La crisis de la justicia: leyes, personalismos e ideologías políticas - Razón Pública
Inicio TemasPolítica y Gobierno La crisis de la justicia: leyes, personalismos e ideologías políticas

La crisis de la justicia: leyes, personalismos e ideologías políticas

Escrito por Jaime Lopera
Tribunales de justicia en Bogotá

Tribunales de justicia en Bogotá

Una tesis incisiva: el problema son los jueces. Aunque se parta del principio de imparcialidad, en la justicia colombiana pesan mucho las personas y sus pasiones políticas. ¿De dónde viene esta tradición y cómo puede combatirse?

Jaime Lopera Gutiérrez*

Importación incompleta  

Sometida la justicia colombiana a tantas críticas procedentes de todas las vertientes, parece oportuno ofrecer una luz diferente sobre la actuación de los jueces y su selección.

Comencemos por una verdad esencial: la justicia es administrada por personas que tienen ideas, emociones, sentimientos, creencias y valores. A partir de esta premisa axiomática es casi imposible garantizar un comportamiento neutral de los funcionarios judiciales y sus decisiones.

Y en Colombia, el sistema judicial es distinto por varias razones. El sistema penal acusatorio lo importamos de Estados Unidos como un modelo de trabajo que se pensaba útil para mejorar la eficiencia de los procesos judiciales en Colombia, y fue una buena tentativa.

Si bien el modelo fue introducido con ajustes no se trasplantó el gran jurado, ni se le dieron facultades a la Fiscalía para dar prioridad a determinados tipos de delitos, entre otras cosas. Pero, dado el grado de conflictividad de la sociedad colombiana, la congestión de expedientes llegó a tal punto que colapsaron los juzgados y, de remate, surgió la fácil solución de que la gente se hiciera justicia por su propia mano.


Juez durante un proceso judicial.
Foto: Oneris Daniel Rico García

El modelo sajón

La escuela del common law, de donde procede el sistema que adoptamos con algunas añadiduras españolas y cierto garantismo que todavía vive, fue concebido con la derivación de que los jueces tienen (como todos los seres humanos) creencias, valores, opiniones y actitudes (filias, fobias, simpatías y antipatías) que definen su percepción del mundo.

Por eso cuando se trata de nombrar magistrados de las altas cortes, los presidentes norteamericanos eligen con cuidado para que ellos encarnen las ideas y principios de su administración, costumbre que ha persistido en ese país dentro de la división de poderes que exige la democracia.

La confirmación de las nominaciones por el Senado de Estados Unidos es justamente un proceso de lenta digestión republicana y suele estar precedido por un amplio debate ante la opinión pública donde los candidatos a la magistratura se someten a un escrutinio de sus opiniones e ideas de tal manera que casi puede conocerse de antemano el tipo de sesgos posibles, doctrinarios o morales, con respecto a los problemas que deberán enfrentar.

La parte más interesante de la división de poderes en todas partes consiste en la independencia del poder judicial, unas de cuyas calves son el modo de nombramientos, la inamovilidad del cargo y la remuneración. De esta manera el gobierno no puede seleccionar jueces “confiables” para encargarlos de casos “delicados”, lo cual ha llevado a que, para estas situaciones, en algunos países se haya usado la práctica de asignar jueces al azar.

El modelo latino

La otra escuela para la elección de los jueces suele ser llamada de la tradición romana, o de derecho civil, muy europea, donde la ideología del juez cuenta menos que el sistema judicial, que está constituido "a prueba de personas".

Como es irrelevante la persona, lo importante es que ella sepa interpretar bien la legislación  vigente casi al pie de la letra. El funcionamiento del sistema en el viejo continente (con todo el cúmulo de sabiduría que se ha producido por milenios) es una labor respetable y formalista en tanto que sea sobresaliente la persona encargada de la función judicial.

El juez aplica la ley pero no la cuestiona dado que su principal opinión se hace al través del fallo, como debe ser. Gracias a este precepto de sujeción a la ley, es mayor la propensión de los jueces a permanecer en su empleo, y la continuidad queda asegurada no obstante los cambios políticos que se sucedan.


Elección de Magistrado de la Corte Constitucional en
la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. 
Foto: Corte Suprema de Justicia

El híbrido colombiano

Digamos que en Colombia vivimos bajo un sistema mixto: un sustrato jurídico muy alto por la abundancia de leyes y jurisprudencias, dada nuestra costumbre de convertir cada problema en una norma legal, y una selección de personal paritaria y politizada (sin mucha apreciación por los méritos) que no garantiza un comportamiento neutral y aséptico de los jueces por su afiliación partidista y por el juego de intereses extrajudiciales que suelen alimentar a los medios de comunicación.

Tras muchos años de “individualismo salvaje”, no hemos podido tener todavía un espacio colaborativo como se puede observar en las recientes pugnas por la Contraloría.

Parecería obvio que el historial de creencias de un juez (o de un alto funcionario como el contralor, el fiscal o el procurador) debería ser investigado por el Congreso de tal modo que se consigan aclarar sus posiciones ideológicas y hasta adivinarse las conclusiones de sus fallos.

Si la inteligencia colectiva de un Congreso pudiera zafarse de las presiones partidistas y optar por los méritos, los fallos de las cortes tendrían otro matiz, no importa que alguno de los jueces quiera lucirse como el héroe de una sentencia o como el protector paternalista de un caso.

Con todo, las opciones que hagan más efectiva la administración de justicia, legalistas o humanistas, dependen de los valores que una sociedad dada declare en el marco de unas instituciones políticas donde ella tenga, como la educación, un lugar sobresaliente en la sociedad.

Las cortes: escenarios del consenso

En línea con la elección de los jueces por sus méritos, otra cosa son la clase de decisiones que las cortes deben tomar periódicamente.

En una cátedra de desarrollo organizacional se me preguntó por qué los grupos colegiados  se complican en la toma de las decisiones, dada la presunción de que ellas son más limpias y más eficaces cuando responden al consenso.

En ese caso se hablaba específicamente del problema que tienen las cortes cuando hacen votaciones interminables, gastando tiempo en organizar la llamada “cacofonía de los egos” que entorpecen el trabajo colectivo, en especial cuando se trata de ejercer su función como nominadoras de otros funcionarios o magistrados.

En esa discusión, no entendían los alumnos mi defensa del consenso y del trabajo en grupo. La lucha por el poder era una primera explicación para señalar la causa de las fricciones que se suceden en los comités o grupos de trabajo del gobierno o de las cortes, pero era una explicación insuficiente.

La justicia es administrada por personas que tienen ideas, emociones, sentimientos, creencias y valores. 

Desde tiempos inmemoriales se ha convenido que la justicia es tan delicada porque toca fibras muy delicadas de los individuos, por lo que se hace necesario un órgano superior para intermediar en las posibles arbitrariedades que se derivan del juicio individual.

Este hecho supone la máxima imparcialidad posible desde que la historia avanzó en buscarla: desde el jefe tribal con el garrote que impone justicia hasta los mandamientos, las normas legales y el arbitraje han sido instituciones ideadas para evitar las arbitrariedades. La justicia por mano propia en las cavernas fue demolida por las civilizaciones mediante las leyes con el objeto de ponerle orden a las injusticias.

El hecho de que las decisiones grupales tengan mayor deliberación, racionalidad y compromiso es consecuencia de la lenta digestión que ellas tienen y la manera como se ventilan y respetan las opiniones diferentes hasta alcanzar un consentimiento.

Como las decisiones de las cortes son de largo alcance (las de corto plazo las toman los administradores de la Rama), deben poseer una alta calidad, y ser casi invulnerables a las malas interpretaciones.

Al final, la gente se las explica por el hecho de que son tomadas por hombres maduros, calificados por su experiencia y en una edad donde las emociones están mitigadas.

Las cortes: escenario de disensos

A pesar de todo, es innegable que los matices políticos influyen sobre las decisiones. La diferencia de criterios entre los administradores y los técnicos dieron al traste con las decisiones japonesas en Pearl Harbour (1941), los norteamericanos en Bahía Cochinos (1961) y en el famoso desastre del Challenger (1986), que fue una lucha soterrada entre los militares y los científicos.

Aunque el contexto es bien diferente de los juicios de las cortes, en estos tres casos fue evidente que las decisiones grupales se fueron al suelo en favor de las pasiones políticas.

Dentro de la estructura institucional de Colombia es evidente que el presidencialismo (por contraste con el sistema parlamentario) se ha venido reforzando durante años – por regla  general en desmedro del Congreso y de las cortes.

El sistema colegiado de las cortes no fue hecho para estimular esa lucha por el poder, sino para alcanzar los consensos que requieren sus decisiones delicadas para toda la nación.  

En tanto que los congresistas suelen aparecer notoriamente subordinados al Palacio de Nariño, las cortes tienden a adoptar posiciones diversas e incluso opuestas según que el Ejecutivo tenga más o menos influencias en el proceso de nominar o elegir los respectivos  magistrados.  

Hay evidencias de la lucha por el poder cuando una rama del Estado pretende subordinar a la otra e imponerle sus condiciones y la otra no se deja; cuando ocurre lo contrario, la obediencia es la palabra correcta para definir dicha conducta.

Sin embargo, la paradoja es que el sistema colegiado de las cortes no fue hecho para estimular esa lucha por el poder, sino para alcanzar los consensos que requieren sus decisiones delicadas para toda la nación.  

Los seres humanos nos enredamos con las fogosidades disfrazadas de razones. Eso nos lleva a concluir que todas las precauciones que se puedan dar con respecto a la influencia de las valoraciones humanas en las situaciones judiciales serán un bálsamo necesario al intento de organizar la justicia colombiana en torno a la ecuanimidad.

*Escritor, ensayista y periodista. Fue jefe del Servicio Civil, hoy Función Pública, y director de la ESAP. Presidente actual de la Academia de Historia del Quindío.

 

Artículos Relacionados

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies