Osorio ante la JEP

A finales de enero, el exgobernador de Córdoba Benito Osorio declaró en contra del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia (Fedegan), José Félix Lafaurie, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según Osorio, Lafaurie le habría pedido al jefe paramilitar Salvatore Mancuso que apoyara a Mario Iguarán en su aspiración a ser fiscal general de la Nación y habría entregado información sobre los magistrados encargados de elegirlo para que Mancuso los presionara.

Además, Osorio afirmó que el Fondo Ganadero de Córdoba, entidad que dirigió durante los noventa, se había aliado con grupos paramilitares para apropiarse de tierras de forma ilícita.

Días después, el columnista Yohir Akerman reveló en la revista Cambio un conjunto de documentos reservados del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Según estos documentos, Lafaurie habría participado en la entrega de sobornos a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que escogieran a Mario Iguarán como fiscal.

Radiografía del poder

Aunque la relación entre los ganaderos y los grupos paramilitares es bien conocida, estas revelaciones muestran algo más grande: un entramado de corrupción y tráfico de influencias que permeó la justicia y debilitó el Estado de derecho.

Desde hace años, se rumoraba que Iguarán había sido elegido con dineros del narcotráfico, pero no existían pruebas que lo demostraran. El artículo de Akerman muestra, con fundamento en documentos estatales, que los recursos para sobornar a los magistrados provinieron de dos importantes narcotraficantes del llamado “Cartel del Norte del Valle”: Diego Mejía, alias “Don Diego” y Wilber Varela, alias “Jabón”.

La mención al Valle del Cauca no es fortuita. El exfiscal Iguarán nació en ese departamento y su jefe del momento, el exministro Sabas Pretelt, creció y trabajó allí durante años. Iguarán y Lafaurie fueron los padrinos de matrimonio del exministro Pretelt en 2006, antes de su partida como embajador en Italia.

Los tres pertenecen o pertenecieron al Partido Conservador. Y no hay que olvidar que José Félix Lafaurie está casado con María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y también ligada al Valle del Cauca.

¿Esta coincidencia regional y partidista tiene algún significado? ¿Podría ser una pista sobre los magistrados que habrían sido beneficiados por los sobornos?

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¿Por qué contactar a Mancuso?

El episodio que relató el exgobernador Osorio ante la JEP tiene un gran significado en términos políticos. En 2005, cuando Lafaurie habría intervenido a favor de la elección de Iguarán, Álvaro Uribe estaba en su primer mandato y la poderosa maquinaria militar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estaba en proceso de desmovilización.

En ese contexto, el dirigente gremial, Lafaurie, buscó al desmovilizado comandante Mancuso para darle una razón del ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt. ¿Un funcionario público de alto nivel, enviando razones a un jefe de una organización ilegal armada, a través de un dirigente de una organización gremial nacional? ¿Por qué un ministro pediría el apoyo de un jefe de una organización ilegal armada en proceso de desmovilización para elegir al fiscal general? Para la mirada de alguien exterior, esa confluencia del poder público, de los intereses privados y la ilegalidad puede parecer extraña.

En realidad, estas relaciones tienen una explicación. Para ser justos, el exministro Pretelt ha reconocido que tuvo varios contactos con jefes paramilitares para facilitar su proceso de desmovilización. Pero en este caso el contacto con Mancuso no tenía nada que ver con el desmonte de las AUC. Al contrario, era una operación para sacar provecho del enorme poder acumulado por los paramilitares en el ámbito regional y de sus influencias en el nivel nacional.

El candidato a fiscal del ministro Pretelt era el viceministro de justicia, Mario Iguarán, su subordinado directo y uno de los cerebros de la Ley de Justicia y Paz presentada por el gobierno: una ley que les exigía poco a los jefes paramilitares y les concedía grandes beneficios.

Por eso tiene sentido que el gobierno Uribe, a través del ministro Pretelt, buscara el apoyo de Mancuso para elegir a su candidato al cargo de fiscal, uno de los más importantes del Estado. Lafaurie le habría dicho a Mancuso que, con su apoyo, lograrían elegir al fiscal más cercano al gobierno y, de paso, el que sería “más benévolo” con los paramilitares.

Poder e ilegalidad

Al parecer, Mancuso no quiso hacer la diligencia pedida o ya tenía su propio candidato. Por eso fue necesario asegurar la elección de Iguarán con el apoyo del Cartel del Norte de Valle, de acuerdo con los documentos del DAS.

Jorge Pretelt, abogado del departamento de Córdoba, vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda y primo de Alejandro y Arturo Char, era el otro candidato que tenía la posibilidad de ser escogido como fiscal. Como se conoció después, Pretelt resultó apropiándose de tierras de campesinos desplazados por las AUC en el Urabá antioqueño y, con seguridad, tenía el apoyo del Bloque Norte de las AUC, del cual Mancuso era jefe.

En la primera votación, Iguarán obtuvo 10 votos y Pretelt 9 de los 16 necesarios para ser elegido. En las votaciones posteriores, la balanza fue inclinándose a favor de Iguarán.

Quizás como premio de consolación y para cumplir con compromisos, el presidente Uribe nominó de nuevo a Pretelt en 2009 para un alto cargo en el sector judicial, esta vez en la Corte Constitucional, para la cual fue escogido como magistrado. Allí, Pretelt fue denunciado por sus compañeros por cobrar millonarias sumas a cambio de decisiones favorables, fue destituido por el Congreso y condenado a cerca de siete años de prisión por la Corte Suprema de Justicia.

Incluso si la información contenida en los documentos reservados del DAS no da pie a una investigación, se trata de información valiosa para entender cómo se entretejieron las relaciones entre empresarios, narcotraficantes y altos funcionarios del estado.

Como se sabe, algo similar sucedió en las elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales de 2002-2003 y 2006-2007, en lo que se denominó como la “parapolítica”. Durante años, políticos “antiguerrilleros” justificaron y encubrieron todo tipo de desmanes y abusos por parte de paramilitares y fuerzas del Estado, y gobernaron codo a codo con la ilegalidad.

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Ganadería y paramilitarismo

La declaración del exgobernador Osorio y la información en los documentos reservados del DAS son un golpe para el gremio ganadero y, en especial, para Fedegan.

Otro presidente de Fedegan, Jorge Visbal Martelo, fue condenado por promover grupos paramilitares. Visbal, Lafaurie y su esposa, Cabal, se han opuesto radicalmente a cualquier solución del conflicto armado distinta del uso de la fuerza y, en particular, al Acuerdo de La Habana.

Hoy, la explicación de esa oposición es más clara: la JEP ha permitido que se conozcan los testimonios de los llamados “terceros responsables” del conflicto armado, como Osorio, cuyas versiones pueden ser muy comprometedoras.

El gremio ganadero fue uno de los sectores más martirizados durante el conflicto armado. En 1995, José Raimundo Sojo Zambrano, directivo de Fedegan, fue asesinado por la guerrilla. Sojo Zambrano había aceptado ser la fórmula vicepresidencial del exgeneral Miguel Maza Márquez, condenado por su participación en el asesinato de Luis Carlos Galán y con estrechos lazos con el cartel de Cali.

A esa historia se suman las recientes denuncias de la organización Dignidad Agropecuaria, según las cuales Lafaurie estaría usando Fedegan para presionar a sus afiliados a votar por su esposa en las próximas elecciones parlamentarias.

Vale la pena reflexionar sobre la reorientación que necesita este gremio en una Colombia que quiere superar ese pasado y presente de violencia.