Detrás del juicio contra Uribe hay una discusión sobre su responsabilidad política e histórica que será fundamental en las elecciones del 2022.
Hernando Llano Ángel*
El caso Uribe
Este 5 de marzo la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del fiscal Gabriel Jaimes Durán, solicitó la preclusión del proceso penal contra Álvaro Uribe.
Aunque muchos criticaron o celebraron la decisión, esta solicitud está muy lejos de ser concluyente. La última palabra sobre el futuro de Uribe la tendrá un juez penal, muy probablemente la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Por ahora existe incertidumbre sobre el desenlace que tendrá el caso: ¿se archivará definitivamente la investigación contra Uribe o empezará un juicio, a pesar de la renuencia de la Fiscalía?
El caso Uribe
Esta trama tan larga y enredada comenzó cuando en 2014 el senador Iván Cepeda promovió un debate sobre el paramilitarismo en el departamento de Antioquia.
El entonces senador Uribe salió airado del recinto y se dirigió a la Corte Suprema de Justicia para presentar una denuncia contra Cepeda por presuntamente haber manipulado testigos para que declararan en su contra.
Después de casi tres años y medio, el 16 de febrero de 2018, la Sala penal de la Corte cerró la investigación contra Cepeda y compulsó copias para investigar al senador Uribe por los mismos cargos, es decir, por una presunta manipulación de testigos. El 24 de febrero, la Corte citó a indagatoria al expresidente y, al día siguiente, Uribe anunció que renunciaría a su curul por sentirse “moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo adelantar mi defensa”.
Pero una semana después Uribe cambió de parecer y decidió no renunciar. Finalmente, el 8 de octubre de 2019 se llevó a cabo la indagatoria y el 4 de agosto de 2020, la Sala de Instrucción Penal determinó, por unanimidad, que Uribe debía ser detenido preventivamente en su domicilio. Días después, Uribe renunció a su curul en el Senado.
De la Corte Suprema a la Fiscalía
Con la renuncia de Uribe, la competencia para investigarlo pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación.
Uribe abandonó la arena política con la excusa de que necesitaba dedicarse a demostrar su inocencia. Sin embargo, esta maniobra le permitió eludir con éxito la investigación y el eventual juicio por parte de la Corte Suprema de Justicia.
El 16 de febrero de 2018, la Sala penal de la Corte cerró la investigación contra Cepeda y compulsó copias para investigar al senador Uribe
Entonces la investigación fue asumida por la Fiscalía General de la Nación, dirigida por un amigo personal del presidente Iván Duque y simpatizante del partido que encabeza Uribe. Por eso no sorprende que la Fiscalía solicite la preclusión del caso, en lugar de acusar al expresidente.
Sin embargo y como dije, serán los jueces penales quienes decidan si aceptan la solicitud de preclusión. En el evento de acoger la solicitud, el senador Cepeda podrá apelar la decisión ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quien tendrá la última palabra.
La responsabilidad política de Uribe
El camino para Uribe es largo y es incierto porque no solo compromete su libertad personal sino además su capital político y el de todo su partido.
El proceso penal que llevó a la detención domiciliaria del expresidente y que podría llevarlo a un juicio tiene un alcance limitado: el objetivo es determinar si Uribe incurrió o no en los delitos de soborno y fraude procesal.
Sin embargo, detrás de esa discusión jurídica hay un debate político mucho más amplio sobre el legado y la responsabilidad de Uribe en la historia de Colombia. Para no ir más lejos, el testigo a quien presuntamente sobornó Uribe lo señala nada menos de ser el fundador del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en complicidad con su hermano Santiago.
A lo anterior se suma una serie de hechos irrefutables que caen sobre los hombros del expresidente. Entre 1995 y 1997, cuando Uribe fue gobernador de Antioquia, el paramilitarismo tuvo un auge atroz. Durante sus años como gobernador, los crímenes atribuidos a los grupos paramilitares aumentaron en forma progresiva:
- en el primer año, 1995, las víctimas mortales fueron 143;
- en 1996, la cifra se elevó a 357; y
- al final de su período en la gobernación la cifra llegó a 439, para un total de 939 víctimas mortales.
Como si fuera poco, Uribe condecoró al general (r) Rito Alejo del Río y lo llamó el “pacificador de Urabá”. En 2012, el general fue condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de un líder social y actualmente comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para declarar sobre su responsabilidad en varias masacres y sobre su connivencia con las Convivir y los grupos paramilitares.
A esto se suma el informe reciente de la JEP sobre los 6.402 “falsos positivos” ocurridos entre 2002 y 2008, en desarrollo de la política de Seguridad Democrática y en cumplimiento de la directiva 029 de 2005 de su ministro de defensa, Camilo Ospina.
En este escenario, es claro que Uribe tiene algún grado de responsabilidad política, ya sea por omisión o por extralimitación en el cumplimiento de sus funciones.
¿Cuál será el efecto en 2022?
Pero para que esta responsabilidad sea penal es necesario que Uribe sea culpable personal y subjetivamente y que esto quede demostrado mediante pruebas sólidas.
De allí la insistencia del fiscal Gabriel Jaimes en contrainterrogar a Juan Guillermo Monsalve (el testigo clave en el proceso) y la importancia de la aparición de “nuevas pruebas”, como su celular, su computador y siete tarjetas sim.
Pero esto no quiere decir que el proceso no tenga ningún costo para el expresidente. Incluso si Uribe sale airoso en el terreno penal y no se logra demostrar su culpabilidad en los delitos de fraude procesal y soborno, su legitimidad y favorabilidad popular siguen en juego.
El testigo a quien presuntamente sobornó Uribe lo señala nada menos de ser el fundador del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en complicidad con su hermano Santiago.
En las últimas encuestas y sondeos de opinión, la percepción ciudadana de Uribe está por debajo de la de otros líderes políticos, como el senador Gustavo Petro. Según la encuesta de Pulso País, realizada por Datexco para la W Radio en enero de este año, el 66% de los encuestados tiene una imagen desfavorable de Uribe, mientras que el 52% tiene una imagen desfavorable de Petro; y apenas el 27% tiene una imagen favorable de Uribe, mientras que el 42% tiene una imagen favorable de Petro.
Cada día, Uribe pierde más reconocimiento, respetabilidad y legitimidad. Esta tendencia cobra una inmensa importancia por la proximidad de las elecciones del 2022, donde todos los ciudadanos vamos a emitir en las urnas nuestro juicio político que, a diferencia del judicial, es definitivo y no apelable.
Lea en Razón Pública: La justicia imposible y posible para Álvaro Uribe
Pero también es posible que el juicio penal le dé oxígeno al expresidente y que refuerce su narrativa de haber sido perseguido políticamente. En 2022 comprobaremos si Sartre tenía razón con su irónica advertencia: “nada hay más respetable que una impunidad largamente tolerada”.
Sin duda, estamos viviendo una de las coyunturas más importantes de la vida política nacional, pues las actuaciones de la JEP y el informe final de la Comisión de la Verdad, que será entregado a finales de este año, nos están revelando realidades políticas mucho más trascendentales que las judiciales.
De todos nosotros depende reconocer esas verdades y aprender de ellas para que nuestras vidas y las de las futuras generaciones no sigan perpetuando víctimas irredentas y victimarios impunes, como sucede hasta hoy.
