Justicia: el centro de los desacuerdos respecto del Acuerdo - Razón Pública
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Justicia: el centro de los desacuerdos respecto del Acuerdo

Escrito por Iván Orozco Abad

Mesas de conversación y acuerdo durante el desarrollo de los puntos del plebiscito por la Paz.

Ivan OrozcoUna es la justicia de vencedores, y otra es la de responsabilidades compartidas entre todos los actores del conflicto. Uribe insiste en la primera, pero la paz negociada implica la segunda. Y sin embargo hay fórmulas jurídicas que podrían desatar el nudo. 

Iván Orozco Abad*

¿Justicia de vencedores o de negociadores?

El gobierno Santos negoció con las FARC bajo el supuesto de que estas no estaban derrotadas y de que se presentaban como iguales a la mesa de La Habana. De esta negociación surgió un modelo de justicia que asignaba responsabilidades a todas las partes implicadas en crímenes graves perpetrados en desarrollo del conflicto armado interno.

Por su parte el expresidente Uribe, principal líder del No, quisiera hacer valer la precaria victoria política del plebiscito como una victoria político-militar del Estado sobre la guerrilla para llevarla a un modelo de sometimiento a la justicia ordinaria. Según su fórmula, funcionarios públicos y terceros no tendrían que comparecer ante la justicia sino  en forma voluntaria.

La justicia de los vencedores funciona según el principio de “todo para mí y nada para usted”, exonera de responsabilidades al vencedor y hace recaer todas las culpas sobre el vencido. Por eso, paradójicamente, esta justicia suele tratar de ocultarse bajo fórmulas de consenso.

En esa disyuntiva entre justicia de responsabilidades compartidas y justicia de sometimiento está el centro del problema que hay que resolver.

Hay que reconocerle a las FARC la condición de rebeldes y a su narcotráfico la presunción de delito conexo.

Pero después de más de cincuenta años de una guerra en la que todas las partes involucradas han perpetrado, en distintas proporciones, crímenes graves, un modelo negociado de justicia de responsabilidades compartidas, además de resultar más dignificante para las FARC, refleja mejor lo realmente sucedido.

Todo modelo de justicia transicional es una manera de trazar una raya que separa la violencia legítima de la ilegítima. Hay personas y sectores que lideraron o apoyaron el No y que podrían aparecer como villanos en un modelo de justicia de responsabilidades compartidas, mientras que en un modelo de justicia de sometimiento figurarían como héroes.  

Por eso la pelea por el tipo de justicia que se va a aplicar es a muerte, y no solamente por cómo evitar tener que comparecer ante los tribunales sino por la imagen que quedará de algunos ante la historia

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Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como iniciativa de la Justicia Transicional en Colombia.
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como iniciativa de la Justicia Transicional en Colombia.  
Foto: Justicia Transicional

Para poder salvar, con correcciones, el modelo de responsabilidades compartidas que se acordó en La Habana sería necesario apostarle a romper el No, de manera que los defensores del Sí logren conformar una nueva y precaria mayoría en alianza con los sectores más abiertos del No. Esto, por supuesto, implicaría hacerle ajustes al Acuerdo final por lo menos en materia de justicia.

Las probabilidades de que del diálogo por un acuerdo nacional surja una mayoría cercana al consenso son nulas. Esto implicaría que los defensores del Sí se pusieran de acuerdo con el sector del No que lidera el expresidente Uribe, quien abandera los planteamientos más intransigentes y los intereses de los los defensores más recalcitrantes de la justicia de sometimiento.

La victoria del No en el plebiscito fue un triunfo de pésima calidad moral y la imposición de la anti-modernidad sobre la modernidad. Sin embargo, como no se le puede hacer “conejo” a la victoria del No, la nueva mayoría precaria que se configure para superarlo habría que ponerla a prueba, otra vez, en la arena de la democracia. No está claro, sin embargo, cuál pueda ser el mejor mecanismo.

En los últimos días han aparecido algunas opciones:

  1. Exponerse a un nuevo plebiscito cuya discusión va a quedar atravesada por la rabia ciudadana suscitada por la reforma tributaria que acaba de presentar el gobierno al Congreso. Esto podría ser un suicidio.

Pero sin una nueva refrendación no habría fast track ni facultades extraordinarias capaces de darle forma legal a los acuerdos sin tener que someterlos a los tiempos paquidérmicos en el seno del Congreso. A menos que la Corte Constitucional tenga la mala idea de querer salvar la patria y en lógica contra-mayoritaria decidiera desconocer los resultados del plebiscito.

  1. La iniciativa de convocar cabildos abiertos a escala departamental es buena porque recoge el querer de las regiones y le quita peso al No, pero es insuficiente porque no sirve para refrendar.
  2. Finalmente, tal vez la mejor opción para la nueva refrendación sea un dispositivo de democracia representativa del tipo de un “colegio de gobernadores”.

En cualquier caso, sin fast track ni facultades extraordinarias la implementación de los acuerdos sería muy difícil, sobre todo porque el tiempo apremia y porque las FARC, con razón, exigen garantías de cumplimiento para proceder a desmovilizarse.

Sin fast track ni facultades extraordinarias la implementación de los acuerdos sería muy difícil.

Para conformar una nueva mayoría precaria a favor de un Acuerdo final remendado habría que hacer ajustes en justicia y tratar de preservar la sustancia de lo negociado en materia de tierras y desarrollo rural, participación política y lucha contra el narcotráfico. Pero si tenemos que ir más lejos en la revisión podríamos acabar enterrando los sueños de acceder a una cierta modernidad social y política. 

Otro tipo de pena

Partiendo del supuesto divulgado por las encuestas de que el ciudadano medio no se siente a gusto con la falta de cárcel para delitos muy graves, ni con la elegibilidad de los mayores responsables de los mismos, cabría pensar, para salir del impasse actual, en una fórmula de justicia que invierta la relación tradicional entre la pena principal y la pena accesoria para este tipo de delitos.

Antes de la reforma del artículo 122, que estableció la muerte política para los condenados por delitos muy graves, el Código Penal establecía que la pena principal para los mismos sería la privación de la libertad y, la accesoria, la inhabilidad temporal para ser elegido y para ejercer funciones públicas.

Si se aplica esta propuesta se le diría a la dirigencia de las FARC: “Les reconocemos su condición de delincuentes políticos precisamente porque castigamos su forma infame de haber hecho política con una pena principal cuya sustancia también es política: la inhabilidad para participar en la política partidista durante el tiempo de ejecución de la pena accesoria”.

Si la pena principal en un nuevo modelo de justicia se centra en la inelegibilidad temporal podría reducirse la importancia de la pena accesoria y se abriría el espacio para una fórmula intermedia de finca por cárcel que satisfaga tanto las demandas de trato digno por parte de las FARC como la exigencia de privación de la libertad por parte de los ciudadanos inconformes.

Pero esto implicaría que la dirigencia de las FARC esté dispuesta, bajo garantías de respeto a lo pactado, a permitir un reemplazo generacional en la dirección del partido o movimiento   que ellas creen después de haberse desmovilizado. Hasta ahora, desafortunadamente, las declaraciones de los miembros del Secretariado en ese sentido no han sido muy esperanzadoras.

Para facilitar el relevo generacional en la conducción de la organización post-FARC es mejor preservar el modelo de imputación de responsabilidades que rige la Jurisdicción Especial ya acordada en lugar de regresar a la figura del “máximo responsable” que preveía el Marco para la Paz o adentrarse en el terreno peligroso de la figura de la “autoría mediata”. 

Complicaciones

Reunión entre Santos y Uribe para ajustes en el plebiscito.
Reunión entre Santos y Uribe para ajustes en el plebiscito.  
Foto: Presidencia de la República

El modelo de imputación de la Jurisdicción Especial está fundado en la figura de “la participación determinante en los crímenes más graves y representativos”, así como en la idea de una “responsabilidad del superior” mediada por el control efectivo de la tropa, el conocimiento de lo sucedido y la disponibilidad de medios para impedir o castigar a los subordinados comprometidos con la comisión de graves crímenes de guerra.

Las investigaciones fundadas en las fórmulas de la participación determinante y de la responsabilidad del superior limitada en los términos descritos pueden llegar hasta la cúpula, pero no se ensañan particularmente contra ella. La fórmula de Uribe, en cambio, vuelve a la cúpula de las FARC un trofeo de caza y un chivo expiatorio.

Además, el hecho de que importantes representantes del No exijan que el narcotráfico no pueda ser declarado delito conexo con el delito político deja entrever una oscura voluntad de sabotear la salida de la crisis. Esto equivaldría a decir que el gobierno Santos no negoció con guerrilleros revolucionarios sino con simples narcotraficantes, como si la situación de Colombia fuera similar a la de México, lo cual no honra la realidad de lo vivido aquí.

Hasta el gobierno de Estados Unidos, históricamente tan duro en esta materia, compró ya la idea de que terminar la guerra colombiana era terminar el último remanente de la Guerra Fría en América Latina. Para mantener esta visión hay que reconocerle a las FARC la condición de rebeldes y a su narcotráfico la presunción de delito conexo.

 

* Académico e investigador del Centro de Memoria Histórica. Abogado  de la Universidad Javeriana, con especialización en derecho constitucional y teoría del Estado de la Universidad de Mannheim y doctorado en ciencia política en la Universidad de Mainz.

 

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