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Justicia: la crisis que pasa desapercibida

Escrito por Jorge Cuervo
Sala Plena del Consejo de Estado.

Sala Plena del Consejo de Estado.

Jorge Iván Paradoja de un Estado de Derecho donde la gente ya está acostumbrada a que el sistema de justicia no funcione. En qué consisten lo síntomas de ahora, por qué no han operado las reformas y dónde están las causas de la enfermedad.

Jorge Iván Cuervo R.*

Los síntomas

Desde el punto de vista administrativo, la justicia colombiana navega sin norte. Para constatar esta afirmación bastaría con mencionar los varios puntos críticos donde el sistema de justicia está hoy por hoy estancado:

  • El Consejo de Gobierno Judicial, creado por la reforma constitucional conocida como “equilibrio de poderes”, no ha podido constituirse por irregularidades en la elección de sus miembros, lo cual llevó al Consejo de Estado a suspender el procedimiento.
  • La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, un organismo agonizante, ya no tiene la legitimidad necesaria para ejercer el gobierno de la Rama Judicial y varios de sus magistrados están de salida.
  • La Corte Suprema de Justicia no ha logrado cubrir las vacantes necesarias para completar el quórum que permita la elección del Fiscal General de la Nación el próximo mes de marzo. Esta situación implicará un estado de interinidad donde será el Vice-fiscal quien encabece la entidad, lo cual no le conviene a la Fiscalía ni a la justicia porque en este momento deberían redefinirse las políticas de la institución.
  • La entrada en vigencia del Código General del Proceso y la adopción de la oralidad en los juzgados civiles y de familia que estipuló el Acuerdo PSAA15-10445 de la Sala Administrativa han sido muy traumáticas. Esta medida ha encontrado el rechazo tajante de los jueces por la creación de los Centros de Servicios Judiciales, entidades que alteran la estructura clásica del juzgado según fue establecida por la Ley Estatuaria de Justicia.
  • Una vez los trabajadores de la Rama regresaron de vacaciones se ha producido un cese de actividades en varias ciudades (aunque ya hay un principio de acuerdo que tiene como fecha de corte el 28 de febrero). Pero como la Sala Administrativa no tiene la legitimidad suficiente para ponerse al frente del problema, seguramente en marzo volveremos a los paros judiciales que afectarán la prestación del servicio.

Afortunadamente en Colombia no tenemos problemas de independencia y autonomía de la Rama Judicial, ni de cooptación por parte del gobierno, como ocurre en Ecuador o en Venezuela. Pero tenemos males de otra naturaleza:

  • Inexistencia de una política judicial coherente,
  • Divorcio entre las normas y las realidades sociales,
  • Falta de voluntad política para hacer las necesarias reformas de fondo,
  • Un corporativismo que distorsiona o coopta las pocas reformas que logran aprobarse,
  • Incentivos equivocados para el litigio, y
  • Dificultad para entender que los jueces deben estar blindados de injerencias en el ejercicio de su función jurisdiccional, pero que en las políticas judiciales deben intervenir todo el Estado y la ciudadanía.

Paños de agua tibia

Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá Foto:Ministerio de Justicia

Es cierto que la reforma de “equilibrio de poderes” constituyó una especie de punto de inflexión en la administración de justicia, en tanto en su debate se admitió que el diseño institucional establecido por la Constitución de 1991 para el gobierno y administración de la Rama no había resuelto los problemas endémicos de la justicia colombiana.

El fracaso anterior fue atribuido en buena parte al hecho de que la Constitución hubiera alejado a los jueces de la administración de la Rama, ya que los magistrados de la Sala Administrativa no representaban a los jueces y empleados judiciales. La reforma en consecuencia añadió al organismo de gobierno un representante de los jueces y magistrados de los tribunales, y otro representante de los empleados judiciales. Pero no corrigió la sobrerrepresentación de las altas Cortes (un representante por cada una).

Lo atinado habría sido asignar un representante a cada jurisdicción, además de incluir al Fiscal General de la Nación, como quiera que esta entidad se lleva más de la mitad del presupuesto de la justicia. Es increíble que ni el gobierno ni el fiscal hubieran defendido la idea, apenas razonable, de que la Fiscalía estuviera presente en el órgano de gobierno de la Rama judicial.

El Consejo de Estado ha venido corrigiendo la situación con fallos como el que acabó con la práctica nefasta del “yo te elijo, tú me eliges” en los casos de los exmagistrados Ricaurte y Munar. También, como ya dije, este tribunal suspendió la conformación del Consejo de Gobierno Judicial y dio la orden de iniciar de nuevo el proceso, esta vez con sujeción a lo previsto en el acto legislativo original – pues el procedimiento había sido cambiado de manera arbitraria por el presidente de la Corte Suprema con la complacencia de los demás magistrados-.

Pero el Consejo de Estado también debe salir de su propia polarización entre ordoñistas y antiordoñistas (como ha señalado José Manuel Acevedo) si quiere proyectar una imagen de tribunal independiente y consistente. Y para esto haría falta un plan de choque de descongestión, de modo que la justicia contencioso-administrativa no siga siendo tan demorada como es en la actualidad. Para nadie es un secreto que, al menos en la Sección Tercera, en este momento ingresan para fallo procesos que llegaron al Consejo de Estado en el año 2000. Este es un atraso inaceptable que en la práctica significa la denegación de la justicia.

Una crisis “normal”

Este panorama caótico, que en cualquier país significaría un muy grave traumatismo de la vida social, en Colombia es visto como un hecho “normal”. La duración excesiva de los términos procesales hace que, en la práctica, el ciudadano no se vea afectado por el mal funcionamiento de la administración de justicia. Es decir, en Colombia se ha vuelto normal que la justicia no funcione.

Los problemas de corrupción en altas Cortes, el tráfico de influencias y los paros judiciales recurrentes, entre otros fenómenos, parecen hacer parte del paisaje en el que se desenvuelve la función judicial. Y parece haber cierto grado de consenso en que este es un problema inmodificable y en que la mejor estrategia es una suerte de adaptación de todos los actores del sistema a este caos institucionalizado.

En la práctica hemos encontrado atajos para resolver los conflictos que deben tramitarse a través del sistema judicial. Por eso un paro judicial afecta sobre todo a grupos específicos de interés (el sistema financiero, por ejemplo) o a ciudadanos que apelan al sistema de justicia para obtener los servicios sociales que el Estado debe proveer, como en los casos de las tutelas por salud o pensiones.

Por su parte, la clase política se ha desentendido de las truculencias propias de la creación de los nuevos órganos de gobierno y gerencia, y el gobierno ha reducido la discusión a más o menos plata sin encontrar en el Ministerio de Justicia ese gran articulador de las políticas judiciales que imaginó con su creación.

Vivimos en un escenario donde la justicia no está en el centro de la agenda de los gobiernos, donde cualquier reforma se encuentra con la resistencia de los operadores judiciales, quienes suelen poner sus intereses gremiales por encima de las necesidades ciudadanas y quienes tienen una gran capacidad de movilización que intimida a cualquier gobierno.

La ciudadanía y los distintos poderes públicos parecen haberse resignado a que la justicia no funcione con la oportunidad, eficacia y eficiencia que exige un sistema judicial garante de los derechos y libertades básicas. Los operadores jurídicos, abogados litigantes, defensores públicos y ciudadanos en general parecen también haber entrado en una suerte de resignación que los lleva a pensar que así son las cosas y que difícilmente van a cambiar.

Pero el país no puede aceptar esta situación como normal. Y esto es válido para todas las jurisdicciones y especialidades donde la congestión no solo es inveterada sino de muy lenta o muy difícil reversión (como ya lo es en las grandes ciudades y en el sistema oral de lo contencioso administrativo). Justicia sí hay, pero de mala calidad y generalmente tardía. Sin embargo, sin una buena administración de justicia difícilmente se puede hablar de un Estado de derecho realmente funcional en Colombia.

 

* Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista y autor de numerosas publicaciones.
@cuervoji

 

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