Tres causas de la violencia

Los defensores de derechos humanos y los líderes sociales saben por qué la violencia y la inseguridad persisten en Colombia.

Ellos sostienen que las causas fundamentales son: la impunidad generalizada, la desigualdad, la corrupción, y la incapacidad de gobernar en zonas rurales —donde prosperan las economías ilícitas y los grupos armados—. Las peticiones de estas comunidades son ignoradas por los gobernantes y, cuando responden, lo hacen con el uso reactivo de la fuerza.

Pero hoy Colombia está a punto de tener un gobierno compuesto por personas que vienen de movimientos sociales, y que han trabajado para garantizar los derechos humanos. Entre ellos, el líder anticorrupción, Iván Velásquez, será el próximo ministro de Defensa. Por primera vez, las recomendaciones de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales no serán ignoradas.

Entonces, las reformas del gobierno de Petro en materia de defensa y seguridad serán bien recordadas si logran avanzar en tres áreas difíciles:

• la corrupción en las fuerzas de seguridad,
• la presencia del Estado en las zonas rurales marginales, y
• la modernización de la policía.

Corrupción en las fuerzas armadas

Las denuncias recientes de corrupción dentro de las fuerzas armadas son alarmantes:

• Un excomandante de las fuerzas armadas fue acusado de colaboración con un líder del Clan del Golfo —alias «Matamba»—, porque permitía el tránsito de cargamentos de cocaína por Nariño.
• Una juez militar está investigando al general Eduardo Zapateiro, por el manejo irregular de dineros públicos cuando era comandante de brigada. Hoy esa juez recibe amenazas.
• Un general del Cauca fue grabado diciendo a sus subordinados que estaba dispuesto a aliarse con un grupo criminal para combatir a disidentes de las FARC.
• El comandante del Comando Conjunto Número 3 es acusado de tener vínculos con narcotraficantes, corrupción y otros delitos.
• Cinco oficiales de la 4ª Brigada de Medellín están denunciados por aceptar grandes sobornos para la adjudicación de contratos.
• Antes de su extradición, el líder del Clan del Golfo, “Otoniel,” expresó que recibió apoyo de oficiales corruptos durante años.

A finales de 2021, Transparencia por Colombia informó que, de todas las entidades gubernamentales, la que más denuncias de corrupción enfrentó entre 2016 y 2020 fue la Fuerza Pública.

Si esto ocurre en el alto mando, ¿qué ocurre por fuera de la mirada pública? ¿Cómo se comportan las unidades de la Fuerza Pública a lo largo de ríos donde transitan embarcaciones cargadas de cocaína? ¿Qué hacen en territorios donde las minas ilegales y la deforestación se realizan a plena vista?

Primeros avances contra la corrupción

Como candidato, Gustavo Petro defendió la idea de que la corrupción socava al ejército.

Pero enfrentar la corrupción dentro del cuerpo de oficiales es una empresa gigantesca y arriesgada. Por eso, la nominación de Iván Velásquez confirma que Petro toma su idea en serio.

Los grupos armados y criminales que amenazan hoy a los colombianos no son como las antiguas FARC. Es decir, ninguno tiene serias ambiciones de tomar el poder en Bogotá. La mayoría prefiere no combatir al gobierno, pues prosperan por sus relaciones con el mismo. De esta manera neutralizan la acción del Estado. Hacen paros armados o planes pistola como mensaje para el Estado cuando corromper no les sirve.

Entonces, para debilitar los grupos armados y proteger a la ciudadanía, es necesario romper, de forma contundente, los vínculos entre los representantes del Estado y el crimen organizado.

Por eso, la experiencia de Iván Velásquez contra la corrupción es más importante que su falta de experiencia en asuntos de defensa. No obstante, sí es necesario que sus viceministros tengan conocimiento en gestión de recursos de defensa, evaluación de amenazas, planificación, doctrina y áreas similares.

Nadie tiene más credenciales anticorrupción que Velásquez. Su reto será castigar a los oficiales corruptos y tranquilizar a los oficiales honestos. Esto no es un ataque a la institución militar, sino a las malas prácticas de sus funcionarios.

Gobernabilidad en territorios marginados

La ruptura de los vínculos corruptos, las estrategias de «objetivos de alto valor,» y las negociaciones de desmovilización como «paz total» pueden debilitar a los grupos violentos. Sin embargo, las economías ilícitas persistirán y los líderes de los grupos armados serán sustituidos por otros.

Mientras haya territorios sin presencia gubernamental no funcionará la lucha contra los grupos criminales. Desde el «Plan Consolidación» del gobierno Uribe, hasta las «Zonas Futuro» del gobierno Duque, Colombia ha intentado hacer frente a la ausencia de Estado, a través de programas de carácter principalmente militar. El gobierno Petro puede basarse en esas experiencias previas, pero apartándose de sus fallas.

Las fuerzas de seguridad son necesarias para llevar al Estado más allá de la frontera agrícola. Pero esto es sólo una pequeña parte de la solución, puesto que los soldados no resuelven disputas, ni construyen carreteras, ni entregan títulos de propiedad, ni enseñan en las escuelas, ni asesoran al gobierno local en la gestión transparente de los recursos.

Los planes escalonados para llenar los vacíos de gobernanza son complejos, costosos, y tardan en mostrar resultados. Estos suponen consultas constantes con las comunidades —incluidas las entidades y organizaciones afrodescendientes e indígenas históricamente excluidas, y las dirigidas por mujeres— para responder a las necesidades locales y gestionar las expectativas.

Un consejo clave es aprovechar lo que ya está en marcha. Con frecuencia las nuevas administraciones desechan los planes existentes, de modo que desperdician sus primeros años en el modo «powerpoint».

Ya hay mucho construido. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) previstos en el primer capítulo del acuerdo de paz están atrasados, y deben ser revitalizados. Por ejemplo, deben retomarse las prioridades acordadas con las comunidades, y los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR).

Incluso, Petro puede adaptar las “Zonas Futuro” del gobierno de Duque, en vez de cancelarlas. Un plan con continuidad, construido sobre el impulso de los esfuerzos existentes, es mejor que otro plan «perfecto» urdido en una oficina de Bogotá.

La policía y la seguridad ciudadana

Nada puede acabar más rápido con la «luna de miel» del gobierno de Petro que un aumento de la delincuencia. Proteger a los colombianos exige más recursos para la Policía Nacional, y reformas para que la policía sea más civil, y menos en pie de guerra.

La reforma policial no debería ser responsabilidad del ministro de defensa, Iván Velásquez. Esto corresponde al nuevo ministro de seguridad, cuya cartera incluya la gestión de la Policía Nacional.

Es absurdo que un aparato de seguridad moderno ponga al mismo funcionario —el ministro de defensa—a cargo de disuadir a los adversarios, enfrentar a los grandes grupos armados, remediar el hurto de celulares y manejar bien las protestas sociales.

Las encuestas muestran que la confianza en la Policía Nacional está en su nivel más bajo de este siglo: hay mucho terreno que recuperar. La lista de reformas policiales es larga. Incluye la reducción de los tiempos de respuesta, la mejora de las capacidades de investigación, el replanteamiento de los planes de formación, el aumento de los salarios, el refuerzo de los controles internos anticorrupción, y el énfasis en las relaciones con la comunidad.

Así mismo, incluye un esfuerzo para aumentar la cobertura de la policía rural, de modo que la seguridad ciudadana en las zonas rurales no sea una misión exclusivamente militar.

La amarga experiencia de las protestas sociales desde 2019, muestra que el control de multitudes es otra área que exige replanteamientos urgentes. Junto con el retiro de la policía del Ministerio de Defensa, la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante y después de las protestas, exige que los casos de presuntos abusos dejen de pasar por la justicia militar.

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Necesitan mucho apoyo

Colombia enfrenta una larga lista de tareas intimidatorias e históricas. Por ello, es alentador que la administración entrante incluya personas que tienen un buen historial de voluntad para asumirlas.

Pero lo máximo que podemos esperar del gobierno de Petro es alcanzar algún progreso medible hacia estos objetivos. La consecución real a sus metas llevará mucho más tiempo. Por ello, es razonable esperar que, para 2026, los funcionarios habrían sentado las bases para un progreso futuro. Incluso, sentar las bases será difícil. La lucha contra la corrupción, la presencia del Estado, y la reforma de la policía amenazarán intereses poderosos en Colombia (y por fuera de Colombia).

Vencer estas resistencias necesitará una enorme voluntad política. Iván Velásquez no está exento de posibles reacciones violentas. Él ya ha sido derrotado por estas reacciones antes, como cuando un presidente acusado de corrupción echó a la CICIG de Guatemala. Para evitar esto, es preciso asegurar que Velásquez cuente con un apoyo constante, y de alto nivel:

• Ese apoyo debe provenir del presidente: cuando Velásquez se enfrente a los opositores Gustavo Petro tendrá que intervenir con frecuencia en su favor.
• También debe provenir de los amigos internacionales de Colombia —sobre todo del gobierno de Estados Unidos—. El apoyo decidido de Washington, tanto político como financiero, puede ayudar a mantener viva una agenda de reformas. Además, esto beneficiará los intereses estadounidenses en Colombia.