Las atrocidades que ocurren en las cárceles de Colombia y la gestión de las autoridades para esconderlas son señales urgentes de que el sistema necesita renovarse.
Marcela Briceño-Donn*
Una historia oscura
Hace poco más de un año se registró un motín en la cárcel La Modelo que dejó 24 muertos. La investigación sigue abierta.
Durante décadas La Modelo de Bogotá fue testigo de hechos de violencia, caracterizados por la barbarie, el ocultamiento oficial, la corrupción y el miedo. Las responsabilidades se diluyen con el paso tiempo, aunque siempre se anuncian las “investigaciones exhaustivas”. Prima la impunidad aun cuando la evidencia sea contundente
Recientemente han avanzado algunos procesos penales relacionados con los hechos ocurridos durante la década de los 90, pero en treinta años los intentos de esclarecer, sancionar y evitar la repetición de estas prácticas han sido escasos y los resultados han sido insuficientes.
Masacres, descuartizamientos, envenenamientos, torturas, secuestros y violaciones, ocurrieron en La Modelo bajo la mirada de las autoridades.
En días pasados, el exfiscal Gómez Méndez exhortó a la JEP a oír a los paramilitares: “que hablen y que digan todo, que el país conozca su verdad”. Por su parte, William Gacharná, exfuncionario del INPEC y exdirector de la Modelo, desea acogerse a la JEP y conviene oír sus verdades.
- 420 hombres y 6.989 mujeres recluidos en 132 cárceles se enfrentan día tras día a un alojamiento indigno, una alimentación inadecuada, falta de agua potable, ausencia de atención en salud física y mental, de contacto con el mundo exterior, de actividades de reinserción, etc.
Esto caracteriza al sistema penitenciario, calificado por la Corte Constitucional como un Estado de cosas inconstitucional desde 1998 — un concepto reiterado y ampliado en múltiples ocasiones—.
El Ministerio de Salud declaró la emergencia sanitaria por la COVID-19 el 12 de marzo de 2020 y días después el presidente declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica.
Veinte días después, se presentaron disturbios en trece cárceles del país—incluido el motín en la cárcel La Modelo—. Para ese momento, la cárcel de Villavicencio registraba 18 casos de COVID-19. En las cárceles de Cúcuta, Popayán, Villavicencio y El Buen Pastor de Bogotá se presentaron protestas cuya represión dejó más de 60 heridos.
La ministra de justicia de entonces, Margarita Cabello, reconoció que el tardío e insuficiente decreto de excarcelación “no dio los resultados esperados”. La crisis persiste y empeora.
Motín en La Modelo
Para marzo de 2020 las cárceles colombianas tenían la capacidad de albergar 80.763 personas, pero tenían 122.079 reclusos. El gobierno ordenó suspender las visitas de familiares y el ingreso de comida, ropa y utensilios de aseo.
Los presos no podían acceder a los insumos básicos y emporaron sus ya deterioradas condiciones de vida. Por supuesto el INPEC no suplió las necesidades básicas que las familias proveen a los privados de libertad.
Caracol Televisión publicó un informe con las escenas del terror que se vivió durante el motín en La Modelo en 2020. Allí murieron 24 internos y 107 personas resultaron heridas, incluyendo 76 presos y 31 guardias penitenciarios.
Masacres, descuartizamientos, envenenamientos, torturas, secuestros y violaciones, ocurrieron en La Modelo bajo la mirada de las autoridades.
El informe reavivó la atención sobre lo ocurrido y —como las coincidencias no existen—, la Fiscalía anunció avances en las investigaciones. La Modelo tenía para entonces 4.916 internos, pero capacidad para 3.081.
“La información del motín estaba rondando hace varios días y en la relación general diaria nos habían informado. No había puesto de mando unificado. Nadie nos dio instrucciones”, señaló un miembro de la guardia.
Tras lo ocurrido, la hoy procuradora, Margarita Cabello, se refirió a un “plan nacional de fugas”, señaló que Alias Romaña estaría detrás de los motines carcelarios y afirmó que no conocía de la tensión existente en los penales; mientras tanto el fiscal Barbosa responsabilizó a “las cabecillas del ELN y disidencias de las Farc”.
Investigaciones
En noviembre de 2020, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe elaborado por expertos forenses y concluyó que las muertes de los detenidos durante el motín fueron intencionales. “La mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar”. Y agrega que “los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas”.
Recientemente el fiscal Barbosa informó que 23 de los presos murieron por disparos de armas de fuego y uno por caída libre. Hubo 107 heridos —76 reclusos y 33 miembros del INPEC—, 43 lesionados por armas de fuego, 19 por golpes de funcionarios del INPEC, 4 por riñas entre presos y 6 por caídas.
Los hallazgos del informe de la Fiscalía incluyen:
- Torturas, golpes y desnudez forzada en el traslado a centros médicos;
- Presos recluidos en celdas de aislamiento, donde fueron golpeados, desnudados y donde se les negó la atención médica;
- Posible destrucción de pruebas;
- Disparos contra los internos desde el exterior de la cárcel;
- Posibles intentos de homicidio de personas que resultaron heridas o muertas y que presentaban disparos en la cabeza, aunque no estaban en los sitios con riesgo de fuga;
Posible responsabilidad de mandos medios y directivos de la cárcel por la presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones.
90. 420 hombres y 6.989 mujeres recluidos en 132 cárceles se enfrentan día tras día a un alojamiento indigno, una alimentación inadecuada y falta de agua potable
Por su parte, la Procuraduría abrió una indagación preliminar en marzo de 2020 y decretó la práctica de pruebas, pero apenas a finales del año pasado abrió una investigación formal contra los directivos de la cárcel.
Los hallazgos de la Procuraduría indican:
- Irregularidades en el uso de armamento no relacionado en el momento de su entrega o devolución, “situación que hace imposible establecer la responsabilidad individual de los autores”;
- Necesidad de atención hospitalaria externa para 55 privados de la libertad; 28 fueron llevados al área de sanidad. Hubo 2 auxiliares bachilleres hospitalizados y 5 funcionarios de la guardia lesionados;
- Dudas sobre las órdenes impartidas para aplicar un Plan de Contingencia y Emergencia que el director general del INPEC dio a conocer el 19 de marzo, referida a las “contingencias por amotinamiento de PPL” y las instrucciones dadas al grupo CORES para prestar apoyo a la seguridad de La Modelo.
La Procuraduría reconoce que pudieron tomarse medidas preventivas, ya que “se sabía que algo se gestaba”, al tiempo que evalúa el concepto de HRW.
Bajo la dirección de Margarita Cabello se espera retirar un impedimento presentado por el procurador de derechos humanos, quien para la época era viceministro de justicia. Pero aun no hay decisiones significativas sobre las responsabilidades por estos hechos
Mientras tanto las familias esperan que se haga justicia.
Normas internacionales
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos disponen que los funcionarios no recurran a la fuerza en sus relaciones con los reclusos salvo en caso de legítima defensa, tentativa de evasión o resistencia por la fuerza o por inercia física a una orden basada en la ley o en los reglamentos.
Por su parte, los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley señalan que no se emplearán armas de fuego contra las personas salvo:
- En defensa propia o de otras personas;
- En caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves;
- Con el propósito de evitar un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida;
- Con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad;
- Para impedir su fuga;
- Y únicamente si resultan insuficientes medidas menos extremas.
Esto significa que el uso intencional de armas de letales se permite apenas cuando es estrictamente indispensable para proteger una vida.
Las Reglas Mandela prescriben que los funcionarios penitenciarios no recurrirán a la fuerza salvo en caso de legítima defensa, tentativa de evasión o resistencia física activa o pasiva a una orden basada en la ley o el reglamento correspondiente.
Colombia
Hasta la fecha 90 países son parte del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT). En América Latina, Colombia y Venezuela son los únicos países que aún no lo ratifican.
Dicho tratado de la ONU creó un subcomité sobre la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con un mandato preventivo y de asesoramiento para establecer mecanismos nacionales de prevención. ¿Qué espera Colombia para ratificarlo?
Resuenan las palabras de Jineth Bedoya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “clausurar la cárcel La Modelo, donde no solo se cometió un hecho de violación de derechos humanos contra mí, sino donde sistemáticamente se han cometido todos los tipos de violaciones de derechos humanos desde hace décadas, sería realmente una reparación efectiva”.
