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La Corte Constitucional: ¿demasiado activa?

Escrito por José Guillermo Castro
Guillermo Castro Corte constitucional Razon Publica

Guillermo Castro Corte constitucional Razon Publica

Guillermo Castro RazonPublicaEl exceso de sentencias de la Corte Constitucional plantea serios problemas jurídicos e incluso pone en peligro los derechos fundamentales que debe proteger.  Se sugiere una solución: que la Corte se autorregule.

José Guillermo Castro*

Guillermo Castro corte consulta

Las decisiones de la Corte Constitucional colombiana: su consulta termina siendo una compleja y desgastante labor.  Foto: Cambio.

Demasiadas sentencias

Se ha vuelto prácticamente obligatoria la consulta de la jurisprudencia constitucional, independientemente del problema jurídico que se pretenda resolver, ya sea en derecho civil, en penal, en administrativo o de propiedad intelectual, entre muchos otros en Colombia.

Esto mismo ocurre obviamente en todos los países con una justicia constitucional permanente. La diferencia radica en que las decisiones de la Corte Constitucional colombiana no son pocas: tiende a aumentar el promedio anual de sentencias.

En muchas oportunidades, éstas resultan contradictorias y equívocas, por lo que la consulta termina siendo una compleja y desgastante labor. El presente artículo pretende cuestionar la excesiva producción de jurisprudencia constitucional.

La Corte Constitucional ha llegado demasiado lejos: de manera impertinente ha abordado el conocimiento de cuanto problema jurídico resulta imaginable.

Un dato: entre 2008 y 2012, el Tribunal Constitucional Federal alemán profirió más o menos 1.490 sentencias  — es decir, decisiones definitivas de fondo sobre un litigio — y casi el doble de autos [1] — con una clara tendencia a disminuir.

En el mismo periodo, la Corte Constitucional colombiana profirió más o menos 4.688 sentencias. El número de autos podría fácilmente cuadruplicar esa suma, con una clara tendencia a aumentar. ¿Cuántas sentencias proferirá la Corte Constitucional colombiana en el año 2020? ¿Decenas de miles por año? El asunto preocupa.

La Corte Constitucional ha llegado demasiado lejos: de manera impertinente ha abordado el conocimiento de cuanto problema jurídico resulta imaginable. Lo usual en Colombia son las sentencias revocadas por vía de tutela. Podría decirse desprevenidamente que lo anterior es legítimo, incluso valioso, pues estarían prevaleciendo los derechos constitucionales del particular.

Pero la misma Corte — al tener evidencia de algún error en su sentencia de tutela revocatoria del fallo de instancia ordinario —modificó posteriormente ese criterio mediante sus sentencias de unificación (SU) u otro fallo de tutela posterior.

Además de ser muy problemático para jurisdicciones altamente especializadas, esto ha creado problemas estructurales, como el mal llamado choque de trenes, tanto dentro de la jurisdicción, como con las otras ramas del poder público.

Algunas decisiones recientes han desgastado la imagen de la Corte Constitucional ante el ciudadano común: el antiguo adalid de los derechos es hoy un recuerdo impreciso, en lo que se refiere de manera inexacta por parte de la opinión pública como la primera Corte: no se comprende bien qué papel juega ahora la Corte Constitucional.

Un ejemplo práctico

Partiendo de que en Colombia es necesaria la mayor y mejor constitucionalización de los derechos especializados — civil, penal, administrativo, laboral —  puede entenderse mejor el problema mediante un ejercicio sencillo.

¿Qué precedente de la Corte deben seguir los jueces ordinarios?:

  • ¿la sentencia de tutela A fallada a favor de un primer accionante?
  • ¿la sentencia de tutela B, muy similar fácticamente a la primera, pero fallada en contra de un segundo accionante?
  • ¿o la sentencia de unificación (SU) posterior que aclaró cuál era el verdadero criterio de la plenitud de los magistrados de la Corte?

No se debe dejar de lado que las SU no han sido plenamente acatadas, ni siquiera por la misma Corte en sus fallos posteriores. Los constitucionalistas tendrían múltiples criterios al respecto.

Toda esta situación se agrava  si no se olvida que el derecho constitucional debe ser el más sencillo y comprensible para todos los ciudadanos, si partimos de los principios básicos de un Estado social y democrático de derecho. ¿Cómo crear entonces, en ese marco, dogmáticas sólidas y coherentes?, ¿existe una solución plausible?

Toda esta situación se agrava  si no se olvida que el derecho constitucional debe ser el más sencillo y comprensible para todos los ciudadanos, si partimos de los principios básicos de un Estado social y democrático de derecho.

El derecho a la igualdad en peligro

Vayamos más allá mediante otro ejemplo más trágico y descriptivo: un niño nace muy enfermo en una gran ciudad del país. Sus padres son profesionales. Es altamente probable que los preocupados progenitores puedan acceder al tratamiento respectivo, tras la interposición de una tutela.

Guillermo Castro corte sentencias
Entre 2008 y 2012, el Tribunal Constitucional Federal alemán profirió más o menos 1.490  sentencias . La Corte colombiana profirió más o menos 4.688 sentencias.   Foto: derecho.laguia2000.com 

Pero si un segundo niño nace en el campo colombiano con la misma enfermedad, sin recursos y con padres analfabetas, es muy probable también que esté condenado a morir, pues a pesar de la informalidad ordenada por el artículo 14 del decreto 2591 de 1991, que regula la tutela, es casi imperioso presentar la tutela por escrito (!). Casi ningún juzgado cumple con esa norma, bajo la excusa del exceso de trabajo.

Así, el actual estado operativo de la jurisdicción constitucional transgrede permanente el derecho a la igualdad postulado en el Artículo 13 de la Carta: los dos niños son tratados de manera diferente e injustificada por el Estado colombiano.

¿No sería deseable que todos los niños recién nacidos y enfermos accedieran al mismo tratamiento, sobre la base de una única orden constitucional definitiva, contenida en un (también único) auto de la Corte sobre derecho a la salud, independientemente de si sus padres pueden o no interponer una acción de tutela (escrita)?

Como se ha dicho, tal vez resultaría muy peligroso dejar en manos del congreso o del ejecutivo la modificación del decreto regulatorio de la tutela, pero ¿no podría la Corte autorregularse al estarse a lo dispuesto en sus propias sentencias en casos muy similares, por ejemplo en materia de salud, mediante un auto sencillo?

Si la Corte está por encima del mencionado decreto, como ella misma lo ha sugerido, ¿por qué no tomar esa decisión práctica? Además, en términos de competencias constitucionales, pareciera ser “menos grave” que, por ejemplo, legislar transitoriamente. El argumento de que se rompería el principio de justicia inter partes resulta jurídicamente bastante artificioso.

Al revisar el derecho alemán, encontramos que eso es precisamente lo que hace el Tribunal Federal Constitucional. Adicionalmente, en materia de constitucionalización de derechos especializados — civil, penal, laboral — encontramos la famosa Sentencia Lüth y las dos primeras sentencias del Senado Civil del Tribunal Supremo Federal Alemán.

Estos son referentes importantes (y suficientes) no solo en Alemania, sino en la tradición constitucional continental, pero un tanto olvidados por el constitucionalismo colombiano. Quizás desde esa óptica se vislumbren otras perspectivas a las preguntas formuladas (ver mi artículo sobre el tema).

¿La Corte se debería  autorregular?

De nada sirve teorizar sobre la constitucionalización del derecho privado, por ejemplo, a través de líneas jurisprudenciales inmanejables y no descriptivas. La realidad es que el juez especializado (p. ej. civil), nunca verá ese elemento como algo vinculante.

La recomendación de los constitucionalistas, en cuanto a que la discusión de esos litigios, debería terminar con una acción de tutela en contra del fallo del último juez de instancia ordinario, tampoco parece seria en este marco discursivo.

Esa tutela contra sentencia será fallada, de manera definitiva, dependiendo del juez constitucional al que le “caiga”: Recordemos que la Corte no revisa todas las sentencias de tutela, lo cual se traduce en que, si el último juez que la falla decide no tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional, porque a) se rebeló contra ella (choque de trenes), o b) porque considera que el pronunciamiento más adecuado de la Corte Constitucional es uno que posteriormente fue modificado por la misma Corte, no se llega a ninguna conclusión coherente.

En el derecho constitucional alemán y en general en el derecho comparado continental europeo el ciudadano común, sabe que las cortes constitucionales solo se inmiscuyen en la discusión jurisdiccional  — mediante nuevas sentencias — cuando de manera clara se afectan derechos fundamentales de una manera claramente imprevista, o la parte orgánica de la Constitución se ve comprometida en un asunto fáctico novedoso. Entre otras cosas, por cuanto el juez especializado es también una garantía del Estado neoconstitucional, social y democrático de derecho (quien por lo demás debe poder reconocer la existencia de un mesurado número de sentencias constitucionales absolutamente vinculantes para su área de trabajo).

Así, las Cortes profieren  — con absoluto recato y precisión técnica — un reducidísimo número de sentencias, casi siempre justificando por un principio democrático “la necesidad de su intervención última” en el asunto.

En estos casos, el principio de igualdad o el de proporcionalidad son herramientas valiosas para exhortar a los jueces especializados a constitucionalizar los asuntos de su competencia.

¿No será entonces más razonable volcar esfuerzos al análisis de la constitucionalización del derecho continental europeo, como fenómeno interesante, para mejorar nuestra jurisdicción constitucional?

Ese mejoramiento del estado actual de cosas, en el sentido propuesto, presupondría privilegiar la consolidación de las decisiones de la primera Corte, que articuló de manera magistral los contenidos de la Constitución del 91.

Que la Corte se autorregule en el sentido propuesto, aun cuando resulte bastante complejo en el momento actual, pareciera menos grave a que siga profiriendo el hipertrofiado y peligroso número de sentencias, que de una u otra manera, contribuyen a la inseguridad jurídica constitucional en Colombia.

Doktor Juris – Ll.M., U. Constanza (República Federal de Alemania), exmagistrado auxiliar y profesor de derecho privado de las facultades de derecho de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de los Andes.

 

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