El Distrito está a punto de firmar un negocio para remodelar uno de los centros deportivos más importantes de la ciudad. Sin embargo, las pérdidas pueden ser mayores que las ganancias.
Liliana Castañeda Morales*
Una concesión para El Campín
Desde el 2024 y durante 29 años agentes privados recibirán el proyecto para la remodelación, ampliación y aprovechamiento del Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Se trata de una iniciativa de alianza público privada (APP) que inició en la administración de Enrique Peñalosa y que será adjudicada en la recta final de la alcaldía de Claudia López.
La pretendida concesión se suscribirá para la construcción, operación, mantenimiento y explotación económica de la principal unidad deportiva de la ciudad. Ha sido estructurada por iniciativa del consorcio APP-CDEC S.A.S, conformado por empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la infraestructura, boletería y logística.
Desde el pasado mes de agosto y a través de la plataforma SECOP, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció su intención de hacer la adjudicación al proponente originador –APP-CDEC S.A.S– si no se presentan otros interesados. De ser así la concesión se firmaría el 29 de diciembre de 2023, en caso contrario el 22 de marzo de 2024 se conformaría la lista de precalificados.
¿En qué consiste el proyecto?
El megaproyecto consiste en la intervención de 167.000 m2 para reconstruir el estadio. Se ampliará su capacidad y se agregarán zonas deportivas, centro comercial, cines, hotel, comercio, oficinas, restaurantes, parqueaderos, pabellón ferial múltiple y auditorio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
Tampoco existe claridad sobre los recursos que la ciudad recibiría por un posible efecto de plusvalía
La construcción de este ambicioso proyecto de renovación urbana requiere una inversión total de $2,4 billones de los cuales $1,4 billones irán para la operación y mantenimiento durante los 29 años de la concesión, que según la APP estructurada no implicaría aporte de recursos públicos.
El proyecto ha sido bien recibido por los medios e ilusiona. Sin embargo, existen ciertos aspectos económicos y sociales críticos que todas y todos los bogotanos debemos conocer antes de hacer un negocio que termine siendo igual o peor que los lamentablemente célebres contratos de TransMilenio.
El Distrito contra el deporte
El panorama se vuelve desalentador cuando se revisan algunas de las contraprestaciones que la concesión otorga al IDRD, es decir a todas y todos los bogotanos:
- oficinas para el IDRD
- 46 usos anuales del auditorio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá
- 350 m2 de salones de ensayo
- 1 palco de máximo 12 personas para miembros de la administración
- 300 boletas para cada partido, que equivalen al 0,6% del total de 45.000 sillas que tendrá el nuevo estadio
- 10 espacios y 640 horas mensuales de parqueadero.
- 20 horas mensuales de publicidad
- 1% de los ingresos brutos obtenidos cada mes por el concesionario.
Esta negociación es desequilibrada considerando que el Distrito deberá aportar el suelo que durante décadas ha sido ocupado por el tradicional Palacio del Colesterol, el Club Distrital de Tenis y el Club El Campín –además del Estadio El Campín–.
El Distrito a través del IDRD se comprometió a garantizar la disponibilidad del predio para firmar la concesión. Motivo por el cual, desalojó al Club Distrital de Tenis y hará lo mismo con el Club El Campín, dejando a más de 1.200 deportistas sin un lugar de entrenamiento alternativo central y asequible.
Estos clubes no han negado el carácter público del predio ni se resisten a la remodelación. En cambio, han solicitado un diálogo que les permita trasladarse gradualmente de esta infraestructura, que a lo largo de los años se ha convertido en un buen vecino de los barrios San Luis y El Campín en la localidad de Teusaquillo.
Sin embargo, en la madrugada del 4 de agosto el Distrito respondió con un operativo con dimensiones similares a las de un allanamiento al crimen organizado, acompañado de señalamientos a la comunidad deportiva como “personas inescrupulosas”. Acciones que causaron descontentos y una manifestación de la Federación Colombiana de Tenis.
Después de esto ha reinado el silencio, la intransigencia y un desplante a la congresista Jennifer Pedraza quien buscó crear espacios de diálogo.
Ganancias mínimas para la ciudad
La inversión y la dinamización para el sector es prometedora, pero no puede decirse lo mismo para las finanzas de la ciudad.
La contraprestación será apenas del 1 % de los ingresos brutos. Es decir que la administración de Claudia López o Carlos Fernando Galán firmarían un negocio peor que el firmado por la alcaldía de Gustavo Petro en 2015 para el Movistar Arena, en el cual las ganancias para Bogotá son solo del 2 %.
La experiencia debe usarse como espejo para evitar nuevos errores, por lo que vale la pena recordar que la Contraloría Distrital abrió una investigación contra el IDRD por permitir que en el Movistar Arena se excedan los espacios comerciales sin que el Distrito gane un solo peso. Según el ente de control el posible detrimento patrimonial es de casi $12 mil millones.
Sin embargo, en la madrugada del 4 de agosto el Distrito respondió con un operativo con dimensiones similares a las de un allanamiento al crimen organizado, acompañado de señalamientos a la comunidad deportiva como “personas inescrupulosas”.
Tampoco existe claridad sobre los recursos que la ciudad recibiría por un posible efecto de plusvalía –específicamente por el aprovechamiento del suelo– causado por la densificación y diversificación de usos en un predio que ha estado destinado a actividades deportivas. Y es que se realizarán inversiones inmobiliarias que sin duda dejarán ganancias billonarias a los agentes privados.
Además, surgen otras dudas sobre cómo se incluirán las hinchadas de fútbol en el proyecto; si aumentarán los costos de la boletería y abonos; si se contemplan escenarios para mejorar los procesos organizativos de barras futboleras, o a quién corresponderá mitigar y gestionar los conflictos de movilidad, seguridad y convivencia que afectan a los barrios vecinos por cuenta del ruido, los trancones y la aglomeración.
El ejemplo de la concesión del Coliseo Cubierto para construir el Movistar Arena debe llamarnos a exigir a la administración que estructure un mejor negocio para Bogotá en términos financieros y de acceso democrático a los derechos a la cultura y el deporte.
Bogotá merece tener proyectos urbanos y gobernantes que den oportunidad a la comunidad de tenistas para conservar sus instituciones y su patrimonio, y que planeen espacios para eventos de categoría internacional sin que eso cueste las finanzas públicas y la calidad de vida de sus habitantes.
