La apropiación del símbolo: de la espada de Bolívar a la camiseta de la Selección

El patrimonio cultural ha dejado de ser espacio de interpretación compartida y se ha convertido en un recurso estratégico de legitimación política. Los objetos ya no se valoran por la complejidad de su historia, sino por su capacidad para condensar relatos eficaces.

Un símbolo es de todos hasta que alguien lo empuña. Desde ese momento deja de ser un punto de encuentro y se convierte en un argumento. Eso ocurrió con la espada de Bolívar el día de la posesión de Gustavo Petro. Y volvió a ocurrir con la camiseta de la Selección el 31 de mayo de 2026, cuando la campaña de Abelardo de la Espriella la adoptó como emblema electoral y sectores del petrismo denunciaron una apropiación indebida, sin recordar que su propio movimiento había hecho algo similar meses antes y que el mismo Petro había vestido esa camiseta durante su campaña de 2022.

La ironía no es accidental. Revela una práctica política más amplia: la conversión de símbolos compartidos en herramientas de movilización y legitimación. El gobierno de Petro lo hizo de manera particularmente consistente y con objetos de mayor densidad histórica. Pero la lógica no le pertenece en exclusiva. Lo que cambia es el objeto, el mecanismo es el mismo.

Una orden, no un protocolo

La posesión de Gustavo Petro quedó marcada por una escena que desbordó el ritual republicano. Antes del juramento presidencial, lo que dominó la ceremonia fue una instrucción: traer la espada de Simón Bolívar.

La espada no apareció como pieza histórica sujeta a protocolos de conservación y custodia. Apareció como emblema activado en un rito político. El episodio condensó una relación específica con el pasado: el patrimonio entendido no como objeto de conocimiento, sino como reserva simbólica disponible para producir legitimidad inmediata.

No se trató de exhibir un objeto histórico. Se trató de incorporarlo a una narrativa contemporánea. El pasado era convocado para intervenir en el presente y reforzar la idea de continuidad entre la gesta bolivariana y el nuevo gobierno. Bolívar no fue invocado. Fue reclutado.

Lo que se pierde en la simplificación

El patrimonio cultural no es una categoría arbitraria. Es el resultado de desarrollos técnicos, jurídicos e historiográficos orientados a limitar la manipulación discrecional del pasado. En Colombia, los bienes patrimoniales se valoran según criterios como la autenticidad, la materialidad, el contexto histórico y la representatividad sociocultural. Ese andamiaje busca distinguir entre memoria e invención, entre interpretación y propaganda.

Durante el gobierno de Petro, ese sistema cedió. Muchos objetos patrimoniales comenzaron a circular más por la narrativa política que por la investigación institucional. Los bienes dejaron de legitimarse por la complejidad de su historia y empezaron a valorarse por su capacidad para generar identificación inmediata. El resultado fue un patrimonio más eficaz comunicativamente, pero menos abierto a la deliberación crítica. Es un intercambio conveniente para quien gobierna.

La espada en cuatro escenas

Cuatro momentos permiten seguir la transformación de la espada de Bolívar en un dispositivo político.

El primero fue la posesión presidencial. La escena sugería que la legitimidad del nuevo gobierno requería la presencia del objeto. La espada ya no acompañaba el acto: parecía fundarlo.

El segundo momento ocurrió en el lenguaje. Al conmemorarse los cincuenta años de la sustracción de la espada por el M-19, distintas instancias estatales lo describieron como una “recuperación”. El desplazamiento semántico es significativo: mientras “robo” describe un hecho verificable, “recuperación” presupone una legitimidad previa y una restitución moral. Adoptar ese vocabulario implicaba algo más que una elección retórica: inscribía retrospectivamente la acción del M-19 en una genealogía compatible con el relato gubernamental.

El tercer episodio fue el más explícito. Cuando Petro extrajo la espada de su vitrina y la empuñó durante una movilización convocada por su gobierno, el patrimonio dejó de operar como objeto histórico y pasó a ser un gesto performativo. La imagen sugería una continuidad simbólica entre Bolívar, el pueblo movilizado y el mandatario. El símbolo reemplazó la argumentación.

El cuarto momento ocurrió cuando la espada pasó al centro de la comunicación gráfica oficial. En el afiche de la movilización del 1.º de mayo de 2026, aparecía vertical y dominante, con lo que se convertía en el eje compositivo de la pieza. Ya no era un elemento complementario: era el mensaje.

El Salón de la Revolución: el inventario de una trayectoria

Nada reveló con mayor claridad la lógica del Gobierno que la creación del llamado Salón de la Revolución en la Casa de Nariño. El espacio reunió tres objetos que Petro había declarado o promovido como patrimonio durante su mandato: la espada de Bolívar, el sombrero de Carlos Pizarro Leongómez y la sotana de Camilo Torres Restrepo. Vistos por separado, cada uno genera su propia discusión. Reunidos en ese salón, conforman algo diferente: el inventario material de una trayectoria política.

El sombrero de Pizarro fue reconocido como patrimonio cultural en junio de 2024. Petro lo había recibido durante una visita a Estocolmo, donde había permanecido durante décadas en poder de exiliados del M-19. Al anunciar su patrimonialización, el presidente dijo: “Con la espada de Bolívar que devolvimos y este sombrero, quedan unos hechos, unos de guerra, hechos de paz”. La frase era reveladora. Petro no separaba los objetos, los encadenaba. Los inscribía en una sola narrativa en la que su gobierno era el eslabón contemporáneo.

El caso del sombrero también expuso el problema institucional con mayor claridad que cualquier otro. Durante la controversia sobre su declaratoria, el entonces ministro de Cultura, Juan David Correa, afirmó que el presidente y el ministro “pueden nombrar patrimonio”. La frase resume una concepción que invierte el funcionamiento del sistema: el estatuto patrimonial dependería de la voluntad política, no de procedimientos técnicos autónomos. La posterior salida de la viceministra Adriana Molano puso de manifiesto el conflicto. El mensaje fue claro: cuando los criterios técnicos entran en tensión con la narrativa gubernamental, quienes los defienden terminan desplazados.

La propuesta de patrimonializar la sotana de Camilo Torres, anunciada en febrero de 2025, completó el cuadro. Torres ocupa un lugar atravesado por tensiones irresueltas entre religión, política e insurgencia armada. Recordarlo no es el problema. El problema aparece cuando un objeto históricamente ambiguo se presenta como emblema normativo, expuesto en el salón presidencial como parte de una genealogía que va de Bolívar al M-19 y de allí al gobierno en funciones.

El patrón es consistente. Todos los objetos patrimonializados o promovidos por el Gobierno tienen algo en común: ninguno es ajeno a la trayectoria personal y política del presidente. La espada de Bolívar era su referente ideológico fundacional. Pizarro era el comandante del grupo del que Petro hizo parte. Torres era la figura intelectual que articulaba la fe, la sociología y la insurgencia. Lo que se declaró patrimonio durante estos cuatro años no fue una selección de la memoria colombiana. Fue, en buena medida, una autobiografía oficial.

La camiseta y el doble rasero

El 1.° de junio de 2026, pocas horas después de la primera vuelta presidencial, Iván Cepeda dirigió una carta a la Federación Colombiana de Fútbol cuestionando el uso de la camiseta de la Selección por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella. La calificó de “acto claramente oportunista” y pidió examinar sus implicaciones jurídicas.

La crítica era razonable. La reacción pública fue inmediata: circularon videos en los que sectores afines al petrismo promovían exactamente el mismo símbolo meses atrás. También reaparecieron imágenes de Petro usando la camiseta amarilla durante su campaña de 2022.

Eso no invalida la crítica. Pero sí revela su inconsistencia selectiva. La apropiación política de símbolos compartidos no pertenece a un solo sector. Lo que el gobierno de Petro hizo con los objetos del Salón de la Revolución, otros actores lo hacen con símbolos deportivos o nacionales. La diferencia está en la densidad histórica del objeto y en el respaldo institucional que lo sostiene, no en la lógica de la apropiación.

Vale hacer una distinción que el debate público tiende a ignorar. La camiseta de la Selección Colombia no es patrimonio cultural en ningún sentido técnico o jurídico. No ha sido objeto de declaratoria, no está sujeta a regímenes de protección institucional y no figura en ningún inventario oficial. Pero eso no la convierte en un símbolo menor. Al contrario: su fuerza proviene precisamente de que nadie la decretó. Es uno de los pocos referentes de la identidad colombiana que se construyó desde abajo, a partir de victorias y derrotas compartidas, de goles vistos juntos en familia o en bares, de una selección que en 2026 llega al Mundial después de años de ausencia. La camiseta amarilla no representa una facción política ni una memoria particular. Representa algo más escaso: una experiencia colectiva que, por un rato, logra que colombianos de orillas opuestas quieran lo mismo. Convertirla en un uniforme electoral no es solo un error táctico. Es un gesto que daña algo que no fue construido por ningún gobierno y que ningún gobierno debería poder reclamar.

El símbolo que deja de ser común

Todos estos episodios muestran una transformación que trasciende el Gobierno. El patrimonio cultural ha dejado de funcionar principalmente como espacio de interpretación compartida y se ha convertido en un recurso estratégico de legitimación política. Los objetos ya no se valoran por la complejidad de su historia, sino por su capacidad para condensar relatos eficaces. No se busca abrir preguntas sobre el pasado. Se busca cerrar sentidos en torno al presente.

El gobierno de Petro desarrolló esta práctica con una consistencia poco frecuente y un respaldo institucional mayor que el de cualquier campaña electoral reciente. El Salón de la Revolución es su expresión más acabada: no una curaduría histórica, sino un relato político cristalizado en objetos. Pero el fenómeno lo trasciende. Una democracia debilita su relación con los símbolos comunes cuando estos dejan de discutirse colectivamente y pasan a ser propiedad emocional de facciones políticas.

Un país no pierde su patrimonio solo cuando destruye sus objetos. También lo pierde cuando los reduce a una sola lectura posible. Y mientras eso siga siendo aceptable para todos los sectores, no solo para el adversario de turno, cualquier símbolo colectivo queda disponible para el siguiente que quiera empuñarlo.

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