Luto por un país que no quiere dejar la guerra.
María Emma Wills*
Estigmatizar al contrario
Además de las preocupaciones por los efectos de la pandemia, el tono de la controversia pública produce desolación.
Los argumentos son escasos, las estigmatizaciones son muchas.
Los señalamientos que desde una y otra orilla se esgrimen, revelan un país donde el conflicto armado cobra la vida de los líderes sociales y se cuela, además, en los argumentos cotidianos, en la manera cómo discutimos, en la ausencia de reflexión sobre lo que implica debatir sin invalidar.
El ultimo ejemplo que ha enlodado la discusión pública surgió en torno a la Comisión de la Verdad. El exministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, abre la discusión sobre la composición de la CEV afirmando que la “mayoría de los comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados”.
De entrada, Pinzón acusa a la mayoría de los comisionados de tener nexos con grupos armados, es decir, de estar por fuera de las reglas del juego democrático. Con este señalamiento los excluye de una comunidad política compuesta de ciudadanos que se adhieren a unas normas pactadas, capaces por eso mismo de tramitar los conflictos por vías democráticas.
Con su acusación, Pinzón perpetúa en la esfera pública el marco mental de una guerra donde los enemigos se confrontan y con sus actuaciones producen derrotas o victorias, pero jamás controversias.
Por eso, suena hueco cuando a renglón seguido afirma que “quiere un país donde las ideas de todos sean toleradas y enriquezcan la deliberación pluralista”. Así no lo reconozca el ex ministro de defensa, el pluralismo jamás rima con estigmatizar al contrario. Pero las afirmaciones del exministro se enmarcan en procesos de más largo aliento que permiten comprender de dónde surgen los ataques a la Comisión de Esclarecimiento.
El esclarecimiento como proceso estratégico militar
Desde que se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2011 y el gobierno Santos inició conversaciones en La Habana con las FARC, las corrientes más sectarias e intransigentes de la política y del sector seguridad se prepararon para sumar fuerzas y entronizar en la esfera pública su “verdad verdadera”. A partir de lo acontecido en el Cono Sur llegaron a la conclusión de que lo que ocurría en el país era:
“el resultado optimizado de un gran entramado jurídico, social y político que fue puesto en práctica y deja resultados en otros países de Latinoamérica y que busca, mediante acciones jurídicas, sociales y políticas, obtener lo que no se pudo lograr a través de las armas. Así, se pretende borrar la historia del terrorismo en América Latina, incluida Colombia, en donde, en particular, se busca ocultar y cubrir con un manto de olvido sus crímenes y sus víctimas y trasferir la responsabilidad de los horrores de la guerra a las Fuerzas Militares de Colombia y a la Policía Nacional, a quienes no se venció en el campo de combate, pero se aniquiló y aplastó jurídicamente, substituyendo la derrota militar por la victoria en los estrados judiciales”.
Desde esa óptica, lo que sucede en Colombia es el resultado de una estrategia del terrorismo internacional que busca enlodar el honor militar y de esta manera transforman los escenarios de memoria y esclarecimiento en un campo de guerra donde solo caben victoriosos o derrotados:
“(…) Los grupos terroristas que han atacado América Latina durante los últimos cincuenta años tienen en claro que si la guerra no se gana desde el punto de vista militar, el componente político y social será el que los llevará finalmente al logro de sus objetivos. En la década de los años setenta en Argentina la respuesta del gobierno logró derrotar militarmente el terrorismo; sin embargo, el manejo político, social y mediático que se dio a la respuesta del Estado, llevó a que muchos años después, la historia haya dado un giro radical en la que no se recuerda el accionar criminal del terrorismo y, por el contrario, se exalta a sus integrantes, quienes hoy ocupan altas posiciones en el manejo del país y son los representantes de una sociedad sin memoria.
(…) las lecciones del pasado y de otras latitudes deben enseñarnos que, más allá de la guerra militar, existe otra confrontación que puede ser más efectiva y dolorosa, una confrontación que puede cambiar la historia de nuestra nación y la historia de nuestras propias vidas”.
El planteamiento es claro: los procesos de esclarecimiento hacen parte de un campo de guerra donde los soldados actúan estratégicamente para alcanzar, no la verdad, sino la victoria.
Aunque este enfoque es el de una de las corrientes político-militares más radicales, deja su sello unos años después en el Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad-Guía de Planeamiento Estratégico 2016-2018, que en su Meta 5 define “construir la memoria histórica de la Fuerza Pública bajo una visión de victoria, transparencia y legitimidad”.
Estos tres pilares conjugados fijan a la Fuerza Pública en un rol que no admite discusión y cuyo papel en el conflicto no emerge de los hallazgos que arroja la investigación. La matriz interpretativa reafirma lo que el comandante dispone y pierde así su potencial esclarecedor, convirtiéndose en la verdad oficial de la institución.
La legitimidad, es decir la reputación de la institución, impone silencios y descarta una revisión a fondo de sus actuaciones.
Esas mismas orientaciones se expresan en la cartilla de memoria histórica puesta a disposición del público en la página del Comando General de las Fuerzas Militares de la Dirección de Memoria Histórica y Contexto (DIMHC), donde queda clarísimo que el esfuerzo del sector seguridad está orientado a mantener la legitimidad institucional y no al esclarecimiento:
Como la Gráfica lo indica, la memoria histórica está concebida como una fuerza que camina en un solo sentido ascendente y triunfal: la legitimidad institucional, y así se desdibuja el sentido que tiene esclarecer en un país que ha transitado por un largo conflicto armado.
Estos lineamientos responden al imperativo inculcado en los adoctrinamientos profesionales de la Fuerza Pública de ser leal y fiel a la institución y al honor militar. Sin embargo, esta lealtad incondicional es un problema porque es antidemocrática, así sus diseñadores no lo hayan considerado.
Por eso mismo la ley 1448 de 2011 prohibió al Estado y a sus instituciones la promoción de la verdad oficial, prohibición que a todas luces están contraviniendo estas orientaciones.
Una democracia promueve procesos de esclarecimiento jurídico o histórico, con el fin de establecer responsabilidades y determinar las condiciones y los entramados que permitieron que unos repertorios de violencia se transformaran en patrones de actuaciones reiteradas, no de aplaudir a unos y abuchear a otros.
El propósito de un esfuerzo así no es defender a tal o cual institución u actor sino dilucidar los engranajes que hicieron posible el horror, con la esperanza de que la comprensión alcanzada se convierta en el terreno para cultivar ciudadanías críticas para evitar la repetición.
En realidad, la legitimidad de las Fuerzas Militares y de la Policía y sus defensores como el exministro Pinzón se fortalecería si ellos mostraran un compromiso incondicional con los principios democráticos de la lucha contra la impunidad y a favor de la rendición de cuentas sin excepciones.