La baja moral ¿de la tropa? De adefesios jurídicos y patentes de corso presidenciales - Razón Pública
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La baja moral ¿de la tropa? De adefesios jurídicos y patentes de corso presidenciales

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José Fernando FlórezEl verdadero problema que plantea la condena de Plazas Vega no es la "baja moral" de la tropa, sino la de un Presidente de la República que defiende la impunidad de militares por la tortura y asesinato de civiles inocentes.

José Fernando Flórez *

El verdadero problema

El verdadero problema que plantea la condena del coronel Alfonso Plazas Vega ¿es la baja moral de la tropa? O, más bien, ¿es el de un Presidente que defiende en público adefesios tales como la impunidad a militares por la tortura y asesinato de civiles inocentes?

La separación de poderes y la independencia judicial, conquistas esenciales de la democracia moderna, no hacen parte del vocabulario del presidente de los colombianos. Desde el comienzo de los problemas judiciales que han tenido sus funcionarios más cercanos, enredados por la violación de distintos artículos del Código Penal, el mandatario no ha parado de atacar las decisiones de la justicia que perjudican a las personas de sus afectos.

La lista de sus intervenciones públicas para manifestarse en contra de los tribunales es abrumadoramente larga. A vuelo de pájaro, y sin pretensión de exhaustividad:

  • Defensa del "buen muchacho" Jorge Noguera, a quien decidió premiar con el Consulado en Milán cuando estalló el escándalo de las chuzadas del DAS, organismo puesto bajo su dirección;
  • Acoso a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el proceso contra su primo, el ex senador Mario Uribe, que degeneró en una campaña de desprestigio contra el entonces presidente de dicha corporación, el magistrado César Julio Valencia Copete;
  • Montaje contra el magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema, Iván Velásquez, principal encargado de las investigaciones sobre parapolítica;
  • Cuestionamientos a la Corte por el rechazo de las ternas que ha enviado para elegir un fiscal de bolsillo;
  • Presión a la misma corporación para que extradite a más procesados, siendo así que ha autorizado más de cien extradiciones y ahora, con razón, se rehúsa a autorizar la de personas que deben colaborar para esclarecer la verdad en procesos nacionales;
  • Descalificación y denuncia disciplinaria contra la juez Jenny Jiménez, quien ordenó la captura de Mario Aranguren, el ex director de UIAF, procesado por el seguimiento financiero ilegal a magistrados…

Icono de lo cínico

En un ambiente caracterizado por la corrupción del Legislativo y la captura burocrática de los organismos de control por parte del Ejecutivo, la Rama Judicial se ha convertido en el único contrapeso del desbordado poder presidencial y, por ende, en el principal blanco de sus ataques y en el último reducto de la democracia colombiana. Se trata de un poder heroico, al que le debemos que el país no se haya hundido en el autoritarismo con una segunda reelección, a todas luces inconstitucional, y que no se haya coronado la impunidad como norma de conducta (chuzadas del DAS, yidispolítica), así como la falta de procesos en el caso de los aliados corruptos del gobierno en el Congreso (parapolítica) y la presencia de batallones de la muerte en las fuerzas militares (falsos positivos).

El último episodio de intervención del Jefe de Estado, que merece especial atención por lo cínico y aterrador, es el caso del coronel en retiro Alfonso Plazas, condenado en primera instancia a treinta años de prisión como autor mediato de la desaparición forzada de once personas (ocho empleados de la cafetería, dos civiles más y una guerrillera) en el holocausto del Palacio de Justicia. María Stella Jara, la juez que dictó el fallo condenatorio a pesar de las amenazas contra su vida y la de su hijo menor (probablemente promovidas por el mismo segmento militar corrupto), tuvo que recurrir a la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) ante la indolencia del Ejecutivo para suministrarle protección.

El video de la alocución televisada que pronunció el presidente acompañado por el ministro de Defensa y la cúpula militar, contestando el fallo judicial contra Plazas y anunciando una reforma a la justicia penal militar para blindar al Ejército, produce escalofríos y pasará a la historia de Colombia como icono de la ignorancia e irresponsabilidad de un jefe de Estado.

¡Corran que viene el Presidente!

Ignorancia, porque es insostenible el "argumento" jurídico en el que, por el momento, se basa la protesta: el carácter de lesa humanidad del delito de desaparición forzada que lo sustrae al conocimiento de la justicia penal militar no plantea duda alguna (igual ocurre con los "falsos positivos" y es sólo gracias a ese carácter que se ha podido avanzar en su investigación). Y porque el acervo probatorio del caso resultó concluyente para la juez. El coronel fue quien dio la orden ("cuelguen a esos hijueputas", según el testimonio que obra en el proceso), que condujo a la desaparición de estas personas en una estructura militar jerárquica caracterizada por la subordinación y la obediencia, a veces ciega, en la cual el condenado mantuvo el control de la situación sobre las víctimas. Si bien la autoría mediata es un tema difícil de dogmática penal, que plantea importantes interrogantes jurídicos, este debate, al igual que el probatorio, debe adelantarse por juristas especializados ante los tribunales, que eventualmente podrán darle la razón en segunda instancia a los detractores del fallo, pero no convertirse en tópico amarillista de los embates presidenciales contra el poder judicial.

Irresponsabilidad, por el atentado a la institucionalidad que comete un presidente enfurecido contra el poder judicial. El daño que producen los embates sistemáticos e infundados de un funcionario amparado por su enorme popularidad, en contra de los jueces, cubre sus decisiones con un manto de ilegitimidad que a largo plazo resulta irreparable. Se puede discrepar de los fundamentos jurídicos y probatorios de la decisión contra Plazas, pero esto no autoriza al primer funcionario del país a crear un aire de duda en torno a la rama judicial. El coronel fue condenado en un proceso judicial con todas las garantías y las tendrá nuevamente en segunda instancia para impugnar la decisión.

Contaminación de lo político

De otra parte la discusión, que debe limitarse a lo jurídico, se ha visto contaminada con consideraciones políticas: se dice que resulta indignante que varios de los ex integrantes del M19, grupo armado ilegal responsable de la masacre del Palacio de Justicia, estén sueltos y haciendo política. Esto podría ser cierto de demostrarse en un proceso penal, como ocurrió con Plazas, que alguna de estas personas tuvo responsabilidad directa o mediata en la cadena de mando del grupo guerrillero que produjo la muerte de las víctimas. Pero no ha ocurrido así, y en esa medida las amnistías de que se beneficiaron gracias a leyes del Congreso, aún están en firme. Si se quieren desvirtuar, sería necesario abrir un debate nacional sobre su derogación, en mi opinión inconveniente desde la perspectiva internacional de los procesos de justicia transicional. Pero, en estricto derecho, nada tiene que ver ese debate hipotético con la desaparición de once personas inocentes a manos de las Fuerzas Militares. Los responsables deben ser sancionados.

Una cosa es una cosa…

Para completar el patético escenario de irrespeto a la justicia, se habla en el Ejército de la "baja moral" de la tropa como resultado de la condena de las manzanas podridas. Pero la tropa, a la que todos los colombianos de bien estamos agradecidos por su valor en protegernos del ataque de los grupos armados ilegales (incluido el que se tomó el Palacio), que recientemente alegró al país con la noticia del rescate del general Luis Mendieta, de los coroneles Enrique Murillo y William Donato, y del sargento Arbey Delgado, desde hace años en poder de la guerrilla, no debe "desmoralizarse" porque se le exija el respeto de los derechos humanos. Su moral no puede fundarse en la irresponsabilidad por los errores que comete, sino en los éxitos legítimos que obtiene.

La discusión permite plantear la pregunta con la que inicié este artículo: ¿el verdadero problema que plantea la condena de Plazas Vega es la baja moral de la tropa, o la de la defensa pública de adefesios como la impunidad por la tortura y el asesinato de civiles inocentes a manos de militares hecha por el Presidente de la República? En una entrevista radial, el Presidente Álvaro Uribe defendió en forma absurda (a la manera de un absoluto lego en cuestiones jurídicas) que "cuando hay buena fe y patriotismo no hay espacio para el dolo. Se excluye totalmente el delito". Es decir, en buen castellano, que el hecho de que las Fuerzas Militares combatan a los enemigos del Estado constituye una patente de corso irrestricta en materia de responsabilidad penal por sus excesos. 

* Candidato al doctorado en Ciencia Política por la Universidad París II Panthéon-Assas.  http://iuspoliticum.blogspot.com/

twitter1-1@florezjose

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José Fernando Flórez

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