La autonomía universitaria: un debate necesario - Razón Pública
Inicio TemasEconomía y Sociedad La autonomía universitaria: un debate necesario

La autonomía universitaria: un debate necesario

Escrito por Carlo Tognato
La Ministra de Educación, Gina Parody.

La Ministra de Educación, Gina Parody.

Carlo TognatoEl ministerio ha decidido intervenir más en las universidades, y muchos temen que esto recorte su autonomía. Por eso importa aclarar qué es –y qué no es- la autonomía, como se ha usado – y abusado- en Colombia, y que se debe –o se puede- esperar en el futuro cercano.   

Carlo Tognato*

Educación vigilada

La Ley 1740 de 2014 aumentó las facultades de vigilancia e inspección del Ministerio de Educación Nacional sobre las universidades, y lo obligó a presentar a finales de 2015 un proyecto de ley para establecer una Superintendencia de Inspección y Vigilancia de la Educación.

La función de esta nueva entidad sería “garantizar el derecho a la educación, los fines constitucionales y legales de la educación, la autonomía universitaria, los derechos de los diferentes grupos de la comunidad académica y la calidad, eficiencia y continuidad en la prestación del servicio”.

Por otra parte durante las últimas semanas, la ministra Parody ha manifestado su determinación de intervenir las universidades que incumplan con sus deberes. Y hace muy poco se pronunció sobre la necesidad de que la autonomía universitaria no acabe siendo una hoja de parra para encubrir prácticas que poco tienen que ver con la academia en los recintos universitarios.

Y sin embargo la Ley 1740 ha sido objeto de varias críticas, sobre todo por parte de quienes consideran que ella pone en peligro la autonomía universitaria.

¿Qué es la autonomía universitaria?

Ministerio de Educación
Universidad de Antioquia en Medellín.
Foto: Omar Uran

La autonomía universitaria regula la relación entre la academia y las demás esferas de la sociedad, como la religión y la política. Cada una de estas esferas tiene su lógica y sus prácticas propias. Afirmar que la universidad es autónoma implica sostener que la lógica académica no puede quedar colonizada por lógicas o principios que regulan otros espacios.

Por ejemplo, el credo religioso de una profesora no puede influir sobre sus oportunidades de avanzar en la carrera profesoral. El hecho que un profesor milite en un partido político o en un movimiento social determinado no debe interferir con los criterios para evaluar su desempeño académico. O el hecho de que un estudiante sea hijo de alguna personalidad pública no justifica un tratamiento privilegiado para él.

Afirmar que la universidad es autónoma implica sostener que la lógica académica no puede quedar colonizada por lógicas o principios que regulan otros espacios. 

El principio de autonomía universitaria es una conquista que ha tomado siglos y que se ha consolidado  para proteger la universidad (y desde ahí a la sociedad) frente a las múltiples inquisiciones que han pretendido enjaular al libre pensamiento.

Afirmar el principio de autonomía universitaria no implica abogar por una academia aislada de la sociedad. Por ejemplo, la academia puede ser autónoma y al mismo tiempo aspirar a influir sobre la política, identificando intereses que los políticos no han percibido, vislumbrando nuevos canales para representarlos y diseñando mecanismos nuevos para satisfacerlos.

Autonomía mal entendida

Ahora bien, en Colombia la autonomía universitaria ha sido repetidamente maltratada. En diversos contextos lo académico ha pasado a un segundo plano y las universidades se han transformado en organizaciones “sinónimo de lucro” para sus fundadores, en proveedoras de empleo para familias y amigos, o en maquinarias de votos para caciques políticos.

Además, la guerra ha atentado contra la autonomía universitaria de una manera muy peculiar. A lo largo de décadas los campus de las universidades públicas se han transformado en territorio de guerra. Allí han operado grupos violentos de todo tipo, y tanto guerrilleros como paramilitares.

Los campus se han convertido en escenario de bloqueos violentos, de interrupción coactiva de las clases, de desplazamiento forzado de estudiantes y profesores de sus salones, de destrucción de la infraestructura, de desfiles de milicianos armados, de fábricas de explosivos, y de todo tipo de actividades clandestinas.

Por su parte los agentes del Estado han hecho presencia en los campus para llevar a cabo actividades de inteligencia. Sin embargo esta presencia  no se ha traducido en la cesación de la violencia o en mejores condiciones de convivencia para estas comunidades. Peor aún, la escasa capacidad por parte de esos agentes para leer la complejidad de esos escenarios y su entendimiento estereotipado de los actores involucrados (que demasiadas veces ha establecido correspondencias automáticas entre radicales de izquierda o defensores de derechos humanos y las guerrillas) los han convertido en parte del problema más que en parte de la solución.

Por otro lado, buena parte de la izquierda ha ido mutando progresivamente el sentido de la autonomía universitaria y resignificándola como no-intervención del Estado en las universidades. Es decir, diciendo autonomía para decir extra-territorialidad.

Lo desafortunado aquí consiste en que esa extra-territorialidad no se aprovechó para fortalecer la autonomía. Al contrario, se usó para debilitarla. Un ex rector de la Universidad Nacional recuerda, por ejemplo, que en los años 1970 diferentes grupos políticos, varios de los cuales estaban adscritos a las diferentes insurgencias, distribuían entre sus seguidores y simpatizantes los puestos en la Universidad.

Los nuevos muros

Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.
foto: Claudio Bustos

El colapso de la autonomía universitaria por efecto de décadas de guerra ha erosionado el tejido académico y social de las universidades públicas.

La presencia de los grupos violentos en los campus ha llevado a través de la censura y de la intimidación al colapso de la esfera pública y a la imposibilidad de debates libres y sin miedo sobre el conflicto armado y la insurgencia en ciertas universidades y sobre el paramilitarismo o las vías de hecho de ciertos agentes del Estado en otras.

El pluralismo ha quedado herido, en unos casos muy gravemente, y las universidades afectadas han perdido su rumbo como constructoras de una sociedad abierta.

Buena parte de los estudiantes universitarios que tenían la opción de irse de esas universidades públicas lo han hecho. Así se ha consolidado un proceso de segregación en la educación pública que, paradójicamente, ha aliado a conservadores y radicales, con cada parte viviendo en su lado del muro, incluso si los hijos de muchos radicales han estudiado en universidades privadas.

Este muro es mucho más eficaz que el Berlín o que el de contención entre Israel y Cisjordania. Al menos estos dos han sido objeto de constantes debates en los medios y en la academia y han tenido organizaciones de la sociedad civil empeñadas en derrumbarlos. Pero el muro de la segregación social en las universidades colombianas es un muro olvidado, sobre el cual raramente se discute o respecto del cual raramente se hace algo.

La firma de los acuerdos de paz y la desmovilización de las guerrillas tienen unas implicaciones importantes para el mundo universitario. La paz trae consigo una aspiración y un compromiso a tumbar muros, no a mantenerlos. Durante el posconflicto el principio de autonomía universitaria no puede utilizarse como un pretexto para proteger esferas exclusivas de influencia.

Buena parte de la izquierda ha ido mutando progresivamente el sentido de la autonomía universitaria y resignificándola como no-intervención del Estado en las universidades. 

Cuando llegue la paz, tendremos que asegurar condiciones de libre expresión y de libre circulación de las personas en las universidades públicas. Tendremos que reestablecerlas como escenarios plurales donde se pueden dar debates abiertos y donde ciudadanos de todo tipo puedan compartir libremente y puedan tejer nuevos entramados sociales donde quepan los hilos de todos.

Para lograr eso, el Estado tendrá que vigilar el cumplimiento de estas condiciones, no menos que como garantizar la efectividad del principio de autonomía universitaria en contra de quienes buscan distorsionarlo y domesticarlo.

Un paso del Ministerio

La Ley 1740 y la Superintendencia de Vigilancia e Inspección de la Educación allí concebida son pasos importantes en esta dirección. Pero son necesarias algunas anotaciones:

  • Las funciones de vigilancia y de inspección tienen que estar en cabeza de una agencia independiente;
  • Para ser legítima y tener los efectos esperados, esta agencia tendrá que contar con funcionarios con un conocimiento claro de la realidad universitaria, así como con títulos y experiencia que les merezcan el respeto  de sus pares nacionales e internacionales. Tendrán que ser colombianos y colombianas que hayan construido de manera visible su liderazgo y su reputación en temas de autonomía universitaria.

A fin de establecer una institución con esas características, gobierno y Congreso deberían mirar hacia el Banco de la República como fuente de inspiración.

Mediante la Ley 1740 el Ministerio de Educación, sin quererlo, introdujo la primera pieza de una posible estrategia para el posconflicto en la educación superior. Es urgente que el Ministerio reconozca esta situación y construya sobre ella para articular una estrategia genuinamente comprensiva.

Esto evitará que otras acciones institucionales remen en contra de la consolidación de un posconflicto en la educación superior y minen el papel protagónico que el Ministerio podría jugar en esta etapa.

 

* Director del Centro de Estudios Sociales, y profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, Bogotá, Faculty Fellow del Center for Cultural Sociology, Yale University.

 

Artículos Relacionados

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies