La creación del Ministerio de la Igualdad puede ser un primer paso para evitar que se repita un conflicto que nos dejó centenares de miles de muertos.
Fernando Vargas Valencia*
La persistencia del conflicto armado
El Informe Final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en Colombia reconoce que las garantías de no repetición del Conflicto armado interno demandan transformaciones importantes en el Estado y en la cultura.
El Informe recomienda evitar que los factores de persistencia o de continuidad de las violencias que fueron el día a día del Conflicto se reproduzcan de forma constante.
En dicho contexto, la desigualdad, la exclusión y la discriminación, vistas como un proceso histórico de injusticia hacia poblaciones, grupos sociales e identidades específicas, hacen parte de lo que Yaffe llama “factores desencadenantes”, causas u orígenes, y de los “factores de perpetuación”, variables de continuidad del conflicto armado.
Para la CEV, la apuesta por la paz territorial establecida en el Acuerdo parte del reconocimiento de que “la reconfiguración territorial causada por el conflicto armado ahondó las condiciones de desigualdad y exclusión de larga duración preexistentes” en Colombia desde la época de la Colonia.
Además, la violencia inherente a las lógicas de los grupos armados se encuentra relacionada con un contexto económico de reproducción del rentismo que, según Luis J. Garay, es el usufructo que las élites locales, regionales y nacionales han hecho de sus privilegios en el marco de una distribución desigual del poder.
Dicho usufructo carece de retribución social y usa mecanismos legales, ilegales y opacos en los que las violaciones a derechos humanos perpetradas por estructuras armadas sirvieron de medio para la satisfacción de intereses privados.
El Estado se encuentra en la obligación de revertir estas situaciones y de garantizar la no repetición a través de estrategias de reconocimiento, redistribución de activos y representación política de aquellos sectores sociales marginados por estas lógicas de violencia y despojo.
Incluso, los sectores que no han sido víctimas directas de violaciones a derechos humanos han visto truncada su agencia a causa de un modelo de “acumulación por desposesión”. Este modelo, según la propia CEV, fue facilitado por el Conflicto armado y “ha mantenido niveles muy altos de concentración de la tierra y niveles importantes de pobreza y desigualdad que siguen siendo factores de persistencia de la violencia tras la firma del acuerdo final de paz”.
El Ministerio de la Igualdad anunciado por el nuevo gobierno puede ser una estrategia para poner en marcha el cambio de paradigma en la seguridad nacional por las razones que se mencionarán a continuación.
Seguridad humana y prevención de la violencia
Todas y todos tenemos el derecho de vivir libres de cualquier tipo de violencia. Además, el derecho a la paz significa que quienes se encuentran expuestos o expuestas a un mayor riesgo de afectación de sus derechos fundamentales o de su dignidad humana necesitan que se ejecute de forma efectiva un ámbito de protección reforzada en cabeza del Estado.
El futuro Ministerio de la Igualdad responde a dicho propósito desde la perspectiva de la reorganización del Estado. Esta reorganización se compromete a cumplir una agenda de gestión política en el marco del Estado Social de Derecho.
Así, la concentración de esfuerzos para cerrar brechas de desigualdad mediante el reconocimiento de su carácter injusto contribuye de manera decidida a la prevención de las violencias diferenciales que han marcado los rasgos definitorios del Conflicto armado.
La creación del Ministerio de la Igualdad propone un cambio de paradigma de la seguridad como derecho ciudadano que se encuentra a la base de las recomendaciones del Informe Final de la CEV y de las propuestas programáticas del nuevo gobierno.
Dicho informe señala que es necesario ver la seguridad “con un enfoque de construcción de paz que nos permita dejar atrás definitivamente el «modo guerra» en el que hemos vivido y reconstruir la confianza entre los ciudadanos y las instituciones”.
El nuevo presidente ha afirmado que, de ahora en adelante, la Fuerza Pública tendrá que proteger “la equidad y la igualdad” de manera que sus resultados se basen “no en el número de bajas, en el número de muertos, sino en el aumento de la vida eso es lo que llamamos seguridad humana”.
En cierta medida, la creación del nuevo Ministerio de la Igualdad responde a este cambio de paradigma en la concepción de la seguridad a cargo del Estado y que se articula con las recomendaciones de la CEV cuyo énfasis es la garantía de no repetición.
Ambas transformaciones van de la mano y se complementan. Mientras la primera exige el cambio del uso de la fuerza por el del diálogo y la protección de los derechos ciudadanos, la segunda contribuye a corregir las prácticas clientelistas que han hecho del Estado un instrumento de las y los privilegiados para preservar su poder.
En la gestión de las exigencias sociales de acceso a derechos, el Ministerio de la Igualdad, cuanto menos, podrá servir de mediador para facilitar el diálogo democrático y comprometer la palabra del Estado con acciones reales y verdaderas para reducir la desigualdad.
Justicia histórica para los “nadies”
La nueva vicepresidenta de Colombia ha afirmado que representa el poder de los “nadies”. Eduardo Galeano escribió que los “nadies” son aquellos y aquellas “que cuestan menos que la bala que los mata”.
El Informe Final de la CEV ha reconocido “la degradación” o crueldad radical y deshumanizante de muchas de las prácticas realizadas en el marco del Conflicto colombiano.
Este tipo de violencia “se ha ensañado con los sectores excluidos socialmente, cuya deshumanización ha profundizado la discriminación histórica, el racismo contra los pueblos étnicos o los estereotipos de género y la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual, como una forma de imposición patriarcal y de desprecio por los cuerpos y vidas de las mujeres”.
Además, estas cuestiones corren el riesgo de repetirse por la indiferencia de quienes no padecen directamente los daños de estas formas de discriminación, como el racismo que se ha impuesto en muchas y muchos como una maldición.
Si el Ministerio de la Igualdad liderado por la vicepresidenta Márquez logra garantizar “la transversalidad del enfoque diferencial” será un primer paso para que las y los “nadies” vean reparado el daño histórico que se les ha ocasionado desde el Estado y la sociedad.
Es necesario que este daño sea reconocido como tal y no como un efecto colateral del Conflicto para que no se repita en las próximas generaciones y para que comience un proceso de redistribución del poder en Colombia, con capacidad de prevención de las violencias diferenciadas y desproporcionales.
