Una renuncia ruidosa

A pocas semanas del lanzamiento del Informe Final de la Comisión de la Verdad (CV), el texto, desconocido aún para la mayoría de colombianos y colombianas, ha sido blanco de duras críticas por cuenta de la renuncia de uno de sus integrantes, el mayor(r) Carlos Ospina.

En entrevista con el director del noticiero de RCN, el mayor(r) Ospina acusó de sesgos políticos a la CV y afirmó que este órgano “intenta hacer política” y le está dando la “razón a un sector”.   Es decir: está actuando como correa de transmisión de los intereses de un partido político en particular.

Periodistas de distintos medios aprovecharon la ocasión para exigirle a la Comisión “equilibrio”, “pluralismo” e imparcialidad. Adujeron que solo con una verdad plural puede el informe evitar otros sesenta años de odios y venganzas y contribuir a fomentar la paz.

Pero, ¿en qué consiste una verdad plural? ¿A qué llamamos imparcialidad?

¿Verdad para la reconciliación?

No cabe duda de que el relato que surja de todos estos años de recoger testimonios y contrastar fuentes por parte de la Comisión debe servirnos para comprender nuestro pasado, y conversar y debatir sobre los engranajes que nos llevaron a un conflicto tan violento como prolongado.

En el marco de la justicia transicional, este esfuerzo de esclarecimiento no se emprende por un prurito de conocimiento enciclopédico ni para ser guardado en una torre de marfil, sino para responder a tres derechos:

• El de las víctimas de saber qué pasó y quiénes son los responsables de lo que pasó;
• El de la ciudadanía en general, de hacerse a una comprensión histórica que le permita dilucidar las claves de su propio pasado para asumir posturas informadas ante su presente;
• Y el de la no repetición, en beneficio de todos los hombres y mujeres de Colombia.

En estas circunstancias, la verdad es un prerrequisito para que, al decir de algunas de las víctimas, “otros no sufran lo que nosotros hemos sufrido”. Es decir: el esfuerzo se encamina a que tengamos el acervo de información, datos e interpretaciones para aprender del pasado y desde allí situarnos lúcidamente ante el presente que vivimos; romper la impunidad y los negacionismos; y ofrecer a las nuevas generaciones la posibilidad de construir un país distinto.

Pero a veces queda la impresión, sobre todo cuando se apela a la pluralidad y a la reconciliación fuera de contexto, de que ese acervo histórico es sinónimo de “hacernos pasito”; de no incomodar ni a unos ni a otros; de “sumar” verdades así algunas de ellas falsifiquen, escondan o minimicen la gravedad de lo ocurrido y desdibujen las responsabilidades de los perpetradores.

Más allá de esas consideraciones engañosas, esta claro que la Comisión no está para complacer. Su papel en un país que a lo largo de décadas de oprobios y confrontaciones ha borrado las líneas rojas que separan lo admisible de lo inadmisible, es contribuir a que encontremos el compás moral que pedimos hace tiempo.

Y esto no se logra buscando matices que a todos dejen contentos.

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Las disonancias cognitivas a gran escala

Todos los actores implicados en el conflicto armado, tanto los que portaron emblemas y uniformes como los que desde la sombra y el anonimato dieron órdenes y diseñaron estrategias y políticas, tienden a justificar sus decisiones y las prácticas a las que éstas dieron lugar.

A estas justificaciones algunos les llaman “verdades” y reclaman para ellas un lugar en el relato histórico. Pero una justificación está lejos de constituir una verdad. A lo sumo es la racionalización de un actor implicado en unos hechos que en la mayoría de los casos viene de la mano de una negación y un encubrimiento de responsabilidades.

Mal haría la Comisión en convertirse en caja de resonancias de esas mal llamadas verdades negacionistas o justificadoras bajo el argumento de ser pluralista.

Al contrario: la Comisión, con datos en mano, el uso de múltiples fuentes y una contrastación sistemática, debe confrontar esas justificaciones encubridoras y correr el velo para demostrar entramados, complicidades, alianzas y contubernios que llevaron a la violación reiterada de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia.

De la Comisión no esperamos posturas condescendientes sino rigor, solidez de la información e imparcialidad, entendida ésta última “como una virtud intelectual y moral, como aquella capacidad para alejarse de los propios puntos de vista e interesarse por los de los otros, por los de la pluralidad”. Virtud intelectual y moral que podría sintetizarse, según Ricoeur, en la fórmula “ni favor ni cólera”, “ni complacencia ni espíritu de venganza”.

Ahora bien, algunos confunden esa imparcialidad con equivalencias y equilibrios entre distintos actores, borrando con ello las asimetrías de poder que los sitúan en escalas distintas de responsabilidad.

La democracia en juego

Escuchando los encuentros por la verdad, cualquier persona comprende que todos los actores armados cometieron atrocidades repugnantes, cada uno a su manera. Ninguno se salva; ninguno puede reclamar el lugar de redentor.

Pero este reconocimiento de las atrocidades cometidas por unos y otros no puede llevarnos a desconocer preguntas centrales del devenir nacional y en particular una: ¿qué nos dicen las atrocidades cometidas en el marco del conflicto armado por agentes del Estado sobre ese mismo Estado? Y, ¿qué nos dicen ellas sobre el Estado de derecho que constituye el pilar esencial de una democracia robusta?  ¿Contra quiénes actuaron esos agentes estatales? ¿A quiénes defendían? Ante ellos, ¿todas las vidas contaban por igual o hubo unas que contaron más, otras que abiertamente no contaron y aún otras que se volvieron descartables?

Si el “usted no sabe quién soy yo” da cuenta de cómo unos sectores hacen valer su poder para que las autoridades actúen a su favor, en el marco del conflicto armado esta lógica tuvo consecuencias aún más nefastas. Las miradas más verticales entre las élites gobernantes y sociales orientaron y fortalecieron a los sectores estatales más autoritarios, dando lugar a sinergias perversas para enfrentar el desafío guerrillero. Cuando esas respuestas autoritarias no encontraron el aval de las Cortes, recurrieron al proverbio “del enemigo de tu enemigo será tu amigo”, abriendo la compuerta a los paramilitares que desplegaron su sevicia por los territorios.

En todas estas respuestas, lo que nos fuimos feriando los colombianos fue la posibilidad de resolver los conflictos a través de un Estado de derecho democrático y unas burocracias imparciales que se deben con igual ahínco a la protección de la vida y honra de cada uno de sus ciudadanos, sean ellos de estrato cero o de estrato seis; mujeres u hombres; adultos o jóvenes y niños; negros, indígenas o mestizos; heterosexuales o LGBTQ+; campesinos, sindicalistas o altos empresarios; cristianos o ateos; liberales, conservadores o de izquierda.

Hoy, el informe de la Comisión de la Verdad nos puede brindar pistas para recuperar y fortalecer el Estado de derecho y robustecer la democracia de manera que las instituciones nos protejan a todos por igual y nos brinden a todos la posibilidad de llevar vidas libres de miedos, amenazas y violencias. Pero para no desperdiciar esta oportunidad de enmendar el camino, es necesario comprender que señalar las responsabilidades y oprobios cometidos por agentes del Estado no lleva a desconocer las atrocidades de la guerrilla y menos aún a convertir a quien señala estas responsabilidades en un “guerrillero disfrazado de civil”.