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La COVID-19 y la dependencia tecnológica de Colombia

Escrito por Jaime Acosta
Jaime Acosta

Colombia enfrenta el segundo pico de la pandemia sin capacidad de producir vacunas ni dispositivos para enfrentar el virus. ¿Qué implica esta situación?

Jaime Acosta Puertas*

Dependemos de las importaciones

La industria colombiana no tenía la capacidad tecnológica para enfrentar la pandemia de COVID-19, y los requerimientos de su sistema de salud han tenido que ser cubiertos por las industrias de otros países. La dependencia se ha hecho evidente en todos los eslabones de la cadena de producción e investigación en salud: Colombia no produce equipos, dispositivos, placebos ni vacunas.

Algunas necesidades se han resuelto a través de lo poco que puede producir la industria nacional en elementos de baja sofisticación, pero no en lo que concierne a tecnología de alta complejidad.

La dependencia solo es atenuada por recursos humanos calificados y por un buen sistema hospitalario. Pero eso no cambia lo escandaloso de la situación: la capacidad de respuesta de Colombia está determinada por la oferta de proveedores internacionales, a través de una poderosa red de importadores —algunos nacionales y otros extranjeros, unos buenos y otros tramposos—. Como veremos más adelante, recién ahora se están asumiendo desafíos de mayor envergadura científica y tecnológica, pero tendrán en el poder de los importadores (empresarios y tecnócratas) las mayores barreras.

¿Cuál es el origen de esta dependencia?

La desindustrialización

El proceso de desarrollo de Colombia se ha basado en una lectura equivocada de la teoría de las ventajas comparativas: dado que cada país debe producir donde tiene ventajas, nosotros deberíamos dedicarnos a extraer recursos naturales y a algunas industrias menores. Todos los demás campos, donde supuestamente Colombia no tenía ventajas consolidadas o donde podía crearlas, como las industrias de mayor complejidad tecnológica, quedaron reservadas para las economías avanzadas.

Esta idea se acentuó con la “apertura económica” a partir de los años 90 y por eso, en lugar de seguir expandiéndose, la industria colombiana perdió participación en el PIB, pasando de aportar el 24% a finales de los años 80, al 12% en 2019.

La historia sería distinta si Colombia no le hubiera quitado los dientes al INS: podríamos producir la vacuna y tendríamos una posición más sólida frente a las farmacéuticas.

Así se diluyó la posibilidad de crear un sistema de industrias de salud. Como parte del proceso, el gobierno de Andrés Pastrana negó los recursos para mejorar y ampliar la planta de producción de vacunas del Instituto Nacional de Salud (INS), de manera que Colombia dejó de producir vacunas.

También retrocedió la industria electrónica, cuyos avances anteriores nos habrían servido para producir equipos y dispositivos médicos. La industria de materiales tampoco evolucionó lo suficiente y con la desindustrialización en marcha no podía responder a las exigencias de un sistema avanzado de industrias de salud.

Y en Bogotá, nunca se llevó a cabo el proyecto de Ciudad Salud Región, que en 2012 se pensó como un clúster de servicios, investigación, emprendimiento y recreación en salud de alta complejidad.

Por todo lo anterior, el gobierno nacional y los gobiernos locales no podían hacer nada distinto de castigar a la sociedad y a la economía con una cuarentena eterna, a veces menos severa y a veces abierta.

Debilidad ante las multinacionales

La historia sería distinta si Colombia no le hubiera quitado los dientes al INS, no solo porque podríamos producir la vacuna, sino porque tendríamos una posición más sólida frente a las farmacéuticas.

Probablemente, ya hubiéramos empezado la vacunación, conoceríamos el costo de cada dosis y no existirían tantos secretos. En Brasil, por ejemplo, los institutos de investigación Butantan y Fiocruz les ha permitido a los gobiernos locales de Sao Paulo y Río de Janeiro producir millones de vacunas a partir de alianzas con farmacéuticas como Sinovac de China y AstraZeneca de la India.

Los países desarrollados tienen mecanismos de control de precios y una mejor posición para negociar. En cambio, en los países en desarrollo, las multinacionales ponen los precios que “les da la gana” con la complicidad de los gobiernos.

Para no ir más lejos: mientras que en Colombia un frasco de Cardioaspirina de 81 miligramos de 30 pastillas cuesta cuarenta mil pesos, en Estados Unidos un frasco de 300 pastillas cuesta lo mismo. Ambos producidos por la misma farmacéutica.

Foto: Invima La lentitud de Colombia para superar etapas de investigación y desarrollo, está relacionada con su rezago productivo, dependencia tecnológica, ineficiencia y de pronto corrupción.

Ineficiencia y corrupción

En el caso de equipos y dispositivos como los ventiladores y los kits de pruebas, hoy en el mundo existen muchos proveedores con distintos niveles de confiabilidad.

Pero la disponibilidad de este tipo de productos es por supuesto limitada, y en tiempos de pandemia esos proveedores atienden primero las necesidades de sus países o las de aquellos con los cuales tienen mayores intercambios comerciales, productivos y de investigación. Pero los países que poco o nada producen, como Colombia, se quedan por fuera de los radares de la cooperación internacional y se vuelven absolutamente dependientes.

La lentitud de Colombia para superar las etapas de investigación y desarrollo de este tipo de equipos y dispositivos está relacionada con su rezago productivo, su dependencia tecnológica, su ineficiencia y, posiblemente, su corrupción.

En un día, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos le dio a Pfizer el visto bueno para aplicar la vacuna. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) de Colombia se tomó cinco días en aprobar su adquisición.

Hasta este momento son más de sesenta los países que han comenzado a aplicar la vacuna, mientras que el gobierno de Colombia se diluye entre contradicciones, vaguedades y mentiras.

¿Qué hacer?

Probablemente, este es el peor momento para depender de la generosidad de otros países que tienen los mismos problemas que nosotros y que están buscando sus propias soluciones.

Hasta ahora, la mejor acción en respuesta a la pandemia en Colombia ha sido la Cienciatón—una convocatoria para estimular la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) —y la financiación para dotar laboratorios por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias).

Este proceso ha demostrado que el país sí cuenta con una capacidad de investigación que puede responder a retos mayores. Sin embargo, no hay desarrollo tecnológico inmediato o respuesta instantánea, como ocurre en naciones con culturas de innovación y de investigación más maduras.

Pero este no solo es un asunto de Minciencias, que está haciendo la tarea bien hecha; también es responsabilidad del Ministerio de Salud y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y también de instituciones como el INVIMA y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que deben ser más eficientes en sus procesos y servicios.

Los productos de la Cienciatón y de otros centros de investigación necesitan ser una prioridad del Estado. La política nacional de emprendimiento tiene en esas innovaciones la oportunidad de desarrollar empresas de tecnología.

Son más de sesenta los países que han comenzado a aplicar la vacuna, mientras que el gobierno de Colombia se diluye entre contradicciones

Además, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deben mejorar sustancialmente su relación con las distribuidoras de medicamentos, desarrollar mejores plataformas digitales, introducir procesos innovadores, y calificar a sus trabajadores para humanizar el servicio. El papeleo para reclamar un medicamento es inhumano en días de pandemia.

Los alcaldes de las ciudades capitales deben peatonalizar las zonas de mayor aglomeración comercial, para que las personas caminen por espacios más amplios, y para guardar el debido distanciamiento. En andenes pequeños y con tanto negocio pequeño, el distanciamiento es imposible.

Por último, las campañas pedagógicas deben seguir desestimulando las malas actitudes ciudadanas. Dos ejemplos que viví en carne propia: un taxista me dijo que, si se contagiaba y era asintomático, seguiría trabajando para pagar la cuota del carro. Y un señor que sabía que tenía COVID-19, fue donde una abogada para un trámite de sucesión: le dio la mano, durante la conversación se quitó el tapabocas, y cuando se despidió le volvió a dar la mano. Ella lo permitió y terminó dos meses en el hospital, y él ahora descansa en el cementerio.

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