A propósito del informe de la Contraloría sobre el medio ambiente, un relato animado de las luchas de los ecologistas, un repaso de los riesgos que acechan y una defensa autorizada del modelo de desarrollo sostenible.
Margarita Marino de Botero*
Los hitos de una lucha
Los jóvenes colombianos no vivieron las luchas lideradas por los ambientalistas y ecologistas por la defensa del Parque Nacional Natural Tayrona. Decenas de cartas a los mas altos funcionarios públicos argumentando la inconveniencia de privatizar ese tesoro de la naturaleza, movilizaciones, marchas, campañas y debates que han logrado defender esta maravilla natural y sus valiosos ecosistemas y lograr que sean considerados hoy por propios y extranjeros como “la joya de la corona” de las playas del gran Caribe.
![]() Foto: santamarta-magdalena.gov.co |
Lo mismo ocurrió con la defensa del parque Salamanca, de los ecosistemas de páramos, de los bosques del Chocó, de la serranía de la Macarena, del río grande de la Magdalena.
Alertando sobre la erosión, la deforestación, la contaminación de ríos y quebradas, la peligrosa fumigación en los parques naturales, las mega-represas sin licencias ni consultas, los intentos de convertir los manglares de la costa Caribe en parqueaderos de hoteles, a la Amazonía en zona minera y a gran parte de la Orinoquia en fincas de palma.
Cientos de argumentos técnicos y quejas de pobladores, campesinos, afrocolombianos e indígenas que merecían ser escuchados. Desde las Academias de Ciencia y los institutos universitarios a las organizaciones no gubernamentales, desde las instancias nacionales a los colectivos locales.
Desde la defensa de la sabana de Bogotá, sus cerros tutelares, la ciudad y su borde norte, hasta el nuevo colectivo ambiental de Villa de Leyva, liderado por los profesores Pedro Cortes y Teresa, defendiendo el patrimonio natural, histórico y cultural de la región del Alto Ricaurte.
Desde entonces y ahora, como Santurbán, La Colosa y el Quimbo que suscitan las reservas y críticas más serias en razón de los daños ambientales, de los desplazamientos que están viviendo los pobladores y de las pérdidas para quienes usaban los servicios ambientales de esas regiones de Colombia.
Gentes y colectivos que se yerguen en defensa del país, nuestro país, ecuatorial, intertropical, reconocido y valorizado por su inmensa biodiversidad, su singularidad y complejidad que invita a reconocernos y a congratularnos de nuestra particular y extraordinaria geografía.
Un lánguido espectáculo
En contraste y en respuesta a estas urgencias, el nuevo Ministerio del Ambiente y el Desarrollo Sostenible acusa una gran debilidad institucional y parecería que coexisten conceptos contradictorios, ambiguos, divergentes y mucha dificultad en encontrar el horizonte.
Un día se argumenta una cosa y al día siguiente se sostiene la contraria. Aparte de la Consejería Presidencial, ya desaparecida, en este gobierno que se inauguró con referencias ancestrales y poéticas a la biodiversidad, hemos tenido tres ministros del ambiente en 26 meses:
- Un día se dice que los proyectos hoteleros están prohibidos en los parques, meses después hay proyectos en revisión…
- Un día hay propuestas de ofrecer en subasta la Amazonía a la minería, al otro hay moratoria de minería en la Amazonía.
- Un día hay política de salvamento de los bosques naturales al otro hay proyectos de extracción de la reserva forestal.
- Un día se define el interés de reforma de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y claramente pasan los meses y les asalta el temor de esa realidad política de “cada senador con su corporación”.
Luces en medio de la sombra
Como ocurre siempre, no todo está perdido, también hay en el Ministerio defensores decididos de lo público. Hace días se presento la resolución 1518, sobre la moratoria de la minería en la Amazonía.Decisión que parece sensata y oportuna. Claramente respeta los argumentos que habían expuesto los más destacados ambientalistas, Manuel Rodríguez, Guillermo Rudas, Julio Fierro y Ernesto Guhl entre otros. Se cumple con la obligación legal del Ministerio en cuanto al derecho de precaución; el de impedir que se ejecuten decisiones que afectarían gravemente a estos territorios y que ocasionarían daños irreversibles a estos ecosistemas, en este caso una de las reservas ambientales mas valiosas del planeta -como se explica extensamente en los considerandos de la resolución.
![]() Foto: http://www.tayrona.org |
Hay que celebrar lo que implica “suspender temporalmente hasta que exista una zonificación y ordenamiento”. Lo que no está resuelto es que pasará con los impactos ambientales de los títulos anteriormente otorgados: ¿Cómo se desarrollará esta nueva zonificación? ¿Qué tantos elementos del valor de los servicios ambientales se incluirán en la nueva evaluación de ese territorio? ¿Se contará con los conceptos de los científicos y expertos en estos temas?
Los nuevos paradigmas
Todos vemos como el mundo de hoy está en medio de crisis ambientales, y esto le ha dado urgencia a nuevos paradigmas sobre el desarrollo – incluyendo el del desarrollo sostenible- un concepto novedoso que los colombianos adoptamos en la Constitución de 1991.
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Ciertamente, nadie puede aceptar que la construcción de la prosperidad se base en la destrucción irremediable del patrimonio natural: de eso se trata hoy día, de contrastarlo con un desarrollo sostenible. Este es un concepto complejo, casi totalizador, cuyo factor más importante es condicionar los factores económicos a las realidades ambientales. Una economía que valore y contabilice los costos reales de la reposición y restauración ambiental y evalúe cuidadosamente sus impactos sociales. En estos tiempos del reconocimiento de la fragilidad planetaria y del auge de las ciencias ambientales debe haber campo para incluir otras visiones en los presupuestos de la prosperidad.
Además la definición de inseguridad y de defensa de los derechos humanos no se entiende ya únicamente en términos de amenazas militares sino más y más referida a las situaciones sobre libertades, de bienestar, salud y capacidad de prosperar. La seguridad humana ya no es tan solo la preocupación por las armas; tiene que ver con la calidad de vida y la dignidad humanas. La seguridad humana y la calidad de la vida son preocupaciones universales que preocupan a todos en todas partes. La seguridad humana significa la protección de amenazas tales como el hambre, las enfermedades, la represión o las perturbaciones que afectan los patrones de la vida diaria, la calidad del agua, del aire en fin de las posibilidades de una vida saludable y de un ambiente sano.
Una voz corajuda
Entre luces y sombras y siempre esperanzados de que el Ministerio ejerza el liderazgo ambiental que le compete y que interrumpa los desmanes permanentes, hace unos días ha surgido la voz de la Contralora General de la Nación Sandra Morelli.
![]() Foto: notanquesaquencipa.blogspot.com |
Desparpajada y valiente, estudiosa y conocedora de los temas “que mas preocupan al mundo” esta alta funcionaria ha evidenciado la catástrofe ambiental a la que está abocada el país de seguir su rumbo de símil ferroviario. Creo -como ella- que si un selecto grupo de abogados, economistas y planificadores, ministros de Estado y grandes empresarios no está siquiera en condiciones de prever las amenazas que se ciernen sobre nuestros recursos y servicios ambientales, nos encontramos ante un genuino “colapso ambiental”.
Precisamente esta advertencia de la Contralora obliga al Estado a hacer todo a su alcance para no dejar a un país sin agua, sin bosques, sin suelo fértil ni tierra productiva, vulnerable al inevitable cambio climático que se avecina. Impedir que el país reconocido por su exuberante belleza se reduzca a un puñado de territorios irremediablemente desgastados e irrecuperables, inhabilitados para poblar y habitar para las generaciones por venir.
El mundo avanzado interpreta los desafíos ambientales como los más críticos de la época y explora una gama de alternativas basadas en la preservación de sus ecosistemas. No exento esto de debates y conflictos, pero dentro de un marco de respeto a la ciencia y al conocimiento como piedras angulares para llevar a cabo proyectos de infraestructura o de gran minería, en vez de aquellos otros planes que se adelantan sin consideración por las riquezas naturales ni las demandas de la población, sin solucionar problemas sino creándolos, con la sospecha de que sus réditos nada tienen que ver con el desarrollo social ni ambiental.
Estamos entrando a un mundo donde, como dice nuestra Constitución “el Estado intervendrá para racionalizar la economía” (artículo 334).
Un aplauso y un agradecimiento para la Contralora que entiende bien que para el caso Colombiano las implicaciones de explotación y uso de los recursos naturales y la relación entre el desarrollo, el futuro de los territorios, la cultura y los servicios ambientales adquieren cada vez más una dimensión estratégica y política para la construcción de la paz y son esenciales a la prosperidad de todos sus habitantes.
* Ex directora General del Inderena, miembro de la Comisión Mundial Del Medio Ambiente y Desarrollo (1983-87) y hoy Directora Ejecutiva del Congreso de Ciencias Ambientales. www.congresodecienciasambientales.com