La administración de justicia: La gran ausente en la reforma de justicia - Razón Pública
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La administración de justicia: La gran ausente en la reforma de justicia

Escrito por Jorge Cuervo
jorge ivan cuervo

jorge ivan cuervoEl propósito inicial de mejorar significativamente la administración de la justicia se fue desdibujando. Algunos artículos contienen aún propuestas valiosas, que sin embargo no justifican una reforma constitucional.

Jorge Iván Cuervo

Se convirtió en reforma política

En el texto de la llamada reforma a la justicia que se aprobó para último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, quedan muy pocos artículos directamente relacionados con el funcionamiento de la administración de justicia.

En su gran mayoría, los artículos hacen referencia al rediseño institucional de las altas cortes, a la forma de nombramiento de los magistrados, a su período de permanencia y edad de jubilación, al juzgamiento disciplinario y penal de los congresistas, así como al proceso de pérdida de investidura de estos.

Los temas relacionados con un sistema de justicia más oportuno y eficaz, donde se protejan y garanticen los derechos de los ciudadanos, se ha venido desdibujando a medida que el proyecto de acto legislativo se ha ido transformando en una reforma política velada.

Propuestas valiosas y pertinentes

Los artículos que siguen haciendo referencia a un mejor funcionamiento de la administración de justicia son lo siguientes:

  • Artículo 1º. (Modificación del artículo 116 de la CP): Funciones judiciales a abogados y notarios, y centros de conciliación para efectos de descongestión.

Esta medida no está respaldada por un estudio del gobierno donde se explique cómo sería llevada a cabo. Si bien este punto puede resolverse en el contexto de una ley, la medida será inocua, porque admite que las decisiones adoptadas por estos abogados convertidos en jueces adjuntos sean apeladas ante los superiores de los jueces que debieron conocer. 
 

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Muy poco hay en la reforma que toque el interés ciudadano por mayor agilidad y diligencia en los juzgados. 
Foto: CSJ.

Es decir, se traslada la congestión de un escenario a otro, porque es presumible que todos aquellos que pierdan el proceso querrán apelar ante el juez. Es decir, se congestionará la segunda instancia de estos jueces adjuntos. Habrá algunos procesos, los de mínima cuantía, que no podrán acceder a una segunda instancia, produciendo un efecto regresivo respecto del acceso a la justicia para los más pobres. 

Por otra parte, esta norma tiene graves problemas de implementación respecto de los conflictos de interés en que puedan incurrir los jueces adjuntos, la dispersión de los fallos, y el control sobre la calidad de los mismos.

En relación con los centros de conciliación con funciones jurisdiccionales, es una medida de privatización de la justicia, toda vez que estas instituciones cobran por prestar el servicio de arbitraje, lo cual podría reducir el acceso a la justicia, especialmente para los más pobres.

Por otra parte, las notarías no tienen los recursos logísticos y humanos para asumir funciones judiciales. Muchas de ellas, especialmente en las grandes capitales, ya se encuentran congestionadas con los temas de su competencia. Como son entidades privadas que desarrollan una función pública, necesariamente tendrían que cobrar para costear los nuevos empleados y recursos que deban utilizar para ejercer su función.

No se puede comparar la función de conjuez con la de juez adjunto. Si bien un conjuez es un particular que ejerce transitoriamente función judicial, se trata de una actividad excepcional, muy diferente de si un abogado recibe en su despacho un número importante de procesos y tiene que fallarlos en un tiempo determinado con los recursos de su bufete. De otro lado, la calidad de los fallos será muy desigual en función de la experiencia y formación de cada abogado.

La descongestión se enfrenta nombrando más jueces y auxiliares de descongestión, una medida que viene aplicando el Consejo Superior de la Judicatura en el marco del Plan Nacional de Descongestión, creado por la ley 1285 de 2008, y para lo cual no es preciso reformar la Constitución.

Por lo demás, es necesario reforzar los poderes del juez frente a aquellos casos en que la falta de movimiento del proceso es atribuida a las partes, con figuras como la perención o el desistimiento tácito, que han producido buenos resultados.  

  • Artículo 11. Se define que la administración de justicia es un servicio público y una función pública.

En principio son dos conceptos incompatibles: si se define también como servicio público, queda abierta la posibilidad de que el servicio de justicia sea prestado por particulares y de que estos cobren por el mismo.  

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En el Acto Legislativo quedan muy pocas disposiciones relacionadas directamente con el funcionamiento del servicio de justicia.   Foto: colombia.com

El llamado al cumplimiento de los términos procesales y a su sanción, si bien es importante, ya está establecido en la ley y no constituye ninguna novedad como para ser elevada a rango constitucional, pero sí es necesaria una instancia disciplinaria capaz de sancionar a los jueces que incumplen los términos de manera injustificada.

Una opción es pensar en que los agentes del ministerio público en los procesos judiciales cumplan esta labor de velar por el cumplimiento de los términos.

No es de rango constitucional asignar recursos presupuestales. Basta con una decisión del gobierno en la ley de Presupuesto para aumentar los recursos de la Rama Judicial, un ajuste al Plan Sectorial de la Justicia 2011-2014, y un documento CONPES concertado con la rama judicial sobre la manera cómo van a invertirse esos recursos.  

  • Artículo 12. El derecho de acceso a la justicia sin abogado y la inclusión del arancel judicial.

Estas disposiciones ya están en la ley. Por un lado, sí resulta conveniente y aún necesario que los ciudadanos puedan acudir en más casos ante los jueces sin abogado — porque los servicios prestados por los abogados constituyen un costo de transacción para los más pobres — pero para alcanzar este propósito basta con modificar el código de procedimiento civil. Es impropio hacerlo en la Constitución.

  • Artículo 17. Facultades a la Fiscalía para realizar capturas, registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones — o chuzadas — con control posterior de los jueces.

Es una medida que puede prestarse para abusos. Los fiscales deben habituarse a realizar sus funciones en un marco de garantías. Permitir que una persona pueda estar detenida hasta 72 horas sin ser puesta a disposición de un juez viola tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.  

Más gerencia y menos cambios constitucionales

Como puede verse, en el proyecto de Acto Legislativo quedan muy pocas disposiciones relacionadas directamente con el funcionamiento del servicio de justicia y, adicionalmente, ninguna de estas disposiciones constituye un avance significativo en cuanto a un mejor servicio de administración de justicia.

 

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Pero donde sí hay buenas ideas, especialmente en materia de descongestión, todas las medidas propuestas se pueden aplicar sin necesidad de reformar la Constitución. 
Foto: noticias.terra.com.co

Pero donde sí hay buenas ideas, especialmente en materia de descongestión, todas las medidas propuestas se pueden aplicar sin necesidad de reformar la Constitución y en el contexto del Plan Nacional de Descongestión, en el marco del Código Único de Procedimiento, con ajustes al Plan Sectorial de la Justicia, con más recursos, más jueces de descongestión, más funcionarios judiciales, poderes al juez para archivar procesos que no sean movidos por las partes, desjudicialización de varios temas, arancel en procesos ejecutivos singulares e hipotecarios, una instancia disciplinaria rigurosa con los términos procesales, planes de gestión… en fin, mucha gerencia.

 

* Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Columnista y autor de numerosas publicaciones.

twitter1-1@cuervoji

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