La cuarentena ha reducido dramáticamente los ingresos de los más vulnerables. La solución inmediata es aumentar las transferencias: ¿cuánto costarían y cómo hacer que lleguen a sus destinatarios?
Roberto Sánchez Torres* y Sergio Chaparro Hernández**
Sin ingresos
Ya han transcurrido más de seis semanas desde que comenzó la cuarentena obligatoria, y en muchos lugares del país siguen apareciendo las banderas rojas que simbolizan un clamor desesperado por ayuda.
No es para menos. Las medidas para evitar que se propague el contagio han tenido efectos económicos devastadores. Uno de los más graves ha sido la pérdida de los ingresos derivados de actividades informales.
El 52% de los ingresos en los hogares pobres de las trece ciudades principales se deriva de actividades informales; en los hogares vulnerables, la cifra alcanza el 40,5%.
Las medidas del gobierno
Para afrontar las consecuencias de la cuarentena, el Gobierno nacional aprobó transferencias monetarias para algunas poblaciones:
- 145.000 pesos adicionales para los beneficiarios de Familias en Acción;
- 356.000 pesos adicionales para los beneficiarios de Jóvenes en Acción;
- 75.000 pesos para un millón de personas, como una devolución del IVA;
- 160.000 pesos de Ingreso Solidario para más de tres millones de familias no cubiertas por otros programas por cada mes de confinamiento.
Pero ¿son suficientes estas medidas para evitar que la pobreza aumente de manera dramática?
Un aumento dramático de la pobreza
Según la proyección que realizamos a partir de la Encuesta Integrada de Hogares, en las 13 ciudades principales la tasa de pobreza pasaría del 18% al 32%, y la pobreza extrema del 4,5% al 16,7%, como consecuencia de la pérdida de ingresos en el sector informal. Eso ultimo quiere decir que una sexta parte de la población pasaría a tener un ingreso tan bajo que ni siquiera sería suficiente para consumir alimentos.
La Gráfica 1 muestra las tasas aproximadas de pobreza en las principales ciudades del país antes de la COVID-19, y se comparan con las que podrían presentarse a partir del mes de abril.
Gráfica 1. Cambios potenciales en la pobreza por la COVID-19.
Fuente: Sánchez y Chaparro, mayo de 2020.
El aumento de la pobreza extrema -sin precedentes en Colombia- es más agudo en las ciudades con un mayor porcentaje de hogares dependientes del empleo informal.
El aumento anterior de la pobreza ocurriría inclusive si los subsidios decretados por el Gobierno llegan efectivamente a sus destinatarios, pues las ayudas no compensan sino un parte de la pérdida de ingresos de los hogares en cuestión: los 160.000 pesos del Ingreso Solidario equivalen al 23% de un ingreso familiar derivado de actividades informales, y apenas al 10% del ingreso familiar medio de estos hogares.
La transferencia en cuestión no garantiza ni siquiera la capacidad de compra de alimentos en ausencia de otras fuentes.
Foto: Alcaldía de Bucaramanga
El incremento de la pobreza extrema, es más agudo en las ciudades que tienen un mayor porcentaje de hogares dependientes del empleo informal.
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¿Cuánto dinero hace falta?
La Gráfica 2 muestra cuál sería el aumento de la pobreza si el Gobierno nacional mantuviera o aumentara las transferencias. Ninguno de estos escenarios toma en cuenta las posibles ayudas de los gobiernos locales.
El primer escenario es el actual: si el Gobierno nacional entrega 160.000 pesos por Ingreso Solidario, la pobreza alcanza el 32% y la pobreza extrema el 17%.
Gráfica 2. Simulación del cambio en la pobreza frente a transferencias a hogares con informalidad.
Fuente: Sánchez y Chaparro, mayo de 2020.
Una transferencia de 792.000 pesos evitaría el aumento de la pobreza extrema. En un escenario de focalización efectiva, la medida no sería muy costosa, pero para aplicarla haría falta información detallada sobre quiénes son los ocupados informales que han sido afectados.
En la Gráfica anterior también se observa el costo de las transferencias como porcentaje del PIB de 2019 y del presupuesto público de 2020. El costo de una transferencia mensual equivalente al monto actual del Ingreso Solidario ascendería a 0,46 billones de pesos -0,16% del presupuesto y 0,04% del PIB-.
En caso de que dicha transferencia fuera de un salario mínimo mensual, el costo sería de 2,49 billones de pesos – 0,91% del presupuesto y a 0,23% del PIB-.
Dos propuestas alternativas
Varios autores e instituciones han planteado la necesidad de una transferencia mayor a los hogares que han perdido su ingreso. Estas dos son las propuestas más concretas:
- La Escuela Nacional Sindical sugirió un “mínimo vital” de medio salario mínimo para personas de estratos 1, 2 y 3 que vivan solas, y el doble para hogares de dos o más integrantes de esos estratos, durante todo el tiempo del confinamiento y tres meses después.
Esta fórmula tendría la ventaja de reducir considerablemente la vulnerabilidad en el contexto de la pandemia, pero la focalización no es la más adecuada. Por ejemplo, el 65% de los hogares de estrato 3 en las principales ciudades del país no habría caído en la pobreza por la COVID-19.
Si se siguiera esta propuesta para las trece ciudades principales, el subsidio llegaría a 5 millones 937 mil hogares, y tendría un costo de 4,85 billones de pesos (1,8% del presupuesto y 0,46% del PIB).
En términos de reducción de la pobreza, la propuesta sería efectiva, e incluso bajaría los niveles que existían antes de la pandemia. Siguiendo ese modelo, se llegaría al 15,1% de pobreza y 2,8% de pobreza extrema.
- Investigadores de la Universidad de los Andes propusieron un monto de 117.600 pesos mensuales por cada integrante del hogar en el régimen subsidiado de salud.
Esta fórmula implicaría una mejor focalización y un costo fiscal mucho menor, pero sería limitada en reducir la pobreza y la alta vulnerabilidad de los hogares que dependen del empleo informal.
Foto: Defensoría del Pueblo
Un ingreso básico de emergencia es la vía adecuada para proteger la vida y el sustento de muchas personas que no pueden trabajar.
Bajo este modelo se beneficiarían 2 millones 452 mil hogares y 6 millones 184 mil personas, a un costo de 0,72 billones (0,26% del presupuesto público y 0,07% del PIB).
Pero la propuesta de los Andes excluiría a unos 315 mil hogares y a 1 millón 9 mil personas de las principales ciudades que no tienen afiliación a salud. Por lo tanto, el potencial efecto es muy limitado, pues la pobreza llegaría al 29% y la pobreza extrema al 15%.
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¿Qué se puede hacer y qué lecciones quedan?
Bajo las circunstancias actuales, un ingreso básico de emergencia durante el tiempo que dure el distanciamiento social obligatorio, y cuyo monto se reduzca a medida que se reactiven las actividades económicas, es la vía adecuada para proteger la vida y el sustento de muchas personas que no pueden trabajar.
Lo anterior evitaría el colapso social derivado del aumento desmesurado de la pobreza y la indigencia.
Esta política debería ser complementada con esfuerzos adicionales por construir un piso de protección social, que garantice a toda la población bienes sociales básicos independientemente de su situación laboral y facilite su inserción laboral posterior en condiciones dignas.
El mantenimiento o la flexibilización de la cuarentena plantea indudables dilemas éticos, pero todavía hay un enorme margen de maniobra para fortalecer la política social y hacerlos menos dramáticos mientras no estén dadas las condiciones para una reactivación plena. La población de menores ingresos no tiene por qué estar condenada a la elección entre pasar hambre o exponerse al virus.
* Profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de La Salle. rmsanchezt@gmail.com
** Investigador del Center for Economic and Social Rights. srchaparroh@gmail.com @SergioChaparro8
