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Justicia indígena y justicia ordinaria: el caso de Feliciano Valencia

Escrito por Gustavo Wilches-Chaux
Marcha de indígenas de la etnia nasa en el Cauca.

Marcha de indígenas de la etnia nasa en el Cauca.

Gustavo Wilches¿Por qué fue condenado a prisión uno de los principales líderes indígenas del país? ¿Le compete su caso a la justicia indígena o la justicia ordinaria? ¿Se corresponde la condena con el delito imputado? Este y otros interrogantes del caso siguen abiertos. 

Gustavo Wilches-Chaux*

Los hechos

Feliciano Valencia, líder de la comunidad indígena nasa, fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en el municipio de Santander de Quilichao el pasado 15 de septiembre, para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior del Cauca que lo condenó a 18 años de prisión.

Valencia es acusado de secuestro simple agravado y de lesiones personales por hechos ocurridos el 14 de octubre de 2008, cuando el cabo del Ejército Jairo Danilo Chaparral fue retenido por la Guardia Indígena nasa en medio de una movilización de organizaciones comunitarias en el resguardo de La María (municipio de Piendamó, Cauca). Este resguardo pertenece a la comunidad misak (más conocida como guambiana) y ha sido el epicentro de varias movilizaciones indígenas desde que fue declarado Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación en 1999, después de que las FARC reclutaron de manera forzada a cinco jóvenes de esa comunidad, que luego fueron rescatados por el Cabildo.

Según un comunicado del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el cabo Chaparral  se hizo pasar por integrante de una de las mingas y “luego de ser descubierto fue castigado bajo las normas indígenas, con varios fuetazos”. Después de su castigo, la misma Guardia Indígena entregó al militar a la Defensoría del Pueblo.

Aunque Valencia no participó en esa retención (según el comunicado del CRIC), Chaparral instauró una denuncia penal contra él por los dos delitos mencionados, por haber coordinado el juicio indígena que culminó con los 20 latigazos. La Fiscalía argumentó que, además, en el momento de los hechos, “Valencia era el representante del Consejo Regional Indígena del Cauca”.

El militar demandante afirmó: “me encerraron en una jaula por tres días y dos noches, me golpearon con sus palos. Él (Feliciano Valencia) dirigía todo lo que sucedía conmigo, se  comunicaban con él por celular y luego él se presentó en varias ocasiones”.

En marzo de 2015 un juez penal del circuito absolvió al líder indígena en primera instancia, posiblemente (no conozco la sentencia) porque no se pudo demostrar la responsabilidad directa del acusado en los hechos que motivaron la demanda, o simplemente porque no existían elementos para configurar los delitos imputados.

Esa decisión fue apelada por la Fiscalía, y seis meses después de la absolución y siete años después de ocurridos los hechos, el Tribunal Superior del Cauca profirió la condena de Feliciano Valencia.

La justicia indígena

Cárcel de máxima seguridad de San Isidro en Popayán, donde se encuentra apresado el líder Feliciano Valencia.
Cárcel de máxima seguridad de San Isidro en Popayán, donde se encuentra apresado
el líder Feliciano Valencia.
Foto: Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario

En la Constituyente de 1991 las comunidades indígenas obtuvieron el reconocimiento del derecho a administrar justicia “dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República” (artículo 246).

Este derecho incluye la facultad de imponer castigos, que van desde “el consejo” al delincuente por parte del Cabildo o la comunidad en el caso de delitos menores, hasta la “juetiada”, que es el castigo físico aplicado públicamente […] en asamblea y se usa como una herramienta de educación, haciendo sentir vergüenza al castigado.

El mismo Feliciano Valencia fue castigado con seis latigazos por haber propiciado un accidente de tránsito mientras conducía su vehículo en estado de embriaguez.

En el caso de los delitos graves, también se aplica [1] el “trabajo forzado” o la “pérdida de derechos”, como el derecho a la tierra o el de ser elegido en cargos públicos. En caso de reincidencia o de situaciones incontrolables se aplica el “destierro”, que obliga al delincuente a dejar de vivir en el territorio.

De hecho, en abril de este año, en aplicación de la justicia indígena, el mismo Feliciano Valencia fue castigado con seis latigazos por haber propiciado un accidente de tránsito mientras conducía su vehículo en estado de embriaguez.

Y en su momento, el senador Jesús Enrique Piñacué fue condenado por su comunidad a recibir latigazos por haber votado por el entonces candidato a la Presidencia Horacio Serpa, lo cual fue  considerado como un incumplimiento de su mandato. Posteriormente, el castigo le fue conmutado y se le impuso un “baño de refrescamiento” en las heladas aguas de la Laguna de Juan Tama en las alturas de Tierradentro en las faldas del nevado Huila.

Preguntas en torno a una condena

En abril de este año nos encontramos frente a la paradoja de que, mientras la justicia indígena castigaba a su máximo líder de una manera que muchos consideraron “salvaje”, la Corte Constitucional, máxima instancia de nuestra justicia “civilizada”, se convertía en el escenario de uno de los escándalos más destructivos de la confianza pública: el del magistrado Jorge Pretelt, quien todavía sigue “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley”.

Por todo esto, la condena a Feliciano Valencia suscita varias preguntas:

1)  ¿Quién le ordenó al cabo Jairo Danilo Chaparral que se infiltrara, vestido de civil, en la movilización indígena del 14 de octubre de 2008 y con qué fin?

2)  Infiltrar personal militar con ropas civiles en una movilización legal, convocada por organizaciones legales, ¿no atenta contra el libre ejercicio del artículo 37 de la Constitución según el cual “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”?

3)  ¿Es o no función de la Guardia Indígena evitar la presencia de cualquier tipo de infiltración en las movilizaciones de la comunidad? ¿No ha sido esa una de las razones por las cuales cientos de movilizaciones indígenas se han logrado llevar a cabo en paz? Existe una versión atribuida a la familia (también caucana) del cabo Chaparral, en el sentido de que él regresaba a reincorporarse al batallón tras unos días de permiso y de que como la vía estaba  cerrada por la movilización indígena, se vio obligado a cruzarla caminando y llevando prendas militares en su morral. De ser así, eso indicaría falta de prudencia del cabo y falta de conocimiento de él y de sus superiores acerca del contexto regional.

4)  Por los mismos días cuando el Tribunal Superior del Cauca condenó a Valencia a 18 años, un juzgado de Bucaramanga condenó a Iván Márquez, Timochenko y a otros jefes guerrilleros a 13 años de prisión “por los delitos de reclutamiento de menores e instigación a delinquir”. Esta situación hace preguntarnos: ¿existe proporcionalidad entre una condena y la otra? ¿Salen más caros unos “juetazos” a un real o supuesto infiltrado en una movilización comunitaria, que el reclutamiento forzado de menores por parte de un grupo armado ilegal?

Por supuesto, será necesario conocer los argumentos que sustentan la sentencia del Tribunal Superior del Cauca contra Feliciano Valencia, porque allí estarán las respuestas a estas y a otras preguntas.

Implicaciones del caso

El líder nasa, Feliciano Valencia.
El líder nasa, Feliciano Valencia.
Foto: Agencia Prensa Rural 

Paradójicamente, uno de los grandes afectados por esta sentencia podría haber sido el gobierno Santos, ahora que todavía tiene la doble preocupación de manejar la crisis con Venezuela y de llevar a buen término el  proceso de paz.

En Venezuela también existe, al menos teóricamente, independencia entre las ramas del poder, pero nadie parece culpar a la jueza que profirió la controvertida condena contra el líder opositor Leopoldo López; el presidente  Maduro es señalado como directo responsable.  

Sin embargo, la manera delicada y paciente como Santos viene manejando el tema de los desplazados colombianos y el avance de los diálogos de La Habana, sumados a la reacción inteligente y pausada del movimiento indígena, han evitado que el episodio de Feliciano Valencia se convirtiera en una dificultad adicional para el gobierno colombiano.

Si alguna responsabilidad fuera atribuible a Valencia, el caso tendrá que resolverse dentro del marco de la legislación indígena.

Pero la situación del líder indígena aún está por resolverse. Algunos podrían sugerir que  Valencia se acogiera a la justicia transicional pactada en La Habana, pero esto –creo yo- sería una trampa para el movimiento indígena, que implícitamente estaría aceptando una condición de movimiento armado al margen de la ley que nunca ha tenido.

Seguramente las organizaciones indígenas y los defensores de derechos humanos están buscando todo tipo de soluciones jurídicas, tanto en Colombia como en el ámbito internacional. Sin violar el principio de la separación de poderes, el gobierno nacional y los organismos de control también podrían coadyuvar esos esfuerzos, porque lo que está en juego no es solamente la libertad de un líder como Feliciano Valencia, sino la fe en el sistema democrático colombiano, en el Estado de Derecho y en las posibilidades reales de la paz.

La semana pasada se supo que el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Popayán determinó que Feliciano Valencia podrá cumplir su condena en el resguardo Los Tigres, en Santander de Quilichao (Cauca).

Por supuesto, para Valencia es preferible permanecer a buen resguardo en su propio territorio que en una cárcel común. Sin embargo, el problema principal no es dónde debe cumplir la condena de 18 años de prisión sino aclarar si el fallo del Tribunal se ciñó o no a las normas constitucionales y legales, y a los tratados internacionales que Colombia ha suscrito.

Si hubiese existido extralimitación por parte de la Guardia Indígena al imponer y aplicar el castigo al suboficial del Ejército, y si alguna responsabilidad fuera atribuible a Valencia, el caso tendrá que resolverse dentro del marco de la legislación indígena, la misma que ha permitido el traslado de su lugar de reclusión.

La “ceguera” que se pregona como una virtud de la justicia, no puede llegar al punto de que un fallo que deja tantos interrogantes no resueltos se convierta en un factor adicional de conflicto entre las comunidades indígenas y campesinas del Cauca.

 

[1] G. Wilches-Chaux, “El Proyecto Nasa: la construcción del Plan de Vida de un pueblo que sueña”. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (Bogotá 2005) Disponible en http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?x=66982#.VhBMSfl_Okp

 

* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

 

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