La carrera diplomática en Colombia y en el mundo: de mal en peor - Razón Pública
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La carrera diplomática en Colombia y en el mundo: de mal en peor

Escrito por Walter Arévalo
Canciller María Ángela Holguín.

Walter ArevaloLa diplomacia es un servicio público de alto interés nacional, pero en Colombia es la parte apetecida de la piñata política. En medio de los abusos que realizan otros países, el gobierno colombiano insiste en debilitar la carrera diplomática. Este es el panorama.

Walter Arévalo-Ramírez*

Con menos profesionales

El pasado 9 de enero el gobierno nacional expidió el decreto 26, que limita a 50 el número de diplomáticos que pueden ser embajadores. En lugar de abrir más espacios a las personas idóneas para representar y defender los intereses de Colombia en el exterior, este decreto hace todo lo contrario.

Esta norma reaviva las preocupaciones sobre el debilitamiento de la carrera diplomática. Los abusos del servicio diplomático por parte del ejecutivo son comunes en nuestro sistema político e, infortunadamente, no son una práctica aislada en la comunidad internacional.

La diplomacia mundial ha evolucionado mucho. Durante la colonia, las misiones diplomáticas se convertían en verdaderos “feudos” del gobernante: extensiones de su poder usualmente monárquico, faros de su influencia personal y política e instrumentos de realpolitik.

El abuso de la diplomacia pone en verdadero riesgo el prestigio político de un gobierno.

La diplomacia actual —apalancada en la profesionalización de la carrera diplomática— es y debe ser una institución democrática, un modelo respetable de empleo público y ante todo, un servicio estatal para los ciudadanos. Todos tenemos el derecho constitucional —y no la mera prerrogativa— a que los asuntos exteriores del país se lideren y administren por profesionales con las más altas capacidades.

En Colombia y en las demás democracias liberales, la carrera diplomática es un empleo público como cualquier otro. Basado en un modelo meritocrático, el nombramiento de los funcionarios de carrera es la regla, mientras el nombramiento de “elegidos políticos” provisionales es la excepción.

Desde la creación de la carrera diplomática en 1911 hasta hoy, no pasa un año sin escándalos en este ámbito. Nombramientos políticos, trabas a los funcionarios de carrera, elección de personajes estrambóticos y otros abusos son el pan de cada día: una práctica atroz en un país lleno de aspirantes talentosos y dedicados, que superan las más rigurosas pruebas profesionales.

Síntoma de  mal gobierno

Carrera diplomática.
Carrera diplomática.
Foto: Cancillería

En el sistema internacional, el abuso de la diplomacia es considerado una práctica de “mal gobierno”. La seriedad con la que cada país administra su servicio exterior es una de las principales fuentes de prestigio y señal de estabilidad política.

Un país con una carrera diplomática desmejorada, constantemente intervenida por los políticos, atormentada por los caprichos de turno, no puede prestar el mejor servicio consular a sus ciudadanos en el exterior —hoy, por demás, un asunto de derechos humanos—, ni administrar adecuadamente las relaciones exteriores, cada vez más complejas en lo económico, lo cultural y lo migratorio. El abuso de la diplomacia pone en verdadero riesgo el prestigio político de un gobierno, sin duda un bien moderno del Estado, moneda de cambio en los foros internacionales y las relaciones económicas.

Tres ejemplos lamentables

Dejando de un lado a Colombia, tres casos recientes de posibles abusos del sistema diplomático llaman la atención:

Ecuador

La misma semana de la expedición del decreto colombiano, Ecuador decidió darle la nacionalidad y estatus de diplomático al líder de Wikileaks, Julian Assange. Desde junio de 2012, Assange permanece “encerrado” en la Embajada de Ecuador en Londres bajo “asilo diplomático”, una institución distinta del asilo político y reconocida por algunos países latinoamericanos, pero no por el mundo.

Las observaciones de Ecuador sobre las razones que tuvieron Suecia y Estados Unidos para solicitar el arresto de Assange son un asunto meramente político. Pero el uso de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y la utilización de las inmunidades diplomáticas para evitar un arresto deben ser vistas como un abuso. La diplomacia existe para el servicio de los nacionales en el exterior y la correcta representación política del país, no para evitar el arresto de un circunstancial aliado político con el fin de bloquear al “imperio”.

Reino Unido ha tratado de rechazar la concesión de la ciudadanía y el nombramiento de Assange como diplomático bajo la teoría del abuso del derecho, mientras que Ecuador sostiene que ese rechazo activa la institución de la persona non grata y habilita a este diplomático para ejercer su recién adquirida inmunidad y abandonar el Reino Unido sin peligro y en un tiempo razonable.

Guinea Ecuatorial

Teodoro Obiang Mangue, vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo del actual presidente, invocó la inmunidad política de su padre para evitar ser procesado por corrupción ante la Corte Internacional de Justicia.

Como funcionarios provisionales, personas ajenas al servicio profesional pasan de un cargo a otro sin las mismas exigencias de los funcionarios de carrera.

De acuerdo con las pruebas, Obiang habría comprado suntuosas propiedades en París con dineros públicos. Ahora, como si fuera poco, el mandatario argumentó que sus bienes no podían ser embargados, pues las mansiones pertenecían al Estado de Guinea Ecuatorial y eran “anexos de la Embajada Ecuatoguineana”.

Estados Unidos

El presidente Trump nombró “a la carrera” a su nuevo embajador ante los Países Bajos, Pete Hoekstra: un político republicano, acusado recurrentemente por los demócratas de ser xenófobo y racista.

Para vergüenza de los diplomáticos, Hoekstra afirmó recientemente que en Holanda existían “zonas prohibidas para los europeos, gobernadas por Jihadistas y radicales, donde se asesina a ciudadanos para hacer cumplir la Sharía y donde se incendian tanto autos como políticos”. Los medios y las autoridades holandesas lo tildaron de  mentiroso y exigieron una retractación.

Muchos “provisionales”

Consulado de Colombia en Boston.
Consulado de Colombia en Boston.
Foto: Cancillería

La brecha entre funcionarios de carrera y funcionarios provisionales no ha disminuido en Colombia.

En contravía del artículo 125 de la Constitución —según el cual los empleos en los órganos y entidades del Estado deben ser de carrera—, la proporción es de 49 a 51 por ciento.

A lo anterior se suma el abuso de la figura de la provisionalidad, que ha llevado a que personas ajenas al servicio profesional pasen de un cargo a otro sin someterse a las exigencias que deben cumplir los funcionarios de carrera.

Actualmente los funcionarios provisionales

  • No se presentan a un concurso;
  • No tienen la obligación de aprobar exámenes cuando se les nombra en un cargo superior;
  • No son evaluados en su gestión;
  • Pueden suplir el título profesional por experiencia que ni siquiera debe ser relacionada con la función, y
  • Pueden tener doble nacionalidad.

Para justificar este abuso, se afirma que es necesario nombrar funcionarios provisionales porque no hay suficientes funcionarios de carrera. Pero, ¿no es del Estado la responsabilidad de que ingresen más personas a la carrera y de que aumenten las plazas en los concursos?

el nuevo decreto permitirá que los cargos públicos que deberían atribuirse por mérito sigan repartiéndose como pago de favores políticos.

Como si fuera poco, los tribunales le dan la razón a quienes demandan los nombramientos provisionales, pero las sentencias son ignoradas. En días pasados el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió tres decretos para nombrar nuevamente y en las mismas misiones a personas cuyos nombramientos fueron declarados nulos: Germán Andrés Espejo, Ministro Consejero en Londres; Rafael Eliseo García, Consejero en La Habana y Carla Traditi, Consejera en Roma.

En lugar de fortalecer la carrera y acatar los fallos, el gobierno invierte los recursos públicos en la defensa de esos actos provisionales no motivados: la Cancillería hizo público un contrato con Moncada & Barrero Abogado S.A.S para representarla en materia de acciones de nulidad electoral y procesos relacionados con el régimen de carrera diplomática. También se ha tratado de impedir la nulidad por vía de tutela.

Este manejo clientelista de la administración en materia de relaciones exteriores también representa un detrimento para el presupuesto. Se debe pagar salario tanto al funcionario de carrera como al provisional que ocupa el cargo temporalmente. Eso sin sumar los viáticos y pagos por menaje cada vez que los “provisionales” pasan de un puesto a otro.

Un nuevo retroceso

A todo eso se añade ahora la expedición del decreto 26.

Con este decreto, el gobierno congela los ascensos a embajador y frena la carrera diplomática, pues ya eran 50 los miembros de la carrera que estaban en el cargo de embajadores. Se han formulado declaraciones públicas que pretenden justificar el decreto bajo el argumento de que solo los mejores lleguen a ser embajadores. Pero esta restricción a los derechos laborales y, concretamente al derecho de ascenso, no se sustentó en ningún estudio técnico. Ya que los requisitos para ascender a embajador siguen siendo los mismos, muchos quedaron  con la impresión de que se buscaba frenar el ascenso en la carrera diplomática.

Si se buscaba que solo los mejores fueran embajadores, ¿por qué la Cancillería se opuso al trámite del proyecto de ley 170 que sí impone requisitos exigentes a quienes aspiran a ser embajadores o Cónsules Generales Centrales y en cambio ahora impide el ascenso de los funcionarios de carrera?

Lamentablemente, el decreto perpetuará la excepción de la regla general: los cargos públicos que deberían atribuirse por mérito seguirán siendo repartidos como pago de favores políticos. El Estado (y a través de él todos los colombianos) ha invertido en la formación de los diplomáticos. Personas formadas rigurosamente verán truncada la posibilidad de ejercer su profesión.

Y a los colombianos se nos priva de tener embajadores profesionales y capacitados, que sean conocedores de su oficio.

*Abogado especialista en Derecho Constitucional, Master of Laws in International Law (Summa Cum Laude) Stetson College of Law. Profesor de las Universidades del Rosario, El Bosque y Javeriana. Director de la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional.
@walterarevalo

 

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