El convenio sobre las bases militares es un tratado internacional que deberá ser aprobado por el congreso y revisado po la Corte Constitucional
José Gregorio Hernández Galindo *
Poder sí, pero no ilimitado
Nadie puede negar, por cuanto la propia Constitución lo dispone (Artículo 189, numeral 2) que el Presidente de la República, en su condición de Jefe del Estado, es el supremo director de las relaciones internacionales de Colombia. Por tanto, es a él a quien corresponde celebrar Tratados o Convenios con otros Estados o con entidades de Derecho Internacional.
Pero una cosa es que el Jefe del Estado goce de esas atribuciones -como también ocurre en los demás Estados, con las respectivas adaptaciones, según el sistema del que se trate-, y otra muy distinta es que las ejerza o pretenda ejercerlas siguiendo exclusivamente su personal criterio, sin tener en cuenta que la misma Constitución que se las otorga exige la participación de otros órganos y contempla modalidades de control sobre su ejercicio.
Un proceder confuso y equivocado
Es lo que infortunadamente pasó con la decisión de permitir la instalación y operación de bases militares norteamericanas en territorio colombiano, o si se quiere (porque el Gobierno dice que son colombianas), con la autorización de que los norteamericanos, con sus hombres, sus aviones y sus armas, se tomen las bases colombianas, que al comienzo se dijo que eran tres -Apiay, Palanquero y Malambo-, después que cinco, y ya vamos en nueve.
En este caso -quien esto escribe lo advirtió desde el principio- se hicieron las cosas al revés: primero se divulgó el supuesto Acuerdo con los Estados Unidos sobre las bases, por cierto de manera muy desordenada y a pedazos -siempre de manera incompleta-, no por el Presidente, como ha debido ser, sino en parte por el Comandante General de las Fuerzas Militares y, en parte, por el anterior Ministro de Defensa, y sólo después -y ello a raíz de declaraciones públicas del Presidente del Consejo de Estado- se pensó en elevar la correspondiente consulta.
Sin haber obtenido el concepto, el gobierno siguió haciendo anuncios referentes a las bases militares y con ello provocó la reacción de Venezuela, Bolivia, Brasil, Ecuador y otros países, que vieron en ellas una amenaza para la región. El presidente Uribe hizo entonces una correría por las capitales de algunos países suramericanos -no todos- para "explicar" que solamente se trataba de obtener ayuda gringa en la lucha contra el narcotráfico; habló el Presidente en la reunión extraordinaria de UNASUR, diciendo lo mismo pero sin mostrar el texto del Convenio, y se ha seguido adelante sin el cumplimiento previo de los requisitos constitucionales, es decir, "fusilando mientras llega la orden".
*Miembro fundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.
