las demandas de la opinión pública, y conformó una coalición de partidos antes que de personalidades individuales.

La coalición estuvo conformada por los partidos políticos Ahora Nación, Alianza Electoral Venceremos, Partido Cívico Obras, Primero la Gente y Plataforma por la Democracia, con un equipo técnico de 124 integrantes que dio prioridad a la desigualdad, la criminalidad y el abuso del poder como problemas, y construyó de manera conjunta un documento de plan de gobierno (2026-2031).

En un sistema de partidos de alta fragmentación como el del Perú, con 35 organizaciones en contienda en la primera vuelta, lograr eventuales uniones, por pequeñas que parezcan, envía un mensaje de concertación que seduce a sectores urbanos del electorado que tenían una visión de amenaza hacia Sánchez. 

El desplazamiento hacia el centro lo realizó atendiendo algunas de las mayores exigencias de amplios sectores de la opinión pública. Entre la agenda de la movilización social contra Dina Boluarte (2022-2025) se encontraba la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, algo que recoge el documento programático de unidad a través de la posibilidad de una reforma integral o mecanismo participativo para convocar una asamblea constituyente; la derogación de las leyes denominadas procrimen, que se consideran una de las causas del aumento de la criminalidad organizada; junto con la reforma estructural a la Policía, cinco megacárceles construidas y una agenda social fuerte.    

Voto finish

Aunque el pasado 07 de junio se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, aún no se ha proclamado oficialmente al ganador(a). En Colombia, semanas después, se realizó la segunda vuelta y ya se proclamó: ¿Por qué demoran tanto en el conocimiento efectivo de los resultados? 

A diferencia de Colombia, en el Perú no existe un preconteo, mecanismo que permite conocer, aunque sea de forma preliminar, los resultados de manera rápida. En este país andino, quienes muestran de manera pública algunas cifras preliminares son las encuestadoras con sondeos a boca de urna y muestreos con universos limitados de actas, mecanismos con los que construyen escenarios posibles e hipotéticos, pero no necesariamente ciertos y menos aún definitivos. 

Además, en el Perú los resultados se registran lentamente debido a las denominadas “actas observadas”. Estas son aquellas que no pueden ser procesadas de manera pronta debido a que presentan errores de escritura, equivocaciones en los números consignados o inconsistencias de otro orden y que exigen su revisión individual con un procedimiento que incluye cinco pasos, los cuales pueden tomar hasta tres días, uno a uno. En esta segunda vuelta se observaron 1.661 actas, lo que representa el 1,79% del total de 92.766 actas procesadas.

En un proceso electoral tan reñido, cada acta observada cobra relevancia. En comparación con la elección en la que resultó vencedor Pedro Castillo, la brecha porcentual entre ambas candidaturas se redujo aún más: 0,24% en esta elección, frente al 0,35% en 2021. Sin embargo, en términos globales se registra el mismo número de departamentos para el Fujimorismo y la izquierda: Castillo obtuvo la mayor votación en 16 departamentos, frente a 8 de Keiko Fujimori, situación que se registró en igual proporción en esta elección en la que enfrentó a Roberto Sánchez. 

A nivel nacional en el Perú, Sánchez obtiene 32.385 votos más que su inmediata rival; sin embargo, en la votación en el extranjero, 81.629 votos le otorgan a Fujimori la ventaja. En el global, 49.244 votos le dan la presidencia a Keiko Fujimori en un fenómeno poco usual: obtiene la presidencia gracias al voto de peruanos en el extranjero. La ciudadanía transnacional le otorga la posibilidad al Fujimorismo de retornar al poder en su cuarto intento, y gracias a una evolución del padrón electoral en el extranjero que en 1980 representaba el 0,6%, y en la actualidad es el 4,4%, con 1.210.813 electores.

La lentitud en la obtención de los resultados definitivos también tiene efectos políticos y sociales. Con el paso de las semanas, se ha producido una suerte de adormecimiento y cierta aceptación que intentó resistir con una movilización Roberto Sánchez el pasado 19 de junio, el pedido de nulidad del proceso electoral, y en días recientes el anuncio de que no reconocerá los resultados. 

Ganar las elecciones le permitirá al Fujimorismo ser gobierno, poder ya tenía gracias a la presencia en el Congreso de la República que le permitió bloquear el gobierno de Castillo, y el copamiento del tribunal de justicia, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, una práctica que también explica la continuidad de la más estable de las expresiones políticas en el Perú contemporáneo. 

El Fujimorismo obtuvo 22 escaños en el Senado y, junto con 8 de Renovación Popular, la derecha será la mitad de esta corporación. En la Cámara de Diputados, por su parte, Fuerza Popular tendrá 41 escaños, junto a 15 de Renovación Popular, en una corporación de 130 diputados. Esta composición del Congreso de la República hará poco probable una vacancia y, en lo inmediato, habrá estabilidad presidencial. No obstante, la sociedad dividida que dejan estas elecciones, el antifujimorismo político y social que se expresa en las urnas, y la resistencia a medidas del nuevo gobierno, pueden desatar la conflictividad social con resultados imprevisibles.   

Le recomendamos: Qué podemos aprender del proceso peruano