Justicia y Paz: ¿Verdad negociada? ¿Las verdades o la verdad? ¿Verdad oficial? - Razón Pública
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Justicia y Paz: ¿Verdad negociada? ¿Las verdades o la verdad? ¿Verdad oficial?

Escrito por William Duica
William Duica

William DuicaUna cosa es la verdad jurídica y otra cosa es la verdad histórica. La Ley de Justicia y Paz, si acaso se cumpliera, permitiría establecer la primera verdad, pero para saber la segunda tendría que crearse una Comisión de la Verdad independiente que establezca la "verdad oficial" sobre la cual podamos construir la paz.     

William Duica*

La reflexión sobre la naturaleza de la verdad es uno de los problemas centrales de la filosofía. En este campo son frecuentes las discusiones entre quienes creen que la verdad implica unos estándares universales, que no son sensibles a diferencias culturales o sociales; y los que alegan que no hay algo así como "La Verdad", sino únicamente diferentes visiones del mundo, cada una con sus propios estándares de verdad.

Este artículo pretende extender esa reflexión a un aspecto de la Ley de Justicia y Paz, que fue concebida justamente para garantizar a las víctimas el derecho a la verdad (además de los derechos a la justicia y a la reparación). ¿Cuál es la naturaleza de la verdad en el contexto de esta Ley? ¿Quién se ocupa de garantizar que se ha establecido "la verdad"? ¿Cuál es el propósito de garantizar este derecho?

La intención al hacer estas preguntas es señalar dos problemas que podrían estar limitando el alcance de la Ley en su propósito de facilitar los procesos de paz y sugerir que, en este contexto, quizá necesitemos contar con una "verdad oficial".

Una verdad jurídica

En el contexto de la Ley de Justicia y Paz, la verdad, la justicia y la reparación están articuladas en los siguientes términos: el conocimiento de la verdad acerca de los hechos que hayan constituido violaciones a los derechos y a la integridad de las víctimas, será la base sobre la cual se imparta justicia y se establezca la reparación.

De esta manera, la Ley establece cuáles son las instituciones del Estado que deben encargarse de la ejecución y el seguimiento de los procesos jurídicos y el restablecimiento de los derechos. En términos generales, la verdad, la justicia y la reparación serán garantizadas a las víctimas, principalmente con el concurso de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, para lo cual se procedió además a crear una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

La Ley 975 de 2005, de Justicia y Paz, abunda en detalles que estoy omitiendo, y que dan cuenta de otros aspectos importantes, porque mi interés es llamar la atención sobre el hecho de que en esta Ley, la verdad está concebida en función de lo jurídico. Dice en efecto la norma en cuestión: "Derecho a la verdad. La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada"[1].

Se trata así de la verdad sobre los delitos cometidos; de una verdad acerca de los hechos que vinculan a las personas en términos de la relación víctima-victimario. Se busca, en última instancia, asegurar "el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto de la investigación" y establecer las "circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles"[2].

Falta la verdad histórica

No quiero decir que esto sea criticable. Más bien, trato de señalar que, teniendo en cuenta que el objeto de la leyes facilitar los procesos de paz[3], el concepto de "verdad" queda restringido a un aspecto que a mi juicio es limitado.

Concentrarse en las circunstancias de modo, tiempo y lugar es muy importante para establecer los hechos objeto de investigación, pero esos hechos están inscritos en decisiones políticas, económicas y sociales que, seguramente, han sido tomadas por agentes distintos de los acusados por los delitos en cuestión. Ese es el primer problema.

Al concebir la verdad como un asunto puramente jurídico, se pierde una dimensión esencial para establecer las circunstancias históricas creadas por personas vinculadas a la vida política, económica y social, y que han sido determinadoras de esas circunstancias.

Si la intención es facilitar los procesos de paz, el concepto de verdad debería ser entendido en un sentido más comprensivo, que podríamos llamar "verdad histórica", pues la verdad que debe ser conocida no se agota en los hechos delictivos de los grupos armados al margen de la ley. Hay agentes políticos, económicos y sociales que han actuado -legal o ilegalmente-, y que han contribuido a profundizar el conflicto. Saber de esas acciones, de sus perpetradores y beneficiarios, sería sin duda una forma de avanzar en el conocimiento de la verdad histórica, que permita ajustar la institucionalidad, con el propósito de facilitar los procesos de paz.

La verdad no es negociable

Es cierto que en contextos de conflicto se propone la idea de "justicia transicional". En el caso específico de esta Ley, se establece la "alternatividad" como una medida orientada a promover la incorporación de individuos o grupos por fuera de la legalidad, mediante la concesión de ciertos beneficios. Igualmente se establecen estándares y condiciones para la reparación.

Estas pueden ser decisiones necesarias a la hora de facilitar los procesos de paz y reconciliación. Es decir, la justicia y la reparación en el contexto de un conflicto en curso, pueden ser objeto de un acuerdo, de una especie de "contrato social" acerca de sus condiciones de satisfacción.

Pero aspirar a un tipo de "acuerdo" sobre cuánta verdad se necesita para facilitar la paz, no es del todo claro. La duda se genera porque en la medida en que la verdad está estrechamente ligada al conocimiento, limitar el concepto de verdad al ámbito jurídico puede poner en riesgo la comprensión de los hechos históricos que requiere una auténtica paz construida desde el perdón y la reconciliación.

Pero sobre todo, negociar con cuánta verdad vamos a dar curso a la reincorporación de los grupos armados, puede surtir el efecto de dejar en la sombra ciertos hechos o actuaciones de personas determinadoras del conflicto, abriendo aún más la brecha hacia la impunidad.

Lo que parece haberse entendido en países que han pasado por circunstancias similares es que, la medida en la cual la verdad histórica es condición para procesos efectivos de paz, es la misma en la cual su desconocimiento propicia la impunidad.

Esto implica que la verdad no puede ser objeto de acuerdos y que debe ser establecida comprensivamente y en su totalidad. 

¿Quién averigua la verdad?  

La ley establece que serán la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación las encargadas de garantizar el derecho a la verdad. Mi lectura resalta que esto es así sólo en cuánto a la verdad jurídica. Pero, en la medida en que se pasa por alto el sentido más amplio de verdad, la ley no establece el compromiso de algunas instituciones con lo que he llamado la "verdad histórica". Es decir, no se asume que deba haber una institución que indague por la verdad más allá de los hechos procesales. Este es el segundo problema.

En la reciente aprobación de la ley de víctimas por la Cámara de Representantes, se dieron pasos importantes que ya han sido ampliamente comentados. Pero, como también es sabido, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo (PDA), criticó el hecho de que el alcance de esa ley se limitara a considerar hechos acaecidos desde el año 1991, pues esto deja por fuera la indagación de uno de los acontecimientos más nefastos en la historia política del país, a saber, la eliminación sistemática de todo un movimiento político como lo fue la Unión Patriótica.

Al respecto de este acontecimiento, y de todos los hechos ocurridos en las últimas décadas, es necesario que se garantice el derecho a la verdad.

Una comisión de la verdad

Pero ¿quién se ocupa de garantizar que se ha establecido "la verdad"? y ¿Cuál es el propósito de garantizar este derecho? La respuesta está lejos de ser obvia. Tanto el gobierno pasado como el actual han tenido fuertes reticencias a crear una Comisión de la Verdad. Yo, sin embargo, no veo cómo podría garantizarse de otra manera que el Estado, institucionalmente, asuma la indagación y reconstrucción de la verdad, más allá del orden puramente jurídico o procesal.

Una Comisión de la Verdad puede garantizar que se ha establecido la verdad, con el propósito fundamental de hacer de público conocimiento los hechos que permiten una nueva y acaso distinta comprensión de la historia.

Es justo anotar que la ley 975 de 2005 dejó abierta esta posibilidad cuando estableció que "Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad".[4]

Tales mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad son los que debería asumir una Comisión de la Verdad. Lo que me interesa destacar es que una institución de este talante (aplacemos la discusión acerca de cómo conformarla), ofrece la posibilidad de contar con una "verdad oficial".

Necesitamos una verdad oficial

La idea de que haya una "verdad oficial" acerca de cualquier cosa, generalmente despierta sospechas. Esto ocurre casi al punto de que la expresión misma se usa para hablar de una versión amañada de las cosas, que tiene la intención de minimizar, desvirtuar u ocultar aspectos de la realidad.

Esta forma de interpretar la expresión causa, de entrada, un problema. A la "verdad oficial" entendida como versión amañada, se le enfrentan las "verdades no oficiales", propias de estudios alternativos, periodísticos, académicos o no gubernamentales que, por supuesto, arrojan datos distintos a los oficiales.

¿Cuántos son los desplazados en Colombia? ¿Cuántos los secuestrados? ¿Cuáles políticos han recibido apoyo de grupos armados al margen de la ley? ¿Dónde hay explotación ilegal de recursos naturales?… Las cifras y datos en estos y otros casos cambian según los estudios sean oficiales o no oficiales, de manera que muchos de los debates entre analistas giran en torno a esas diferencias.

Pero desde un punto de vista más abstracto, lo más preocupante no son las diferencias en los datos, sino la tentación de concluir que no es posible aspirar a establecer la verdad sobre los hechos y que sólo hay distintas versiones con "sus propias verdades". Varios de los altos funcionarios del pasado gobierno aparecen ahora para decir, que esas verdades no oficiales son en realidad calumnias de periodistas insidiosos o de políticos comprometidos con grupos ilegales y gobiernos enemigos.

Y no hay nada más beneficioso para la impunidad que perpetrar la idea de que todo lo que hay es una maraña de versiones de la cual nunca saldrá la verdad. En este escenario, nunca han faltado los que se adelantan a asegurar que "el país no está preparado para saber la verdad". Cobijados con la manta de esta estupidez se han mantenido en la impunidad los asesinatos de los Jaime Pardo, Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez entre (un interminable) otros.

Lo importante de una Comisión de la Verdad no es que vaya a "descubrir" algo completamente inédito, o a "revelar" algo que todos ignorábamos. Si lo hace, ¡perfecto! Pero lo importante de una institución de este tipo es que declara una Verdad Oficial.

Los argentinos, los chilenos, los peruanos, los salvadoreños y los guatemaltecos, para hablar sólo de casos latinoamericanos, no tuvieron que esperar a que se pronunciaran las comisiones de la verdad para saber que hubo crímenes de Estado, violación de derechos humanos, persecución política, entre otros, porque eso ya lo sabían.

Pero una cosa es que esa sea la verdad publicada en algunos periódicos o expuesta en las aulas universitarias o comentada en lo que ahora llaman "el imaginario" popular; otra cosa es que unas personas designadas por un gobierno, salgan a decir oficial y públicamente que "en este país hubo violaciones de los derechos humanos, hubo pactos entre la sectores de la clase política y grupos paramilitares, interceptación ilegal de llamadas etc. etc. etc."

Lo importante de las comisiones es que, como voceras institucionales del Estado, se pronunciaron oficialmente sobre estos asuntos, estableciendo la verdad oficial sobre los hechos y presentando, a sus respectivas naciones, lo que ya nadie podría salir a desmentir como unas "calumnias de los bandidos".

*Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Filosofía. Investigador en el grupo Relativismo y Racionalidad.

Notas de pie de página


1] Artículo 7° de la Ley 975 de 2005.

2] Artículo 15 de la Ley 975 de 2005.

3] Artículo 1o Ley 975 de 2005.

4] Artículo 7, inciso 3o

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